 Cuando Allende derrotó las encuestas
Un día de septiembre, hace 39 años
A fines de mayo de 1970, el Centro de Opinión Pública que dirigía el democratacristiano Eduardo Hamuy entregó su última encuesta, previa a las elecciones presidenciales programadas para el 4 de septiembre: Jorge Alessandri 36,1%; Radomiro Tomic 30,8%; Salvador Allende 25,6%.
El 1º de septiembre, 72 horas antes de los comicios, una encuesta Gallup concedió una amplia ventaja a Alessandri, con el 41,5%; seguido de Tomic, con el 29%; y Allende con el 28%.
Las elecciones se desarrollaron en total normalidad. Triunfó el doctor Salvador Allende, de la Unidad Popular, con 1.075.616 sufragios (36,3%), logrando la primera mayoría relativa. Segundo llegó Jorge Alessandri, con 1.036.278 (34,9%); y tercero Radomiro Tomic, con 824.849 (27,8%). Las encuestas en aquella ocasión no sirvieron de nada.
A las 2.00 de la madrugada del día 5, desde los balcones de la Fech, Allende confirmó su victoria y pidió serenidad y disciplina. Un abogado democratacristiano había llamado momentos antes al comando, instándolos a que se declararan vencedores y advirtiéndoles que se gestaba un fraude en el recuento de votos.
En las horas siguientes, Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, salió de Chile para reunirse el 15 de septiembre con el presidente Richard Nixon en un “desayuno de trabajo” en la Casa Blanca, al que también asistieron el asesor Henry Kissinger; el fiscal general, John Mitchell y el presidente de la Pepsi Cola, Donald Kendall. En esa cita, Edwards pidió ayuda para impedir que el médico socialista llegara a la Presidencia. Esa misma tarde Nixon instruyó al director de la CIA, Richard Helms: no había que escatimar esfuerzos ni recursos en la desestabilización de Allende.
El primer intento fue convencer a Frei Montalva de que se sumara a la operación, pero cuando el mandatario saliente se negó, la CIA activó una segunda opción: eliminar al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, confiando en que ello desencadenaría un golpe militar que abortaría la llegada al gobierno del representante de la Unidad Popular. Funcionarios de la embajada estadounidense en Santiago pagaron suculentas sumas en dólares a los generales Camilo Valenzuela, Roberto Viaux(r) y Alfredo Canales, del ejército; al almirante Hugo Tirado, de la Armada; al general Joaquín García, de la Fach; y al general Vicente Huerta, de Carabineros, involucrados en el complot. Paralelamente, llegaron por valija diplomática subametralladoras, municiones, granadas lacrimógenas y máscaras antigases para utilizarlas contra el general Schneider.
Los autores materiales del asesinato del jefe del ejército huyeron del país poco después del atentado, el 22 de octubre. Hubo un proceso por secuestro frustrado con resultado de muerte y se dictaron algunas condenas, pero las manos del gobierno de Estados Unidos y de sus cómplices intelectuales en Chile permanecieron ocultas por largo tiempo y sus responsabilidades eludidas hasta hoy.
El éxodo de los conspiradores
En las primeras semanas de septiembre de 1970, cientos de familias acomodadas iniciaron un éxodo hacia el exterior, mientras grupos de jóvenes y mujeres de derecha se manifestaban en el centro de Santiago y en la comuna de Providencia gritando “Queremos libertad” y “Chile sí, Cuba no”. Desde los ámbitos económicos se hizo cundir el pánico financiero con el retiro de fondos de los bancos y de las asociaciones de ahorro y préstamos. El dólar en el mercado negro se fue a las nubes.
El PDC designó una comisión para que tomara contacto con la UP a fin de llegar a un acuerdo sobre garantías democráticas. Benjamín Prado, presidente del partido, declaró que “si el señor Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias que tenemos el deber de solicitar en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte”.
Se constituyó el Movimiento Cívico Independiente Patria y Libertad, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez Grez, afirmando que “el pueblo elegirá entre democracia y marxismo” y que actuarían por la razón o la fuerza. Los alessandristas, en tanto, declararon que “la responsabilidad de defender nuestra soberanía y libertad recaerá principalmente en el PDC”.
