Asesinato de un niño

Rodrigo Anfruns,
víctima de la CNI

“Fue una pesadilla que nos azotó durante once días y llegó a alcanzar a todos los chilenos. Mi nieto, Rodrigo Anfruns, de seis años, desapareció desde mi casa la tarde del domingo 3 de junio de 1979, luego de salir a jugar con otros niños. Aún tengo grabada en mi memoria su carita hermosa y sonriente, diciéndome que estaba deliciosa la comida que le preparé ese último día que pude estar junto a él”. Este es uno de los recuerdos que dejó Guillermina Stange Wistuba, la abuela paterna del niño, ya fallecida, en el libro de la periodista Soledad Pino Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi (Random House-Mondadori), publicado en octubre del año pasado.
Tres días después del secuestro de Rodrigo, un policía de civil le preguntó a Guillermina qué había almorzado el niño ese domingo. Respondió: “Carne y papas”. Cuando apareció el cadáver de su nieto, once días después, la autopsia reveló que en su estómago había “carne y papas a medio digerir”. Ese dato, que mucho tiene de macabro como tantos otros aspectos de este crimen, fue valorado como “clave” en el proceso sustanciado por Ricardo Gálvez Blanco, actual ministro de la Corte Suprema. Supuestamente, demostraba que el niño había sido asesinado el mismo día de su desaparición, y en el mismo lugar en que fue hallado -un sitio eriazo inmediato a la casa de la abuela del pequeño-, lo cual simplificaba las cosas. Bastaba con presentar un solo homicida: el adolescente de 16 años Patricio Pincheira Villanueva (PPV) quien, en un acto de locura momentánea, lo habría asfixiado aplastando la cara de Rodrigo en la tierra, luego de haber intentado abusar de él. Así, el crimen pasaba a ser un hecho policial más, ejecutado por un adolescente desequilibrado.
Pocos creyeron la versión oficial. Había demasiadas contradicciones. Una primera autopsia -desestimada en el proceso- señalaba que, por el estado del cuerpo, el niño no llevaba más de dos o tres días sin vida, que su estómago tenía evidencias de haber pasado por un largo período de inanición antes de volver a recibir como alimento la carne y las papas que no alcanzó a digerir... y que había sido torturado. Tenía marcas de ataduras en las piernas, evidencias de haber recibido golpes y quemaduras -probablemente producidas por cigarrillos- en diversas partes de su cuerpo, incluido el rostro. El informe legista indica que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.
En todo esto se percibía la mano represiva de la dictadura militar, que desangraba a Chile con extrema crueldad.
Otros indicios también restaban credibilidad al proceso, que se cerró tras declarar sin discernimiento a Patricio Pincheira. El más contundente lo aportaron los carabineros que habían iniciado las pesquisas el 3 de junio. Insistían en la minuciosidad con que innumerables veces habían revisado, con y sin el apoyo de perros entrenados, el terreno baldío donde el 14 de junio se descubrió el cadáver apenas cubierto por una delgada capa de tierra. Aseguraban que el cuerpo no había estado siempre en ese lugar, como pretendía la versión de Investigaciones. Las justificaciones para rebatir estos argumentos eran absurdas.
Tuvieron que pasar 25 años para que el entonces teniente de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, de la 14ª Comisaría -hoy retirado y convertido en empresario, en Punta Arenas-, se atreviera a entregar su testimonio a la madre de Rodrigo, Paola Papi, desafiando las amenazas que forzaron su silencio. En el programa Informe Especial, transmitido por TVN el pasado 29 de julio, declaró: “Yo soy testigo de que a él lo trajeron (...) nosotros vimos ingresar el vehículo y vimos el cuerpo de Rodrigo en el portamaletas. Era un vehículo típico de la gente de Investigaciones o de la CNI de la época, no recuerdo la marca, pero tipo Opala, verde oscuro”.
El y otros dos oficiales, Arnoldo Inzunza y Eduardo Guerrero, no habían acatado la repentina orden superior de retirar los puntos fijos que habían mantenido en torno a la casa de los abuelos, desde que Rodrigo Anfruns fue secuestrado, y abandonar la investigación. Así, entre las 4 y las 5 de la madrugada del 14 de junio pudieron ver entrar al sitio eriazo el vehículo que Rodríguez describe en su relato. De éste bajaron dos hombres que abrieron el portamaletas. Los uniformados se acercaron y vieron el cuerpo sin vida del niño. Los recién llegados les dijeron que eran de Investigaciones y mostraron una identificación que no se detuvieron a examinar. En el mismo auto se los llevaron hasta la 14ª Comisaría de Carabineros. En el trayecto no vieron otros vehículos, pero sí captaron comunicaciones de radio. Cuando llegaron al cuartel, no alcanzaron a entrar, menos aún a abrir la boca. Por orden del comisario “el procedimiento debía quedar sin efecto”. Al otro día escucharon la noticia: habían encontrado el cuerpo de Rodrigo en el sitio eriazo “y siempre había estado ahí”. Ni a Rodríguez ni a los demás uniformados que estaban investigando el caso los dejaron acercarse al lugar. Este testimonio coincide con lo declarado al diario El Mercurio (17/06/79) por Rosa Godoy, quien ocupaba con su marido la única vivienda existente en el sitio baldío. Al preguntarle si habían ido policías al lugar antes del día en que apareció el cadáver, respondió con inocencia “estuvieron como a las cuatro de la madrugada, pero no nos dijeron nada a nosotros. Llamaron sólo al dueño del garaje y lo citaron al juzgado”.
Otros uniformados plantearon sus objeciones a través de los medios de comunicación. Pero órdenes del director de Carabineros y miembro de la junta militar de gobierno, César Mendoza, los hicieron callar. Quien las transmitió fue el comisario de la unidad, mayor Julio Mardones Ferrada, actual general en retiro.

