¿Pueden los alcaldes violar la ley?

La píldora
del cardenal

En la parroquia de La Dehesa se reunieron algunos alcaldes y parlamentarios de la UDI con la feligresía de esa comuna, que cuenta con vecinos muy pudientes, para analizar las consecuencias de la distribución de la “píldora del día después” entre las mujeres más pobres del país. La más activa de las presentes fue la alcaldesa de Lo Barnechea, verdadero feudo del Opus Dei en Santiago.
Las más de trece mil grageas de Postinor-2 adquiridas anualmente en las farmacias de los sectores acomodados obviamente no eran el problema. Se partía del supuesto de que quienes las compran tienen criterio formado, además del dinero suficiente para hacer respetar su independencia moral.
Lo inquietante era que el gobierno hubiese decidido repartir gratuitamente la píldora en postas y Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) a mujeres, habitualmente muy jóvenes, abusadas o violadas y que, sin tener recursos económicos para ello, buscaran evitar un embarazo no deseado.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz, cual moderno cruzado, había levantado una vez más las banderas de la moral cristiana, asegurando que era ilícito el consumo del fármaco y que era necesario “optar por la obediencia a Dios y no por la obediencia a los hombres”. En un claro llamado a la desobediencia civil, dirigido específicamente a los alcaldes para que no aceptaran distribuir el Postinor-2 en sus comunas, el arzobispo aseguró que la píldora era un abortivo. Errázuriz, confiando en el criterio de sus palabras, no se dio el trabajo de entregar los antecedentes precisos que avalaran sus afirmaciones.
Desde las aulas de la Universidad Católica, sin embargo, surgió la voz de uno de los más prominentes expertos en el tema para cuestionar las aseveraciones del prelado.
El doctor Horacio Croxatto, quien investiga los métodos anticonceptivos desde los años 60, declaró al diario Las Ultimas Noticias que “hay gente que es muy sincera y gente que usa estas cosas para ganar notoriedad y votos. Hay una falta de información tremenda y muchos aspectos que no son de dominio público. Existe un sector conservador, gente de una persistencia increíble, que ha malinterpretado la información científica parcial que existe hasta el momento, para insistir en que la píldora es abortiva”.
“¿Qué es lo que persiguen? Tiene que ver con el fanatismo ideológico. Está más que claro que la Iglesia no logró convencer a los católicos de que no usaran anticonceptivos. Ahora, la única herramienta que tienen a mano para combatir esta píldora es etiquetarla de abortiva”, agregó.
Argumentos parecidos entregaron el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Giorgio Solimano, y el presidente de la Sociedad Chilena de Salubridad, Manuel Ipinza, quien incluso se mostró partidario de distribuir la píldora en casos de relaciones sexuales no protegidas o cuando se registren fallas en los métodos de anticoncepción tradicionales.

RECULADA DE LA UDI

La directiva de la UDI inicialmente anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para revertir la medida del gobierno, pero tras percibir la enorme adhesión que la repartición de la píldora despertaba entre las mujeres más pobres, optó por dejar en manos de los alcaldes la eventual opción por presentar recursos legales. Los dirigentes gremialistas tienen muy claro que el plus de votos que han conseguido para transformarse en el primer partido del país, proviene de los sectores femeninos de menores recursos, de las comunas donde las violaciones y los embarazos prematuros son problema cotidiano.
Una clara aproximación al parecer de la ciudadanía se pudo apreciar en el programa El juego de Chile, emitido por TVN. Allí se enfrentaron partidarios y detractores de la píldora, entre ellos la alcaldesa de Renca, la UDI Vicky Barahona, entusiasta promotora de la píldora -quien obtuvo el 85% de las preferencias del público que llamó a la estación- con su colega de RN, Marta Ehlers, alcaldesa de Lo Barnechea.
Desde las filas de la derecha, Lily Pérez y Evelyn Matthei, las dos rubias que pisan con fuerza, señalaron que la píldora del día después se distribuye legalmente y que el gobierno está en su derecho al repartirla como parte de su política de salubridad pública. Representantes de las iglesias evangélicas, de la masonería y de los gremios de la salud, argumentaron a su vez a favor de la decisión gubernamental.
El presidente Ricardo Lagos optó por intervenir. “Nos costó mucho recuperar la democracia, para que nadie nos dijera lo que teníamos que hacer”, declaró, agregando que “cada chileno, cada chilena, tiene derecho a decidir conforme a sus creencias religiosas, a sus valores, a como a él le parece. Mi obligación es que todos tengan libertad para elegir; y para que todos tengan libertad para elegir, a aquellos que por alguna razón no tienen recursos, el Estado tiene que darles medios para que también puedan elegir”.
“No quiero -finalizó el presidente- un país en que sea la plata la que elige”.