Inmediatamente después de la victoria de Allende, empresarios chilenos transfirieron capitales a Brasil, Argentina y a otros países de la región. Uno de ellos, Luis Fuenzalida, se asoció en Sao Paulo con Gilbert Huber Jr., quien junto con el ingeniero Glyçon de Paiva había organizado, en el inicio de los años 60, el Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), del cual participaron los generales Goldbery do Couto e Silva y Heitor Herrera, junto a otros empresarios y militares. Esa entidad actuó paralelamente al Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), una fachada de la CIA, movilizando al empresariado local en contra del presidente Joao Goulart. Ellos traspasaron a Fuenzalida y los empresarios chilenos su experiencia en desestabilizar regímenes democráticos. “Luego de la asunción de Allende al gobierno, hombres de negocios de Chile vinieron aquí y pidieron consejo y yo les expliqué que ellos, civiles, tenían que preparar el terreno para que los militares se moviesen” -recordó Glyçon de Paiva en una entrevista a la periodista Marlise Simon, de The Washington Post-, agregando que les dijo: “La receta existe y ustedes pueden hornear la torta en cualquier momento. Nosotros vimos cómo funcionó en Brasil”.
La receta incluía la creación del caos económico y político, fomentar el descontento y profundizar el miedo al comunismo. Al mismo tiempo había que bloquear las iniciativas legislativas de la Izquierda, organizar manifestaciones, atentados explosivos y sabotajes de todo tipo. Esa era la formula for chaos, que requería también de muchos fondos. Glyçon de Paiva argumentaba que “el dinero que los hombres de negocio gastan contra la Izquierda no es solamente una inversión, es una política de seguro”.
Los empresarios brasileños enseñaron a sus pares chilenos cómo usar a las mujeres “contra los marxistas”. Ya lo habían hecho con la campaña de las Mujeres por la Democracia (Camde), que seguía indicaciones de la CIA, y promoviendo las Marchas de la Familia con Dios por la Propiedad, contra el gobierno de Goulart.
Mientras, en Chile, el empresario Eugenio Heiremans convenció al presidente de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos (Asimet), Orlando Sáenz, para que encabezara un movimiento contra la UP desde la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Una de sus iniciativas fue convocar a un cónclave en Valparaíso, en septiembre de 1971, a los más importantes empresarios del país: Javier Vial, Hernán Cubillos, Ernesto Ayala, Eugenio Heiremans, Jorge Fontaine, entre otros, para convencerlos de que había que derrocar a Allende. Luego, viajó a Estados Unidos, Argentina y Brasil para reunir fondos.
“Teníamos amigos a los que pedíamos la organización de grupos empresariales en distintas partes del mundo, a los cuales íbamos a contarles la situación por la que atravesaba Chile. ‘Miren, está pasando esto y estamos haciendo esto y esto. Si Uds. quieren ayudarnos, ayúdennos’. Tan simple como eso, y me daba media vuelta y me iba. Y el amigo que había organizado el encuentro después, sin decirme jamás el nombre, me decía: ‘Mira, sí nos ayudaron... y aquí hay tanto’. Estoy consciente de que esa estructura que le cuento permite que si la CIA alguna vez quiso meter plata en nuestras cosas, no tenía ninguna dificultad para hacerlo, porque era cuestión de que en cualquiera de estos núcleos inyectara recursos”, contó Sáenz años después a la historiadora Patricia Arancibia.
Cambios verdaderos
A fines de septiembre de 1970, el director de Investigaciones, Luis Gaspard, afirmó que “actuaremos en la forma más enérgica y drástica posible para reprimir cualquier tipo de atentado, provenga de donde provenga”. El 9 de octubre fueron detenidos cuatro sujetos portando gran cantidad de dinamita y acusados de actos terroristas. Se les identificó como Dante Poli Garaycochea, Jorge Roberto Rodríguez, Mario Tapia Salazar y Eladio Arancibia Hidalgo, capitán (en retiro) de la Armada. Se les atribuyó militancia en una denominada Vanguardia Nacional Libertadora, vinculada a Patria y Libertad y a la Democracia Radical. En los días siguientes se multiplicaron los atentados explosivos.
En medio de la conmoción pública, Salvador Allende fue ratificado por el Congreso como presidente electo y el 3 de noviembre asumió la primera magistratura. Delegaciones especiales de 73 países y otros invitados de la Unidad Popular asistieron al acto en el Congreso Nacional. En la tarde, el pueblo salió a la Alameda a celebrar.