NUEVA INVESTIGACION

La decisión de Rodríguez Márquez de romper su silencio fue gatillada en gran medida por la publicación de la periodista Soledad Pino. La prensa de derecha ha tratado de descalificarlo, por haber participado en la salida del país del químico de la Dina Eugenio Berríos, junto a su hermano Pablo Rodríguez Márquez, oficial de ejército retirado y ex miembro de la dirección de inteligencia de la institución. Jorge Rodríguez, hasta su retiro, trabajó en unidades operativas y en el departamento de comunicaciones de la policía uniformada. Sin embargo, a Paola Papi no le hacen mella las descalificaciones. Confía plenamente en él y le consta su sincera preocupación por la suerte de su hijo desde que ocurrió el secuestro.
Con los nuevos antecedentes aportados por el oficial en retiro, la madre de Rodrigo presentó, el 29 de julio, una querella criminal en el 17° Juzgado del Crimen de Santiago, a través del abogado de derechos humanos Roberto Celedón. Está dirigida contra los agentes del Estado que resulten responsables por el secuestro, torturas y homicidio calificado de su hijo. Por tratarse de delitos de lesa humanidad, según la legislación internacional sobre derechos humanos suscrita por Chile, no prescriben ni pueden amnistiarse.
La querella menciona al ex ministro del Interior de la dictadura y hoy senador UDI, Sergio Fernández. Y también a la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Ambos avalaron la falsa versión oficial entregada por el general Ernesto Baeza Michelsen, director general de Investigaciones en esa época y vínculo de la institución con la naciente CNI, creada en 1978. La querella también cuestiona al actual ministro de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez Blanco, quien desestimó las declaraciones de Rodríguez Márquez en el proceso. Tampoco tomó en cuenta la primera autopsia de Rodrigo, efectuada en el Instituto Médico Legal.
La jueza titular del 17° Juzgado del Crimen, Patricia González, acogió la querella y abrió un sumario ordenando varias diligencias, entre ellas investigar la “sustracción o hurto” del expediente desde el Sexto Juzgado del Crimen (Rol N° 53.407-6), misión entregada al Departamento Quinto de Investigaciones. También desapareció el archivo de antecedentes del caso desde la Brigada de Homicidios.

¿POR QUE RODRIGO?

