Quien calla, otorga

Pinochet muere
en la rueda

Por instrucciones de su defensa, el ex dictador Augusto Pinochet guarda silencio. También su familia. Las cuentas del Riggs Bank y los manejos en paraísos fiscales son un tema tan peliagudo que no deben correr riesgos. La defensa, que dirige el abogado Pablo Rodríguez, intenta demostrar que el origen de los dineros de Pinochet se encuentra en donaciones que le hicieron sus partidarios. Se habla de donaciones que le habrían hecho a Pinochet empresarios y amigos desde fines de los 70 y, en especial, para el plebiscito de 1980 que impuso la Constitución. No es fácil hacer calzar dinero y fechas, por el problema de la documentación de respaldo y, además, porque hay pocas personas dispuestas a asumir la calidad de “donantes” del ex dictador. Preocupan a la defensa las declaraciones que deberán prestar ante los tribunales los hijos de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, que manejaba también las cuentas.
Mientras el ministro de fuero Sergio Muñoz comenzaba las investigaciones en torno al origen y destino de los fondos depositados en el Riggs Bank, aunque existen crecientes rumores de que algunos magistrados de la Corte Suprema serían partidarios de apartarlo del caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvía que el ministro Juan Guzmán no podía abocarse a la investigación del patrimonio de Pinochet sobre el cual debería establecerse medidas precautorias que garanticen el pago de indemnizaciones a las víctimas de secuestros y asesinatos en que haya tenido participación. El Consejo de Defensa del Estado analiza el lavado de dinero. El Servicio de Impuestos Internos investiga delitos tributarios y la Superintendencia de Valores y Seguros ha requerido información sobre operaciones bursátiles realizadas por Pinochet y sus familiares.
Preocupantes para el ex comandante en jefe del ejército son también las investigaciones que pueda realizar el gobierno de Estados Unidos. Tras la pista de sobornos o dineros que pudieran relacionarse con el narcotráfico o el terrorismo, Washington puede presionar a los “paraísos fiscales” para que revelen sus secretos. La Audiencia Nacional de España, a petición del abogado Joan Garcés, solicitará al gobierno de Estados Unidos acciones penales contra los responsables del Riggs Bank.
Aparte de los temas tributarios, se espera que la investigación aborde especialmente el comercio de armas y el narcotráfico. Interesan no sólo los ocho millones de dólares de las cuentas en el Riggs Bank, sino también el “dinero grande”. Ese del que da indicios la estimación patrimonial que hizo el Riggs de Pinochet como cliente, que estableció su patrimonio entre los 50 y 100 millones de dólares. Y también que el banco haya considerado -en el año 2000- que la “cuenta Pinochet” estaba entre las cuatro más importantes para la institución. Podría aparecer la verdad sobre la venta de armas a Croacia, las eventuales recompensas del gobierno británico por el apoyo durante la guerra de Las Malvinas, las relaciones con Edgardo Batich, el tráfico de armas y de drogas. Y otros, como los que analizamos en esta crónica.

COMISIONES POR COMPRAS DE ARMAMENTO

Las sospechas se orientan hacia los grandes negocios. Esos que dejan comisiones o sobornos de envergadura sin comprobantes ni recibos. Los dineros se canalizan hacia paraísos fiscales en los que es casi imposible descubrirlos. Ahí desaparecen. Hasta hoy, la pista de los 15 millones de dólares que se pagaron en comisiones por la venta a Chile de los Mirage modernizados por Sabca en Bélgica, se pierde en una firma fantasma -Berthier International- domiciliada en Islas Vírgenes.
Armas y drogas son -además de las grandes operaciones financieras- fuentes de recursos para gobernantes y funcionarios corruptos. En el caso de Pinochet hay antecedentes serios para sospechas y dudas. Durante la dictadura abundaron los negocios oscuros. Y los relativos a adquisiciones de armamentos estuvieron siempre sumidos en las tinieblas. Con todo, es una verdad del mercado que cuando se compran armas se reciben comisiones. En otras palabras, hay corrupción.
La dictadura hizo grandes compras de armamentos. Entre 1974 y 1990, sólo por concepto de la Ley del Cobre dispuso de más de 4 mil millones de dólares. En 1974 el gasto en dólares provenientes de la Ley del Cobre saltó de 21,4 millones a 379,1 millones -aumentó casi doce veces- y fue de 343,4 millones al año siguiente. Se mantuvo en promedio por sobre 200 millones de dólares hasta los tres años finales del régimen, cuando volvió a superar la cota de los 300 millones de dólares anuales.
Pinochet puso los ojos en Sudáfrica, ferozmente anticomunista, que mantenía también una dictadura de corte racista sobre la mayoritaria población negra. El apartheid provocaba condena internacional y embargo a los productos que entraban y salían a Sudáfrica. Había, entonces, posibilidades de entendimientos y negocios.
Sudáfrica fue destinación para agentes de la Dina y la CNI que allí intercambiaban experiencias e informaciones. Pero sobre todo, el régimen sudafricano, aparte de impulsar buenos negocios en Chile como los de la minera AngloAmerican, se preocupó de proveer de armas a Chile o utilizar a nuestro país como intermediario para alcanzar otros mercados.
La llegada de armas de Sudáfrica a puertos chilenos era un secreto a voces. Durante la crisis del Beagle, cañoneras argentinas interceptaron un carguero griego a la entrada oriental del estrecho de Magallanes, sospechando que traía armas sudafricanas embarcadas en el puerto de Durban.
Importante fue la constante presencia sudafricana en la Feria Internacional del Aire (Fida, posteriormente Fidae) organizada por la Fach. Armscor -consorcio de armamentos- tuvo la responsabilidad de abrir mercados representando a una docena de firmas.
En 1988, dos barcos de guerra sudafricanos, el SAS Drakenberg y el SAS Frans Erasmus, trajeron sistemas de armas para exhibir en la Fida. La delegación estuvo presidida por R.F. “Pik” Botha, figura política y emblemática por sus vínculos con los fundadores del apartheid. El comité de Naciones Unidas preocupado del tema sudafricano demandó -sin éxito- un boicot internacional contra la Fida. Armscor produjo sensación con sofisticados productos como un misil aire-aire y un sistema de reconocimiento de aviones por control remoto, y principalmente con dos cañones de gran calibre, el G-5 y el G-6, con alcance este último de 45 kilómetros. El problema para los sudafricanos estaba en que no podían vender directamente sus armas, debido al bloqueo. Un experto sudafricano ha señalado: “Dada la severidad del embargo de armas, Armscor encontró extremadamente conveniente la disposición de los militares chilenos para transgredirlo”.

