LA CAIDA DEL CONDOR

Sorpresivo resultó el desafuero de Augusto Pinochet. La Corte Suprema lo aprobó en el proceso que investiga la Operación Cóndor.
La resolución revirtió la tendencia que marcaba el anterior rechazo -basado en razones de salud- de tres peticiones de desafuero contra el ex dictador. La Corte Suprema ratificó lo que había señalado la Corte de Apelaciones de Santiago, que aprobó la resolución del magistrado Juan Guzmán Tapia. Ahora, Pinochet deberá declarar en torno a la Operación Cóndor y podrá ser encausado por su responsabilidad en esa asociación criminal, que crearon los servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur, y fue promovida y organizada por Manuel Contreras, jefe de la Dina, bajo mando directo de Augusto Pinochet.
El nuevo criterio de la Corte Suprema obedece a diversas razones. Entre ellas, la conducta del ex dictador que constituyó una burla al diagnóstico de demencia que supuestamente lo aqueja. Una entrevista con la televisión de Miami -en que hizo declaraciones que, a juicio de tres médicos especialistas, mostraron un alto grado de normalidad- se sumó a actividades sociales -reuniones, comidas y paseos- y, sobre todo, a la demostrada destreza en el manejo de asuntos de finanzas y negocios como los relativos a las cuentas en el Banco Riggs. La conversación que mantuvo con el ministro Sergio Muñoz, que investiga esas cuentas secretas en EE.UU., contribuyó a colmar la medida. La Corte Suprema tuvo que aceptar que nadie cree que Pinochet esté privado de razón y que la supuesta condición de demente es una manera de eludir a la justicia.
La decisión -que tuvo amplia resonancia internacional- se produjo pocas horas después que el cuerpo de generales del ejército, presidido por el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, hizo un público “recuerdo de la gestión institucional” de Pinochet con motivo de cumplirse 34 años de su designación como comandante en jefe. El homenaje de los generales fue sin duda una presión a los tribunales. En esos días, también, se produjo otro hecho significativo. La Corte Suprema argentina ratificó la prisión perpetua del ex agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel, partícipe en el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa en Buenos Aires hace treinta años. Ese crimen también se investiga en Chile y nadie duda que Pinochet tuvo participación determinante, como la tuvo después en el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Roma y el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit en Washington, en septiembre de 1976.
El desafuero de Pinochet, la investigación de sus cuentas en el Banco Riggs y hasta las acusaciones contra el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, por torturas a prisioneros políticos, inquietan a la derecha que aspira al silencio y olvido en estas materias. Entretanto, argumenta que no tiene sentido preocuparse de lo ocurrido hace treinta años, cuando ya los protagonistas se han convertido en ancianos. Es mejor -sostienen sus representantes- entregar el pasado “al juicio de la historia” y preocuparse sólo del futuro.
Para la derecha, la historia es su peor enemiga y por eso se empeña en manipularla. Le inquietan hasta las películas que reviven el gobierno de Salvador Allende y el golpe militar. Lo que no aparece en la historia que escriben sus intelectuales debe caer en el olvido: así lo ha hecho en episodios tan siniestros como la conspiración contra el presidente Balmaceda, financiada por el imperialismo inglés. Antes lo hizo con el apoyo que la aristocracia prestó al colonialismo español y después, con las terribles masacres que ensangrentaron la historia del movimiento obrero. En la actualidad, necesita borrar las huellas de la injerencia norteamericana en el golpe de 1973 y también, el rastro de los crímenes y horrores que dejó la dictadura. En el fondo, la derecha apoya, justifica y celebra todo lo que hizo Pinochet, crímenes y escándalos incluidos, porque fueron la contrapartida de la represión de la Izquierda. Fue el precio -bien pagado a su juicio- por la destrucción del movimiento popular que amenazaba ser alternativa de poder en el país. Sin embargo, deja solo a Pinochet porque necesita ajustarse a la democracia y mostrar un rostro humano y conciliador.
La derecha miente y tergiversa. Es evidente que toda persona necesita conocer el pasado para entender lo que ocurre en el presente y, también, para enfilar al futuro.
Tenemos -todos- derecho a conocer a fondo lo sucedido en los últimos decenios, incluyendo las razones de la derrota popular y también los detalles del precio terrible que la derecha y los militares cobraron al pueblo que se atrevió a poner en jaque su poder. No es posible, por otra parte, pensar siquiera en el olvido si hasta hoy no ha habido justicia y la verdad sigue oscurecida por amplias nubes y sombras.
La mayoría de los responsables de asesinatos, tortura y atrocidades sigue en libertad y disfruta de cuantiosas jubilaciones y asignaciones especiales pagadas por el Estado. Unos pocos descansan en prisiones estatales para militares, gozan de detenciones domiciliarias que nadie controla o de reclusión en cuarteles donde son tratados como huéspedes.
Ni siquiera se asume en plenitud el hecho de que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, como lo reconoce el derecho internacional y lo aplica la Corte Suprema argentina en el caso de Arancibia Clavel, y que, por lo tanto, cualquiera sea la edad de los responsables, los procesos que los afectan deben llegar hasta el final, sin perjuicio de las pautas humanitarias que deben seguirse respecto a las condenas. Así funcionó la justicia internacional desde los juicios de Nüremberg, y los criminales nazis siguen siendo denunciados y perseguidos.
Los nuevos procesamientos de Pinochet -que necesariamente implican a la derecha- se producen en la proximidad de la recordación de fechas tan significativas como el triunfo popular del 4 de septiembre de 1970 y el golpe de 1973. Los treinta años del golpe marcaron la resignificación de la obra y personalidad de Salvador Allende y el comienzo de una nueva mirada hacia su gobierno y el papel cumplido por la Unidad Popular. Ha pasado un año y la imagen de Pinochet sigue cayendo, convertido hoy en una figura despreciable. Mientras, Allende se consolida como un personaje notable de nuestra historia.
El contraste es mayor porque el modelo neoliberal evidencia su fracaso. Es claro que el crecimiento de la economía en los últimos treinta años no ha significado mayor tranquilidad laboral ni mejor salud, educación y expectativas para la mayoría de los chilenos. El aumento de la polarización social hace que todavía estén en situación de pobreza tres millones de personas, que no la abandonarán antes de 18 ó 20 años con las políticas actuales. La desigualdad social se profundiza agudamente. Los valores de solidaridad y responsabilidad social han sido reemplazados por el individualismo y el consumismo exacerbado.
El capital transnacional domina la economía chilena, más dependiente que nunca, y la depredación del medio ambiente es una característica del modelo.
Al acercarnos al bicentenario -el 2010- surgen parecidas interrogantes a las que se plantearon hace un siglo: ¿Qué ha pasado para que no hayamos sido capaces de construir una sociedad deseable, integrada, ajena a las angustias permanentes y a las injusticias estruturales? ¿Por qué no somos un país vivible y no una selva en que imperan los poderosos, se agiganta la violencia y las enfermedades mentales crecen a los mayores niveles del mundo?
A pesar de la permanente campaña de desprestigio, la experiencia de la Unidad Popular concita cada vez mayor interés. Ahora nos damos cuenta que en Chile se intentó una revolución, un profundo cambio para construir un nuevo país, en que el poder estuviera en manos del pueblo. Fue una revolución que fracasó pero dejó semillas que en septiembre parecen rebrotar. Surgen nuevas inquietudes entre los jóvenes y se hacen -una vez más- esfuerzos por encontrar el camino democrático y pluralista hacia un cambio social cada vez más indispensable
PF

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