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General
Cheyre entre la espada y la pared
Ha causado impacto que el comandante en jefe del ejército,
general Juan Emilio Cheyre Espinosa, asumiera -a nombre de esa rama castrense-
“las responsabilidades que como institución le cabe en todos
los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.
Después de treinta y un años, el ejército reconoce
lo que era un “secreto” conocido por todos los miembros de
la institución. Todas las ramas de las FF.AA. y Carabineros rechazaron
enfáticamente las conclusiones del Informe Rettig (febrero de 1991)
que ya apuntaron a esa responsabilidad institucional. Ahora, las cosas
han cambiado. Al menos en las palabras. Es efectivo que la declaración
de Cheyre -titulada “Ejército de Chile: el fin de una visión”,
publicada en La Tercera el 5 de noviembre- no llega al rechazo moral,
tampoco a la expresión de arrepentimiento sincero y menos a la
petición de perdón a las víctimas y a la ciudadanía,
pero constituye, sin embargo, un paso significativo.
Al abordar el tema de la tortura y represión durante el régimen
militar, Cheyre señala que fueron consecuencia de la guerra fría.
Fue, sostuvo, “una visión que condujo a la comprensión
de la política que consideraba enemigos a los que eran sólo
adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad
y sus derechos”. Después de caracterizar el contexto, el
comandante del ejército se pregunta: “¿Excusa el escenario
de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en Chile?”, y da una respuesta categórica: “Mi
respuesta es no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para
nadie pueden tener justificación ética”. Coherentemente
con lo dicho, concluye: “El ejército de Chile tomó
la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades
que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente
inaceptables del pasado”.
Objetivamente, las palabras del general Cheyre representan un cambio sustancial
respecto de lo que hasta ahora había sido la posición oficial
del ejército. Podrían constituir un aporte a la reinserción
de las fuerzas armadas en la sociedad democrática, aun cuando hasta
ahora, sólo el ejército ha llegado tan lejos. El mérito
de la declaración pasa a ser objetivo y actúa como tal,
al margen de las motivaciones que, según todo indica, no fueron
estrictamente éticas y más bien correspondieron a necesidades
políticas. Pero esto no disminuye su importancia, que es concordante
con actuaciones anteriores de Cheyre.
Presumimos buena fe en el general Cheyre, pero no se puede olvidar que
actúa motivado por factores políticos apremiantes. Se acercan
los fallos en muchos procesos por crímenes y atrocidades que involucran
a militares. Las investigaciones en el asesinato del químico de
la Dina, Eugenio Berríos, llegan a concluir que organismos clandestinos
del ejército siguieron funcionando durante la transición
y, sobre todo, está próximo a ser conocido el informe sobre
tortura y prisión política, elaborado por la comisión
presidida por el obispo Sergio Valech. Este informe caracterizará
la responsabilidad institucional de las fuerzas armadas y Carabineros
en más de treinta mil casos de horrendas torturas, violaciones
y vejámenes de todo tipo. Se trata de actuaciones delictivas violatorias
de la legislación internacional sobre derechos humanos, especialmente
de los Convenios de Ginebra, ratificados por Chile, y también de
la legislación penal interna. Finalmente, el descubrimiento de
las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs terminó de demoler
la figura del dictador, y fue un golpe muy duro para el ejército
que lo reconoce como Benemérito y que, hasta hoy, lo destaca como
liberador de Chile del comunismo. El líder paradigmático
del ejército ha dejado de serlo y se ha convertido en una figura
despreciable con las manos sucias por asesinatos, torturas, corrupción
y robo de caudales públicos.
La declaración del general Juan Emilio Cheyre merece otras consideraciones.
No fueron sólo la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra fría
las causas de los crímenes y aberraciones de los militares chilenos.
Los factores señalados existían a lo menos quince años
antes de 1973. El problema central es que las fuerzas armadas de nuestro
país se mueven con estricto sentido de clase. Formadas en el prusianismo
de la obediencia irrestricta, con una ideología reaccionaria con
evidentes connotaciones clasistas y racistas, se sienten identificados
con los sectores adinerados y actúan a su servicio.