DINERO Y ASESINATOS

También encontraron aliados civiles. Carlos Cardoen fue uno. Se dice que la relación con Armscor facilitó al empresario chileno la producción de bombas de racimo y del helicóptero exhibido en Fida. El consorcio sudafricano dio licencia a Cardoen para la producción de los cañones G-5 y G-6. El mayor mercado era entonces la guerra entre Irán e Iraq. Armscor utilizó como intermediarios a los chilenos. Cardoen traspasó tecnología a Saddam Hussein y éste obtuvo los cañones que quería. A cambio, entregó petróleo para Sudáfrica.
Todo esto ocurría en las penumbras, en medio del misterio y hasta del crimen. Un terreno propicio para sobornos, dádivas y recompensas. Un periodista, eventualmente agente secreto británico, Jonathan Moyle apareció muerto en el Hotel Carrera durante una Fida. El experto George Bull, que trabajaba en el supercañón que interesaba a los iraquíes, fue asesinado en 1990. También André Cools, ex delegado del primer ministro de Bélgica, que investigaba el suministro de los propelentes necesarios para los proyectiles del supercañón.
El experto sudafricano en relaciones internacionales, David Fig, escribió: “Si estas muertes están relacionadas entre sí o fueron perpetradas por agentes israelíes, iraquíes o de otros países, es un tema a discutir. Sin embargo, las muertes son clara indicación de los enormes intereses envueltos en el comercio clandestino de armas que conectó a Chile y Sudáfrica con Iraq”.
Con el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y gracias a la ayuda prestada por Pinochet a los ingleses durante la guerra de Las Malvinas, hubo con los británicos relaciones comerciales en el plano militar: Pinochet se jugó por el proyecto Rayo, de cohetería de saturación. Tomó quince años de vínculos entre Royal Ordnance y Famae, con un costo de cien millones de dólares. El fracaso fue total. Ya sin Pinochet en la comandancia en jefe, el ejército resolvió no comprar ese obsoleto sistema de armas que hasta ahora no ha tenido un solo cliente. Gracias a Thatcher, Pinochet se convirtió en una especie de intermediario -no desinteresado- para asuntos de armamentos. Se dice, incluso, que tuvo participación en la adquisición de la fábrica sueca de aviones Gripen por British Aeroespace, actual controladora de Royal Ordnance. Los fabricantes británicos de armas empezaron a considerar a Pinochet como un amigo confiable. Hasta ahora no se sabe exactamente en qué negocios estaba Pinochet en Londres, cuando fue detenido el 18 de octubre de 1998.
Información confiable (ver PF 572) sostiene que Pinochet viajó a Londres a gestionar la compra de tres fragatas por alrededor de 440 millones de dólares. Hace poco se informó que la Armada había recibido una oferta británica de venta de tres fragatas a un precio inferior a 250 millones de dólares.
Si Pinochet no hubiera sido detenido, ¿se habría cerrado por 440 millones de dólares una compra de naves usadas que cuestan casi doscientos millones de dólares menos?

