Forados en la ley medioambiental

Autor: RUBEN ANDINO MALDONADO

FLAVIA Liberona Céspedes, bióloga y secretaria ejecutiva de la Fundación Terram.

La bióloga Flavia Liberona Céspedes, secretaria ejecutiva de la Fundación Terram, tiene destacada trayectoria en estos temas y entrega una visión sobre la nueva institucionalidad ambiental en Chile, la crisis energética y el impacto que los megaproyectos productivos tienen sobre la naturaleza y la sociedad.

¿Cómo evalúa los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera?
“A los seis meses, hicimos una evaluación ambiental del gobierno. En grandes líneas, nuestra percepción fue que a partir de lo que el presidente Piñera ha dicho y de cómo se han impulsado las políticas públicas, estamos en una realidad parecida a la que vivimos con la Concertación.
Pero el cambio de ubicación de la termoeléctrica Barrancones, en Atacama, no hubiese ocurrido con Bachelet, Lagos o Frei. No se habrían atrevido. Esto fue bueno para la comunidad; pero no fue lo mejor para la institucionalidad, porque es la decisión de un ‘reyecito’. Cuando el presidente objeta Barrancones, lo que hace es poner una lápida a la nueva institucionalidad. Si el presidente quería detener este proyecto, debió alinear a sus Seremis para que votaran en contra”.
¿Qué es lo más trascendente en la nueva institucionalidad ambiental?
“Se crea un Ministerio de Medioambiente, una Superintendencia Ambiental y un Servicio de Evaluación Ambiental, pero se dejó fuera un Servicio de Biodiversidad y Areas Silvestres. Tampoco se considera la participación resolutiva de la ciudadanía en la solución de conflictos.
Lo más grave es que las decisiones del Ministerio serán refrendadas por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, propuesto por el Consejo Minero (que agrupa a las grandes empresas), lo que genera una duplicidad entre las facultades del ministro de Medioambiente y ese Consejo de Ministros.
La Superintendencia Ambiental no puede funcionar mientras no se apruebe el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental. Lo que tenemos, entonces, es un Servicio de Evaluación Ambiental, una Superintendencia que no está operativa y un Ministerio que no tiene poder.
La institucionalidad actual cautela los recursos naturales renovables, como el agua; pero no protege los recursos no renovables, también por intromisión del Consejo Minero. Estamos ante un sistema poco transparente e injusto, que no resguarda las áreas protegidas ni considera la opinión de las organizaciones ciudadanas.
Esto ocurrió porque en el Senado mil trescientas cincuenta indicaciones fueron tiradas a la basura por un acuerdo entre la Alianza por Chile, el Partido Socialista y la senadora Soledad Alvear (DC)”.
¿Qué pasa con los megaproyectos y las comunidades humanas de su entorno?
“Desde que entró en vigencia el sistema, en 1997, Ralco, Celco, Hidroaysén y muchos proyectos mineros han pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental con la garantía de que las empresas deciden dónde, cuándo y cómo instalarlos, sin que importe la economía local, las tradiciones de las comunidades, sean o no indígenas, ni la estrategia de desarrollo regional.
En Chile carecemos de un régimen de ordenamiento territorial que establezca las vocaciones productivas de cada región. Además, los estudios de factibilidad son realizados por las mismas empresas que presentan los proyectos. Estos estudios no recogen la problemática de las comunidades y organizaciones locales; obligándolas a analizarlos y opinar sobre su contenido sin tener las competencias para hacerlo”.

Realidad energética

¿Cuál es la realidad energética de Chile?
“La energía más barata en Chile es la hidroeléctrica. Pero la construcción de una planta hidroeléctrica es lenta. En 2004 disminuyó el gas argentino y proliferaron los proyectos termoeléctricos, rápidos de instalar.
La Fundación Terram ha señalado que el país no tiene una política de generación energética. Vemos que la discusión en los medios de comunicación se reduce a la energía nuclear, la termoeléctrica y la hidroeléctrica y ninguna de estas alternativas es beneficiosa para Chile. Tenemos que incorporar otras fuentes renovables no convencionales.
En ningún caso nos parece viable la energía nuclear, porque seguiremos dependiendo de un insumo importado, el uranio enriquecido. Chile es un país de riesgo sísmico y carece de lugares seguros en los que pueda instalarse una planta de este tipo; hay dudas acerca de nuestra capacidad para construir plantas de esta naturaleza, existen desechos tóxicos imposibles de eliminar y hay problemas geopolíticos asociados a tensiones con países vecinos. Se dice que la energía nuclear es limpia, pero en ese cálculo no se consideran todos los costos asociados, desde la extracción del uranio hasta enterrar los desechos, y en ese caso la conclusión es muy distinta. Si uno hace todo el ciclo, los costos asociados a las emisiones contaminantes son comparables a los de las termoeléctricas. En la mayoría de los países la energía nuclear está subsidiada en un 80 ó 90 por ciento por el Estado, y eso quiere decir que sus costos son altos. Nos preguntamos si en Chile los privados estarían dispuestos a invertir”.
¿Cuál es la alternativa?
“El Estado no puede definir la matriz de generación eléctrica ni el porcentaje asignado a cada fuente. Tenemos un modelo de generación eléctrica que está pensado sobre la base de las necesidades creadas por la demanda, que es siempre provista por las empresas a partir de las utilidades esperadas. Las empresas deciden el lugar, el momento de la instalación y la tecnología que van utilizar; luego se lo notifican a las autoridades. Estas autoridades pueden decir que no les gusta un proyecto, pero no pueden impedirlo. Se procede a la evaluación de impacto ambiental y una vez aprobado el estudio, se instala la planta.
Además, la fijación de precios es compleja y discriminatoria, porque existen clientes regulados y no regulados. Los clientes no regulados son las grandes empresas, que negocian directamente con las generadoras unos precios mucho más bajos que los que rigen para los ciudadanos corrientes. Es un sistema perverso que perjudica a los ciudadanos y que impide al Estado tener una política energética, porque finalmente son las empresas generadoras las que fijan los precios”.

Fuentes alternativas

¿Qué fuentes alternativas son viables en el caso de Chile?
“Hay varias, dependiendo de su ubicación en el territorio. Ya existe capacidad para instalar parques eólicos, aunque falta definir dónde y su magnitud. También tenemos la posibilidad de usar energía solar para calentar agua más que para generar energía eléctrica. Están además las hidroeléctricas de pasada, pero que sean realmente de pasada, porque en Chile nos están tratando de pasar gato por liebre. Necesitamos definir cómo, dónde y cuándo se van a instalar (...)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 723, 26 de noviembre 2010)
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