¿El Estado, rehén de la industria salmonera?
Autor: Juan Carlos Cárdenas
(Centro Ecocéanos)
Sorpresivamente, el ministro de Economía decidió no sancionar al secretario ejecutivo del “cluster acuícola” y de la “mesa del salmón”, Felipe Sandoval, por los cargos efectuados por la Contraloría General de la República. Esto, luego que el funcionario no lograra dar cuenta satisfactoria de 380 millones de pesos, cuando era subsecretario de Pesca. Según el decreto supremo de 21 de julio, firmado por el ministro de Economía, Hugo Lavados, y la presidenta Michelle Bachelet, la absolución de Sandoval se debe a que se encontraría “extinguida su responsabilidad administrativa”.
Con esta decisión del ministro de Economía culmina un largo y tortuoso proceso marcado por la irregularidad, que sólo fue activado luego que el 12 de junio de 2009 la organización ciudadana Centro Ecocéanos requiriera información sobre las acciones emprendidas por el ministro Lavados, a partir de la resolución exenta N° 26 de 5 de febrero de 2009 de la Contraloría Regional de Valparaíso. En ella se había establecido que Sandoval, en su calidad de subsecretario de Pesca, había infringido el principio de probidad administrativa, luego de intentar rendir dineros fiscales destinados a subsidios a cesantes de la Región del Bío Bío con declaraciones juradas y/o boletas de prestación de servicios falsas o adulteradas.
Este hecho ameritaba no sólo que se aplicaran las medidas disciplinarias recomendadas por la Contraloría, sino a lo menos que se pusiera esta información en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que iniciara el juicio de cuentas propuesto por el ente fiscalizador. Esto, con el objetivo de recuperar el dinero fiscal, además de iniciar acciones penales si correspondiere. Es importante recordar que el Contralor General ya había rechazado un recurso de reposición interpuesto por Felipe Sandoval contra la resolución exenta N° 26, en la que éste alegaba la prescripción.
El 28 de julio, mediante ordinario Nº 3789, el subsecretario de Economía, Jean-Jacques Duhart, comunicó al Centro Ecocéanos que “luego de efectuar el estudio de diez tomos que conforman el expediente sumarial, con fecha 21 de julio de 2009 se dictó el decreto supremo Nº 201, mediante el cual se determinó la absolución del señor Héctor Luis Felipe Sandoval Precht de los cargos formulados en su contra en sumario de autos, por encontrarse extinguida su responsabilidad administrativa”.
Según el sitio web de la Contraloría, el 20 de julio ingresó al ente fiscalizador el decreto supremo Nº 184 del Ministerio de Economía, referente al sumario de Sandoval, bajo el rótulo “Aplica medida disciplinaria”. Sin embargo, dos días después fue retirado mediante el ordinario 3576/2009. Y el 23 de julio ingresó el decreto Nº 201, esta vez absolviendo al ex subsecretario de Pesca.
Al sancionar y luego exculpar a Sandoval mediante dos decretos firmados por el ministro de Economía y por la presidenta Bachelet, se está enviando una inquietante señal respecto de la impunidad de los altos funcionarios públicos en relación a la transparencia y probidad administrativa.
Es paradojal que el ex subsecretario de Pesca haya sido absuelto en los precisos momentos en que se reiniciaba en el Senado la discusión final del cuestionado proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, que busca privatizar nuestro mar e hipotecar bienes nacionales de uso público, como son las concesiones de acuicultura.
En este controvertido proceso de privatización, Sandoval es el principal operador político del gobierno. En tal calidad ya ha negociado una línea de crédito de 450 millones de dólares para la industria salmonera, que cuenta con 60% de aval estatal, que es dinero de todos los contribuyentes.
Frente a las profundas implicancias políticas que tendrá esta absolución express del ex subsecretario de Pesca, es clave que la Contraloría General de la República no tome razón de este espúreo decreto que extingue las responsabilidades de Sandoval Precht y que el Consejo de Defensa del Estado realice acciones para recuperar los dineros fiscales asignados indebidamente, e inicie el juicio de cuentas propuesto por la Contraloría.
(Publicado en Punto Final, edición Nº 693, del 4 al 17 de septiembre de 2009. Suscríbase a PF.
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