 Masacre en Perú
La selva
se desangra
Autor: CECILIA REMON
En Lima
“Yo quiero responsabilizar al gobierno de Alan García Pérez de ordenar el genocidio”, dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, el 5 de junio. “Nos están matando por defender la vida, la soberanía, la dignidad humana, el pulmón del mundo. Miles de años hemos manejado (los bosques amazónicos), no hemos depredado”.
Los líderes amazónicos denunciaron que esa madrugada, helicópteros de la Policía Nacional del Perú habían lanzando bombas lacrimógenas y disparado contra unos dos mil indígenas para despejar la carretera Fernando Belaúnde, cerca de la ciudad de Bagua, en el nororiental departamento de Amazonas, que había sido tomada por los nativos. Por lo menos 25 indígenas murieron por heridas de bala y un centenar quedó herido. Trece policías fallecieron en enfrentamientos con nativos y pobladores. Otros once agentes, que resguardaban la estación Nº 6 de la empresa petrolera estatal Petroperú, fueron ejecutados por un grupo de indígenas awajun en represalia por sus muertos.
Según el testimonio de un maestro de Bagua, “la indignación empezó cuando pobladores llamaban a la radio para avisar que la policía había matado nativos y los estaban metiendo a sacos negros para desde helicópteros botarlos al río. Como la policía no dejaba que la población recojiera sus caídos, tomaron esa decisión (de ejecutar a los policías)”.
El levantamiento de los indígenas amazónicos se inició el 9 de abril. Demandaban la derogación de siete decretos legislativos (DL) que forman parte de un paquete de normas exigidas para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia el 1º de febrero. Dichas normas -que fueron redactadas y aprobadas en mayo de 2008 sin haber consultado previamente a los pueblos nativos- contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus territorios ancestrales, bosques y recursos.
Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que recurrir a bloqueos de carreteras, ríos e infraestructura de industrias extractivas, luego que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo fueran ignoradas por las autoridades en Lima.
En agosto del año pasado los indígenas amazónicos protagonizaron masivas protestas contra los decretos legislativos que flexibilizaban los requisitos para la venta de las tierras comunales. Sostenían que las normas servían para crear divisiones en sus comunidades, mientras que otros críticos de las medidas dijeron que las empresas hidrocarburíferas podrían usar incentivos financieros para persuadir a los nativos amazónicos a entregar sus tierras ancestrales. La presión finalmente surtió efecto y el Congreso derogó en septiembre dos de los decretos, el 1.015, que reducía la proporción de integrantes de las comunidades campesinas e indígenas que deberán votar para vender o concesionar sus tierras en la sierra y la selva, y el 1.073, que flexibilizaba los requisitos para la venta de tierras indígenas. Pocos días antes, el gobierno había subastado 17 lotes petroleros y gasíferos, muchos de ellos en la cuenca amazónica.
El Congreso se comprometió también a revisar los otros DL lesivos a los intereses de los indígenas, lo cual no ocurrió. Esta situación fue aprovechada por el gobierno para promulgar, en enero, la controvertida Ley Forestal, que promueve la explotación de los bosques amazónicos. La Amazonia peruana tiene concesionadas 49 millones de hectáreas (72% de ese territorio) para la exploración y explotación de hidrocarburos. Los DL permiten el reparto de la Amazonia bajo la forma de grandes concesiones mineras, petroleras y madereras que se sobreponen a territorios indígenas y reservas naturales, incluso en zonas de frontera, pese a que esto está prohibido por ley.
Los nativos amazónicos demandan, además, la reforma de la Constitución para restablecer los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de sus territorios, y la aprobación de una ley que obligue al Estado a implementar el derecho a la consulta previa, establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refrendado por Perú en 1993, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Durante los dos últimos meses, diferentes etnias bloquearon los principales ríos de la selva, incluyendo el Napo, afluente del Amazonas, y el Putumayo -en la frontera con Colombia-, impidiendo la navegación de embarcaciones pertenecientes a empresas petroleras. También ocuparon un aeródromo en el departamento de Ucayali, fronterizo con Brasil, y tomaron las estaciones 5 y 6 de Petroperú en Bagua.
La Amazonia peruana está habitada por más de 50 grupos étnicos y cada uno tiene un estrecho vínculo con el territorio que habita. Para los amazónicos no existe el término “tierra” sino “territorio”, que es un bien colectivo en interdependencia con la naturaleza. Sin territorio no hay vida, sostienen.
Alan García, por su parte, defendió su proyecto político pro empresarial en un mensaje a la nación el 9 de mayo, al cumplirse un mes del levantamiento indígena. Ese mismo día, el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días sólo en las zonas donde hay inversión minera y petrolera, y ordenó a las Fuerzas Armadas disolver las protestas. “Las tierras de la Amazonia son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un grupo que viva allí. Las riquezas del Perú son de todos los peruanos”, dijo.
Los trágicos incidentes no hacen sino confirmar esta noción, que defiende el derecho a la propiedad privada de las transnacionales, pero atropella el derecho de los pueblos indígenas a su territorio. Además, García denunció, sin pruebas, que detrás de los incidentes están “potencias extranjeras” que compiten por la explotación de hidrocarburos y minerales, en alusión a los gobiernos de Bolivia y Venezuela.
Ante el anuncio de los indígenas que mantendrán su medida de fuerza, García advirtió (...)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 687 de “Punto Final”, 12 de junio, 2009. Suscríbase a PF) |
