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EL
VOTO ECONOMICO
Los resultados de las recientes elecciones municipales,
que han sido objeto de todo tipo de interpretaciones, son consecuencia
de numerosas causas y variables, entre las que es necesario considerar
las económicas. Las elecciones, celebradas en medio de una atmósfera
de euforia por las estadísticas macroeconómicas y sus proyecciones,
no reflejaron este clima en cuanto a apoyo a los partidos de la Concertación.
Muy por el contrario. Los partidos de gobierno registraron una merma en
sus electores, pese a haber conseguido -así es nuestra democracia-
una mayor cantidad de alcaldías. La Concertación, que en
las municipales de 1996 consiguió el 56 por ciento de la votación,
bajó a un 47,9 por ciento el 31 de octubre pasado, tras haber registrado
un 52,1 por ciento el 2000. Se trata de una constante pérdida de
apoyo. En ocho años, equivale aproximadamente a un ocho por ciento
o unos 600 mil votos, los que no ha capitalizado la derecha: la Alianza
por Chile, que en las municipales del 2000 había logrado el 41
por ciento, también bajó en octubre pasado, al registrar
el 37,6 por ciento de la votación.
Lo que ha habido es un deslizamiento hacia la Izquierda, o hacia aquellos
sectores que se han identificado como críticos al modelo económico.
Por lo mismo, la pérdida de votos en la derecha y en la Concertación
es también una señal de rechazo, de castigo a aquellos partidos
identificados con el modelo económico neoliberal. El Partido Comunista
y los humanistas, que separados el 2000 lograron un cinco por ciento de
la votación, pasaron, esta vez juntos, a un 9,1 por ciento. Se
trata de un alza de relevancia -prácticamente se dobla la votación-,
que ha de relacionarse con numerosos sondeos de opinión, los cuales
tienen como vínculo si bien no un rechazo, una clara sospecha por
parte de la población hacia el modelo económico.
El aumento de la votación de los sectores críticos no es
un asunto de ciertas circunscripciones o regiones, sino una percepción
nacional expresada desde muy dispares regiones.
Los resultados electorales debieran, entre las numerosas e interesadas
interpretaciones partidarias, incorporar esta variable, que en otras latitudes
de América Latina ha derivado o en importantes movilizaciones ciudadanas
que impugnan el modelo económico o en el triunfo de coaliciones
de Izquierda aisladas o descolgadas de la ortodoxia neoliberal.
Lo que tenemos en Chile es un incipiente rechazo a estas políticas
que, hoy operadas por la Concertación, serían amplificadas
por la derecha en un eventual gobierno de Joaquín Lavín.
Tal vez la importancia de esta filtración de votos desde la dualidad
Alianza-Concertación hacia sectores extraparlamentarios, es que
sucede sin grandes capacidades publicitarias o mediáticas. Sucede
pese a una prensa que hace de oficiante incondicional de las políticas
económicas, la que no ha hecho este año otra cosa que elogiar
las estadísticas macroeconómicas y los convenios de libre
comercio establecidos por el gobierno, todas políticas, cabe recordar,
que han favorecido a la gran empresa en desmedro tanto de los pequeños
empresarios como de los trabajadores y consumidores.
LA BANDERA
DEL DESEMPLEO
Ha habido un solo fenómeno económico criticado
por la derecha, el que ha sido utilizado cual bandera electoral. Junto
a la seguridad ciudadana, el desempleo fue uno de los argumentos de los
partidos de la Alianza para restarle votos a la Concertación. La
persistente campaña, sin embargo, no les redituó apoyo electoral.
La reducción de la alta tasa de desempleo, según ha percibido
una parte del electorado, no forma parte del ideario neoliberal compartido
tanto por los partidos de gobierno como por la oposición de derecha,
la que, junto con censurar el desempleo, ha abogado este año por
una flexibilidad laboral. ¿A qué se refiere Lavín
cuando dice que hay que escuchar a la gente?
