 Coimisiones
en la Fach
GENERAL (r) Ramón Vega, ex comandante en jefe de la FACH: preso por coimas
Con la detención del general (r) Ramón Vega -ex comandante en jefe de la Fach y ex senador designado-, acusado de malversación de caudales públicos, comienza la etapa decisiva de la investigación por la compra por Chile de 25 aviones Mirage Elkan a Bélgica, en 1994. En calidad de cómplices de Vega fueron detenidos otros dos ex generales de la Fuerza Aérea, Jaime Estay y Florencio Dublé, y el coronel (r) Luis Alfredo Bolton. Se acusa a Vega de haber obtenido comisiones (coimas, en lenguaje directo) por 2,8 millones de dólares que fueron a dar a manos de sus tres hijos y de su yerno de entonces. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
La investigación se inició hace catorce años en Bélgica y ha resultado extraordinariamente compleja por la existencia de una red de cuentas bancarias y de identidades -verdaderas y falsas- diseñada para obstaculizar toda pesquisa. Se precisa, sin embargo, que el total de comisiones alcanzó a 15 millones de dólares y que el encargado de distribuirlas fue Carlos Honzik, un comerciante de armas (ya fallecido) residente en Chile. Las sumas manejadas por Vega y sus cómplices podrían ser mayores.
El proceso lleva cinco años en Chile y está a cargo del ministro en visita Omar Astudillo, que ha recibido requerimientos y antecedentes de la justicia belga y peticiones de investigación específica del Consejo de Defensa del Estado.
En Bélgica la investigación del caso de los Mirage Elkan ha provocado revuelo. Tanto por las sumas involucradas como por el suicidio de uno de los acusados. A comienzos de 1995, al verse acorralado por las investigaciones el general Jacques Lefebvre, ex jefe del estado mayor de Bélgica, país integrante de la OTAN, se quitó la vida. Lefebvre vino a Chile en 1992 y habría preparado la operación de venta a la Fach.
En medio de declaraciones de inocencia, el general (r) Ramón Vega hizo amenazas. “Ahora tendrán que salir todos al baile”, dijo, insinuando que la responsabilidad última corresponde al gobierno del presidente Patricio Aylwin y a su ministro de Defensa, el médico Patricio Rojas, dirigente de la DC. Nadie ignora que toda compra de armamento implica comisiones. Los vendedores no lo ocultan y por lo mismo, se dice que el oficial que tiene la suerte de participar en una compra de armas, termina rico. Y siempre los beneficiados son generales o almirantes: ellos son los que deciden.
El caso de los Mirage no es una excepción. Durante la dictadura abundaron las compras de armas y equipos bélicos; seguramente salieron de allí muchas tajadas. Pinochet fue acusado de recibir comisiones de empresas inglesas. Su participación en el proyecto Rayo, efectuado por la Royal Ordnance y Famae, produjo un cohete inútil para las necesidades del ejército y significó una pérdida de unos 80 millones de dólares, pero le significó una importante comisión al ex dictador. También Pinochet habría recibido una comisión por la compra de tres fragatas británicas usadas, para la Armada de Chile.
En 2001, la prensa española denunció que los astilleros Bazán pagaron tres millones de dólares en comisiones a oficiales de la Armada chilena por el contrato de construcción de los submarinos Scorpene. La investigación respectiva no se materializó a fondo, entre otras cosas porque el contrato de construcción se hacía en partes iguales con la empresa francesa DCN, que se negó a entregar información. De ser efectivas las comisiones pagadas por Bazán, es razonable pensar que una suma semejante fue pagada por DCN a oficiales chilenos. Correspondió al comandante en jefe de entonces, almirante Jorge Arancibia, actual senador de la UDI, decidir la construcción de los submarinos Scorpene. Las comisiones pagadas por Bazán lo fueron a una firma fantasma, Seapoint Enterprise, domiciliada en la isla Jersey, un paraíso fiscal donde es fácil borrar las huellas de los negocios raros (ver PF 499).
El caso de los Mirage Elkan quizás pueda servir para que la justicia haga plena luz en los oscuros métodos que se utilizan en la compra de armamentos. Y derivar a normas legales que pongan freno a prácticas corruptas que enlodan a las instituciones armadas, a los jefes militares y a los políticos y funcionarios civiles que participan en estas operaciones con traficantes de armas..
PF
(Publicado en “Punto Final” Nº 679, 23 de enero de 2009. Suscríbase a PF)
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