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El cobre
ayer y hoy
El envío al Congreso del proyecto de ley que fija
el royalty a las empresas mineras, pondrá nuevamente en debate
la contradicción entre el interés nacional y las grandes
empresas cupríferas extranjeras.
Dicha contradicción ha sido una constante en la historia del cobre
chileno. Hasta la nacionalización de la gran minería, en
1971, la tendencia apuntó al fortalecimiento del poder de las compañías,
respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. Durante la dictadura y
en los gobiernos democráticos ocurrió algo similar. Todo
ello en detrimento de Chile.
Hubo, sin embargo, situaciones singulares. Recordemos una: la derivada
del Convenio de Washington, 1951, y la consiguiente ley 10.255 de 12 de
febrero de 1952, llamada entonces Ley del Cobre.
Durante la segunda guerra mundial y desde que Estados Unidos se involucró
en el conflicto (1942-1945), las exportaciones de cobre de Chile (que
sólo iban al mercado norteamericano) tuvieron un precio fijado
unilateralmente por Washington. Fue de 12 centavos de dólar por
libra: la mitad del precio del metal durante la primera guerra mundial
y cerca de un tercio de lo que estaban dispuestos a pagar los países
beligerantes.
El precio fijado por Washington afectó brutalmente a Chile. No
dañó a las empresas por sus operaciones en Estados Unidos,
a las que subvencionó con 120 millones de dólares al año.
Las pérdidas para Chile “se estiman en más de 500
millones de dólares, computados sólo por el no pago de los
120 millones de dólares de bonificación”.(1)
El término de la guerra no significó paz y colaboración
entre los pueblos. Casi de inmediato comenzó la guerra fría.
Expresión de ella fue la guerra de Corea en 1950. Duró tres
años, con un costo elevado en vidas y en destrucción. Como
lo había hecho en la segunda guerra mundial, la Oficina de Movilización
Económica de Estados Unidos le fijó precio al cobre chileno:
24,5 centavos de dólar por libra, mientras la cotización
internacional era de 35,5 centavos.
CONVENIO DE WASHINGTON
El gobierno de Chile, presidido por Gabriel González
Videla, decidió actuar. La situación económica era
apremiante. El año 1952 habría elecciones presidenciales
y era necesario mostrar algún grado de independencia y cierto alejamiento
de la derecha. A comienzos de mayo de 1951, entró en vigencia el
Convenio de Washington entre el gobierno de Estados Unidos y el de Chile,
representado, entre otros, por el canciller Horacio Walker y Radomiro
Tomic.
Dos fueron los puntos fundamentales del acuerdo: el precio del cobre se
aumentó en tres centavos de dólar por libra, quedando en
27, 5 centavos. Ese sobreprecio sería de exclusivo beneficio fiscal.
En segundo lugar, se estableció una cuota del 20% de la producción
total -que era del orden de las 360-390 mil toneladas anuales- de libre
disponibilidad del Estado chileno, para los efectos de su comercialización,
siempre que asegurara que ese cobre no llegaría a “países
enemigos de la democracia”.
El Convenio de Washington provocó agudas críticas de la
Izquierda por insuficiente y porque no daba cuenta de aspectos centrales
del problema del cobre. Por otro lado, empezó a hacer agua casi
desde el momento mismo de su firma. Especialmente en cuanto al 20% de
libre disponibilidad de la producción, que se convirtió
en algo ilusorio por la falta de experiencia del gobierno chileno, el
escaso tonelaje en juego, la presión de las compañías
acostumbradas a tener en sus manos toda la comercialización y por
las restricciones políticas.
Entretanto, poco después de la firma del Convenio, en el Senado
chileno comenzó a discutirse un proyecto para abordar aspectos
específicos, teniendo en cuenta la posibilidad de desahuciar unilateralmente
el acuerdo con EE.UU., lo que estaba contemplado expresamente. Participación
destacada en los debates tuvo Radomiro Tomic junto a parlamentarios de
derecha y radicales. Los socialistas, y en especial Salvador Allende,
apoyaron algunas disposiciones, haciendo salvedades ya que a su juicio
el proyecto abordaba en forma “restringida, parcelada y pequeña”
un tema de enorme trascendencia. Los dos senadores comunistas, Salvador
Ocampo y Elías Lafferte, mantuvieron también una postura
crítica, centrando su argumentación en la nacionalización
del cobre, respecto de la cual habían presentado un proyecto ese
mismo año.
