Edición 580 - Desde el 12 al 25 de Noviembre de 2004
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Autor: OLIVERIO COMTE

Cuando en 1999 diversos sectores del ámbito político, ciudadano y los trabajadores de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos S.A.) se opusieron a la privatización de esa empresa, autoridades gubernamentales, encabezadas por el propio presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no escatimaron esfuerzos para concretar la enajenación de la principal sanitaria del país. La razón esgrimida: el Estado no contaba con recursos para financiar la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas para la Región Metropolitana, lo que hacía necesario incorporar capitales transnacionales. Los consorcios extranjeros aportarían, además de recursos financieros, su experiencia, tecnología de punta y la eficiencia necesarias para acometer la depuración de las aguas residuales.
Quienes resistieron el embate privatizador plantearon una y otra vez sus temores frente a los efectos que traen estos procesos: despidos masivos, precarización laboral, alza de tarifas, monopolio, además de una dudosa eficiencia. Pero no sólo no fueron escuchados: el gobierno desplegó su artillería pesada para defender la iniciativa. Autoridades como el entonces presidente del Sistema Administrador de Empresas (SAE), Eduardo Arriagada, aseguraban que la privatización de Emos no significaría reducción de personal ni alza de tarifas. El oficialismo tuvo un poderoso aliado en El Mercurio, La Tercera y Estrategia, que instalaron en el imaginario colectivo la idea de la ineficiencia de las empresas públicas y las supuestas bondades de la administración privada de los recursos del Estado. Incluso el periodista Fernando Paulsen puso su “granito de arena”, y dedicó espacio importante de su programa de Radio Cero a apoyar la enajenación de Emos.
La suerte estaba echada: el entonces candidato a la presidencia, Ricardo Lagos, también aprobó la medida. En julio de 1999 -en una licitación no exenta de irregularidades (ver Punto Final Nº 561)- el consorcio franco-español Interaguas, conformado por Aguas de Barcelona y Suez Lyonnaisse des Eaux, se adjudicó el 51,2 por ciento de la propiedad de Emos. El traspaso oficial de la sanitaria lo concretó en septiembre de ese mismo año el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas, yerno del presidente Lagos.

FIASCO DE LAS
PRIVATIZACIONES

Han transcurrido cinco años y el balance privatizador no puede ser peor. (….)


(Lea este artículo completo en la edición impresa de “Punto Final” Nº 580, 12 de noviembre, 2004)

 

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