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Lo que esconde el “boom”
exportador
Temporeras quemadas
POR PLAGUICIDAS
LAS quemaduras de Olivia (derecha) abarcan desde el abdomen hacia
abajo.
En medio de sus dolores, las temporeras Edita Araya Fajardo,
de 58 años, y Olivia Muñoz Palma, de 34, tuvieron la entereza
de mostrar sus heridas ante las cámaras de televisión, mientras
se encontraban internadas en el Hospital Regional de Talca. Sus piernas,
antebrazos, parte del abdomen y del torso estaban llenos de llagas. Era
el resultado de una mañana de trabajo recolectando habas en un
huerto del fundo “El Descanso”, en el sector de Pelarco, VII
Región.
Las trabajadoras relataron que el cultivo estaba notoriamente húmedo
cuando comenzaron a trabajar a primera hora del 22 de octubre; lo atribuyeron
al rocío o lluvia del día anterior. Mientras cosechaban,
sus pies, piernas y ropas se fueron empapando. Alrededor del mediodía,
buena parte de la humedad se había evaporado dejando a la vista
residuos de un polvo blanco sobre las plantas, ropas y cuerpos. Varias
de las 23 temporeras de San Clemente que habían sido trasladadas
a Pelarco para desempeñar ese trabajo comenzaron a sentir mareos,
náuseas, debilidad y picazón en la piel. En la tarde, en
sus casas, fueron apareciendo manchas y ampollas en la piel, como si se
hubieran quemado. Todas resultaron con lesiones de diferentes niveles.
Once llegaron al consultorio de San Clemente, donde les administraron
durante varios días inyecciones y otros medicamentos, sin diagnóstico
claro y sin derivarlas al hospital. “Es inconcebible que un consultorio
ubicado en una zona donde estas intoxicaciones por plaguicidas son frecuentes,
no haya indagado más a fondo. La información quedó
guardada en el escritorio del médico -comenta Alicia Muñoz,
dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(Anamuri)-. Hay un decreto que establece la obligatoriedad para los centros
de salud de notificar de inmediato a la instancia superior cada caso de
intoxicación que se sospeche causado por plaguicidas. Esa información
debe ser canalizada al Ministerio de Salud. Pero aquí no hubo notificación,
como correspondía”.
INTOXICACIONES AGUDAS
Sólo cinco días después, Edita Araya
y Olivia Muñoz fueron trasladadas al Hospital Regional de Talca,
donde permanecieron internadas once días debido a la gravedad de
sus lesiones. El doctor Carlos Concha, jefe de la Unidad de Salud Ocupacional
del Servicio de Salud del Maule, informó que a Edita Araya se le
diagnosticó eritema multiforme con ampollas y alergia intensa,
en tanto Olivia Muñoz presentó dermatitis ampulosa severa
y alergia intensa. “Estas afecciones son graves”, comentó
el médico.
La Agrupación de Mujeres Temporeras de la Población San
Máximo de San Clemente, a la que pertenecen muchas de las trabajadoras
afectadas, tuvo la iniciativa de denunciar el caso a la estación
regional de Televisión Nacional y luego la información se
irradió a otros medios. Gracias a eso, esta intoxicación
masiva no quedó silenciada, como ocurre frecuentemente. El año
pasado se notificaron en los servicios de salud del país 633 intoxicaciones
agudas causadas por plaguicidas. Sin embargo, se presume que por cada
caso que se informa existen otros cuatro sin notificar. Por lo tanto,
se estima que anualmente se producen aproximadamente 2.500 intoxicaciones
de este tipo. Los principales afectados son quienes trabajan en la temporada
de cosecha. A esto se agregan otros daños crónicos, como
los que repercuten en niños que nacen con malformaciones congénitas
(ver PF 577 y 578).