En el debate, Allende defendió una indicación para que el
Banco Central vendiera directamente el cobre en los mercados externos,
cosa que hacían entonces las empresas norteamericanas. Un senador
de derecha sostuvo que eso era peligroso porque significaba “derribar
las columnas del templo” de la relación comercial con Estados
Unidos. Sobre la marcha replicó Salvador Allende: “Esto no
es destruir las columnas de un templo organizado en defensa de los intereses
de Chile, es destruir una política que nos coloca como país
en situación subalterna ante las agencias comerciales de las empresas
norteamericanas”.(2)
Dentro del marco limitado de la ley, que duró hasta 1955, cuando
entró en vigencia la ley 11.828 bautizada como de Nuevo Trato del
Cobre, sus resultados fueron sorprendentes:
• permitió el desahucio unilateral por Chile del Convenio
de Washington;
• entregó al Estado -por intermedio del Banco Central- la
comercialización total del cobre y no sólo del 20%. Se mantuvieron
de hecho, sin embargo, las restricciones de venta al campo socialista;
• se abrió el mercado europeo que pasó a ser de primera
importancia;
• permitió afrontar la caída de la demanda al término
de la guerra de Corea.
Los resultados económicos fueron muy superiores a los del Convenio.
Durante los doce meses de vigencia, el Convenio de Washington significó
un sobreprecio de beneficio fiscal de 5,6 millones de dólares.
La gestión del Banco Central durante treinta y seis meses, permitió
un mayor ingreso de 200 millones 200 mil dólares.
El punto culminante se logró en 1954 cuando se liquidaron los stocks.
“La situación en 1954 no sólo fue extraordinariamente
superior a la de los años anteriores, sino que, además,
marca la culminación de la exitosa política del Banco Central”.(3)
VENTAS DIRECTAS
En 1953, El Banco Central hizo la primera venta en Europa,
unas 6 mil toneladas. Al año siguiente, las ventas totalizaron
186 mil toneladas, a precio superior al del mercado norteamericano. Esta
operación permitió liquidar los stocks acumulados en los
puertos (en parte por maniobras de las compañías).
El Banco Central y el gobierno, encabezado por el presidente Carlos Ibáñez,
negoció directamente con Estados Unidos la venta de 100 mil toneladas
a la reserva estratégica norteamericana, que fueron compradas a
30 centavos de dólar la libra, en 1954. Una cantidad superior fue
vendida en el mercado estadounidense a precios de entre 33 y 36 centavos.
A fines de 1952, hablando en el 17º aniversario de la Falange Nacional
de la que era presidente, Radomiro Tomic dijo: “Si hay una ley que
en todas sus fases pertenece a la Falange, es ésta”. Y agregaba
-de modo poco realista- “no hay otra ley que haya dado mayores ingresos
en dinero a Chile (...) y que pueda tener más trascendencia que
ésta en la modificación de su economía”.(4)
Sus expectativas tenían mucho de buenos deseos. Las compañías
esperaban la revancha. Negociaban con el gobierno el Nuevo Trato que significó
un evidente retroceso. Entre otras cosas, devolvió a las compañías
la plena comercialización del cobre.
LECCIONES UTILES
El Convenio de Washington y la ley 10.255 tienen importancia
histórica. Pero además tienen que ver con situaciones de
plena actualidad y con el debate que se acerca en torno al royalty. De
nuevo se discutirán temas como la supuesta intangibilidad de las
reglas de juego, el papel del Estado en la política cuprera, la
sensibilidad de las transnacionales y las presiones sobre los estamentos
institucionales del Estado.
La aprobación y vigencia de la ley 10.255 demostró que aun
en gobierno conciliadores, vacilantes y ligados a grandes intereses es
posible enfrentar a las corporaciones mineras. En determinadas coyunturas,
un amplio arco de fuerzas políticas se alinea junto al interés
nacional y enfrenta al poder transnacional, durante cierto tiempo.
El Estado demostró hace cincuenta años que podía
actuar mejor que las compañías en beneficio de Chile. Vendió
el cobre a mejores precios, abrió nuevos mercados, pudo enfrentar
la acumulación de stocks, obteniendo ingresos muy superiores a
los que hasta entonces había percibido.
Finalmente, dadas las características del negocio y su alta rentabilidad,
las empresas extranjeras terminaron ajustándose a las nuevas reglas.
Sin embargo, y ésa es también parte de la experiencia, las
empresas norteamericanas no se dieron por vencidas. En 1955 impusieron
el Nuevo Trato, que marcó el camino para otros acuerdos leoninos
materializados en los gobiernos siguientes, hasta que llegó la
nacionalización a cambiar las cosas de raíz
HERNAN SOTO
(1) Mario Vera Valenzuela, “La política económica
del cobre en Chile”, Ediciones de la Universidad de Chile, 1961.
(2) Senado, sesión 24, Legislatura Ordinaria, 14 de agosto de 1951.
(3) Mario Vera-Elmo Catalán, “La encrucijada del cobre”.
Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, 1965.
(4) En “Tomic. Nuevos testimonios”, Cesoc, 1999.
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