DEJEN GOBERNAR
A CHAVEZ

El notable triunfo del presidente Hugo Chávez en el referéndum del 15 de agosto en Venezuela, debería dejar en claro, ya de una vez por todas, la irrefutable legitimidad democrática de su gobierno y el absoluto derecho que le asiste de llevar adelante, sin más obstrucciones, su programa de cambios sociales y económicos. La soberanía popular se ha expresado libremente en Venezuela y el veredicto es inapelable. Casi el 60% de los electores rechazaron la revocatoria del mandato del presidente. Previamente, Chávez había jurado acatar, cosa que no hizo la oposición, los resultados que proclamara el Consejo Nacional Electoral, organismo independiente cuyos procedimientos fueron vigilados por numerosos observadores internacionales, muchos de ellos críticos e incluso hostiles al gobierno venezolano.
Ha llegado, por lo tanto, el momento de dejar gobernar al presidente Chávez, de acatar la voluntad del pueblo.
En primer lugar, corresponde hacerlo al heterogéneo conglomerado opositor, que conforman más de veinte partidos políticos, otras tantas ONGs y una corrupta central sindical, encabezados por la cúpula empresarial de Fedecámaras. La oposición debe respetar las reglas democráticas y renunciar al empleo de la fuerza y del crimen para derrocar o asesinar a Chávez, como ha venido intentándolo. La oposición está obligada a observar desde ahora una conducta sensata y ceñida a las garantías que le brinda la Constitución, si quiere estructurar una propuesta de país y generar un liderazgo que le permita recuperar credibilidad. Después de ocho derrotas electorales en menos de seis años, del fracaso de un golpe de Estado y de un paro petrolero -que causó enorme daño a la economía nacional- y de la contratación de paramilitares colombianos para asesinar al presidente de la República, esa “oposición” debería convencerse que ha llegado la hora de una profunda rectificación, del recambio de sus desprestigiados dirigentes y de renunciar al uso de métodos ilegales si aspira a ser una opción real de gobierno. El presidente Chávez, tal como hizo después del golpe de Estado de abril de 2002, les ha tendido una mano generosa, invitándolos a convivir en democracia.
Pero no sólo la oposición interna tiene que dejar gobernar a Chávez y respetar la soberanía popular que se ha expresado en forma reiterada y esta vez en forma aplastante.
El gobierno norteamericano, a su vez, debe poner fin a su injerencia en la política venezolana. Washington ha prestado amplia cooperación a los más descabellados planes para desestabilizar al gobierno del presidente Chávez, haciéndose cómplice del golpe de Estado de 2002 y financiando la actividad opositora hasta el día de hoy. Washington es otro gran derrotado en el referéndum del 15 de agosto. Así lo debe entender la Casa Blanca y sacar la lección que corresponde. El pueblo venezolano -incluso los ciudadanos que votaron por la revocatoria de Chávez- han dicho No a la intervención norteamericana, las manos extranjeras deben permanecer fuera de Venezuela.
Lo mismo cabe decir respecto de otros gobiernos que se han mostrado hostiles al régimen constitucional y democrático de Venezuela. El referéndum señaló con claridad que toda potencia extranjera debe abstenerse de crear problemas al gobierno legítimo porque hacerlo significa desafiar la voluntad mayoritaria del pueblo. En lo que toca a Chile, resulta necesario materializar en hechos la línea de recomposición de relaciones con Venezuela que, según se dice, La Moneda quiere implementar. Las relaciones chileno-venezolanas tienen profunda tradición de hermandad y solidaridad. Pero se han visto dañadas por la acción corrosiva de ciudadanos chilenos vinculados a la oposición venezolana. Bajo la influencia de esos agentes, La Moneda cometió una grave imprudencia cuando el presidente venezolano fue detenido y secuestrado durante el golpe de Estado que aventaron el pueblo y las fuerzas armadas leales a la Constitución. Las costosas consecuencias políticas y diplomáticas de ese gravísimo error no alcanzaban todavía a repararse, cuando sobrevino la insólita reacción del