DESESPERANZA
Contentas por haber sido dadas de alta y poder reunirse
con sus familias, Edita Araya y Olivia Muñoz recibieron a PF en
el hospital de Talca, con mucha incertidumbre acerca de su futuro. Sus
heridas se secaron, pero la piel no ha terminado de recuperarse. Miran
con tristeza las manchas en distintas partes de sus cuerpos. Van de un
color café oscuro al púrpura intenso. En el caso de Olivia,
casada y madre de dos hijos pequeños, el daño abarca desde
la parte alta del abdomen hasta las rodillas. Duda que las manchas desaparezcan.
“Mi cuerpo está muy feo”, murmura. No saben si habrá
algún tipo de reparación para ellas. Como no tienen previsión,
fueron atendidas como indigentes y sólo con grandes sacrificios
sus familias han podido cubrir los gastos de recetas y pasajes para ir
a visitarlas.
“Es una injusticia tremenda, un perjuicio demasiado grande -dice
Edita-. Somos mujeres de bajos recursos que nos ganamos la vida trabajando
durante la temporada de cosecha. Y ahora, por lo que nos dijo un doctor,
no vamos a poder volver a trabajar más en el campo por el daño
con que quedamos en la piel. ¿Quién nos va a pagar este
daño a nosotras?”.
Por el día de trabajo en el fundo “El Descanso” Edita
recibió 4.500 pesos y la primera receta médica le costó
más de 6.000 pesos. Su marido es trabajador forestal y gana el
sueldo mínimo. Viven con la menor de cinco hijos y un nieto. Ella
trabaja hace diez años como temporera. “El dueño del
fundo es el culpable de todo esto, porque le tiene que haber colocado
‘algo’ al cultivo, pero ni siquiera se ha hecho presente para
ver qué necesitamos”, agrega Edita.
Las responsabilidades tienden a diluirse en una larga cadena de intermediarios.
El dueño del fundo arrendó una parte de su propiedad a un
agricultor que sembró habas, que luego vendió la cosecha
en verde a otra persona. Se presume que esta última fue quien dispuso
la fumigación que afectó a las trabajadoras, quienes fueron
llevadas hasta el cultivo por un contratista. No obstante, según
la versión que entregó el agricultor al Servicio de Salud
del Maule, la última vez que se aplicó plaguicidas en el
cultivo habría sido en julio de este año. La intoxicación,
de acuerdo con esta versión, podría haber sido provocada
por manzanillones, hierba con la cual las trabajadoras habrían
tenido contacto en el huerto. “Esto nos deja confundidos -reconoce
el doctor Concha-. Tendremos que esperar el informe del SAG”. El
Servicio Agrícola y Ganadero, encargado de fiscalizar la comercialización
y uso de plaguicidas, está analizando una muestra del cultivo.
Pero aún no da a conocer resultados.
Para las temporeras y para entendidos en el tema, no hay duda del origen
del problema. “No soy especialista, pero con tantos casos de intoxicación
con plaguicidas que he visto como dirigenta, no tengo dudas de que ésa
es la causa del estado en que están las temporeras de San Clemente”,
dice Alicia Muñoz, quien viajó a la zona desde Santiago.
Por su parte, la Agrupación de Mujeres Temporeras de la Población
San Máximo de San Clemente, creada hace dos meses, se prepara para
presentar una querella.
Mientras diversos servicios investigan sin llegar a conclusiones definitivas,
las temporeras cuentan con el apoyo solidario de Anamuri, de la representación
en Chile de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
para América Latina (RAP-AL) y de la Federación de Sindicatos
Campesinos de la VII Región. La presidenta de esta última
organización, Verónica Concha, está gestionando con
el INP el pago de alguna indemnización a estas trabajadoras que
carecen de previsión.
MULTIPLES IRREGULARIDADES
Las condiciones inhumanas en que se desarrolla en muchos
lugares el trabajo agrícola de temporada, quedan al descubierto
en este caso. El grupo de trabajadoras de San Clemente expuesto a esta
intoxicación fue “enganchado” por el contratista Alejandro
Esparza, quien las llevó en un camión de carga de ganado
hasta el cultivo de habas que debían cosechar. Las mujeres no sabían
el nombre del lugar en el que se encontraban ni cuánto les pagarían
por la recolección. Allí se enteraron que les pagarían
apenas 500 pesos por saco recolectado. Más aún, el contratista
les cobró 500 pesos por el traslado de ida y vuelta al lugar de
trabajo.