El 4 de noviembre entraron en vigencia las reformas constitucionales acordadas meses antes: derecho a voto para los mayores de 18 años y los analfabetos, mayores atribuciones económicas y presupuestarias para el jefe del Ejecutivo, creación del Tribunal Constitucional para dirimir conflictos entre los poderes del Estado y facultad al presidente para convocar a plebiscito cuando existieran conflictos insalvables con el Congreso. También Allende anunció en una concentración en el Estadio Nacional que se acabaría con los monopolios y los latifundios, y que se nacionalizarían las riquezas básicas. En los días siguientes, los ministerios de Educación y Salud expusieron un vasto plan; el canciller Clodomiro Almeyda notificó el apoyo de Chile para que China ingresara a la ONU y la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba y otros países socialistas. El cardenal Raúl Silva Henríquez declaró que las reformas básicas contenidas en el programa de la UP serían apoyadas por la Iglesia Católica.
El ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, anunció la fijación de precios para la leche y el trigo; el ministro de Hacienda, Américo Zorrilla, envió una proposición al presidente Allende para fijar sueldos de ministros, eliminando “colgajos” y “pitutos” que cuadruplicaban los salarios. El Tesorero General de la República ordenó retirar de las listas de remates por deudas tributarias a las propiedades de avalúos bajos. Se establecieron, además, convenios para facilitar la puesta al día de los deudores.
Las noticias de cambios se multiplicaron: el reajuste para 1971 sería del 100% respecto al alza del costo de la vida y se estudiarían reajustes mayores para las rentas más bajas; quedaban eliminadas las entradas “de favor” al Estadio Nacional; la asignación familiar obrera sería duplicada; se iniciaría la entrega de 480 millones de litros de leche para madres y niños; se congelarían los cánones de arriendo para todo el año; se rebajarían las tarifas eléctricas; habría un tipo de pan único con precio fijo; el Banco Central disminuiría en 50% los intereses a los créditos para los pequeños productores agrícolas y asentados… y así sucesivamente.
Algunos eran jóvenes y felices
Por esos días, los hermanos José, Sebastián y Pablo Piñera Echenique no sólo compartían simpatías por la DC, sino que circulaban a diario por el campus Charles Hamilton, el actual Estadio San Jorge, del BancoEstado, donde se impartía la carrera de ingeniería comercial de la Universidad Católica. Mientras Sebastián se acercaba a la Parroquia Universitaria, vinculada a la congregación de los Padres Franceses, de corte progresista, José tomaba contacto con José Miguel Ibáñez Langlois, del Opus Dei, profesor de ética con quien se lo veía pasear a menudo por el campus.
“El 70 triunfó la UP y para mí fue muy impresionante. En esa época pololeaba con una niña de una familia muy de derecha. Al llegar a su casa, sus padres estaban viviéndolo como un drama, como si se fuera a acabar el mundo, y yo parece que llegué muy normal. Para mí no era un drama, viniendo de familia DC y con una cercanía más emocional que intelectual a ese partido”, recordaría después Sebastián Piñera.
En 1971 egresó de la UC y por sus buenas notas lo dejaron como profesor. Soltero, con trabajo y con dólares que había ahorrado de algunos “pitutos” de verano en Estados Unidos, no experimentó la sensación de desastre porque no había pollo ni carne. Presenciaba como un fenómeno único en la historia las marchas, los cacerolazos, las peleas con los carabineros... “Lo vi con los ojos muy abiertos, pero sin angustia”, ha dicho el hoy candidato presidencial de la derecha.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en tanto, cumplió 28 años de edad en 1970. Se había casado con Marta Larraechea en 1967 y titulado de ingeniero había viajado a Italia a seguir estudios de postgrado en gestión. Jorge Arrate, cursaba un doctorado en Harvard y optó por regresar a Chile, sin terminarlo, para sumarse al gobierno de Allende. Alejandro Navarro tenía sólo 12 años y tras llegar del colegio, ayudaba a su padre a reparar muebles en Concepción. Marco Enríquez-Ominami aún no nacía.
MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en Punto Final, edición Nº 693, del 4 al 17 de septiembre de 2009. Suscríbase a PF.
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