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Gas y política
Encrucijada boliviana
CARLOS
Camargo, ex dirigente de la COB
El próximo 18 de julio Bolivia ingresará,
una vez más, en una encrucijada: acaso en un polvorín. El
referéndum vinculante sobre la ley energética, impulsado
cual salvavidas por el endeble gobierno de Carlos Mesa, será también
una clara señal política que condicionará su continuidad.
La aprobación -o rechazo- del referéndum será la
consolidación del actual gobierno o el inicio de su despedida.
Una consulta que busca legitimar, con no pocos matices, el estado de las
cosas, que es, en suma, la explotación de gas natural por parte
de las transnacionales.
El referéndum surgió básicamente a raíz de
los acontecimientos de octubre pasado. De la insurrección popular
ligada a la exportación y comercialización del gas que terminó
con el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa,
que emergió de este evento, se comprometió ante el pueblo
y los movimientos sociales liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS)
de Evo Morales, a sacar adelante la consulta. Lo que hoy hace Mesa, un
poco a contrapelo de su voluntad, es simplemente cumplir el compromiso.
El referéndum es vinculante porque establece materias que tendrán
carácter obligatorio para el gobierno. Es la primera vez, desde
1931, que en el país altiplánico se realiza una consulta
popular. Esta fue incluida el mes pasado, tras una reforma a la Constitución,
junto a las figuras de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea
Constituyente.
Carlos Camargo, director de Labor, ONG laboral boliviana, y ex secretario
de la Central Obrera Boliviana (COB) durante el gobierno de Sánchez
de Lozada, señala las diversas opiniones ante la consulta. “Por
una parte hay cuestionamientos a la figura del referéndum por parte
de los sectores más conservadores, como terratenientes, banqueros,
grandes comerciantes, ejecutivos de las petroleras, sectores de las Fuerzas
Armadas. Todos se oponen a que exista el referéndum, porque, dicen,
no tiene sentido convocarlo sobre un tema tan concreto, que debe ser objeto
de políticas gubernamentales”.
La oposición a la consulta viene también desde la Izquierda
y amplios sectores sociales, como el líder de la COB, Jaime Solares,
o el dirigente campesino Felipe Quispe, quienes afirman que el referéndum
consagrará la actual política energética, que, por
cierto, favorece a las empresas transnacionales. En el medio, y a favor
del referéndum, hay una opinión matizada supuestamente mayoritaria,
de sectores de clase media, dirigentes sociales, grupos de intelectuales,
movimientos de la sociedad civil.
CINCO PREGUNTAS
La consulta incluye cinco preguntas. Se refieren, en
primer lugar, a la política energética que el gobierno quiere
poner en marcha. Elementos centrales son el tema de la propiedad, hoy
de las transnacionales, aunque la Constitución señala que
los yacimientos de hidrocarburos son de propiedad inalienable del Estado.
Sin embargo, existen leyes y normas que establecen que los hidrocarburos,
una vez que salen a la superficie, pertenecen al titular de la empresa.
Por tanto, la consulta pretende recuperar para el Estado la facultad de
decidir sobre volúmenes de ventas, precios, a quiénes vender
y por dónde ha de salir el recurso.
Otra pregunta es el rol que debe jugar la empresa estatal de petróleo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras el proceso
de privatización de Sánchez de Lozada, terminó como
una entidad residual. Sólo cumple funciones de vigilancia de los
contratos firmados entre empresas transnacionales. Lo que busca la consulta
es refundar YPFB. Que Bolivia vuelva a tener una empresa petrolera estatal.
Un tercer elemento tiene que ver con la industrialización del gas:
si se quiere o no la industrialización y quién ha de llevarla
a cabo. En tanto, otra pregunta está referida a los impuestos,
que es algo similar a lo que ocurre en Chile con las empresas mineras.
¿Cuánto se debe cobrar a las empresas petroleras? Impuestos
o regalías, o ambas cosas, o, incluso, si el gas ha de ser explotado
por privados o si es conveniente estatizarlo. Por cierto, el gobierno
plantea que esto no es posible en un mundo globalizado. Que hacerlo sería
grave, porque implicaría fuertes indemnizaciones para las empresas
que se quiere expropiar.
