 “Mano dura” contra la protesta social
Está de regreso la brutalidad policial
Autor: MANUEL SALAZAR SALVO
El incremento de la violencia ejercida por Carabineros para reprimir las manifestaciones públicas de las últimas semanas -en particular contra profesores y estudiantes secundarios- coincidió con la denuncia del informe anual de Amnistía Internacional (AI) en lo referido a Chile durante 2008, y lo publicado por la prensa extranjera, con caracteres destacados, acerca de las palizas y maltratos contra personas que ejercen sus derechos a manifestarse pacíficamente en las calles de Santiago y de otras ciudades del país.
Hernán Vergara, secretario general del capítulo chileno de AI, fue categórico a fines del mes de mayo, en la presentación del informe mencionado: “…a vista y paciencia de la mayoría, crece la brutalidad policial y miles de casos que involucran a funcionarios de Carabineros son sobreseídos por la justicia militar. Cada vez con más frecuencia se apela a la fuerza desproporcionada por parte de Carabineros de Chile para la represión de la protesta social. Lo anterior se concreta en un patrón de hechos similares recurrentes, lo que hace pensar que dicha práctica estaría sostenida en la anuencia política para reprimir la libertad de reunión y expresión, así como el derecho de petición a las autoridades”, afirmó. Para algunos analistas esto constituye un mensaje al movimiento social para prevenir las protestas que impulsará la crisis.
El maltrato a los profesores y estudiantes, recogido profusamente por la televisión, donde la mayoría de los editores de los noticiarios privilegian por sobre cualquier otra noticia los contenidos de “acción” y el crimen, se ha reproducido, sin la presencia de periodistas o camarógrafos, en las ferias libres y en las calles comerciales de las comunas más acomodadas de Santiago. Allí los carabineros han actuado sin contemplaciones contra jóvenes, mujeres y ancianos que intentan conseguir algunos pesos para paliar los efectos cada vez más duros de la crisis económica.
Y no nos estamos refiriendo a los comerciantes ambulantes “profesionales”, que los hay y muchos, sino que a personas de todas las edades y condiciones sociales que han quedado sin trabajo y que buscan ayudar a la manutención de sus hogares, seguir pagando sus estudios o simplemente sobrevivir.
En la feria libre “modelo”, que se ubica los viernes y domingos en la avenida Grecia entre las calles Ramón Cruz y Américo Vespucio, por ejemplo, en las últimas semanas las patrullas de Carabineros han efectuado masivas razzias e impedido cualquier asomo de los “coleros”. La actitud policial no fue la misma en el resto del año, ni menos en el segundo semestre de 2008, cuando incluso ante la presencia de los candidatos a alcalde y concejales, los comerciantes ilegales no tenían problemas para ofrecer sus productos.
Estética y orden
El orden que pretende imponer Carabineros en las calles tiene un componente donde prima lo estético; es decir, un afán porque no se note mucho la pobreza ni menos el disenso ciudadano. Y por eso las sospechas recaen casi siempre en todo aquel que se aparte de los estereotipos impuestos por sus mandos.
Hernán Vergara se refirió también a este aspecto en el informe de AI: “En Chile, se sigue discriminando a las personas integrantes de los pueblos originarios, a las personas gay, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneras; a las personas discapacitadas; a inmigrantes y refugiados, y a quien sea ‘diferente’”, señaló.
Ya en el año 2001, Claudio Fuentes, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hizo notar que “en países como Chile, donde la policía es considerada respetuosa de los derechos de las personas y presenta altos niveles de confianza, los niveles de denuncia ante los tribunales por ‘violencia innecesaria’ alcanzan los cuatro mil casos desde el reinicio de la democracia”. Fuentes llegó a la conclusión de que los carabineros cometían (o al menos se les atribuía) un promedio de un abuso diario, y que su mal comportamiento se centraba en los sectores urbanos y en los hombres jóvenes y pobres.
El mismo Fuentes, en un trabajo titulado La inevitable ‘mano dura’: sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile, publicado en 2004, reveló que en Chile “si bien los niveles de violencia policial son menores que los de Argentina, no dejan de ser considerables. Si tomamos en cuenta sólo los casos denunciados ante la justicia militar en la región central de Chile -que por lo general reflejan sólo una fracción del universo de casos-, obtenemos que entre 1990 y 2003 se denunciaron ante tribunales cerca 5.630 casos. De ellos, 1.910 casos correspondieron a denuncias hechas por civiles contra la policía por violencia innecesaria. Los otros 3.720 casos corresponden a denuncias hechas por civiles por violencia innecesaria cuando también existe la denuncia de la policía por maltrato de obra a Carabineros”.
