¿Nueva conciencia al interior del modelo?

Los círculos progresistas de la Concertación han planteado la equidad como el desafío de las políticas públicas futuras. En un artículo aparecido en la revista Foro 21, Clarisa Hardy, directora de la Fundación Chile 21, coloca en el debate político un tema que ya desborda el entramado social, y es materia clave de preocupación por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil y no pocos especialistas del área social: la desigualdad en Chile. Pese a las políticas de reducción de la pobreza -efectivas, si nos remitimos a las conocidas estadísticas de Mideplan- no se ha logrado disminuir las diferencias de ingresos y oportunidades derivadas de un modelo económico basado, de manera prácticamente exclusiva, en el libre juego del mercado. Pese al crecimiento económico, nuevamente retomado durante el 2004, lo que hay es una distribución cada vez más desigual de la riqueza.
Este es, en términos muy generales y también bastante libres, el problema planteado por Clarisa Hardy, el que no logrará solucionarse a través de las actuales políticas públicas de cambio de paradigma en el desarrollo social. Una transformación que conduce a “un alto nivel de inconsistencia o no correspondencia entre las propias dinámicas sociales desatadas por las políticas públicas y la rigidez con que éstas se mantienen, como si la realidad no hubiera cambiado”.
El cambio es, aun cuando ha habido reducción de la pobreza, un mantenimiento e incremento de las desigualdades sociales, fenómeno este último que no ha logrado suavizarse con el mero crecimiento económico y el efecto derrame (el que si fuera efectivo, sólo ocurriría cuando el PIB crece a tasas superiores al siete por ciento). “También se fue demostrando con el paso de los años que, a medida que crecíamos, no había una correspondencia equivalente con la generación de empleo”, hecho que hoy las estadísticas exhiben de manera impúdica: alto crecimiento del producto y desempleo también al alza.
La superación de la pobreza como proceso irreversible, es otro de los supuestos que ha cambiado. “La evidencia ha demostrado que la pobreza puede castigar a las personas y sus familias más de una vez en su ciclo vital”, lo que lleva a considerar a una gran masa de la población como vulnerable, fenómeno que está directamente relacionado con “la actual estructura del mercado laboral”.
Por tanto, señala la autora, se requieren no sólo políticas pro crecimiento -como la Agenda Pro Crecimiento- sino también que fomenten el empleo. “Tampoco sólo políticas para los excluidos, sino para este nuevo modelo de sociedad en que, eventualmente, todos podemos llegar a estar excluidos, salvo una minoría privilegiada”.

DEL ENFOQUE ECONOMICO AL SOCIAL

Esta es, cómo no, la percepción que arrastra el mundo sindical. Arturo Martínez, presidente de la CUT, en conversación con PF hace el diagnóstico de este fenómeno de abierta desigualdad: “Si tenemos un empleo de mala calidad, mal pagado, no hay distribución del ingreso. Si los trabajadores no tienen derecho a la negociación colectiva, no hay distribución del ingreso. Si los trabajadores pagan de su bolsillo su seguridad social y les descuentan un veinte por ciento de su salario para su seguridad social, la distribución del ingreso es regresiva. Entonces hay varios elementos, y bastante claros, que apuntan hacia la mala distribución”.
Chile se ha renovado y modernizado para algunas cosas -admite Martínez-. “Pero desde el punto de vista social estamos realmente atrasados. Culturalmente y socialmente atrasados. El país necesita de un enfoque más social, no económico. Este es el gran problema de Chile. Uno le puede reconocer muchas cosas al gobierno del presidente Lagos, pero en el tema social, en el tema de la distribución de la riqueza, el gobierno ha sido regresivo para los trabajadores”.
Una conclusión similar a la de la Fundación Chile 21 ha difundido, recientemente, el informe de Desarrollo Humano del PNUD. El informe no oculta su sorpresa por el alto grado de molestia entre los chilenos hacia un modelo económico presentado al mundo como exitoso. “¿Cómo se explica, entonces, que a pesar de lo que indican las cifras, el 52% de los chilenos se siente perdedor y el 74% tiene sentimientos negativos respecto al sistema económico del país (inseguridad, enojo y pérdida)?”.
Por cierto que existen no pocos datos que permiten elaborar algunas respuestas. De acuerdo a información del Banco Mundial, Chile se encuentra entre los quince países con peor distribución del ingreso del mundo y, lo que es aún más grave, con el transcurrir del tiempo esta situación en lugar de mejorar, ha tendido a acentuarse.
Pese a que el informe destaca los esfuerzos gubernamentales por mejorar la calidad y cobertura de la educación, como método para disminuir esta enorme brecha, estima sin embargo que con las actuales políticas públicas no será posible enfrentar las abismales diferencias. “Está la enorme distancia existente entre la calidad de la educación municipal, que atiende a alrededor de 70% del alumnado del país y donde la inversión es de alrededor de US$ 50 por alumno al mes, y la de la educación privada, que triplica esa suma en gasto mensual por alumno, lo cual naturalmente redunda en desiguales resultados para unos y otros”.
Otro gran obstáculo es que el tipo de educación impartida a la población pareciera no garantizar a las personas el acceso al mercado de trabajo. Tampoco se ha transformado, como se esperaba, en una herramienta eficaz para la superación de la pobreza más dura.

