Edición 662 - Desde el 16 al 22 de mayo de 2008
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La irrupcion
de los pobres

 

JACOBO Schatán:
hay el doble de pobres.

El alza mundial en los precios de los alimentos ha alarmado a gobernantes y agencias internacionales: desde ciertas ONGs y la ONU a instituciones financieras proclives a la globalización y el libre comercio. Cuando hace ya algunas semanas los presidentes y directores de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso la Organización Mundial de Comercio (OMC) alertaron al mundo sobre la gravedad de las consecuencias de la crisis alimentaria, el problema ya estimado espinoso, ingresó en un terreno de rasgos pavorosos.
Estas mismas agencias, que durante largos años destinaron todos sus esfuerzos y recursos a alentar el comercio y darle rienda suelta a todo tipo de especuladores, ahora, y sin proponer soluciones, advierten sobre una inminente catástrofe alimentaria y social. Si la situación económica, social y humanitaria es de por sí mala, ésta tiene, han dicho, espacios para empeorar. ¿Cuánto?
Sólo en unos meses los precios de algunos alimentos básicos se han duplicado, acaso triplicado, y nada indica que alcancen a la brevedad un techo. Sin entregar estimaciones ni proyecciones sobre precios futuros -eso queda para las Bolsas y especuladores varios- se ha señalado que el ascenso podría durar varios años, tal vez hasta 2015, tiempo más que suficiente para que varios millones de personas mueran de hambre y otras cuantas decenas de millones se hundan en la desnutrición y la miseria. Los avances mundiales en la lucha contra el hambre y la pobreza, lentos, llenos de obstáculos, se perderán en unos pocos años. El siglo XXI a poco de su estreno ha inaugurado una hambruna planetaria.
Se trata de una inquietud mundial que no sólo ha movilizado a la ONU y a las mencionadas agencias internacionales, sino que tiene y tendrá impacto en los gobiernos, en organismos regionales y en el mismo proceso de globalización. ¡Nada más sensible que la alimentación! Será una alteración de toda la matriz de precios, que desde la base se extenderá hacia otros productos y servicios. Una deformación en los patrones comerciales, hipertrofia de estos modelos de comercio, que obligará a replantear conceptos de seguridad o soberanía alimentaria, por largos años despreciados por los oficiantes de la globalización y los amantes del libre comercio. El mercado, decían, y hoy aún lo repiten con obstinación, resuelve todo.

¿Dónde está el
mágico mercado?

En Chile nadie habla de crisis alimentaria, nadie habla de precios altos. Pero la realidad tiene línea directa con el deteriorado proceso mundial. Los gobernantes chilenos, que durante más de una década se han pavoneado por Latinoamérica de la apertura de su economía, de la libertad de sus mercados, han comenzado a silenciar estos nuevos alcances de su modelo que ha resultado ser más un espectáculo de pasarelas que paradigma de desarrollo. Aun cuando nadie hable de crisis alimentaria, de carestía y de pobreza, éste es y será el mayor drama -en una diversidad de trágicos eventos- que cruzará este invierno. No sólo frío pasaremos por los altos precios de la energía. También hambre.
Un vistazo a las estadísticas oficiales ratifica la angustia y el miedo que nos invade al ingresar a un supermercado. Desde 2007 el alza oficial de algunos productos básicos escogidos al azar es la siguiente (según dice el INE): el pan subió un 40 por ciento, el arroz un 50 por ciento, harina, 33; pollo, 21; leche, 34 por ciento; aceite vegetal de cocina, 53; parafina, 14 por ciento. Aun cuando el cálculo del INE para la alimentación estima que durante el año los precios han aumentado sólo un 18 por ciento, el alza de los alimentos más básicos, centrales para los hábitos alimentarios nacionales, es mucho mayor. Basta observar el aumento del 40 por ciento para el pan, o el 34 por ciento en la leche y los lácteos.
El impacto de este aumento en los precios de los alimentos es grande. En las familias más pobres, que destinan la mitad o más de la mitad de sus ingresos totales a la alimentación, el golpe es enorme. La pregunta es cómo estas alzas, que son carencias y hambre, no se han expresado en una protesta nacional. Otra pregunta es en qué clima social se moverá este gobierno durante el año y tanto que le resta.
Los organismos internacionales, que han advertido sobre el estallido social que se reproduce cada semana en distintas capitales del Tercer Mundo, también han hecho su diagnóstico para Chile, el que no ha sido ni acogido, comentado ni respondido por el gobierno. Los organismos no prevén ni hambre, ni una rebelión popular de hambrientos, pero sí un aumento de la pobreza. El gobierno de Michelle Bachelet, que hace menos de un año se ufanaba de haber reducido la pobreza a un 13,7 por ciento (un guarismo misterioso y de muy dudosa procedencia, aspecto, sin embargo, que no es necesario en este momento analizar), no ha vuelto a tocar el tema. Porque la pobreza no sólo no ha desaparecido, sino que necesariamente ha aumentado. Por cada punto del IPC en alza, miles de familias chilenas debieran ser sumadas a las estadísticas de pobreza, en un país cuyos trabajadores, pobres también, no tienen mecanismos para recuperar la pérdida del poder adquisitivo.
De acuerdo a las cifras de la última encuesta Casen aproximadamente un diez por ciento de los chilenos tienen un promedio de ingresos de 16 mil pesos o bajo este monto. Con los aumentos en el precio del trigo, del arroz, la leche y otras alzas, estas personas estarán afectadas de manera dramática. Si consideramos que la línea de pobreza está determinada bajo los 47 mil pesos de ingreso, de los cuales la mitad se destina a alimentos, la inflación actual deberá alterar necesariamente todas las estadísticas sobre pobreza.