Azun Candina, historiadora de la Universidad de Chile, realizó en 2003 una investigación para el Center for Hemispheric Defense Studies, titulada Imagen pública e identidad en Carabineros de Chile. En ella recordó que a mediados de los años 80, la policía uniformada tuvo que enfrentar las protestas sociales en contra de la dictadura militar, agravadas por la fuerte crisis económica que se presentó en 1983. Frente a las manifestaciones públicas -afirma Candina- el criterio de Carabineros fue claro: todo manifestante callejero era un enemigo. No sólo de la paz interna, sino de la misma institución policial, que se veía amenazada por lo que calificaba como un plan subversivo en contra del gobierno y de los mismos carabineros. En su investigación, Candina cita un artículo publicado en el N° 361 de la Revista de Carabineros, del entonces general inspector Carlos Donoso Pérez, titulado “La doctrina institucional y su relación con el orden público”, y que según ella representa el sentir de los altos mandos: “…el objetivo implícito de los actos de masas, es alterar gravemente el orden público, constituyendo esto un ataque directo y desembozado al sistema de gobierno. Se agrede física y verbalmente a la fuerza pública, para que ésta reaccione con la máxima energía y en lo posible, de manera descontrolada, de modo de poder acusarla de todo tipo de abusos, para lo cual han acuñado el término ‘brutalidad policial’, para referirse a esta acción represiva. Con ello no sólo desprestigian al gobierno sino también a Carabineros, con lo cual a ambos se pretende restarle autoridad moral ante la ciudadanía”.
Azun Candina añade en su estudio que Carabineros no ha abandonado su autopercepción de “policía total”, es decir, de una institución que cubre todo el país y que debe hallarse disponible para situaciones -especialmente en emergencias- que no necesariamente tienen que ver con la definición constitucional de su trabajo. “Si bien ha aceptado que sus funcionarios deben centrarse en las tareas específicamente policiales y en que su estructura y gestión deben ser más flexibles, sus roces con la Policía de Investigaciones por también realizar trabajo investigativo, la mantención de una estructura jerárquica y fuertemente centralizada en el trato con su propio personal y su resistencia a aceptar a las policías municipales como virtuales policías locales, muestran que Carabineros está dispuesto a realizar ciertas reformas, pero no revoluciones gerenciales”, afirma la historiadora.
Agrega que la modernización de la policía uniformada ha sido un proceso autodirigido, lo que significa “que ha sido la misma institución la que ha asumido el liderazgo y la construcción de su proceso de cambio”. En otras palabras, Carabineros sigue siendo una institución de carácter autónomo, unitario, nacional y jerarquizado, que resuelve sus problemas internamente, sin cambios de fondo relevantes.
La investigadora de la Universidad de Chile se pregunta, ¿qué ocurre con las denuncias de abuso policial planteadas por trabajos como los de Claudio Fuentes? ¿Cómo soslayar las protestas de las esposas de carabineros en 1998? ¿La dependencia de la policía nacional del Ministerio del Interior, debe ser sólo olvidada como un proyecto fallido de los gobiernos de la Concertación?
Varios investigadores coinciden en que la institución policial, gracias a un despliegue de relaciones públicas preferentemente hacia los canales de televisión, ha logrado poner en el imaginario colectivo sólo una parte de sus funciones, la que tiene que ver con los niños que visitan comisarías, la atención ocasional de partos, los vecinos preocupados de su seguridad o los pobladores afectados por un temporal. El otro lado de la medalla, su relación con los sospechosos o los delincuentes, los jóvenes pobres, los muchachos rebeldes, los comerciantes ambulantes y los “subversivos”, queda oculta y soterrada, salvo que un escándalo la ponga en la prensa o algún exceso la conduzca a los tribunales.
Agenda de derechos humanos
El informe de Amnistía Internacional, casi ignorado por los grandes medios, destacó (...)
(este artículo se publicó completo en la edición Nº 687 de “Punto Final”, 12 de junio, 2009. Suscríbase a PF) |
