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Corrupción al trasluz
La sentencia en
el Caso Coimas
 Juez
Carlos Aránguiz
Un año y ocho meses necesitó el ministro
de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Carlos Aránguiz, para investigar
y dictar sentencia en el denominado Caso Coimas. Un fallo que estremeció
al mundo político y condenó la práctica del soborno
y la corrupción al interior de las instituciones del Estado. Un
total de 35 procesos, allegados a una causa que comenzó a ser investigada
a fines del año 2002, sirvieron para configurar los delitos de
cohecho y soborno en un caso que estalló cuando un empresario,
Carlos Filippi, denunció haber pagado 15 millones de pesos para
que se autorizara a operar una planta de revisión técnica
en Rancagua, dinero que habría sido solicitado por el entonces
subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, gestionado por el diputado
y ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD).
El fallo del juez Aránguiz es claro. En más de 200 páginas
confirma los argumentos de su sentencia para condenar a los nueves procesados.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y el magistrado
ha debido enfrentar una ola de acusaciones. Las primeras fueron disparadas
por el propio Tombolini, quien se apresuró a calificar al juez
de “tipo abusador”, acusación que resulta paradójica
al conocer el testimonio de Ximena Castillo Mullor, presidenta de la Asociación
de Funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, declarante
en el proceso. La dirigenta acusa a Tombolini de ejercer presiones para
acallar denuncias relativas a las irregularidades cometidas en dicha Subsecretaría.
“En dos oportunidades, la Asociación de Funcionarios se reunió
con el subsecretario Tombolini para hacer presente situaciones irregulares
que se presentaban, específicamente en lo que se refiere a contratos
a honorarios de funcionarios que no concurrían a trabajar a dicha
repartición, ante lo cual él les contestó que era
al jefe de servicio a quien correspondía decidir. Ante esta gestión,
se vieron obligados a seguir los conductos regulares superiores. Después
de proporcionar una serie de documentación relativa a informes
de Contraloría sobre distintas irregularidades, que aparecen avaladas
por el mismo subsecretario, la declarante refiere que tiene la presunción
que Tombolini intentó acallar sus denuncias enviándole a
través de un tercero un convenio con la suma de 300 mil pesos,
documento que ella decidió no firmar. No obstante, posteriormente
se remite un anónimo por correo al secretario de la Asociación,
señalando que la señora Ximena Castillo los está
vendiendo y que la prueba es este contrato a honorarios”. Su declaración
fue ratificada ante el juez Aránguiz por el dirigente de la Asociación
de Funcionarios, Miguel Angel Cerda Shuster, quien confirma las anomalías
al interior de esa repartición.
Otro antecedente relevante es la declaración del biministro de
Transportes y Obras Públicas, Javier Etcheberry, quien manifiesta
que “Tombolini no era sistemático en su trabajo y andaba
siempre apagando incendios, resolviendo por sí muchas cosas y cediendo
mucho a las presiones, lo que si bien le permitía desactivar conflictos,
lo dejaba muy expuesto a los grupos de interés”. En esta
misma línea el sucesor de Tombolini, Guillermo Díaz, señala
en su declaración que al asumir su cargo “encontró
una organización carente de institucionalidad y no existía
una regularización de los conductos formales, lo que de algún
modo, posibilitaba la ocurrencia de actos irregulares”. Agrega que
“había carencia de opinión política del Estado
respecto de una cantidad importante de temas como los portuarios, ferroviarios
y marítimos, entre otros”. En lo político, la declaración
del dirigente radical Claudio Antonio Sule es enfática. Señala
que “Tombolini ha tenido un conjunto de actuaciones reñidas
con el comportamiento ético exigido en el Partido Radical y ello,
se ha expresado en instancias partidarias”.
En lo medular, el fallo del ministro Carlos Aránguiz cuestiona
al ex subsecretario en términos de conducta y probidad al señalar
que “el mal producido con las acciones ilícitas de Tombolini,
ha devenido en una crisis de credibilidad respecto de la función
pública a nivel nacional”, agrega además que “su
conducta permitió o facilitó la extensión de la corrupción
a otros altos funcionarios públicos que, de otra manera, no hubiesen
tenido siquiera la ocasión de delinquir”.
