Observatorio Político

El asesinato de José Tohá
Los generales salen a matar

Durante más de 36 años, su familia, sus amigos, compañeros del Partido Socialista y quienes le conocieron aunque fuera de modo superficial, no pudieron convencerse que José Tohá González, ex ministro del Interior y luego de Defensa en el gobierno de la Unidad Popular, se hubiera suicidado el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar, donde permanecía recluido gravemente afectado por torturas y malos tratos a los que era sometido.
En el verano de 1973, Tohá, a los 45 años de edad, era considerado el más probable heredero político del presidente Salvador Allende, miembro de su círculo íntimo, consejero y camarada de innumerables jornadas. Había egresado de Derecho en la Universidad de Chile, no se tituló y optó por el periodismo, llegando ser director del diario Las Noticias de Ultima Hora.
En 1952, mientras parte del Partido Socialista apoyaba la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, José Tohá apoyó la postulación de Allende, levantada por el sector que dirigía Aniceto Rodríguez, en conjunto con el Partido Comunista y otras agrupaciones de Izquierda. Esta alianza, conocida como Frente del Pueblo, fue antecesora del Frente de Acción Popular (FRAP). “El pueblo a la victoria con Allende” fue el eslogan de esa primera candidatura presidencial, con José Tohá cumpliendo en ella un papel relevante, al igual que en las tres campañas siguientes.

El día de su muerte

Abandonó la dirección de Ultima Hora para asumir como ministro del Interior y después de Defensa. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Ministerio de Defensa, donde acudió enviado por Allende para intentar una mediación.
Luego fue trasladado a la isla Dawson y en enero de 1974, muy enfermo y con menos de 50 kilos de peso -era un hombre de más de un metro noventa de estatura- lo llevaron al hospital naval de Punta Arenas y más tarde a Santiago, primero al hospital de la Fuerza Aérea y casi enseguida al Hospital Militar, donde el 1° de febrero quedó aislado en la pieza 303. Por las noches era frecuente que lo sacaran para llevarlo a la Academia de Guerra Aérea, la siniestra AGA, donde era interrogado y torturado.
Tohá permanecía durante el día en su cama del hospital, desde la cual incluso se cayó un par de veces debido a su extrema debilidad. Padecía, entre otros problemas, una depresión grave y, para intentar superarla, lo trataba el siquiatra Julio Sepúlveda.
Su esposa, Raquel Victoria (Moy) Morales Etchevers, lo visitó en varias ocasiones. Trataba de infundirle ánimo y le contaba de los esfuerzos que se hacían para conseguir su libertad. Un soldado, fusil en ristre, los vigilaba durante aquellos encuentros. Pese a las circunstancias, no hubo ningún indicio que permitiera sospechar la suerte que correría el más cercano amigo de Salvador Allende.
El 15 de marzo de 1974 sonó el teléfono en casa de Moy de Tohá. La voz de un hombre, que se identificó como oficial de ejército, le comunicó que su marido se había suicidado: -Si quiere venir a retirar el cadáver, puede venir al Hospital-, agregó.
La viuda recordaría más tarde: “(…) tenía pinchazos y un rostro que no era el de una persona que se ha suicidado ahorcándose. Yo trabajé 13 años en el laboratorio de la policía técnica de Investigaciones, y vi muchos cadáveres de suicidas por ahorcamiento. Esos rostros no los voy a olvidar nunca. Pero no tenían nada que ver con el rostro de José. El tenía su cara pálida, tranquila, relajada. Tenía una gotita de sangre en la nariz y en el borde del cuello, casi imperceptible, una marca delgada como de un hilo, no de cuerda ni de cinturón, sino de un hilo. Era de color rojo”.

Un médico valiente

Uno de los primeros en llegar al sitio del suceso fue el médico y perito criminalista de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, Domingo Chelén Araya, quien comprobó que el cadáver de Tohá estaba dentro del clóset de la habitación con un cinturón atado al cuello, con las piernas y los pies flectados, apoyados en el piso. Al doctor Chelén le extrañó sobremanera que la cañería de la cual pendía el cadáver del ex ministro no se elevara más de un metro cincuenta desde el suelo, y que el nudo con que el cinturón estaba ceñido era tan débil, que se desató con un leve tirón. También le sorprendió que el surco en el cuello de la víctima fuera parejo y no incompleto, como generalmente se presenta en las personas que se ahorcan. Además, un quiste sebáceo cervical estaba roto, lo que resultaba inexplicable pues para que ocurriera, se requería de cirugía o de enorme presión.
Chelén pidió al perito fotográfico de la BH que tomará detalles de la escena que le parecían fuera de lugar, en especial del cuello. También exigió un riguroso y completo dibujo al técnico planimetrista, para fijar el lugar y detalles de la posición del cuerpo. En su examen del cadáver el médico constató extremo enflaquecimiento y claros indicios de quemaduras de cigarrillos en los brazos.
Esa misma tarde, desde el Hospital Militar llamaron al forense del Instituto Médico Legal, doctor Alfredo Vargas Baeza, para que hiciera la autopsia de Tohá en el mismo establecimiento, burlando la norma que establecía que el cuerpo debía ser trasladado al IML para los exámenes tanatológicos correspondientes.
En los días siguientes, el Hospital Militar pidió una investigación sumaria sobre el supuesto suicidio del ex ministro de Allende, que fue conducida por el auditor Rolando Melo Silva, de la Segunda Fiscalía del ejército, causa que se extravió. Años después, Melo declararía ante la justicia que no recordaba casi nada de lo que hizo entonces, debido a “lagunas mentales”, una excusa que se ha hecho costumbre en militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
En tanto, Chelén para redactar su informe esperó las fotografías, pero le comunicaron que se habían perdido, al igual que el gráfico planimétrico. A 15 días de la muerte de Tohá, le llegó una hoja con un informe ya redactado en que se consignaba “conclusión: suicidio” y al pie su nombre para que estampara su firma. El médico se negó a hacerlo y a los dos meses, fue despedido de Investigaciones “por falta de confianza en su labor profesional”. El principal contradictor de las aprensiones de Chelén fue el funcionario de la Brigada de Homicidios Juan Saldías Valdés, (a) “Harry el Sucio”, conocido integrante de la Dina.
En 1991, el Informe Rettig reseñó sobre la muerte de Tohá que “la Comisión no tuvo antecedentes suficientes para concluir si el ahorcamiento, causa directa de la muerte del ex ministro Tohá, fue la acción de quienes lo mantenían detenido o si, en cambio, murió por su propia mano”.