Desde que se denunció la intoxicación, las mujeres han recibido
amenazas de parte de los contratistas en el sentido de que si hablan perderán
la posibilidad de trabajo. A la presidenta de la Agrupación de
Mujeres Temporeras de la Población San Máximo, María
Jacqueline Hernández, intentaron pegarle. Por eso, muchas trabajadoras
han optado por callar. Entre ellas, hay una temporera con un mes de embarazo
y con manos y pies heridos, que ni siquiera se atrevió a ir al
consultorio por temor. María Jacqueline dice que el año
2002 hubo otra intoxicación en un cultivo de maíz, pero
callaron. Una mujer se desmayó y dos tuvieron que consultar en
el policlínico.
“Hay mucha injusticia en el campo, no se respeta nada -señala
la dirigenta-. Una va a trabajar y aunque pida que la contraten, no lo
hacen. Los contratistas se quedan con alrededor de 25.000 pesos diarios
y la gente gana normalmente entre 3.000 y 4.000 pesos al día. Les
pagan un porcentaje por cada persona que llevan al huerto y por cada saco
cosechado. Se hacen un buen sueldo a base del sacrificio de la gente.
A veces ofrecen un salario y después pagan otro, y como el trabajo
ya está hecho hay que recibir lo que sea”.
En una reunión con temporeras de la agrupación, efectuada
en la población San Máximo de San Clemente, PF recogió
innumerables denuncias de abusos. Con frecuencia los dueños de
los predios contratan aviones que fumigan mientras las trabajadoras están
en plena faena. “Ni siquiera nos avisan -señaló Erika
Berríos-. Antes no decíamos nada, pero después de
lo que pasó y de lo que ahora sabemos sobre los plaguicidas, vamos
a exigir que nos saquen del potrero cuando fumigan”. A veces las
hacen entrar a un cultivo rociado la noche anterior con agroquímicos,
cuando aún persiste el penetrante olor a estas sustancias. Nunca
les han advertido sobre los riesgos que corren. A menudo las trabajadoras
sufren de dolores de cabeza. Y algunas han quedado con evidentes daños
crónicos. Es el caso de Claudia Ñanculaf, quien sufrió
hace tres años una intoxicación con plaguicidas en una resecadora
de maíz. “A los quince días tuve que dejar de trabajar,
porque tenía los brazos inflamados. Desde entonces me quedó
la piel áspera y escamosa en los brazos, piernas, espalda... Y
en primavera es peor, porque me pica y la piel se me sale a pedazos”.
No sólo no existen contratos de trabajo para estas temporeras.
Tampoco cuentan con baños ni agua limpia para beber y lavarse antes
de volver a sus casas. Las mujeres tienen que comer sentadas en el suelo
la colación que ellas mismas llevan. De guarderías para
los hijos, ni hablar. El trato es denigrante. “Realmente duele,
porque la humillación es muy grande. Pero aquí no hay otro
trabajo”, dijo Mónica Cabrera. “Se trafica con el hambre
de la gente”, agregó la ingeniera agrónoma Paula Acevedo,
quien está impartiendo un curso de capacitación a las temporeras.
Verónica Concha Calderón dice que tanto la federación
que preside como Anamuri han hecho numerosas campañas, “pero
las leyes siguen sin respetarse”. “El presidente Lagos, cuando
estuvo en Longaví, mostró por televisión la fruta
que se exporta y dijo ‘esta es la fruta más linda que vendemos
en otros países gracias al trabajo de las temporeras’ -recuerda
Verónica-. Bueno, y detrás de esa exportación, ¿cuántos
problemas ocultos tenemos las trabajadoras y trabajadores de este país?”
PATRICIA BRAVO
En San Clemente
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