Edición 569 - Desde el 11 al 24 de junio de 2004
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Gas y política

Encrucijada boliviana

CARLOS Camargo, ex dirigente de la COB

El próximo 18 de julio Bolivia ingresará, una vez más, en una encrucijada: acaso en un polvorín. El referéndum vinculante sobre la ley energética, impulsado cual salvavidas por el endeble gobierno de Carlos Mesa, será también una clara señal política que condicionará su continuidad. La aprobación -o rechazo- del referéndum será la consolidación del actual gobierno o el inicio de su despedida. Una consulta que busca legitimar, con no pocos matices, el estado de las cosas, que es, en suma, la explotación de gas natural por parte de las transnacionales.
El referéndum surgió básicamente a raíz de los acontecimientos de octubre pasado. De la insurrección popular ligada a la exportación y comercialización del gas que terminó con el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa, que emergió de este evento, se comprometió ante el pueblo y los movimientos sociales liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, a sacar adelante la consulta. Lo que hoy hace Mesa, un poco a contrapelo de su voluntad, es simplemente cumplir el compromiso.
El referéndum es vinculante porque establece materias que tendrán carácter obligatorio para el gobierno. Es la primera vez, desde 1931, que en el país altiplánico se realiza una consulta popular. Esta fue incluida el mes pasado, tras una reforma a la Constitución, junto a las figuras de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea Constituyente.
Carlos Camargo, director de Labor, ONG laboral boliviana, y ex secretario de la Central Obrera Boliviana (COB) durante el gobierno de Sánchez de Lozada, señala las diversas opiniones ante la consulta. “Por una parte hay cuestionamientos a la figura del referéndum por parte de los sectores más conservadores, como terratenientes, banqueros, grandes comerciantes, ejecutivos de las petroleras, sectores de las Fuerzas Armadas. Todos se oponen a que exista el referéndum, porque, dicen, no tiene sentido convocarlo sobre un tema tan concreto, que debe ser objeto de políticas gubernamentales”.
La oposición a la consulta viene también desde la Izquierda y amplios sectores sociales, como el líder de la COB, Jaime Solares, o el dirigente campesino Felipe Quispe, quienes afirman que el referéndum consagrará la actual política energética, que, por cierto, favorece a las empresas transnacionales. En el medio, y a favor del referéndum, hay una opinión matizada supuestamente mayoritaria, de sectores de clase media, dirigentes sociales, grupos de intelectuales, movimientos de la sociedad civil.

CINCO PREGUNTAS

La consulta incluye cinco preguntas. Se refieren, en primer lugar, a la política energética que el gobierno quiere poner en marcha. Elementos centrales son el tema de la propiedad, hoy de las transnacionales, aunque la Constitución señala que los yacimientos de hidrocarburos son de propiedad inalienable del Estado. Sin embargo, existen leyes y normas que establecen que los hidrocarburos, una vez que salen a la superficie, pertenecen al titular de la empresa. Por tanto, la consulta pretende recuperar para el Estado la facultad de decidir sobre volúmenes de ventas, precios, a quiénes vender y por dónde ha de salir el recurso.
Otra pregunta es el rol que debe jugar la empresa estatal de petróleo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras el proceso de privatización de Sánchez de Lozada, terminó como una entidad residual. Sólo cumple funciones de vigilancia de los contratos firmados entre empresas transnacionales. Lo que busca la consulta es refundar YPFB. Que Bolivia vuelva a tener una empresa petrolera estatal.
Un tercer elemento tiene que ver con la industrialización del gas: si se quiere o no la industrialización y quién ha de llevarla a cabo. En tanto, otra pregunta está referida a los impuestos, que es algo similar a lo que ocurre en Chile con las empresas mineras. ¿Cuánto se debe cobrar a las empresas petroleras? Impuestos o regalías, o ambas cosas, o, incluso, si el gas ha de ser explotado por privados o si es conveniente estatizarlo. Por cierto, el gobierno plantea que esto no es posible en un mundo globalizado. Que hacerlo sería grave, porque implicaría fuertes indemnizaciones para las empresas que se quiere expropiar.
La quinta pregunta apunta a un aspecto muy sensible para los bolivianos (y también para los chilenos). Interroga a la población si se está de acuerdo con la estrategia de Carlos Mesa de utilizar el recurso del gas para negociar con Chile una salida al mar.
Carlos Camargo explica que la postura de Mesa es que “hay que recuperar la soberanía de Bolivia sobre los puertos que le fueron arrebatados en la guerra del Pacífico. Lo que se pretende es que, como hay un recurso tan importante que Chile necesita, es posible plantear la negociación sobre esa base. Si ustedes necesitan energía, nosotros queremos que se nos devuelva el mar arrebatado en la guerra. En segundo lugar, el presidente considera que hoy los temas de integración en esta parte del continente pasan por el tema energético. Por tanto, cree que la discusión del tema debería involucrar el tema marítimo. Mientras eso no se resuelva, no será posible una franca negociación sobre temas de integración”.