La quinta pregunta apunta a un aspecto muy sensible para los bolivianos
(y también para los chilenos). Interroga a la población
si se está de acuerdo con la estrategia de Carlos Mesa de utilizar
el recurso del gas para negociar con Chile una salida al mar.
Carlos Camargo explica que la postura de Mesa es que “hay que recuperar
la soberanía de Bolivia sobre los puertos que le fueron arrebatados
en la guerra del Pacífico. Lo que se pretende es que, como hay
un recurso tan importante que Chile necesita, es posible plantear la negociación
sobre esa base. Si ustedes necesitan energía, nosotros queremos
que se nos devuelva el mar arrebatado en la guerra. En segundo lugar,
el presidente considera que hoy los temas de integración en esta
parte del continente pasan por el tema energético. Por tanto, cree
que la discusión del tema debería involucrar el tema marítimo.
Mientras eso no se resuelva, no será posible una franca negociación
sobre temas de integración”.
UN MAR DE GAS
Bolivia tiene enormes recursos energéticos. Están
las reservas probadas, 28 trillones de pies cúbicos; por otro lado
las reservas probables, que se puede asegurar existen y, por último,
las reservas posibles. Todas llegan a 56 trillones de pies cúbicos,
una cantidad impresionante de gas. En términos de tiempo, Bolivia
podría exportar grandes volúmenes a Brasil, México
o California durante más de 200 años.
Camargo ve dos grandes escenarios para el próximo 18 de julio en
caso de un referéndum negativo: “Sucederá que el país
se cierra a las inversiones extranjeras, lo que acrecentaría los
problemas sociales en la medida que el país no podrá ni
exportar ni industrializar estos recursos. Cualquier proceso de industrialización
requiere de exportación. Políticamente, la señal
sería también muy negativa. Porque si pierde el referéndum,
el presidente debería irse a su casa y convocar a elecciones”.
Pero el tema es más delicado. “Hay sectores que se oponen
al referéndum y a la Asamblea Constituyente. Los sectores de poder,
conservadores, tienen temor que en la Constituyente se eliminen sus privilegios.
Por eso, el fantasma del golpe de Estado. Tradicionalmente, estos sectores
han apostado a las dictaduras. De hecho, ya están tocando las puertas
de las Fuerzas Armadas para intentar crear dificultades que generen convulsión
social. Un ejemplo es el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional,
de que los militares que participaron en las represiones de febrero y
octubre, que fueron insurrecciones populares, debieran enfrentar a la
justicia ordinaria. Esto ha producido un verdadero levantamiento de las
Fuerzas Armadas, que no sólo han amenazado al tribunal, sino al
país”.
Hay, sin embargo, un cambio sensible en las fuerzas sociales de Bolivia.
La insurrección popular, que derribó a Sánchez de
Lozada, está hoy acotada a sectores menos representativos. “Lo
paradójico en Bolivia -dice Camargo- es que tenemos una situación
política totalmente diferente desde octubre: un presidente que
no tiene un solo parlamentario que lo respalde, no tiene partido ni coalición
de gobierno. Sin embargo, el presidente Mesa tiene gran respaldo de la
sociedad civil, un apoyo de un 65 por ciento. Por eso la estrategia gubernamental
ha sido plantear el referéndum para que la población decida”.
Un elemento específico ha sido la posición del MAS. De una
oposición radical al modelo, ha pasado a ser el principal sustento
del gobierno. “En realidad, es la fuerza social y política
del MAS la que está permitiendo al país una cierta estabilidad.
Si el MAS se sumara a los bloqueos de caminos y otras acciones que promueven
grupos radicalizados, no lo soportaría la estabilidad democrática
del país. El principal sustento del gobierno es el Movimiento al
Socialismo de Evo Morales. Su discurso ha girado desde una posición
radical de Izquierda al centro político. Sin embargo, hay que entender
que esto responde a la estrategia del MAS, que quiere asimilar a los sectores
de clase media, necesarios en la perspectiva electoral para ganar las
elecciones municipales de este año y las presidenciales y parlamentarias
del 2007”
PAUL WALDER
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