AGONIA DEL ROYALTY

Luego de la victoria de las transnacionales del cobre -con el rechazo a la aprobación del royalty minero en la Cámara de Diputados con los votos de la derecha- el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, anticipa que el proyecto del gobierno morirá en el Senado, al no contar con el quórum necesario para insistir. Se mantienen las fuertes presiones de las empresas, que obligaron a cambiar la votación a los diputados de la Alianza que apoyaban la regalía.
Lo sucedido reproduce situaciones conocidas. La derecha disimula sus motivaciones de fondo, propone estudios para ganar tiempo y finalmente, formula propuestas que confunden a los ciudadanos y entraban las iniciativas de avance. Lo ha hecho durante catorce años con las reformas constitucionales. Domina las triquiñuelas que luego legitima a través de los medios de comunicación.
Después de meses de negociaciones, Lavín propone ahora un alza de las patentes mineras. Sostiene que así se evitan cuestionamientos constitucionales y eventuales controversias ante organismos internacionales de comercio. Sostiene que no se pueden establecer nuevos impuestos que modifiquen las reglas de juego de las inversiones acogidas al DL 600 (Estatuto del Inversionista Extranjero).
El planteamiento de Lavín -y de la derecha- es doblemente engañoso. El royalty no es un impuesto. Si se acepta que lo es, incluso el alza de las patentes podría verse como tal. El royalty es la expresión del derecho de propiedad del Estado sobre los recursos mineros. Ese dominio -establecido en la Constitución- habilita al Estado para cobrar una prestación a los particulares que explotan y aprovechan la riqueza minera. El royalty se basa en la calidad de recurso no renovable que tienen los minerales, en la necesidad de no subsidiar a los productores, con la consiguiente repercusión en los precios y en la compensación que debe recibir el propietario por ingresos o ganancias extraordinarias que reciben los concesionarios.
Tampoco tiene sentido recurrir a la supuesta intangibilidad de las reglas de juego. El interés nacional prima sobre ese principio. Desde hace décadas que se reconoce el derecho de los pueblos a disponer soberanamente de sus riquezas básicas y, por lo mismo, también el derecho a modificar la normativa que rige su aprovechamiento.
El royalty existe prácticamente en todos los países, menos en Chile donde el sector minero es la base de la economía. A pesar del proyecto de royalty, en estos días la transnacional Barrick Gold anuncia una inversión de mil quinientos millones de dólares en un yacimiento aurífero.
Los planteamientos de la derecha aparte de ser confusos, son virtualmente inaplicables: se convertirían en una especie de juego contable, ante la posibilidad de descontar las patentes de los impuestos. Se afectaría también a la pequeña y mediana minería y al no estar vinculadas las patentes a la producción y las utilidades, estimularían la sobreproducción de las transnacionales.
La derecha al no compartir la argumentación que sostiene el royalty, desconoce el hecho de que el Estado es -constitucionalmente y en justicia- el dueño de los yacimientos. Y, por lo tanto, que los concesionarios están subordinados a las decisiones que adopte el propietario, que representa a los chilenos como sociedad.
Con Lavín a la cabeza, la derecha defiende los intereses de las transnacionales. El gobierno y la Concertación sufren las consecuencias de su pasividad y tolerancia frente a las transnacionales, que ha costado miles de millones de dólares a Chile. Se sostiene, incluso, que el gobierno se ha visto obligado por la opinión pública; que ha propuesto un royalty sin tener verdadero interés en su aprobación, debido a sus compromisos con la multinacionales.
La suerte del royalty ahora se juega en el Senado. Allí serán determinantes los votos de los senadores designados y también los de Eduardo Frei, senador vitalicio, y Fernando Flores. No cabe hacerse ilusiones. Los ex ministros de la Corte Suprema y la llamada “bancada militar” acostumbran a votar con la derecha.
Hasta ahora, las consideraciones patrióticas y de bien común no han estado en el centro de sus preocupaciones
PF

Mensaje de Tomic

“Mientras exista Chile, alguien tiene que hablar, pensar y fijar reglas en su nombre: el Estado. Es el interés de Chile el que está en juego y de eso, no puede hacerse responsable a nadie sino a Chile mismo (representado políticamente por el Estado). Es absurdo exigir a las compañías transnacionales que respondan por el interés de Chile. Ellas actúan de acuerdo a sus intereses mundiales, no de acuerdo a los intereses de un país particular.
No se trata, por eso, de estar en contra de las empresas chilenas o extranjeras, sino que no se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al privado. La noción de patria está ligada a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal dado. Ninguna ley debe envolver la debilitación del interés público”

RADOMIRO TOMIC
(Entrevista en revista “Análisis”, oct., 1981)

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