La política va a
los tribunales

Al concluir el año, el principal foco de la atención política amenaza con trasladarse desde sus habituales escenarios -Parlamento, La Moneda y las sedes partidarias- a los siempre concurridos pasillos de los tribunales de justicia. Discordias aparentemente irreconciliables en el seno del Partido Demócrata Cristiano, entre Codelco y la Dirección del Trabajo y entre los diferentes actores del Transantiago, para empezar la cuenta, podrían obligar a varios protagonistas del acontecer político a un desfile veraniego en las Cortes y juzgados.
Ricardo Lagos Escobar, René Cortázar, Juan Pablo Arellano, Osvaldo Andrade, Soledad Alvear, Adolfo Zaldívar, entre otros, podrían ser los actores principales de la cobertura informativa estival, mano a mano con la farándula playera y los festivales musicales que se repiten semana a semana en los balnearios. Subsecretarios, jefes de servicios, algunos connotados empresarios y dirigentes sociales diversos, ocuparían los roles secundarios de una teleserie de la vida real que subiría el rating en las pantallas y las ventas de los diarios.
 Todo esto en medio de las especulaciones crecientes sobre los cambios que efectuaría en su gabinete la presidenta Michelle Bachelet, tras el sorpresivo nombramiento de Francisco Vidal en la Secretaría General de Gobierno, y de la confirmación de René Cortázar al frente de la cada vez más metropolitana cartera de Transportes.
Los diarios de la empresa El Mercurio, como siempre, son los que más han especulado sobre las eventuales modificaciones en las secretarías de Estado. Para el Ministerio del Interior, donde dan como caído a Belisario Velasco, repiten el nombre del empresario Edmundo Pérez Yoma, aunque mencionan también, pero con menos entusiasmo, a Alejandro Foxley, Aldo Cornejo, Jaime Ravinet, Juan Gabriel Valdés, Luis Maira y Osvaldo Andrade, entre otros.
Se discurre, además, con el posible pero no muy deseado reemplazo de Andrés Velasco, en Hacienda, por Eduardo Aninat, Manuel Farfán o el mismo Foxley. Se ha citado a Ricardo Solari o a Gutenberg Martínez para ocupar la Secretaría General de la Presidencia, ante el posible relevo de José Antonio Viera-Gallo. En otras carteras, en tanto, los devaneos han sido mayores.

CODELCO VS. TRABAJO

El primer acto para judicializar los conflictos políticos lo emprendió la empresa estatal Codelco, que interpuso recursos de protección ante las cortes de apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Rancagua. Argumentó sentirse amenazada por la Dirección del Trabajo (DT), que le ordenó incorporar a unos 4.700 trabajadores subcontratistas, de un total cercano a 130 mil que en esa condición realizan faenas para la empresa cuprífera.
Tras casi siete meses de acumulación de antecedentes y reuniones para aplicar la nueva ley de subcontratación, las conversaciones entre los principales ejecutivos de Codelco y la DT se entrabaron. Por un lado se alinearon los ministros de Hacienda y Minería, Andrés Velasco y Karen Poniachik, más José Pablo Arellano, presidente de Codelco, Francisco Tomic y el abogado socialista Eduardo Loyola, que desde el 1º de noviembre se encuentra al frente de la recién creada Gerencia de Gestión y Fiscalización de Empresas Contratistas de Codelco. Al otro lado, se ubicaron el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, la directora del Trabajo, Patricia Silva (ambos PS), y sus asesores, recibiendo, además, el apoyo de los ministros Belisario Velasco y José Antonio Viera-Gallo.
Finalmente, Codelco no aceptó incorporar a los trabajadores subcontratados, como planteaba la DT, y optó por recurrir a los tribunales impugnando en los hechos las atribuciones del organismo encargado de velar por la aplicación de las leyes en al ámbito laboral.
La solución del conflicto aún se mantiene en penumbras, pero amenaza con abrir una nueva caja de Pandora en la minera estatal y agudizar desde otro flanco las diferencias al interior de la Concertación. Por de pronto, el PS expresó su respaldo a “la tarea de fiscalización efectuada por la Dirección del Trabajo, que es su atribución legal y técnica, tendiente a materializar el cumplimiento de la ley de subcontratación con el propósito de mejorar la estabilidad laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores”. Los senadores socialistas Ricardo Núñez y Juan Pablo Letelier pidieron que Codelco informe quiénes son los dueños o principales accionistas de las aproximadamente 600 empresas subcontratistas que trabajan para el ente estatal.
Desde La Moneda se intentó bajar la temperatura del naciente conflicto, pero la molestia socialista con el equipo económico del gobierno y el posible retorno de las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas, hacen impredecible la senda que tomará esta crisis. Algunos analistas de la derecha, desde sus habituales columnas de opinión, blandieron el fantasma de la cesantía, argumentando que se deben respetar lo que ellos entienden como “relaciones de trabajo modernas”, que incluyen la subcontratación como elemento clave.

