 Trabajadores del salmón al garete
MANIFESTACION en Quellón, donde la crisis es más aguda.
Los empresarios salmoneros siguen siendo regalones del gobierno, aunque mataron la gallina de los huevos de oro con sus malas prácticas sanitarias y ambientales, amparados por la falta de regulación y control de parte del Estado. Quebrados, con una deuda bancaria de alrededor de 2.200 millones de dólares, se aprestan a recibir el salvavidas de 450 millones de dólares con aval del Estado y la ampliación de concesiones en las regiones de Aysén y Magallanes, después de haber contaminado las aguas de la Región de Los Lagos. Pero además, esperan ser premiados con una reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura hecha a su medida.
Durante veinte años la industria del salmón sólo acumuló ganancias y ubicó a Chile como segundo productor a nivel mundial, en buena medida a costa de explotación, abusos laborales y destrucción ambiental. En 2007 las exportaciones del sector llegaron a 2.300 millones de dólares, pero ese mismo año se desencadenó la crisis. Inadecuados métodos de producción favorecieron el surgimiento de una serie de problemas sanitarios, entre ellos, la introducción y expansión de la anemia infecciosa del salmón (virus ISA). Alrededor de 200 centros de cultivo y procesamiento de salmón han cerrado sus puertas.
“La industria salmonera se enriqueció con la caridad del pueblo chileno y ahora ambos comparten las pérdidas”, comenta irónicamente Ricardo Casas Mayorga, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera de la Región de Los Lagos (Fetrainpes), con sede en Puerto Montt. Esta organización reunía a 22 sindicatos, con tres mil trabajadores. Hoy sólo quedan ocho sindicatos con no más de cien trabajadores cada uno. El resto es parte de los veinte mil desempleados que el cataclismo de las salmoneras dejó con los brazos cruzados. Dura encrucijada en una zona donde la industria del salmón arrasó con otras actividades productivas, como la pesca artesanal, los cultivos de moluscos y crustáceos, y la agricultura en pequeña escala, afectando también al turismo.
“El trato del gobierno ha sido muy desigual”, dice Casas. “Para nosotros no ha habido medidas especiales, solamente los programas proempleo del gobierno que ya estaban en marcha. Los 450 millones de dólares que irán a las manos de los empresarios equivalen a un sueldo de 200 mil pesos para los veinte mil trabajadores desempleados durante dos años”, agrega. Muy lejos de eso, a los trabajadores les dieron apenas dos mil cupos en el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Municipal (PMU) con trabajos de media jornada por un salario de 67.200 pesos al mes. Y cursos de capacitación para convertirse en pequeños empresarios.
Para empeorar las cosas, al momento de ser entrevistado por Punto Final Ricardo Casas y otros dirigentes sindicales de Puerto Montt habían sufrido allanamientos en sus casas e incautación de computadores por parte de Carabineros, en un intento por implicarlos en un atentado incendiario contra la sede de la Asociación de Productores SalmonChile, en mayo de este año. “Esto es un montaje para pasarnos la cuenta por las más de veinte negociaciones colectivas en industrias salmoneras que hemos asesorado, y por mantener desde julio de 2008 una férrea oposición al proyecto de privatizar el mar mediante una modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura”, acusa Casas.
Quellón en la pobreza
La comuna de Quellón, al sur de la isla grande de Chiloé, es la zona más afectada por el desplome de las salmoneras. “La base de la industria del salmón y la mitad de la pesca artesanal de la región estaban en Quellón”, señala Gustavo Cortés, presidente de la Federación de Trabajadores del Salmón de esa comuna. Con una población aproximada de 35.000 habitantes, Quellón tiene alrededor de dos mil ex trabajadores salmoneros cesantes. Pero a ellos hay que agregar los trabajadores de servicios ligados a la industria que quedaron sin empleo, los pescadores artesanales -el salmón hizo desaparecer casi todos los bancos naturales de otras especies- y los miticultores (cultivadores de choritos). Estas dos actividades han estado paralizadas durante todo el año debido a la marea roja, de la cual también son responsables los empresarios salmoneros pues llevaron aguas contaminadas de Aysén a Chiloé en los barcos en que trasladaban peces vivos (wellboats).