Las críticas que hizo el gobierno desde La Moneda a los operadores
de la planta de saneamiento de aguas La Farfana coincidieron, de forma
casi milagrosa, con las elecciones municipales. Milagro o coincidencia,
lo que hubo en aquella reacción fue una clara pero aislada interpretación
por parte del gobierno del sentir ciudadano, una percepción generada
por el esfuerzo y la exigencia ante el pago de los servicios básicos
hoy privatizados. Un mínimo gesto que, fuera del efecto electoral,
no hace gran mella al alza de tarifas, cobros indebidos, políticas
de cártel, prácticas monopólicas y publicidad engañosa.
Castigo a la Concertación y también a la derecha. ¿Habrá
tenido el elector en consideración el debate del royalty minero?
Recordemos que en junio pasado la oposición rechazó, sin
dar la cara pero de forma masiva, este proyecto, que, según las
encuestas de opinión, era ampliamente respaldado por la ciudadanía.
Royalty u otros proyectos mediante, lo concreto es que la derecha -pese
a su insistente campaña a favor de la creación de empleo,
cuya fórmula, sabemos, es la flexibilidad- ha sido el sector más
malogrado con esta elección. Aun cuando su merma en votos ha sido
en términos absolutos y relativos menor que la pérdida de
la Concertación, la Alianza por Chile perdió 62 alcaldías,
principalmente a manos de la Concertación, lo que podríamos
interpretar como un voto de castigo comunal. De cierta manera, los electores
le pasaron la cuenta a los alcaldes en funciones no sólo por sus
administraciones, sino por la debilitada situación económica.
Lo que hemos observado en estas elecciones es la expresión -todavía
incipiente- de la creciente brecha entre la economía operada por
la gran empresa (estimulada por el gobierno y amparada por la derecha)
y la que han de vivir las pymes, trabajadores y consumidores. La pérdida
de votos de la Alianza y la Concertación es efecto del deterioro
de los empleos, de la desigualdad en los ingresos y en la distribución
de la riqueza, de la falta de participación ciudadana en las decisiones
económicas, de la concentración de mercados y otros fenómenos
económicos poco favorables para las personas.
UN VIEJO MALESTAR
El PNUD ha sido, junto a otros estudios de opinión
como Mori y Cerc, el organismo que ha logrado evaluar el malestar que
provoca esta brecha económica. Aun cuando las autoridades y las
cúpulas de los partidos destacan los equilibrios macroeconómicos
como un bien en sí mismo, el PNUD ha venido señalando desde
mediados de la década pasada que existen, junto a las diversas
modernizaciones “grados más o menos significativos de desconfianza
tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de las
personas con los sistemas de salud, previsión, educación
y trabajo. El malestar existente hace pensar que los mecanismos de seguridad
que ofrece el actual ‘modelo de modernización’ resultan
insuficientes”.
Es así como en el informe de desarrollo humano de este año
sus analistas quedan sorprendidos con la percepción que tiene la
mayoría de los chilenos de la economía. “¿Cómo
se explica, entonces, que a pesar de lo que indican las cifras (macroeconómicas),
el 52% de los chilenos se siente perdedor y el 74% tiene sentimientos
negativos respecto al sistema económico del país (inseguridad,
enojo y pérdida)?”.
Otro aspecto que contribuye al resquemor hacia la economía está
relacionado con lo que el PNUD llama la privatización de la vida
comunitaria, o la capacidad del modelo para transformar problemas transversales
y colectivos en malestares individuales y privados. Esta situación,
mencionada este año y que había aparecido en los informes
anteriores, es uno de los complejos fenómenos sociales en alza,
que golpea la subjetividad de las personas y sólo escasos y poco
atendidos sondeos de opinión son capaces de revelar.
Podemos señalar que este fenómeno, presente en nuestra sociedad
por lo menos desde las modernizaciones de la década pasada, toma
en estos momentos un camino diferente. La personificación de los
problemas sociales, como si éstos fueran un asunto individual,
comienza a tener una interpretación política. El voto a
la Izquierda, cuyo discurso claramente apunta en esta dirección,
es señal de una incipiente capacidad de reflexión política
de los problemas sociales y económicos
PAUL WALDER
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