HUELLAS DE POLVO BLANCO

Desde hace años se habla del aporte del tráfico de drogas a la dictadura. El dinero de la droga contribuyó al milagro económico chileno, sostuvo -PF 572- Omar Cabezas, comandante sandinista. Fue -dijo- una información que recibió en su momento “de personas que deben estar informadas”, aludiendo, sin duda, a algún servicio de inteligencia.
Fuentes variadas han sostenido algo parecido. En el libro Asesinato en Washington, John Dinges y Saul Landau, que tuvieron acceso a información del FBI, señalan: “Pinochet envió a la DEA de Estados Unidos un avión cargado de narcotraficantes detenidos después del golpe. Luego la mano derecha de Pinochet, Manuel Contreras, puso a sus propios hombres, bajo protección de la Dina, en las plantas de elaboración y puntos de embarque. Los cubanos anticastristas llevaban una parte en la operación. Las enormes ganancias fueron a suplementar el presupuesto clandestino de la Dina”.
El fusilamiento en Pisagua del abogado Julio Cabezas, procurador fiscal del CDE que investigaba el tráfico de drogas, apunta a las vinculaciones tempranas entre la represión y la droga. Cabezas habría sido fusilado porque conocía bien la trama del narcotráfico y la participación de algunos autores de la represión.
En 1999, el periodista británico Hugh O’Shaughnessy, que trabajó como corresponsal en Chile y otros países de América Latina, publicó el libro Pinochet: The Politics of Torture, en que dedica amplio espacio a la droga (PF 461).
Se detiene en el tema de Chile Motores, propiedad de Edgardo Batich Villarroel, vinculado con Marco Antonio Pinochet, empresa que más adelante se convierte en Focus Chile Motores, con participación de un narcotraficante colombiano, Jesús Ochoa Galvis. En ambas empresas aparece como abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano del actual presidente de la UDI. Batich es conocido como narcotraficante y contrabandeaba cocaína -según ha sido acusado- en motores diesel que importaba desde Brasil.
O’Shaughnessy relata el caso de Frankell Baramdyka, ex infante de marina capturado en Chile por tráfico de drogas. Ligado a los pilotos Gene Henthorn y William Horner Lawrence, acusados por su participación en el transporte de toneladas de droga en aviones militares norteamericanos, Baramdyka fue extraditado a Estados Unidos a petición de un tribunal norteamericano a comienzos de 1993.
A partir de 1985, Baramdyka -con el alias de “Trinidad Moreno”- había trabajado en Santiago como gerente general de la empresa Redes del Pacífico. La cuenta bancaria de la compañía mostró un giro anual equivalente a cuatro millones de dólares: el 90% correspondía a depósitos en efectivo (lo que la hacía especialmente sospechosa). Baramdyka contó que por intermedio de su mujer -chilena- y sus contactos con el consulado general de Chile en Estados Unidos, se dio cuenta de las oportunidades que ofrecía el país para el narcotráfico. Dijo que sus contactos colombianos habían sido abastecidos de precursores para la elaboración de cocaína por el Complejo Químico Industrial de Talagante, del ejército, y agregó que había entregado dos millones de dólares a uno de los jefes del consulado de Chile en Los Angeles. Después de establecerse en Santiago, en 1985, siguió buscando nuevos derroteros. En octubre de ese año, según relató, había sido contactado por un mayor y un capitán del ejército, cuyos nombres entregó. Estos le dijieron que sabían exactamente el tipo de negocios en que andaba y le pidieron que encontrara comprador para 75 kilos de cocaína.
Lo hizo por intermedio de un cubano asociado a una compañía de seguros en Miami. El precio fue de 3 millones 250 mil dólares. En diciembre de 1985, Baramdyka se encontró con Batich, quien le dijo que tenía muy buenos contactos en los servicios de inteligencia. Le informó que internaban cocaína desde Brasil en motores usados, y que cierta cantidad era reexportada a Estados Unidos con ayuda de personal de una línea aérea.
Baramdyka también contó que fue llamado al cuartel general de las fuerzas armadas, donde se entrevistó con el “coronel Gutiérrez”, nombre que en la Dina/CNI correspondía al encargado de operaciones exteriores, quien respondía directamente ante general Humberto Gordon, jefe de la CNI. “Gutiérrez” le dijo que las cosas se habían complicado en Suecia, con el asesinato de Olof Palme, y que en Europa sería necesario reemplazar a Estocolmo por Madrid, como principal base de operaciones.
De acuerdo a Baramdyka, en marzo, junio y octubre de 1986 y junio de 1987, le correspondió organizar desde Chile embarques de cocaína por un peso de doce toneladas disimuladas en envíos de bombas de racimo para Irán e Iraq. Los despachos se hacían en la Fábrica de Material de Guerra (Famae), en Santiago, y llevados al aeropuerto en vehículos militares. La droga se destinaba a Europa y puntos intermedios, a menudo al aeropuerto de Port au Prince, en Haití, o a Islas Canarias

FEDERICO LOPEZ

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