UN MAR DE GAS

Bolivia tiene enormes recursos energéticos. Están las reservas probadas, 28 trillones de pies cúbicos; por otro lado las reservas probables, que se puede asegurar existen y, por último, las reservas posibles. Todas llegan a 56 trillones de pies cúbicos, una cantidad impresionante de gas. En términos de tiempo, Bolivia podría exportar grandes volúmenes a Brasil, México o California durante más de 200 años.
Camargo ve dos grandes escenarios para el próximo 18 de julio en caso de un referéndum negativo: “Sucederá que el país se cierra a las inversiones extranjeras, lo que acrecentaría los problemas sociales en la medida que el país no podrá ni exportar ni industrializar estos recursos. Cualquier proceso de industrialización requiere de exportación. Políticamente, la señal sería también muy negativa. Porque si pierde el referéndum, el presidente debería irse a su casa y convocar a elecciones”.
Pero el tema es más delicado. “Hay sectores que se oponen al referéndum y a la Asamblea Constituyente. Los sectores de poder, conservadores, tienen temor que en la Constituyente se eliminen sus privilegios. Por eso, el fantasma del golpe de Estado. Tradicionalmente, estos sectores han apostado a las dictaduras. De hecho, ya están tocando las puertas de las Fuerzas Armadas para intentar crear dificultades que generen convulsión social. Un ejemplo es el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de que los militares que participaron en las represiones de febrero y octubre, que fueron insurrecciones populares, debieran enfrentar a la justicia ordinaria. Esto ha producido un verdadero levantamiento de las Fuerzas Armadas, que no sólo han amenazado al tribunal, sino al país”.
Hay, sin embargo, un cambio sensible en las fuerzas sociales de Bolivia. La insurrección popular, que derribó a Sánchez de Lozada, está hoy acotada a sectores menos representativos. “Lo paradójico en Bolivia -dice Camargo- es que tenemos una situación política totalmente diferente desde octubre: un presidente que no tiene un solo parlamentario que lo respalde, no tiene partido ni coalición de gobierno. Sin embargo, el presidente Mesa tiene gran respaldo de la sociedad civil, un apoyo de un 65 por ciento. Por eso la estrategia gubernamental ha sido plantear el referéndum para que la población decida”.
Un elemento específico ha sido la posición del MAS. De una oposición radical al modelo, ha pasado a ser el principal sustento del gobierno. “En realidad, es la fuerza social y política del MAS la que está permitiendo al país una cierta estabilidad. Si el MAS se sumara a los bloqueos de caminos y otras acciones que promueven grupos radicalizados, no lo soportaría la estabilidad democrática del país. El principal sustento del gobierno es el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Su discurso ha girado desde una posición radical de Izquierda al centro político. Sin embargo, hay que entender que esto responde a la estrategia del MAS, que quiere asimilar a los sectores de clase media, necesarios en la perspectiva electoral para ganar las elecciones municipales de este año y las presidenciales y parlamentarias del 2007”

PAUL WALDER

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