En defensa del periodismo independiente
Punto Final vs. El Estado de Chile
Al cierre de esta edición, se desarrollaba en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una importante etapa en la demanda de Punto Final contra el Estado de Chile por la forma parcial e injusta en que se distribuye la publicidad fiscal. Como se sabe, los recursos que el Estado destina a publicidad en medios escritos van a parar casi en su totalidad a las empresas El Mercurio y Copesa (La Tercera), marginando a los medios independientes y críticos al modelo económico. A éstos se les niega el trato igualitario que les permitiría competir en mejores condiciones con las grandes empresas periodísticas que, además, reciben toda la publicidad de la empresa privada, unos 600 millones de dólares anuales.
El favoritismo del Estado con las cadenas El Mercurio y Copesa obedece a motivos de índole política. Ambas empresas forman parte del poder oligárquico que gobierna el país. El poder de empresarios de la información como Agustín Edwards Eastman, dueño de la cadena El Mercurio, o Alvaro Saieh, dueño de Copesa, ha crecido en los últimos años. Ese poder hace temblar a ministros, parlamentarios y dirigentes políticos de la Concertación y la derecha, que se desviven por halagarlos. El favoritismo del Estado no sólo afecta la libre competencia al no respetar la igualdad de trato que el Estado debe mantener en sus compras conforme a la ley 19.886. A la vez, menoscaba el deber del Estado de velar por la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de derechos fundamentales, entre los que se cuenta la libertad de opinión. Por eso, la demanda de Punto Final no sólo apunta a denunciar la forma en que se impide la libre competencia en un área tan sensible como ésta. No estamos hablando de prácticas monopólicas que obstaculizan la libre circulación de mercancías. La demanda de PF se refiere a bienes espirituales más importantes. Denuncia las dificultades que impiden la libre circulación de las ideas. Por tanto, nuestra acción -que pone en evidencia una conducta antidemocrática del Estado- se motiva en la defensa de derechos ciudadanos como la libertad de expresión y el pluralismo en la información y opinión. Son principios básicos del sistema democrático y deberían modelar el actuar de gobiernos que aspiran a fortalecer los derechos ciudadanos.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el pasado 9 de septiembre la demanda que Punto Final presentó contra el Estado de Chile. El Consejo de Defensa del Estado -en un escrito de 34 páginas- solicitó que se rechazara la demanda en todas sus partes, lo que no fue aceptado por el Tribunal. Así se llegó a la etapa actual de audiencias de prueba de testigos. Sus testimonios permitirán el acopio de antecedentes para una mejor reflexión del Tribunal.
Punto Final ha solicitado declarar a cinco testigos con amplios conocimientos y experiencia en la materia sometida al veredicto del Tribunal. Ellos son Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo, ex directora de la revista Rocinante y actual directora del Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile, que mantiene un programa interdisciplinario de libertad de expresión; Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas de Chile y ex director de la revista Hoy y del diario La Nación; Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y director de la Radio Universidad de Chile; Walter Krohne, periodista y académico, autor del libro Las dos caras de la libertad de expresión en Chile; y el diputado Marco Enríquez-Ominami, que presidió la comisión especial investigadora sobre avisaje del Estado de la Cámara de Diputados. El informe que esa comisión emitió en julio del año pasado -que concluye en la necesidad de una ley regulatoria de la publicidad oficial que promueva la transparencia y la eficiencia en la contratación y selección de los medios-, también se acompaña a la demanda de Punto Final contra el Estado de Chile.
Nuestros lectores conocen de esta larga batalla de Punto Final que hasta ahora se ha estrellado con la indiferencia de los gobiernos de la Concertación. En junio de 2002 señalaba un editorial de PF: “La publicidad estatal está siendo canalizada mayoritariamente hacia los medios que han hecho de la información una mercancía, que adormecen conciencias con la industria del entretenimiento, que colonizan nuestra cultura y que, en definitiva, preparan las condiciones para reinstalar un gobierno que será descendiente en línea directa de la dictadura”. (“La hora triste del periodismo independiente”, en PF 523).
El Colegio de Periodistas, en ma-yo de 1995, durante la discusión del proyecto de Ley de Prensa, había anticipado que se vivía “una coyuntura histórica muy especial. Tenemos la oportunidad de adoptar las medidas que garanticen el pluralismo o de cerrar los ojos a la realidad y deslizarnos por una pendiente sin retorno que derive en una sociedad sectaria en que se exprese una sola postura ideológica. Allí estaremos en presencia de una democracia meramente formal o en la antesala de perderla”.
El 12 de junio de 2006 el director de Punto Final envió una carta pública al presidente Ricardo Lagos, planteándole la gravedad de un asunto que implicaba el derecho al pluralismo de opinión e información. Como respuesta, dos sucesivos ministros de la Secretaría General de Gobierno de ese presidente, Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, aseguraron a los representantes de los medios independientes y dirigentes del Colegio de Periodistas que se corregiría esta situación ya que el presidente había ordenado una distribución equitativa de la publicidad estatal, a fin de asegurar el pluralismo informativo. Pero esas promesas no se cumplieron y el gobierno de Lagos se marchó sin alterar el estatus de privilegio de que gozan El Mercurio y Copesa.
El 27 de abril de 2006 PF insistió con otra carta, esta vez a la presidenta Michelle Bachelet. Pero nos fue aún peor: sólo obtuvimos una lacónica y anodina respuesta del ministro Ricardo Lagos Weber. Ese funcionario se limitó a mencionar las disposiciones legales del sistema de “contratación y prestación de servicios del Estado”, ignorando por completo el tema de fondo, o sea la distribución del avisaje estatal en beneficio de El Mercurio y Copesa.
El 13 de septiembre de 2006 Punto Final presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica. Después de un año de investigación -que incursionó en la contabilidad de las empresas periodísticas- la FNE concluyó que no existían indicios de infracciones a la libre competencia en la contratación de publicidad estatal en los medios escritos. La Fiscalía cerró los ojos a lo que es evidente a la observación ciudadana y que han confirmado profundos estudios como los del profesor Walter Khrone y de Ken Dermota (Chile inédito. El periodismo bajo democracia, Ediciones B, 2002).
Esto llevó a Punto Final a un nuevo esfuerzo por alcanzar justicia. Así, resolvió presentar la demanda contra el Estado que está viendo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Si es necesario ir más allá en esta lucha, lo haremos. “Mientras PF tenga vida -dijimos en editorial de la edición 652, noviembre de 2007- seguirá denunciando la oscura maquinación que se comete con los fondos fiscales destinados a publicidad y que deberían proteger el pluralismo de opinión e información. En buena medida ese dinero -que aportan las propias víctimas, los ciudadanos de la República- permite sostener la ideología reaccionaria hegemónica en Chile, que se ha fortalecido con la paternal ayuda de los gobiernos de la Concertación”.
Estamos haciendo este camino junto con el Colegio de Periodistas, con nuestros lectores y con miles de ciudadanos que aspiran a la libertad de expresión. Estamos seguros que los medios independientes, escritos y audiovisuales, derrotaremos a la dictadura del pensamiento único que pretende imponerse en Chile
PF
(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 676, 5 de diciembre, 2008) |