Una multitud bajo la línea

El economista Marcel Claude explica: al tener en consideración el fuerte impacto de la inflación alimentaria sobre los sectores más pobres, habría que redefinir la línea de pobreza. “Habría que subirla entre 20 a 30 por ciento. Esos 47 mil pesos debieran subirse, por lo menos, en unos diez mil pesos. Y si uno sube la línea de pobreza en diez o veinte mil pesos, obviamente caerá mucha más gente bajo la línea. Necesariamente estas alzas van a ser significativas en el aumento del número de pobres, de gente que con el ingreso que tiene no cubre sus necesidades básicas. Es decir, la línea de pobreza de 47 mil pesos no da cuenta de las necesidades básicas. Habría que definir, por lo bajo, en unos 55 mil pesos la línea de pobreza”.
Un análisis del economista Jacobo Schatán, de Cenda, concluye que la proporción de personas que viven en condiciones de pobreza es por lo menos el doble de los que difunden las estadísticas. Mideplan, que elabora los datos oficiales, sostiene que los ingresos monetarios totales de los hogares pobres mejoran sustancialmente al considerarse los subsidios monetarios entregados por el Estado a través de las pensiones asistenciales y otros mecanismos, los que disminuyen las brechas entre los diversos estratos. Pero según Schatán, habría una evidente distorsión en este mecanismo de ayuda. Con excepción del primer decil, que es el más pobre, estos subsidios “son pagados en su totalidad por los propios beneficiarios más pobres a través del impuesto al valor agregado (IVA), que es un impuesto al consumo. Como los segmentos más pobres no ahorran, puede apreciarse que desde el segundo decil el pago del IVA supera en forma creciente lo que reciben por concepto de subsidios monetarios”.
Resulta sorprendente que este aumento en el costo de la vida no se traduzca en un malestar ciudadano, en una expresión de protesta nacional. Una crisis mundial, que en Chile se ha tapado y silenciado. Para Claude, “la crisis alimentaria ha hecho sonar las alarmas en la ONU, el BM, en el FMI incluso. Los grandes países se han reunido para pedir apoyo y fondos adicionales frente a la crisis de las naciones de Africa y del Caribe. Pero eso no ha tenido una repercusión mediática en Chile. El impacto sobre las condiciones de pobreza y el presupuesto familiar tampoco ha sido tomado en consideración por el gobierno, por la prensa ni por los economistas. Por un lado está esto, que permite mantener en la ignorancia a la ciudadanía, mantener el problema como un asunto personal, pero también porque los líderes sociales y sindicales, los portavoces del malestar ciudadano, tampoco se han referido a este tema. La prensa, los líderes más importantes, no han hecho de este problema un asunto nacional. La falta de organización, este in-dividualismo colectivo, también contribuye a que la gente haga con este aumento en el precio de los alimentos lo mismo que hizo con el Transantiago: aguantar, aguantarse la rabia. Yo no veo aquí una reacción social en lo inmediato”.

Una triste despedida

El aumento de los precios está acompañado por otros fenómenos igualmente síntomas de degradación. La economía chilena no crece -en marzo la actividad no llegó a aumentar ni un punto-, en tanto la tasa de desempleo está en un claro ascenso. Y las perspectivas son oscuras. En los años que le restan al gobierno de Michelle Bachelet no sólo se tendrá que convivir con una crisis económica mundial sin precedentes inmediatos, sino con problemas internos derivados de un modelo económico en franco agotamiento. Para Claude, “no hay elementos para pensar lo contrario. La economía es bien concreta. ¿Sobre qué ha crecido Chile? Básicamente el cobre, los salmones, la fruta, la celulosa y la harina de pescado. El cobre ya no puede dar más, ha llegado a una explotación cercana a su máximo; los salmones, en estado de shock, agotados como proyecto, despidiendo gente, con empresas que abandonan su producción en Chile. La industria pesquera, totalmente agotada por la sobreexplotación del recurso pesquero. La celulosa, también tiene un tope. ¿Más capacidad de inversión, más celulosa? Es difícil, el territorio no resiste. Todos los nichos de desarrollo productivo están acabados”.
Sin proyectos ni ideas en la mano, sin una discusión nacional en la agenda pública, lo que resta es esperar una mayor decadencia económica, que es también social y política.

PAUL WALDER
(Publicado en Punto Final Nº 662, del 16 de mayo, 2008)