Ante el juez Zepeda

El 15 de marzo de 2001, la familia Tohá, representada entonces por el abogado Juan Bustos, presentó una querella para esclarecer la muerte del ex ministro.
Llamado a declarar, el doctor Chelén insistió ante el juez Jorge Zepeda que el día de la muerte de Tohá pidió que se tomaran varias fotos del surco que el cadáver de Tohá tenía en el cuello, pues era imposible que se hubiese marcado completo, en todo su contorno, si realmente se hubiera suicidado. Agregó que esas fotos “jamás se presentaron en el informe pericial, el que concluyó que la muerte fue por ahorcamiento de tipo suicida”. Chelén afirmó que concluyó que “esa muerte no fue suicida, sino obra de terceros, por estrangulamiento, con simulación de suicidio (…) Por ello no quise firmar el informe, que no redacté ni sé quién lo hizo”.
El perito dibujante y planimetrista forense, Sergio Labarca Maturana, por su parte, declaró ante el juez Zepeda que su trabajo no quedó guardado donde correspondía en Investigaciones. Sus jefes, Pedro Méndez Valenzuela y Luis Cavada Ebel, le dijeron que ese informe “es secreto y no se guardará en el archivero” que correspondía.
El magistrado logró establecer, en abril de 2005, responsabilidades penales por torturas aplicadas a José Tohá en la Academia de Guerra de la Fach (AGA) y procesó al general (r) de la Fach Ramón Cáceres Jorquera, y al coronel (r) Sergio Contreras Mejías. Los procesados lograron ser identificados por unos papeles hallados en el velador de la pieza donde estuvo Tohá en el Hospital Militar, en los que había preguntas manuscritas de sus interrogadores de la Fach.
El ex subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, y el general Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta Michelle Bachelet, pasaron también por la AGA, al igual que otros 700 prisioneros, aproximadamente. En ese tiempo, el general Bachelet tenía 51 años. Bastó su desempeño como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización durante la Unidad Popular para justificar su detención, marcada por la brutal tortura ejercida por sus ex alumnos. Debido a su pésima condición de salud, derivada de los tormentos, el general murió el 12 de marzo de 1974 en la Cárcel Pública, tres días antes que José Tohá.
Según declaraciones de los detenidos en la AGA entre 1973 y 1975, tanto el comandante (r) Edgar Cevallos (“Comandante Cabezas”), más tarde jefe del Comando Conjunto, como el general (r) Cáceres, uno de los torturadores de Tohá, eran parte del núcleo de interrogadores. El coronel de Aviación Augusto Galaz Guzmán declaró que el 14 de septiembre de 1973 fue detenido en su oficina en el Ministerio de Defensa junto al subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, el general Bachelet y el coronel Rolando Miranda. Luego de llevarlos a la Fiscalía de Aviación y a la Base Aérea de Colina, donde fueron interrogados, los trasladaron a la AGA. En el proceso, Galaz señaló que se les mantenía con capucha “durante el interrogatorio, levantándonos con cordeles colocados entre las piernas, aplicando agujas en el nacimiento de las uñas de las manos y dándonos golpes de puño en el rostro”. Galaz agregó que Cevallos y Cáceres estaban a cargo de los maltratos. No le fue difícil reconocerlos: ambos habían sido alumnos suyos en la Escuela de Aviación.
Tras la muerte del abogado y diputado socialista Juan Bustos, asumió la representación de la familia Tohá el abogado Nelson Caucoto, quien solicitó una serie de diligencias, entre ellas investigar si en los días previos a la muerte de Tohá se habría efectuado una reunión de algunos generales del ejército donde se habría decidido asesinar al ex ministro de Defensa.

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 723, 26 de noviembre 2010)
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