DULCE PATRIA
¿para quienes?

En vísperas de las Fiestas Patrias, es útil preguntarse qué país estamos construyendo. ¿La “copia feliz del Edén” que soñaron los libertadores? ¿El país igualitario, libre y soberano por el que lucharon generaciones de chilenos? Abundan las investigaciones y encuestas que demuestran que estamos descontentos y que existe enorme inseguridad sobre el futuro. Son indicadores que apuntan en sentido contrario al exitismo que derrochan los usufructuarios del modelo neoliberal.
Chile, en efecto, ha experimentado un tremendo retroceso en su evolución democrática. Ha vuelto a las condiciones en que se hallaba hace más de un siglo, cuando se iniciaron las luchas por la justicia social y la democracia. Lo que hoy tenemos es una república oligárquica en el más amplio sentido de la palabra. Un grupo muy reducido -que en la práctica conforma una casta social privilegiada- gobierna el país en su beneficio. No sólo el poder económico y financiero se ha concentrado en pocas manos. Lo mismo sucede con el poder político, que ha pasado a ser un instrumento sumiso del primero en una identificación consubstancial de intereses. La cúpula empresarial y política tiene propósitos comunes, y utiliza similares procedimientos que le han permitido acumular la suma del poder. Esta oligarquía manipula a los partidos políticos de gobierno y oposición, que son simples marionetas de un juego que asegura la continuidad, cualquiera sean los resultados electorales. La política ha perdido así todo significado para el ciudadano común que, en su práctica cotidiana, se ha visto despojado del derecho a participar en las decisiones que determinan su futuro. Carentes de contenido, valores y principios, los partidos del sistema son distribuidores de prebendas y a la vez, engranajes de la corrupción con que la oligarquía gratifica a sus servidores.
A las puertas de un nuevo período electoral, que culminará el próximo año, el pueblo no puede cometer la ingenuidad de volver a creer que los partidos al servicio de la oligarquía van a satisfacer sus anhelos de igualdad y justicia. Nadie ajeno le ahorrará al pueblo trabajador los sacrificios que significa construir -y defender- su propia alternativa. La demora en emprender esa tarea, que pudo justificarse por las condiciones en que se inició el proceso de transición, hoy se convierte en la irresponsable indiferencia que permite que el país continúe a merced de la minoría que lo gobierna. La iniciativa para comenzar a revertir esta situación debe partir de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los sectores ciudadanos castigados por el modelo. No se puede tolerar que la decepción y desaliento, profundizados por las promesas incumplidas de la Concertación, permitan el avance de la derecha por la falta de iniciativa de los sectores más progresistas de la sociedad. Es necesario rescatar las mejores tradiciones de lucha, resistencia, creatividad e iniciativa del pueblo para levantar una alternativa a este modelo, a partir de una Constitución democrática que reemplace a la que instauró la dictadura en 1980.
El rumbo fundamental de esta lucha para derrotar a la oligarquía política y económica que se ha adueñado del país no es muy diferente al que enfrentan otros pueblos de América Latina. En el continente prevalecen condiciones similares, como consecuencia de la aplicación de la receta neoliberal. La pobreza afecta a más del 40% de la población y casi el 11% se encuentra desempleada, señala la Cepal. La democracia, reducida al simple acto de votar entre partidos que representan lo mismo, muestra al desnudo sus insuficiencias y se va hundiendo en el pantano de la ineficacia y la corrupción. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) de abril de este año, señala que más de la mitad de los latinoamericanos apoyaría regímenes autoritarios, si les resuelven sus problemas económicos. Lo mismo indican las encuestas a nivel continental de Latinobarómetro. Chile aparece en ellas con una baja adhesión a la democracia (a esa “democracia” que no ha resuelto los problemas del pueblo y que, peor aún, se ha burlado de sus esperanzas). Un reciente estudio de la escuela de administración y economía de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez señala que el 73% de la población pobre de Santiago opina que el país vive una “pobre democracia”. El 59% califica de mala o muy mala la participación, y el 66,5% tiene una percepción baja o muy baja del actual gobierno. Por otra parte, a principios de este año se conoció una encuesta de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde se indica que el 90,6% de los consultados a nivel nacional está de acuerdo en que “en este país falta más igualdad”, y el 48% piensa que no se puede confiar en nadie. El mismo estudio puso en evidencia los temores que afectan a los chilenos: el 77,5% teme quedar cesante, más del 40% piensa que si enferma no tendrá atención médica adecuada y el 52% cree que no podrá dar una buena educación a sus hijos.
Son temores propios de un país donde los trabajadores cada día son más pobres y los ricos más ricos. El desempleo aumenta y el trabajo que existe es precario. El costo de la mano de obra es uno de los más baratos del mundo y los salarios reales disminuyen, mientras crece la productividad gracias al trabajo no remunerado. La salud, educación y vivienda de calidad están reservados para una minoría que puede pagar esos servicios. Vastos sectores de las capas medias también se ven afectados por esta realidad: sus ingresos se han deteriorado y el desempleo ha generado una vasta legión de “cesantes ilustrados”, que es incrementada por un sistema de educación privada guiado por criterios de mercado. Los valores morales y los lazos solidarios de las familias están siendo destruidos por la violencia del sistema, el egoísmo, el individualismo y la competencia despiadada que éste genera. Las principales víctimas de este modelo inhumano son los niños, los jóvenes sin mañana, las mujeres violentadas en mil formas y los ancianos condenados a una soledad que les hace considerar inútiles sus vidas.
En vano se pretende minimizar la corrupción que produce la fusión de la política con los negocios. La expresión más repugnante de ese fenómeno, desde luego, es la fortuna ilícita que logró reunir Pinochet y que ha sumido en la vergüenza al ejército y a la derecha. Pero los gobiernos de la Concertación no han escapado a esa ley corruptora del poder oligárquico. Esa lógica mercantil ha contaminado a los administradores del Estado, al gobierno, al parlamento y al poder judicial, apartando a funcionarios, legisladores y jueces de su responsabilidad social de conducir el país por la senda del bien común y del respeto a la voluntad de la mayoría.
Hay una responsabilidad ineludible para los luchadores sociales que, desde el seno del pueblo, no han abandonado su quehacer en defensa de los derechos de los postergados y excluidos. A todos aquellos que no tienen derecho a cansarse ni a abandonar la lucha por un mundo mejor, les corresponde emprender la construcción de una alternativa que sea capaz de forjar la más amplia unidad social y política, para hacer de Chile un país verdaderamente democrático, igualitario en derechos y justo para todos. Sólo así podremos sentirnos orgullosos de esa dulce Patria que dejaremos a nuestros hijos
PF

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