gobierno chileno por declaraciones de Chávez que reiteraban la tradicional política venezolana de apoyo a la reivindicación marítima de Bolivia. Tales incidentes conviene dejarlos en el pasado, sin duda, pero la animosidad contra Chávez persiste y es explotada dentro del gobierno chileno por elementos vinculados, en su mayoría, a la Democracia Cristiana. Esta vez la DC envió como “observadores” a Caracas a los ex diputados Claudio Huepe y Tomás Jocelyn-Holt. Sus declaraciones en las horas que siguieron al referéndum se inscribían en la línea de la oposición venezolana, que pretendía desconocer los resultados e inventar un fraude. Sin embargo, la OEA y el Centro Carter le quitaron el piso a esas increíbles denuncias. Sólo entonces la Cancillería chilena se atrevió a reconocer el resultado y limpieza del referéndum. Su ambigüedad fue ofensiva para Venezuela y no contribuirá a situar las relaciones en el plano de confianza y colaboración que deberían tener. El gobierno venezolano ha hecho esfuerzos sinceros porque así ocurra y ahora corresponde que Chile ponga lo suyo. De una vez por todas las relaciones con Venezuela debe conducirlas el presidente de la República y no la Organización Demócrata Cristiana de América Latina (ODCA), que intenta reanimar los escombros del partido socialcristiano Copei, de Venezuela.
El referéndum venezolano sitúa a la democracia en América Latina en una nueva dimensión, más profunda y consistente. El procedimiento constitucional para revocar el mandato de todo funcionario elegido por el pueblo, que se aplica por primera vez en el mundo a un presidente de la República, constituye un seguro contra el golpismo y una sanción ejemplar para mandatarios que traicionen sus promesas o violen sus deberes. La Constitución venezolana ha establecido un admirable sistema para deshacerse civilizadamente de gobernantes repudiados por sus pueblos. Llegará el día en que ese tipo de referéndum, creado por iniciativa del propio Chávez en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sea adoptado en otras naciones del continente.
Casi cinco millones -de ocho millones y medio de votos- se pronunciaron el 15 de agosto por confirmar a Chávez como presidente. El mandatario venezolano se ha ganado así limpiamente el derecho a gozar de tranquilidad y respeto en la aplicación de su programa. El próximo mes se realizarán elecciones de gobernadores y alcaldes en Venezuela. La oposición no tiene cohesión, programa ni liderazgo para disputar la dirección política del país. La situación económica viene mejorando después de la grave caída de los años 2002 y 2003, producida por el golpe de Estado y el golpe petrolero. La Cepal pronostica que este año el Producto Interno Bruto de Venezuela tendrá la más alta tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe: 12%, impulsado por una fuerte alza en el precio del petróleo.
Aunque en el abigarrado cuadro opositor hay sectores que persistirán en sus intentos por derrocar al presidente Chávez y para ello buscarán apoyo extranjero, el histórico referéndum ha creado por si mismo condiciones para iniciar -como sostiene el mandatario- una nueva etapa en su gobierno. Esta permitirá llevar adelante el programa de transformaciones sociales, económicas y políticas que el pueblo votó en diciembre de 1998 y que acaba de ratificar aún con mayor respaldo. Una oposición democrática perfectamente cabe en ese programa.
A los pueblos de América Latina, que buscan caminos democráticos para librarse del neoliberalismo, avanzar en la integración regional y asegurar la dignidad e independencia de sus naciones, les interesa que la revolución bolivariana se desarrolle sin más obstáculos ni agresiones. Venezuela construye una novedosa experiencia que atrae un profundo interés, simpatía y solidaridad en nuestro continente. Esto explica el júbilo con que se ha celebrado la victoria del presidente Chávez, porque sin duda ha sido también un triunfo para nuestros pueblos

MANUEL CABIESES DONOSO

(Editorial de revista “Punto Final”, edición Nº 574, 20 de agosto, 2004)

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