PRESIONES DE REBOLLEDO
Desde 1993 Carlos Filippi Barra se desempeña como
empresario de plantas de revisión técnica en la Sexta Región.
Durante nueve años cumplió su trabajo “sin reproche
alguno” de parte del Ministerio de Transportes. Sin embargo, al
solicitar la ampliación a una tercera planta, el 26 de septiembre
del año 2000, recibe una respuesta negativa de parte del jefe del
Departamento de Coordinación Regional de ese Ministerio. Esta decisión
provoca inquietud en el empresario rancagüino, quien a los dos días
recibe una llamada de Gabriel Alamo, empresario del sector. Filippi recuerda
que Alamo “presionó bastante a su secretaria para hablar
con él”, ante lo cual terminó por acceder a una reunión
efectuada en un restaurante de su propiedad, ubicado en la bomba Copec
del kilómetro 86 de la ruta 5 Sur. En la oportunidad, Alamo le
manifestó que conocía su caso y que tenía el “contacto
preciso” para revertir esa situación. Es en ese instante
que aparece la mención al diputado Víctor Manuel Rebolledo.
“El (Alamo) insistió que a través de Rebolledo podría
conseguirlo”, señala Filippi. Días después,
es citado al mismo restaurante, donde se le confirma que el gestor de
la solución sería Rebolledo, quien pedía dos millones
de pesos mensuales desde que empezara a funcionar la planta de revisión
técnica rechazada. Alamo entrega a Filippi además una carta
dirigida al entonces Seremi de Transportes, Lincoln Pérez, en que
solicitaba practicar revisiones en un lugar distinto al autorizado.
A fines de octubre, se concreta una nueva reunión, esta vez con
la presencia de Rebolledo, quien asegura tener contactos con el subsecretario
Tombolini, advirtiéndole además que “todo era casi
un hecho”, pero que debía pagar treinta millones de pesos
al subsecretario a cambio de la autorización. La suma espantó
a Filippi, quien en un principio se negó, pero la advertencia de
Alamo respecto de la fragilidad de su concesión de cinco años,
lo obligó a aceptar el acuerdo con la salvedad de que si bien aceptaba
la propuesta de Rebolledo, no estaba en condiciones de pagar los treinta
millones de pesos. Transcurridos dos días, es llamado nuevamente
a una reunión, donde se confirma que el monto sería sólo
de quince millones de pesos, bajo la amenaza de que si no aceptaba podría
tener problemas con su planta. La propuesta de Gabriel Alamo consistía
en que se hicieran socios de hecho, aunque todo figuraría a su
nombre y arrendarían las instalaciones de la ex planta de un fallecido
empresario, de nombre Oscar Zepeda. El mecanismo para cancelar los quince
millones solicitados por Tombolini sería a través de un
vale vista a nombre propio, documento que se entregó sin endosar
por omisión de Filippi, que después dio orden de pagarlo.
Apenas fue cobrado, el Seremi Lincoln Pérez autorizó la
ampliación de planta en los términos solicitados.
Cumplidos los acuerdos, el empresario comenzó a trabajar y a pagar
los dos millones de pesos mensuales exigidos por Rebolledo, a contar de
enero del 2001. Filippi declaró al juez que dichos pagos los fue
haciendo en la medida de sus posibilidades. “A veces el total, otras
en abonos, que depositaba en su cuenta corriente o enviaba mediante depósitos
en la cuenta de Alamo, en los que incluía la parte de ganancia
que a éste le correspondía”. El porcentaje de rechazo
a los vehículos que pasaban por su planta de revisión técnica,
que llegaba a un treinta por ciento, y el alto valor del arriendo dificultaban
a Filippi cumplir con las exigencias de Rebolledo, quien lo presionaba
en forma permanente. Por su parte, Gabriel Alamo al ver que las ganancias
no eran las presupuestadas, le sugiere que dejen de pagar a Rebolledo,
propuesta rechazada por Filippi ya que éste “lo llamaba insistentemente
a su celular para exigir el pago y le decía que era amigo del subsecretario
y que cuando quisiera caducaba el negocio”.