EMBARAZOS ADOLESCENTES

La carta pastoral del cardenal Errázuriz refleja una encomiable consecuencia con su apostolado, pero también denota un febril intento de querer detener el viento con la mano. Sus asesores deben saber que un aborto seguro cuesta entre uno y tres millones de pesos, en aquellas clínicas que discretamente facilitan sus instalaciones para esas prácticas.
Deben conocer también el calvario de las muchachas que estudian en los exclusivos colegios que mantienen decenas de congregaciones religiosas y que, de pronto, resultan embarazadas. ¿Pueden seguir asistiendo a clases mientras su vientre crece? ¿Cómo se solucionan habitualmente sus problemas?
Las cifras de abortos y embarazos no deseados, entre las adolescentes chilenas, son inquietantes. Decenas de muchachas pierden cotidianamente la vida o quedan con daños permanentes en su aparato reproductor tras maniobras abortivas o haber ingerido todo tipo de pastillas o brebajes. Y en tanto, párrocos y sacristanes protestan porque en las inmediaciones de sus templos vieron como se repartían condones para evitar el contagio con sida.
La Iglesia Católica sigue negándose a una educación sexual franca y honesta, sigue resistiéndose a promover la planificación familiar responsable, pero hace la vista gorda frente a la explotación de la mujer e incluso, de adolescentes en programas de medios de comunicación que son propiedad de algunos de sus más entusiastas mecenas.

EXAGERADOS Y CAUTOS

La carta del cardenal recibió la inmediata adhesión de unos tres mil jóvenes, agrupados en el movimiento Generación por la Vida, quienes se congregaron en la Plaza de la Constitución para protestar en contra de la medida gubernamental. Uno de sus dirigentes, Maximiliano Lobos, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, reconoció días después ser simpatizante de la UDI y ferviente partidario de Joaquín Lavín.
Una actitud distinta tuvieron Guido Girardi y María Antonieta Saa, diputados del PPD, que acusaron al jefe de la Iglesia Católica de Santiago nada menos que de llamar a la “sedición”. Al día siguiente, tras comprobar la obvia exageración de sus términos, debieron pedir rápidas excusas.
Una posición más cauta tomó el presidente del PDC, Adolfo Zaldívar, quien tratando de maniobrar entre aguas agitadas, prefirió dirigirse al militante católico duro, señalando que “de generalizarse un uso indiscriminado de la píldora, podríamos estar frente a una promoción del aborto; acción por lo demás penada por la legislación vigente”.
La declaración puso en una situación complicada al ministro de Salud, Pedro García, militante DC, católico, quien se vio impelido a declarar: “Soy absolutamente contrario al aborto y convencido de que esta píldora no es abortiva y será Dios, y digo Dios, quien hará el juicio final. Estoy asumiendo responsablemente ese juicio como católico”.
Diversos analistas coincidieron en la inesperada osadía del cardenal -quien habitualmente se muestra cauto e incluso tímido para abordar temas de alto impacto público- y en detectar un error conceptual, a lo menos, en su carta pastoral. Errázuriz llamó a las autoridades edilicias a escuchar la voz de su conciencia, pero los alcaldes, como funcionarios públicos elegidos, deben cumplir con la legalidad vigente y, en caso de tener impedimentos morales para ello, simplemente deberían renunciar a sus cargos. Es como si un capitán de ejército se negara a ir a la guerra argumentando que es católico y que el tercer mandamiento le impide matar al prójimo

MANUEL SALAZAR

El aporte de Jean Gury

La jerarquía católica asegura que la Iglesia siempre defendió la vida desde la concepción. Pero ello no es exacto: sólo desde 1869 la Iglesia se opone al aborto, estrictamente.
En sus 2000 años de historia, ha habido numerosos debates para definir en qué momento un embrión en desarrollo se convierte en un ser humano. San Agustín, por ejemplo, planteaba que el aborto temprano no era un homicidio. La mayoría de los teólogos opinaban que el aborto no es homicidio en el principio del embarazo, porque entendían que el feto se transforma en humano en algún momento posterior a la concepción. Sólo una minoría sostenía lo opuesto.
Pero en 1864 el teólogo Jean Gury introdujo la idea de que matar a un ser humano en potencia es como matar a un ser humano real, lo que sentó las bases para que, en 1869, el Papa Pío IX afirmara que cualquier aborto es homicidio. Recién en 1917 esta idea de que existe vida humana inmediatamente después de la concepción recibió el apoyo del nuevo Código de Ley Canónica. Llamativamente, esta disposición se establece al mismo tiempo que la revolución rusa otorgaba el derecho al aborto libre y gratuito a todas las mujeres, por primera vez en el mundo. Sin embargo, lo más llamativo es que la Iglesia que defiende la vida desde la concepción, casi nunca bautiza ni ofrece misas de difuntos a los niños que nacen muertos naturalmente, es decir, al término de un embarazo

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