“El gobierno tiene una visión absolutamente equivocada de la realidad que estamos viviendo en Quellón -dice Cortés-. La situación es crítica”. Empresas que tenían entre 500 y tres mil trabajadores están funcionando con el 20 por ciento de la mano de obra, en condiciones cada vez más precarias. “Ahora la mayor parte de las empresas está contratando a plazo fijo o por obra/faena, es decir, por una semana o quince días, y hasta por tres días. La industria salmonera no volverá a ser la misma, no habrá temporadas del salmón como antes, cuando se contrataba gran número de trabajadores de septiembre a enero. Los trabajadores tampoco van a tener estabilidad. Eso significa que parte del movimiento sindical de la industria salmonera desaparecerá”. Los sueldos han bajado hasta bordear el salario mínimo. “Con sobretiempo, en jornadas de diez horas y a veces sin contrato, algunos trabajadores están ganando 180.000 pesos al mes. Y aquí la vida es muy cara, el arriendo de una casa cuesta 100.000 pesos”, denuncia el dirigente sindical.
Aproximadamente el 70 por ciento de los trabajadores del salmón son mujeres, muchas jefas de hogar. La falta de trabajo ha hecho más patente la pobreza. Denise Alvarado, presidenta de las Mujeres de Pescadores de Quellón, que agrupa a unas 400 socias, dice que varias familias tuvieron que retirar a sus hijos de los colegios, y jóvenes que estaban estudiando en la universidad en otras ciudades debieron congelar sus carreras y regresar. “De veinte plantas procesadoras de erizos que funcionaban aquí, ahora sólo quedan cinco”, ejemplifica. Dice que en la comuna hubo solamente 300 cupos en programas proempleo para pescadores e indígenas, y que ya se terminaron. Lo único que queda hasta septiembre es un programa de empleo de media jornada para 150 mujeres. En la municipalidad hay 3.800 personas inscritas solicitando trabajo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón cuestiona la eficacia del programa Capital Semilla, que subsidia “nuevos negocios innovadores”. Tanto algún cultivo agrícola, un minimarket como un carrito ambulante para vender comida rápida. Supuestamente se financiarían mil proyectos de este tipo, pero entre el 20 y 30 por ciento de ellos favoreció a quienes ya se habían iniciado como microempresarios, sin tener vinculación con el problema salmonero. Y los desempleados quedaron fuera.
Promesas incumplidas
La Fetrainpes, la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón y la Asociación de Miticultores de esa comuna actúan en conjunto. Después de reuniones infructuosas con el alcalde de Quellón, Iván Haro; el gobernador, Albán Mansilla, y el intendente de Los Lagos, Sergio Galilea, consideraron que había que llegar a las autoridades nacionales en busca de soluciones. Pidieron una reunión con el ministro del Interior, y no pasó nada. Entonces se tomaron la carretera que va de Quellón a Castro y la mantuvieron cortada tres días, con apoyo de la comunidad, incluido el alcalde. Así lograron ser recibidos en Santiago por el ministro de Economía, Hugo Lavados, quien adquirió 22 compromisos en presencia de los directores de Sernapesca, Sercotec y otras instituciones del Estado. Uno de los acuerdos fue la entrega de 250 canastas familiares para las familias más necesitadas, estudiar la instalación de un laboratorio en la zona para controlar la marea roja, creación de jardines infantiles y becas de estudio para los hijos de ex trabajadores del salmón, entre otros beneficios. La gente en Quellón salió en caravana a las calles a celebrar. Pero “apenas se ha cumplido un 10 por ciento de los acuerdos”, dice decepcionado Gustavo Cortés.
Los dirigentes de estas tres organizaciones de trabajadores estuvieron nuevamente en Santiago a comienzos de agosto, porque supuestamente serían recibidos por la ministra del Trabajo, Claudia Serrano. Pero no fue así. Los recibió un asesor. Algo parecido sucedió en otras reparticiones gubernamentales. Los empresarios salmoneros, sin duda, tienen mejor suerte. “Si nuevamente nos tenemos que tomar la carretera para crearle conciencia al gobierno, lo vamos a hacer. El conflicto mapuche de la Araucanía no va a ser nada con lo que puede pasar aquí”, advierten los dirigentes sindicales.
PATRICIA BRAVO
(Publicado en Punto Final, edición Nº 693, del 4 al 17 de septiembre de 2009. Suscríbase a PF.
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