JIMENEZ Y PARETO: DE
ACUSADORES A ACUSADOS
Carlos Filippi continuó trabajando con Alamo hasta
el 26 de abril del año 2002, en que le cerraron dos plantas por
orden del nuevo Seremi de Transportes, Héctor Iribarren, a raíz
de un reportaje de Canal 13 que dio lugar a un proceso en su contra. En
su declaración, Filippi culpó al diputado Aníbal
Pérez, quien lo acusó de ser traficante de drogas, lo que
negó terminantemente. El proceso judicial en su contra culminó
con su detención y mientras cumplía condena por la entrega
de falsos certificados de revisión técnica, le fueron cerradas
dos plantas al tiempo que el Seremi Iribarren presentó una querella
en su contra y, el 30 de abril de 2002, revocó la autorización
que había conseguido a través de Rebolledo y el subsecretario
Patricio Tombolini. Una vez recuperada su libertad, tomó contacto
con el diputado Felipe Letelier. Este le aconsejó viajar a Santiago,
oportunidad en que se reúne con Tombolini, que acusa directamente
a Aníbal Pérez del montaje en contra de Filippi. Nuevamente
privado de libertad, el empresario rancagüino afirma haber recibido
un sobre anónimo con documentos en donde se le señala la
participación de Sergio Bitar, Víctor Manuel Rebolledo y
Aníbal Pérez en su desbancamiento, para favorecer a otros
concesionarios instalados en la región. Entre los documentos figura
un certificado del proceso seguido contra un tercero (Oscar Armando Valenzuela),
concesionario de una planta de revisión técnica de San Fernando,
procesado por irregularidades pero que no fue sancionado hasta después
de un año de las elecciones parlamentarias, ya que éste
apoyaba la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier.
En una nueva declaración ante el ministro Aránguiz, Carlos
Filippi reconoce el vale vista emitido a Rebolledo por quince millones
de pesos, el cual fue entregado sin su firma a Gabriel Alamo en su oficina
de Santiago. En la misma oportunidad, afirma que Rebolledo lo mandó
a llamar a una reunión donde se le pide que se retracte a cambio
de revocar su auto de procesamiento. El misterioso pagaré habría
sido cobrado por un ex funcionario del Sence y militante del PPD, según
lo señalado por el diputado DC Jaime Jiménez, también
procesado en esta causa. El hecho fue conocido por el diputado Felipe
Letelier, quien -en su declaración ante el juez Aránguiz-
afirma que Jiménez le informó de esta situación en
un almuerzo que cada lunes sostenían parlamentarios de la Concertación
con el ministro Javier Etcheberry.
Iván Sánchez Santibáñez asumió la defensa
de su amigo Carlos Filippi, ante lo que consideró el cierre arbitrario
de las plantas del empresario y recurre al diputado Cristián Pareto,
quien junto a su colega Jaime Jiménez se comprometen a ayudarlo.
Según lo declarado por Pareto en un encuentro entre Sánchez,
Jiménez y Filippi, éste último “planteó
ser víctima de una injusta persecución por funcionarios
públicos locales y de nivel central, porque había dejado
de entregar recursos a cambio de que funcionaran sus plantas”. Junto
al diputado Jaime Jiménez deciden estudiar los antecedentes entregados
por el empresario y denunciar públicamente el hecho en agosto de
2002. Previa a esta denuncia, ambos parlamentarios hicieron presente el
hecho al recién asumido subsecretario Guillermo Díaz, aunque
éste afirma que le resultó extraño que el diputado
Jiménez no exhibiera fotocopia del vale vista, ni dejara en el
Ministerio copia de los documentos, elemento ratificado por el ministro
Javier Etcheberry, quien afirma que “el parlamentario siempre tuvo
una actitud extraña con las pruebas que decía tener, se
las mostraba de lejos, al igual que lo hizo con mucha otra gente, sin
entregarlas a la justicia”.
