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EL CASO DE KAREN ATALA
JUSTICIA QUE PREJUICIA
 Contundentes
argumentos ponen en cuestión el fallo de la Corte Suprema que quitó
la tuición de sus tres hijas a la jueza de letras de Los Andes
Karen Atala, por el hecho de convivir con otra mujer en el contexto de
una relación lésbica. De partida, hay tres derechos atropellados:
el de toda mujer a ejercer la maternidad, el derecho de toda persona a
decidir cómo vivir su sexualidad -sin que eso signifique violentar
a otros- y el derecho de los niños a estar con su madre y “a
ser protegidos contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación
racial, religiosa o de cualquier otra índole”, según
establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Todos son derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Por cierto, la justicia no consideró para nada el sentimiento ni
voluntad de las hijas de Karen. Tampoco tomó en cuenta los informes
de sicólogos y asistentes sociales que evalúan a Karen Atala
como “una persona normal” y cuya opción sexual “no
vulnera los derechos de sus hijas, ni la priva de ejercer sus derechos
de madre”.
La resolución judicial -adoptada por una ínfima mayoría
de tres contra dos- es vaga y apunta a que la madre “ha antepuesto
sus propios intereses, postergando los de sus hijas, al iniciar una convivencia
con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza
y cuidado”. Esto pondría en riesgo “el bienestar síquico
y emocional de las hijas” y su desarrollo integral ante una “eventual
confusión de roles sexuales que puede producírseles por
la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por
otra persona de género femenino”. El fallo también
alude a que las niñas “podrían ser objeto de discriminación
social derivada de este hecho”. Los tres jueces que votaron a favor
de esta resolución asumen la defensa del “derecho preferente
de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada
normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional
que le es propio”.
El voto de minoría, en cambio, señala que “restarle
a la madre, sólo por su opción sexual, la tuición
de sus hijas menores -como lo ha requerido el padre sobre la base de apreciaciones
netamente subjetivas- involucra imponer tanto a aquellas como a la madre
una sanción innominada y al margen de la ley, amén de discriminatoria”.
Tres días después de conocido el fallo, más de cien
personas -en su mayoría mujeres- participaron en una protesta frente
a los tribunales. “Nuevamente la Corte Suprema discrimina y niega
la libertad de las mujeres. En este caso se trata de la libertad de las
mujeres lesbianas a ejercer su maternidad”, señalaron organizaciones
como el Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos; Corporación
La Morada; Católicas por el Derecho a Decidir; Red Chilena contra
la Violencia Doméstica y Sexual; Movimiento pro Emancipación
de la Mujer Chilena (Memch); Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe, y Vivo Positivo, entre otras. El planteamiento que hacen
es directo y tajante: “Está más que claro que estos
magistrados han sido y siguen siendo un tapón al desarrollo de
una sociedad más libre y menos discriminatoria. Son los mismos
que se negaron a ver las causas de derechos humanos durante la dictadura.
Son los mismos que sobreseyeron a Pinochet argumentando demencia senil.
Son los mismos que se resisten a incorporar los tratados internacionales
de derechos humanos en la aplicación de justicia. Estos magistrados
no representan la justicia que queremos”.
CONTROVERSIA DE FONDO
El equipo de abogadas de la Corporación La Morada concluyó
que Karen Atala no incurrió en ninguna acción contemplada
en el Código Civil como causal para privar a la madre de la tuición
de los hijos -la orientación sexual no es una de ellas- en caso
de separación de los progenitores. A la vez, destacó que
no se puede contraponer el principio del “bien superior del niño/niña”
al principio de no discriminación, “vinculado al derecho
de igualdad ante la ley y al derecho de todos a recurrir a los tribunales
para asegurar su aplicación”. También enfatizó
que la Corte Suprema maneja un modelo de familia desactualizado y excluyente,
que supone que la “normalidad” está determinada “por
la heterosexualidad explícita de los padres o por la homosexualidad
clandestina, desconociendo que la normalidad de los hijos e hijas no está
dada por dicha condición, sino por los cuidados y el afecto que
les brinden padre y madre”.
Esta última afirmación coincide con una de las conclusiones
del único estudio efectuado hasta ahora en el mundo hispano latino
sobre esta materia, El desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales.
Lo realizó la sicóloga española María del
Mar González, quien visitó Chile para participar en un seminario
sobre la incidencia de la separación de los padres en el desarrollo
de los hijos, organizado por el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
(Icmer).
Esa investigación establece que no hay diferencias estadísticamente
significativas entre niños y niñas de familias homoparentales
con respecto a quienes proceden de familias heteroparentales en cuestiones
como competencia académica, vida social, autoestima, ajuste emocional,
comportamiento, aceptación e integración en su grupo, y
conocimiento de los roles de género en la sociedad.
Se comprobó que chicos y chicas que crecen con gays o lesbianas
no tienen más probabilidades de ser homosexuales que quienes crecen
con progenitores heterosexuales. La única diferencia es que los
primeros desarrollan mayor tolerancia social y respeto a la diversidad.
“La gente que pronostica un aumento de la homosexualidad con ese
tipo de familia debe tener la concepción de que ésta es
una patología -señaló la sicóloga española-.
Pero hace treinta años que esa concepción fue eliminada.
En 1973 desapareció la homosexualidad de los manuales de sicología
patológica. Habría que informarle a la gente que opina de
esa manera que ser homosexual es, sencillamente, tener otro modo de amar”.
El estudio se efectuó en 28 familias homoparentales bien constituidas
“con padres muy comprometidos con la educación de sus hijos
y valores educativos basados fundamentalmente en el respeto, la tolerancia
y el cariño mutuo. Y pudimos constatar que esos niños están
bien, que van creciendo de manera armónica. Lo que necesita un
niño es un hogar ordenado, cálido, donde se le apoye y se
aliente su crecimiento. Lo que es indiferente a la orientación
sexual de sus padres”. También destacó la naturalidad
con que los niños asumen esas situaciones que muchos consideran
anormales. “Ellos sienten que tienen dos mamás, que viven
con dos mujeres que se quieren y nada más”, dijo María
del Mar González. Agregó: “Las instituciones tienen
la obligación de facilitar que los niños y niñas
puedan crecer felices, independientemente de su cultura de origen, de
su tipo de familia, de la orientación sexual de sus padres, de
la religión que profesen. Y todos tenemos que poner de nuestra
parte para que sea así. La sociedad es cada vez más plural,
hay realidades familiares distintas y las instituciones a cargo de la
protección de la infancia, de la familia y de la mujer deben poner
en marcha programas de intervención que tiendan a que la sociedad
abra los ojos y acepte la diversidad como es”.
En Chile, sería necesario abrir los ojos de algunos jueces para
que puedan avanzar del prejuicio... al juicio
PATRICIA BRAVO
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