Bachelet en deuda
con las mujeres

Gloria Maira Vargas, de la coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Con carteles con el lema “El machismo mata” y demandas en defensa de sus derechos, alrededor de cuatro mil quinientas mujeres, y también hombres, marcharon por el centro de Santiago al atardecer del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hubo movilizaciones similares en otras doce ciudades. Todas convocadas por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, que introdujo el concepto de “femicidio” al denunciar, a comienzos de esta década, la existencia de mujeres asesinadas sólo por razones de género. Desde 2001 se han cometido más de 500 femicidios y este año, de acuerdo a lo informado por la prensa, van 53. Ocho de las mujeres asesinadas en 2009 habían realizado denuncias y cuatro de ellas contaban con medidas de protección, que no fueron efectivas.
“Ha habido avances, pero aún no se logra agarrar al toro por los cuernos en violencia contra las mujeres. Se sigue haciendo una política de parches, se chapotea en planes y programas que no constituyen una política de Estado”, dice Gloria Maira Vargas, economista e integrante de la coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. En esta entrevista, además, analizó en general lo que ha significado el gobierno de Michelle Bachelet para las necesidades, demandas y derechos de las mujeres

¿Qué ha pasado con las mujeres en estos años, con una de ellas en la cúspide del gobierno?
“La presidencia de Michelle Bachelet marca un hito cultural. Que una mujer haya sido elegida presidenta es un buen signo en orden al pleno reconocimiento de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos. En cuanto a los compromisos con las mujeres, durante su administración ha habido altos y bajos. Ella dio a su programa y a su gestión un acento particular en torno a las mujeres, planteando trabajar por la erradicación de la discriminación de género. Los avances más identificables se relacionan con el mundo de la política. Empezó el gobierno con un gabinete paritario, ha promovido una ley de cuotas y ha tratado de impulsar medidas que plantean nuevos retos a los partidos políticos y a la política en general.
Otro avance es el impulso a una mayor vinculación laboral de las mujeres, ya que tenemos uno de los índices más bajos de América Latina -cerca del 40%-. Ha promovido incentivos, como la creación de guarderías y jardines infantiles para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, y durante la crisis económica se tomaron medidas relacionadas con el trabajo emergente de las mujeres.
La reforma previsional es también importante, especialmente la garantía de una pensión mínima para las mujeres que han desarrollado su vida vinculadas al trabajo doméstico no remunerado, focalizada en las mujeres de menores recursos. Y también está el bono por hijo, que apunta en el mismo sentido”.
¿Dónde faltaron esfuerzos?
“En la violencia contra las mujeres y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se acumulan las mayores deudas del gobierno. Son las dimensiones más duras dentro de la subordinación, y las más difíciles de abordar. Bachelet aprobó las normas de regulación de la fertilidad -posteriormente el Tribunal Constitucional objetó el capítulo sobre anticoncepción de emergencia- y ahora impulsa un proyecto de ley para garantizar la distribución de anticonceptivos, incluyendo las pastillas anticonceptivas de emergencia. Esto ha dado lugar a que la ciudadanía explicite su anhelo de mayores libertades en sexualidad y reproducción, algo que se ha venido construyendo a lo largo de los años. Pero siguen las restricciones a la anticoncepción de emergencia. Ha habido dificultades en la distribución -incluso en los servicios públicos-, falta de seguimiento en la aplicación de la normativa dentro del propio Ministerio de Salud y, por tanto, en toda la red de salud pública. Ha sido un buen antecedente, pero todavía hay mucha tela que cortar.
En materia de sexualidad y reproducción, lo más importante es una reciente reglamentación del Ministerio de Salud (Nº 75) que impide la denuncia de mujeres que llegan a los hospitales con abortos provocados. Lamentablemente no la conoce nadie, ni siquiera el propio personal de salud. El mes pasado se denunció a dos mujeres, con nombres y apellidos, en las primeras páginas de los diarios. Eso quedó proscrito con la nueva normativa, por lo cual pedimos un sumario interno al Ministerio de Salud.
Estos dos avances son importantes, pero un par de gotas no hacen aguacero. Todavía no se sale con fuerza a construir una política pública que garantice la ciudadanía sexual de las mujeres”.