Mucho antes de la guerra fría los “valientes soldados”
participaron en feroces represiones y masacres de obreros y pobladores.
Asimismo, se declararon orgullosos de la “pacificación de
la Araucanía” que fue, simplemente, un terrible genocidio.
El temor a los sectores populares, mezclado con una fuerte carga de odio
atizado por la oligarquía, llevaron a sus mandos y a la mayoría
de la oficialidad a levantarse contra el gobierno constitucional del presidente
Salvador Allende. El adversario, convertido en enemigo, fue el pueblo,
el proletariado, los campesinos, los estudiantes, los “rotos”,
que amenazaban las posiciones de poder de la oligarquía y del imperialismo.
Se agregó un hecho que el actual comandante en jefe, que participó
en esa dictadura, prefiere omitir: la penetración extranjera y
la manipulación de las FF.AA. por los servicios de inteligencia
de Estados Unidos.
No basta con reducir todo a la guerra fría. Hay que señalar,
al mismo tiempo, en qué forma y en qué circunstancias concretas
los militares se pusieron del lado de los elementos más retardatarios
y opulentos de la sociedad. Junto con reprimir a la Izquierda se acercaron
a la derecha y la ayudaron a recuperar sus privilegios. Una situación
que perdura hasta hoy. El ejército que comanda el general Juan
Emilio Cheyre sigue amarrado a la globalización neoliberal, sirve
de garante a un modelo económico y político funcional al
capital financiero y aspira a convertirse en socio menor del ejército
de Estados Unidos, en aventuras armadas en diversos escenarios so pretexto
de propósitos éticos y humanitarios.
En las palabras de Cheyre asoman visiones candorosas, cuando habla de
“una época y una manera de existir que como pueblo y como
nación se ha dejado atrás”. Eso es una ilusión.
Millones de chilenos saben que sigue viva la huella de la sangre y el
crimen. Y que existen maniobras en las que participa el ejército
para asegurar la impunidad, lo que es una ofensa cotidiana a la dignidad
de los chilenos.
Sin embargo, teniendo presente lo anterior, queremos señalar que
en la declaración del general Cheyre hay potencialidades democráticas,
en un cuadro muy complejo que tiene que ver también con arraigadas
visiones militares y la ideología imperante en los cuarteles. Las
palabras del general Cheyre deberían ser seguidas por pasos concretos
orientados a eliminar las causas de fondo que facilitaron los crímenes,
los abusos y la corrupción que ahora se repudian. Medidas como
una reforma a fondo de la justicia militar, y de las normas sobre obediencia
militar; cambios doctrinarios; abandono de granjerías irritantes,
tutelajes e inamovilidades sin sentido; apertura de las escuelas de oficiales
a los sectores populares para que las fuerzas armadas sean representativas
de la verdadera composición social del país, son pasos indispensables
de un proceso largo y difícil de democratización del país.
No creemos en el ghetto militar y mucho menos en la tutoría militar
sobre la sociedad. Las fuerzas armadas deben estar bajo el control irrestricto
de las autoridades civiles emanadas de la soberanía popular, y
estar comprometidas con la democracia. Pero también deben colaborar
en cuestiones centrales de interés general y en la defensa y promoción
de la soberanía en su sentido más amplio, amenazada por
la globalización imperial. De este modo, se podrá producir
un progresivo acercamiento entre militares y civiles -que ahora desconfían
unos de otros- y disminuirá el justificado rencor del pueblo contra
los uniformados.
Las palabras del general Juan Emilio Cheyre deberían constituir
un primer paso en un camino necesario que llevará a la meta cuando,
como dijo el general Carlos Prats, “en la conciencia individual
de los militares se produzca la convicción de la ineludible necesidad
patriótica de una estrecha identificación de los institutos
armados con los intereses del pueblo, que son comunes a la gran mayoría
nacional”.
Esa convicción no surgirá espontánea en la mente
de los militares. Se forjará con medidas institucionales y, también,
con la influencia de los cambios y transformaciones progresistas que sea
capaz de impulsar la lucha democrática de los chilenos
PF
(Editorial revista "Punto Final" Nº 580, 12 de noviembre,
2004)
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