EN BUSCA DE CULPABLES

La segunda pata de esta cueca política que amenaza bailarse en los tribunales, podría cantarla la UDI. Su directiva anunció que perseguirá judicialmente las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales que tendrían quienes diseñaron y aplicaron el Transantiago.
Los “halcones” del gremialismo, encabezados por el senador Jovino Novoa, intentarán acarrear ante la justicia a los eventuales responsables del zarandeado sistema de transporte colectivo y que pertenecen tanto al gobierno de Ricardo Lagos como de Michelle Bachelet.
Novoa y sus adláteres intentarán prolongar en la agenda mediática la búsqueda de eventuales culpables de la puesta en marcha del proyecto más emblemático de la administración laguista. La UDI sabe que cuenta con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación afines -que son los más-, que ya entendieron que la exposición mediática cotidiana de los problemas del Transantiago (al igual que la inseguridad ciudadana) repercute con fuerza en la gente, afectando de inmediato los sensibles índices de popularidad del gobierno. Francisco Vidal fue incorporado al gabinete por la presidenta Bachelet para -entre otras tareas- corregir el fracaso del ex ministro Ricardo Lagos Weber y del jefe de la Secom, el periodista Juan Carvajal, en el manejo de las comunicaciones gubernamentales.
La notoria expansión de los equipos ministeriales encargados de las comunicaciones en los últimos 18 meses, y pese a la enorme inversión publicitaria en los medios opositores, no ha conseguido          -salvo una que otra excepción- impedir que la prensa, radio y televisión vinculadas a la derecha insistan en destacar los aspectos negativos de la acción de gobierno. Esa ha sido una cojera permanente de los gobiernos de la Concertación, que sólo cuando se avizoran elecciones intentan corregir.
El Transantiago es, incluso, otro ejemplo de esta falencia. El ministro René Cortázar declaró hace pocos días que para avanzar en la solución de los problemas del transporte urbano, se debe llegar a acuerdos amplios proporcionando la mayor información y permitiendo la mayor participación posibles. ¿Cómo hacerlo si la información es parcial y casi no existen canales fluidos de expresión ciudadana?

LAS ARMAS COLORINAS

La tercera ofensiva judicial ligada a la política que podría tener consecuencias devastadoras para las instituciones partidarias probablemente la asuma el senador Adolfo Zaldívar Larraín, si finalmente es expulsado de la Democracia Cristiana. El iluminado colorín dijo que ya no le importa la decisión que tome el Tribunal Supremo del PDC, agregando que está preocupado por la gente y que dará la pelea en todos los frentes.
Reunido con partidarios en el auditorio Don Bosco, en una virtual proclamación de su vía propia, pronunció un discurso fervoroso. “¡Los convoco! ¡Los convoco de verdad! Para hacer un país grande y poderoso, donde la prosperidad sea para todos. Donde podamos de verdad echar las bases de una sociedad donde los hijos nuestros puedan tener muchas más oportunidades y no sólo para que estas sean para los privilegiados de siempre. Eso es lo que hay que hacer con generosidad, con audacia”, dijo Zaldívar en una intervención que tuvo puntos remarcables: la necesidad de una rectificación política; una esperanza para la clase media frente al derroche de la oligarquía; el respaldo de la gente por sobre el respaldo de los poderosos; y la consigna “con la justicia, con la verdad y con la gente”.
El presidente del Senado, el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, inquieto al oír los tambores que anuncian una guerra fratricida en la DC, que podría salpicar con sangre política a los contendientes de todos los bandos, ha estado agrupando a dirigentes y personalidades para alcanzar una tregua que permita nuevos acuerdos y consensos al interior del PDC. A su iniciativa se han sumado Andrés Zaldívar, Jaime Ravinet, Marcelo Trivelli, Andrés Palma y Hosaín Sabag. En la directiva que encabeza Soledad Alvear, sin embargo, se observa con desconfianza la iniciativa del ex presidente Frei, pues piensan que en realidad está preparando su plataforma para erigirse como candidato de consenso en las elecciones partidarias de abril…y de ahí saltar a la postulación presidencial.
El líder colorín anunció que, de ser necesario, recurrirá a la Corte de Apelaciones, al Tribunal Constitucional o al Tribunal Calificador de Elecciones si es sancionado con la expulsión. Al respecto, uno de los conciliadores, Hosaín Sabag, jefe de la bancada de senadores del PDC, afirmó que si la situación de Adolfo Zaldívar se judicializa, “lo más probable es que gane”.
Tanto en sectores del alvearismo como del aylwinismo y también del freísmo, se teme que en su caída el senador Adolfo Zaldívar arrastre a connotados dirigentes del PDC y ventile ante la justicia algunos episodios non sanctos que todos preferirían mantener en las tinieblas del subterráneo del edificio de Alameda 1660, domicilio de la tienda falangista.
Tal es la desazón entre los dirigentes democratacristianos que varios pacificadores decidieron pedir ayuda a connotados miembros del clero para que ayuden a templar las pasiones y pueda así retornar la calma a las filas partidarias.