Iglesia con púlpito
en el Estado

¿Cómo define el concepto de ciudadanía sexual de las mujeres?
“Es la ciudadanía que tiene que ver con la decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y el control de nuestra capacidad reproductiva. Siento que hay debilidad, que se relaciona con las dificultades de la propia Concertación en la medida en que las negociaciones internas sobre estos aspectos siempre son dificultosas, en especial con la Democracia Cristiana. De una u otra manera, los derechos de las mujeres son negociables frente a demandas que se suponen más importantes”.
Y también interviene la Iglesia Católica.
“La Iglesia tiene púlpito en el Estado. Habla a través del Tribunal Constitucional, del Ejecutivo, del Parlamento y de la administración de justicia. Hace ochenta años se definió que el Estado es laico. Pero no existe intención de que la interlocución con la Iglesia se constituya desde otro lugar. Cuando se debatió el proyecto de ley de la anticoncepción de emergencia en la Cámara de Diputados, hubo diputados que sacaron la Biblia ¡y leyeron párrafos en el Parlamento, como si fuera lo más normal!
Las medidas son insuficientes ante nuestra realidad de negación del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Lo demuestra el número de abortos, las dificultades que tienen las mujeres violadas para acceder a la anticoncepción de emergencia, la invisibilidad de la violencia sexual”.
¿Qué se ha hecho respecto de la violencia contra las mujeres?
“La presidenta centró su compromiso de fortalecer la red de protección incrementando los centros del Sernam -aumentaron de 50 a 90, aproximadamente- e instalando casas de acogida para mujeres en riesgo vital, al menos una por cada región. El problema es que son sólo las mujeres que se encuentran en las casas de acogida las que tienen acceso prioritario al sistema de protección social, lo que implica beneficios como subsidios familiares y de vivienda, y capacitación para el mercado laboral. Aunque esta política es bien intencionada, la cobertura es escasa, porque cada casa de acogida tiene sólo capacidad para doce mujeres con sus hijos.
No se ha dado una respuesta integral a la violencia contra las mujeres. El movimiento de mujeres demandó a los gobiernos democráticos reconocimiento, atención y sanción a la violencia contra las mujeres. Se obtuvo la Ley de Violencia Intrafamiliar en 1994, y una segunda ley reformada en 2005. Pero la denominación ‘violencia intrafamiliar’ esconde a los sujetos de la violencia, como si cualquier integrante del grupo familiar estuviera en la misma disposición a ser agresor o a ser agredido, y como si todos los miembros tuvieran el mismo control sobre su vida y sobre las decisiones”.
¿Las mujeres tienen más acceso a la justicia?
“Desde el año 2000 al 2009 el número de denuncias de mujeres agredidas por sus parejas aumentó de 50 mil a más de 100 mil. Pero el aumento de las sentencias es mucho menor. La impunidad reina en estos hechos. La mujer denuncia; a su pareja no le permiten acercarse a la casa durante un tiempo, pero después, el caso termina con una suspensión condicional de la sentencia, porque él se compromete a no volver a golpearla. Los jueces, tanto de los tribunales de familia como de los juzgados del crimen, transfieren la protección a la mujer. Pero no hay una red institucional a nivel local, coordinada con las organizaciones que existan, para protegerla. La política pública y la justicia deberían abordar el problema en toda su complejidad. La gran deuda es una política pública y una legislación que aborde integralmente la violencia contra las mujeres, y no solamente la de pareja”.
¿Qué tan sensibilizados están los candidatos presidenciales?
“Si miramos los programas, Piñera habla de la familia y su compromiso con la violencia intrafamiliar es una preocupación especial por los niños afectados y por las madres -para él no somos mujeres, sino madres-. Frei también prioriza a la familia y se ha comprometido a lograr la aprobación de la ley sobre el femicidio. No tengo muy claro el programa de Enríquez-Ominami, pero me imagino que está comprometido con una legislación integral. Arrate tiene un programa más claro, incluye legislación integral y la necesidad de tipificar el femicidio como crimen de género. Pero son promesas de campaña. Habrá que ver cómo se concretan”

PATRICIA BRAVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 700, del 11 al 24 de diciembre, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl
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