A diferencia de otras víctimas de los aparatos represivos de la dictadura militar, la familia Anfruns Papi vivía alejada de la política. A lo más, el padre de Rodrigo, Jaime Patricio Anfruns Stange -fallecido en 2001 a causa de un cáncer- sentía cierta simpatía por la DC. La madre, Paola Papi, es hermana del abogado Mario Papi Beyer, ex senador del Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Y eso era todo.
Los vínculos más comprometedores tenían relación con el mundo militar. La madre de Jaime Anfruns, Guillermina Stange, prima lejana del general Rodolfo Stange, estaba casada en segundas nupcias con el coronel de ejército Alberto Iraçabal Irigoen, quien ejercía el cargo de subdirector de Correos de Chile. En esta empresa estaba actuando la CNI, lo cual había provocado roces con el coronel Iraçabal, que se oponía a la violación de la correspondencia. Como el secuestro de Rodrigo ocurrió cuando el niño se encontraba en su casa, una de las hipótesis que se barajaron es que podría ser una forma de represalia por su comportamiento.
Sin embargo, hay otras motivaciones que podrían explicar el ensañamiento que se descargó sobre el niño Anfruns. El hijo del coronel, Luis Iraçabal Lobo, era capitán de ejército de la rama de Ingenieros y pertenecía a la CNI, igual que su hermana Cristina y su primera mujer, Maritza Aracena Robert. Su suegra era secretaria del director de Investigaciones, Ernesto Baeza. Iraçabal había estado en el Regimiento de Tejas Verdes, donde había estrechado lazos con Manuel Contreras.
Las investigaciones periodísticas aportan importantes antecedentes que ayudan a aclarar el cuadro en que se inserta el secuestro y homicidio de Rodrigo Anfruns. En una entrevista efectuada por Silvia Peña, publicada en la revista Caras en octubre del año pasado, la autora del libro sobre el caso Anfruns señaló: “El rol de este capitán estaba en las altas esferas de la CNI, encargadas del financiamiento de este organismo. El general Pinochet trataba de recuperar la economía, por lo que no se destinaba ni un peso para los entes de seguridad. Debían autofinanciarse. Y la manera era a través de Famae. Hay investigaciones del diario español Mundo, que establecen que existían empresas de pantalla para vender armas. Iraçabal Lobo estaba a cargo de este negocio. Parece ser que quiso pasarse de listo -algunos dicen que coludido con Manuel Contreras- y hacer un negocio propio. Esto despertó la ira de sus pares, quienes decidieron tomar a Rodrigo Anfruns para intimidarlo” (24/10/03).
¿Por qué desquitarse con Rodrigo, si se pretendía amedrentar o dañar a este hombre de la CNI? Según algunas versiones, fue una forma de advertirle a Luis Iraçabal Lobo lo que podría ocurrir a su propio hijo. Había cierta cercanía entre Luis Iraçabal y Jaime Anfruns. Jaime había nacido en Puerto Montt, pero vivió toda su infancia y primera juventud en Osorno. De acuerdo con antecedentes recopilados por El Diario Austral (31/07/04) de esa ciudad, a comienzos de los 70, cuando estudiaba ingeniería en minas en la Universidad de Chile, conoció a Iraçabal, quien se encontraba en el Regimiento Arauco. Luego, cuando falleció el padre de Anfruns, la familia se trasladó a Santiago donde, posteriormente, Guillermina Stange se casó con el padre de Luis Iraçabal, lo que los emparentó.
Pero sus caminos no eran convergentes. Mientras Jaime Anfruns partió por dos años a Londres con su esposa, para hacer un doctorado -allá nació Rodrigo-, el militar Iraçabal Lobo mantenía una estrecha relación con los aparatos de finanzas de la Dina y la CNI. Pero la relación familiar los unía y en muchas ocasiones compartieron con sus respectivos hijos. Cuando Rodrigo fue asesinado, el capitán Luis Iraçabal Lobo prometió todo tipo de ayuda. Pero a los pocos días, se fue con su familia a España -incluida la suegra, que trabajaba con Baeza en Investigaciones-, donde permaneció dos años. Y no hubo más contactos entre ellos.
Sin duda, Iraçabal continuó en el negocio de las armas. Pinochet lo ascendió a general de brigada. Entre 1990 y 1992 dirigió la Academia Politécnica Militar y, posteriormente, fue director de Famae. En esa calidad acompañó a Pinochet, en 1995, en su viaje a Inglaterra y Malasia. También encabezó una delegación militar que visitó al ex dictador en su millonaria prisión de Virginia Waters, en 1999. En esa ocasión fue portador de la condecoración 11 de Septiembre, que los ex uniformados otorgan “a quienes se destacan por sus valores y principios”. El año pasado, estuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para insistir en la viabilidad del fracasado proyecto Rayo, junto con un representante de la Royal Ordnance. Y sigue siendo un asiduo visitante de sus amigos encarcelados, Manuel Contreras y Alvaro Corbalán.
Si la jueza titular del 17° Juzgado del Crimen, Patricia González, quiere llegar realmente a la verdad en el crimen del niño Rodrigo Anfruns, tendría que llamar a declarar a Iraçabal. Y es probable que surja más de un nexo con los millones de dólares que Pinochet ocultó en el Riggs Bank

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