DETERIORO DE
LA VIDA SOCIAL

Un aspecto que contribuye al resquemor hacia la economía de libre mercado está relacionado con lo que el PNUD llama la privatización de la vida comunitaria, o la capacidad del modelo para trasformar problemas transversales y colectivos en malestares individuales y privados. Esta situación, que ya ha aparecido en los informes anteriores, es uno de más graves y complejos fenómenos sociales en alza, que golpea la subjetividad de las personas y sólo en escasos y poco atendidos sondeos de opinión es revelado. La delincuencia, la violencia intrafamiliar, las adicciones varias, las enfermedades mentales, son algunos de los síntomas de esta nueva condición social.
El PNUD es bastante claro para expresar el fenómeno. “La individualización de la sociedad, la pérdida de sentido, la ausencia de proyectos colectivos (tónica dominante en los períodos democráticos anteriores), se manifiesta también en la personalización de los temores frente al futuro, donde no aparecen alusiones a carencias sociales ni a contradicciones que afecten a la sociedad en su conjunto”. Así, en lugar de referirse a desigualdad social y de oportunidades, a la cesantía, a la inseguridad ciudadana o a la desprotección de las personas ante un evento determinado o tras su retiro de la vida activa, las respuestas dan cuenta de aprensiones personales: no poder educar a mis hijos, ser víctima de un asalto, que el seguro no me cubra una enfermedad, perder mi trabajo, jubilarme con una mala pensión o no tener jubilación. En todas ellas se deja traslucir una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos de las personas.
En el artículo de Clarisa Hardy se pueden ver algunas propuestas, las que sin ser nuevas tienen el gran mérito de estar identificadas, nombradas y recogidas por el área progresista de la Concertación. En un modelo neoliberal, que se hunde no sólo en el terreno económico sino en el político y social, plantear la necesidad de un pacto fiscal solidario es girar el discurso economicista de manera radical. “No hay evidencias en ningún país conocido, cuando la sociedad conviene políticamente la vigencia de derechos universales frente a necesidades que son crecientes y recurrentes, que la forma de satisfacerlas no pase sino por un pacto fiscal solidario”.
Un pacto fiscal no se agota en sí mismo. Por ello la autora llama a la creación de una autoridad social, que es, de alguna manera, el énfasis que demanda Arturo Martínez. Una autoridad social, aclara Hardy, “significa disponer de una autoridad, en lo social, contraparte a la autoridad económica, de modo de que ésta internalice frente a cada decisión de política económica los costos o impactos sociales que sus decisiones provocan”.
La propuesta de la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 canaliza una incipiente corriente de pensamiento que critica los supuestos absolutos y economicistas del modelo de libre mercado. En el caso chileno, los efectos de más de veinte años de un modelo aplicado a rajatabla muestran, de forma demasiado evidente, secuelas sociales cada día más difíciles de ocultar

PAUL WALDER

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