JUICIOS TELEVISADOS

No hay que tener mucha imaginación para prever lo que sería la judicialización de por lo menos tres conflictos de origen político y su tratamiento en las pantallas de televisión. Basta con recordar los grandes momentos del caso MOP-Gate para que los comunicadores de La Moneda y los asesores partidarios comiencen a sudar frío.
En verano siempre faltan noticias en las salas de redacción de los medios de prensa. En los programas matinales escasean los entrevistados que alternen las transmisiones desde las playas y piscinas, y que pongan una pizca de pimienta en el acontecer nacional.
¿Qué mejor que un corte para ir en directo a los tribunales y ver cómo la clase política desfila ante los jueces tratando de explicar lo que hasta ahora es inexplicable?
¿No es eso lo que la gente quiere, según los editores de los medios a los que tanto ayuda la publicidad estatal?
Francisco Vidal llegó nuevamente al gobierno tras un paso no breve por la presidencia del directorio de Televisión Nacional. Allí pudo afinar sus conocimientos sobre los medios de comunicación, los intereses que están detrás de las pantallas y las pautas internas informativas. Es muy probable que también haya conocido las motivaciones ocultas de los grandes avisadores y las imposiciones de las agencias de publicidad. Y también la creciente influencia de las agencias de comunicación estratégica, entre otros muchos factores y situaciones que determinan los contenidos de los medios.
En una carta enviada por Ricardo Lagos a la celebración del aniversario del Partido por la Democracia (PPD), el ex mandatario expresó:
“Hoy invito a defender lo realizado en estos veinte años. A ratos veo en los nuestros una pasividad inaceptable. Hace veinte años, sin ministros, sin embajadores, sin diputados, sin senadores, sin seremis ni concejales. Solos, con la convicción de abrir un espacio de libertad para tener un Chile mejor, dijimos No a Pinochet e iniciamos veinte años abriendo camino al más exitoso período de la historia de Chile”.
Se equivoca Lagos. Hace veinte años los militantes de los partidos de la Concertación no estaban solos. Con ellos estaban las revistas Hoy, Análisis, Apsi, Cauce, La Bicleta, los diarios Fortín Mapocho y La Epoca, entre otros medios que en conjunto alcanzaban un tiraje que superaba los cien mil ejemplares y cuyo universo de lectores llegaba casi al millón de personas.
De esos medios no queda ninguno, porque la mayoría de sus propietarios y gestores optaron por trabajar en los gobiernos de la Concertación.
El mismo Ricardo Lagos, en una entrevista concedida en Caleu a la periodista Patricia Collyer el 2 de enero de 2000, en plena segunda vuelta de la campaña presidencial, expresó: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que haya una pluralidad de medios, porque eso enriquece a un país. Quiero contar con un arcoiris en medios de comunicación, no tener medios de comunicación que, en general, son de un solo color”. (El Nuevo Fortín, 2 de enero de 2000).
Veinte días después, tras su estrecho triunfo sobre Joaquín Lavín, ese compromiso fue arrojado al olvido

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final” Nº 654, 21 de diciembre, 2007)

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