Según consta en el proceso, los diputados Pareto y Jiménez
filtraron los documentos que comprometieron a Víctor Manuel Rebolledo
y Patricio Tombolini en el caso y también, exigieron drásticas
sanciones contra estos dos involucrados. Pero rápidamente pasaron
de acusadores a acusados. Según el relato de Iván Sánchez
a Carlos Filippi, los legisladores “querían plata por ayudarlo.
En un primer momento, le pidieron cincuenta millones de pesos, ofreciéndole
lograr la reapertura de una de sus plantas de revisión en cualquier
momento”. Filippi recuerda que se negó a cancelar ese dinero
pero que Sánchez convenció a los parlamentarios de cerrar
el trato en veinte millones de pesos. Estallado el caso, Jiménez
y Pareto deciden devolver la mitad, advirtiendo a Sánchez que no
dijera nada de lo ocurrido y que el resto del dinero sería entregado
una semana después. La transacción, según lo establecido
por el juez, tenía dos motivos: el primero era denunciar en su
calidad de diputados las coimas cobradas por Rebolledo y Tombolini, quienes
habrían roto su relación con Filippi, y el segundo, conseguir
que los parlamentarios encontrasen una “fórmula irregular
por la vía administrativa” para recuperar su planta.
El extraño comportamiento de Jaime Jiménez no pasó
inadvertido al ministro de OO.PP. Javier Etcheberry, quien expresa, en
otra declaración al juez Carlos Aránguiz, que el parlamentario
demostró negligencia en su labor de presidente de la Comisión
de Transportes y Obras Públicas. “Como presidente de esta
instancia, tenía las atribuciones para poner ciertos proyectos
en tabla y utilizaba esta facultad en forma poco colaboradora, puesto
que los proyectos que le interesaban al Ejecutivo pasaban semanas sin
que los pusiera en tabla, sin que existiera un real atochamiento en la
agenda de esa Comisión”.
En su dictamen, el juez contó con una serie de pruebas para validar
los testimonios de los declarantes. Entre ellos, destaca un informe pericial
contable del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones,
respecto de las cuentas corrientes de los funcionarios públicos
que participaron en los hechos investigados. En el caso del ex subsecretario
Tombolini se establece que en su cuenta corriente “existían
reiterados depósitos en efectivo efectuados en un mismo día,
asimismo la existencia de una secuencia de depósitos que se repetían
mensualmente y el pago anticipado de créditos por un valor de treinta
millones de pesos”.
LAS CONDENAS
La investigación del ministro Carlos Aránguiz
condenó a nueve procesados. La condena más dura fue para
el ex subsecretario de Transportes y ex presidente del Partido Radical
Socialdemócrata, Patricio Tombolini. Fue condenado como autor de
delitos de cohecho a tres años y un día de prisión
efectiva y al pago de una multa de 36 millones de pesos, además
de inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Por el delito
de cohecho fueron condenados los ex parlamentarios DC Cristián
Pareto y Jaime Jiménez a una pena remitida de 540 días de
cárcel, a una multa de veinte millones de pesos e inhabilidad perpetua
para ejercer cargos públicos. El ex ministro y ex diputado PPD,
Víctor Manuel Rebolledo, en tanto, fue condenado a 300 días
de cárcel conmutables por un año de firma en el Patronato
de Reos, además de una multa de treinta millones de pesos e inhabilidad
perpetua para ejercer cargos públicos. Como coautor de soborno
fue condenado el empresario Gabriel Alamo a 300 días de cárcel
remitida y una multa de treinta millones de pesos. El empresario Carlos
Filippi deberá cumplir reclusión nocturna por dos años,
además de pagar una multa de 56 millones de pesos
ALEJANDRA CORDOVA ROJAS
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