 Golpe a traición contra Ecuador
EL presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha recibido el decidido apoyo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El ataque de fuerzas militares colombianas a un campamento guerrillero de las FARC-EP en territorio ecuatoriano, ha provocado en la región una crisis peligrosa. En una operación planificada y monitoreada por agentes norteamericanos, los efectivos colombianos traspasaron la frontera y violaron el espacio aéreo de Ecuador para asesinar a 17 guerrilleros de las FARC-EP, entre ellos al comandante Raúl Reyes, alto dirigente de esa organización. Inicialmente, Alvaro Uribe, presidente de Colombia, declaró que su país había actuado en legítima defensa ante un ataque guerrillero. Mintió. Los guerrilleros fueron asesinados durmiendo y, además, la frontera está lejana y bien delimitada.
Posteriormente, Uribe modificó su versión, construyendo una historieta -al estilo CIA- de connivencia entre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y las FARC. Fue otra mentira. Correa estaba realizando negociaciones secretas con las FARC-EP para asegurar otra entrega de rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana.
La respuesta del presidente de Ecuador ha sido digna y enérgica. Denunció que Colombia violó el territorio ecuatoriano y que el presidente Uribe mentía. Exigió de Colombia una explicación satisfactoria y movilizó tropas a la frontera en defensa de la soberanía territorial de su país. Acto seguido, rompió relaciones con Colombia, expulsó al embajador en Quito y pidió a la OEA la reunión del órgano de consulta de los cancilleres de la región.
Entretanto, a través del presidente Hugo Chávez el gobierno de Venezuela solidarizó con Ecuador y notificó a Uribe que, en caso de ocurrir una agresión similar en Venezuela y una violación de su territorio, se daría una respuesta militar. Al mismo tiempo, dispuso que seis mil soldados y equipo blindados reforzaran la extensa frontera con Colombia.
No ha sido, por lo demás, la primera vez que Colombia produce dificultades a sus vecinos. Ecuador ha protestado en muchas ocasiones por actos agresivos como la infiltración de agentes, bombardeo a zonas limítrofes, violación del espacio aéreo, penetración territorial y “fumigaciones en la selva”. Algo parecido ha sucedido con Venezuela, cuyo presidente está consciente que una agresión yanqui necesita camuflarse con ropaje militar colombiano. Las intenciones agresivas de Washington contra la revolución bolivariana se han hecho explícitas en el último tiempo.
Hasta el momento, sólo el gobierno norteamericano de George W. Bush ha respaldado incondicionalmente a Uribe. El presidente colombiano es una pieza central en sus planes de control continental. Fiel a su doctrina de la guerra preventiva contra el “terrorismo”, no reconoce fronteras ni respeta el derecho internacional. Eso lo llevó a invadir Iraq -con el falso supuesto de que el gobierno de Saddam Hussein disponía de armas de destrucción masiva-, y a ocupar Afganistán.
Los países latinoamericanos, en cambio, han rechazado, con matices, las “explicaciones” colombianas y han defendido la intangibilidad de las fronteras. Plantean, al mismo tiempo, que las dificultades y diferencias deben ser resueltas en el marco del sistema interamericano y, en caso necesario, por Naciones Unidas.
Aceptar el criterio del presidente de Colombia sobre la impunidad para una incursión y acción militar, significaría legitimar el imperio de la fuerza en las relaciones internacionales. Cualquier país podría intentar hacerse justicia por su propia mano. Acusaciones infundadas -que podrían ser la mayoría- justificarían invasiones, agresiones militares o sanciones que, inevitablemente, favorecerían a los países poderosos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, solidarizó con Ecuador. “Nosotros lamentamos y no podemos estar de acuerdo con que no se respete la frontera con cualquier razón y por sobre todo, que Ecuador se haya sentido agredido por esta intervención”, declaró, y ofreció sus buenos oficios para buscar una solución.
Con todo, el problema va más allá. En Colombia, desde hace más de medio siglo hay una situación de guerra civil, especialmente en las regiones campesinas. Los oligarcas, latifundistas y señores del narcotráfico han declarado una sucia guerra contra los sectores populares. En esta lucha han muerto más de 200 mil personas. Los campesinos y otros sectores toman las armas para salvarse del exterminio. Los sucesivos gobiernos del país no han estado libres de nexos con el narcotráfico que ha corrompido las instituciones del Estado colombiano.
En Colombia se practica el terrorismo de Estado y los derechos humanos de la población son violados en forma sistemática ante la indiferencia del mundo. La oligarquía colombiana, la cúpula militar y el narcotráfico se han adueñado del país. Alvaro Uribe representa esa alianza en el poder. La persecución a las organizaciones populares es implacable. En los últimos 21 años han sido asesinados 2.515 dirigentes sindicales y centenares de abogados, periodistas, etc. Cientos de dirigentes, candidatos y militantes de la Unión Patriótica, organización política izquierdista, han sido asesinados incluyendo a un candidato presidencial. Las guerrillas de las FARC-EP y del ELN han pasado a ser instrumentos que permiten sobrevivir al precio de morir luchando y son expresión del legítimo derecho a la rebelión ante la injusticia y los gobierno tiránicos. Se trata de fuerzas beligerantes que son reconocidas como tales por muchos gobiernos y Parlamentos que mantienen diálogo con ellas.
Sin embargo, la realidad de Colombia hace imposible la victoria para cualquiera de los bandos en lucha. A pesar de la cuantiosa ayuda económica y militar de EE.UU., el ejército colombiano es incapaz de derrotar militarmente a las FARC-EP y al ELN. Se impone, por tanto, una negociación y una salida pacífica al conflicto sobre la base de acuerdos que permitan construir democracia, libertad y sobre todo, paz en Colombia.
El Plan Colombia, creado por EE.UU., bajo el pretexto de luchar contra la droga, persigue en realidad aplastar a las guerrillas y consolidar una base territorial para atacar, enseguida, a Venezuela y aplastar su proceso revolucionario.
El entendimiento Uribe-Bush es una amenaza para América Latina. Puede escalar hacia una guerra que sería catastrófica para los latinoamericanos. Ya la sola existencia de tensiones conspira contra la corriente de integración y acuerdos políticos que se desarrolla en el continente. Provocar discordia, rivalidades, fricciones y hasta guerras es una actividad detestable que sólo puede interesar al imperialismo y a las oligarquías apátridas. Por lo mismo, la paz es un objetivo estratégico que debe ser protegido a toda costa
PF
(Editorial de “Punto Final”, ed. Nº 657, 7 de marzo de 2008)
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