Estuvieron 66 días en huelga de hambre 
Mapuches se jugaron la vida

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

JAIME Marileo fue trasladado a un hospital junto a José Huenchunao y Juan Millalén.

Cinco presos políticos mapuches, José Huenchunao Mariñán (37 años), Jaime Marileo Saravia (29), Héctor Llaitul Carillanca (39), Juan Millalén Milla (40), y Patricia Troncoso Robles (38), iniciaron una huelga de hambre el 10 de octubre. Durante 66 días bebían sólo agua. No es la primera acción que emprenden para llamar la atención de las autoridades sobre la violación de los derechos del pueblo mapuche.
Hay 19 presos políticos mapuches recluidos en diversas cárceles del país. Ellos se  consideran “rehenes del Estado” y exigen que termine la militarización de las zonas de Lleu Lleu, Alto Bío Bío, Ercilla, Vilcún, Chol Chol y Traiguén, y cese la intervención de sus territorios con megaproyectos forestales e hidroeléctricos. El 15 de octubre, en la cárcel de Concepción, el lonko Iván Llanquileo se sumó a la huelga de hambre y permaneció 25 días sin ingerir alimentos, hasta ser puesto en libertad. Las acusaciones de terrorismo en su contra eran falsas (ver PF 649). También el 15 de octubre el prisionero  Waikilaf Cadín Calfunao (ver PF 639), se sumó a la huelga de hambre en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
José Huenchunao, Patricia Troncoso y Jaime Marileo fueron condenados en virtud de la ley antiterrorista por el supuesto delito de incendio en el fundo Poluco-Pidenco, de Ercilla, propiedad de Forestal Mininco. Otros condenados en el mismo caso cumplen prisión en Vilcún y Victoria, o permanecen en la clandestinidad desde 2003. Patricia Troncoso no es mapuche y es la única mujer del grupo. En los 90 vivía en la población La Pincoya de  Santiago,  estuvo a punto de ser monja y participó en el centro cultural La Ventana, donde la recuerdan con admiración.
José Huenchunao es werken  (vocero) de las comunidades de Arauco en conflicto. Ha declarado que ya no pertenece a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Sin embargo,  lo siguen sindicando como líder de esa organización: “Denunciamos que en cada procesamiento y condena han existido montajes judiciales. El gobierno lo sabe, porque ha estado detrás de cada proceso. Así intentan frenar los planteamientos políticos y territoriales del pueblo mapuche”, escribe desde la prisión. Huenchunao estuvo prófugo desde agosto de 2003 hasta marzo de 2007. Lo habían condenado a 10 años de prisión por el caso Poluco-Pidenco. Fue detenido en las cercanías de Tirúa, tras abandonar una vivienda de la comunidad Pascual Coña, donde es comunero, en el borde del lago Lleu Lleu que está amenazado por proyectos mineros y forestales (ver PF 644). Al ser detenido, la policía y el gobierno lo señalaron como líder de la CAM. Algo similar sucedió con Héctor Llaitul, acusado de ser  “jefe operativo” de la CAM.
Por su parte, Juan Millalén pertenece a la comunidad Catrio Ñancul y fue condenado a 5 años por la ley de Seguridad Interior del Estado, acusado de participar en movilizaciones en la zona de Collipulli.
Al cumplir 66 días en huelga de hambre, Huenchunao, Millalén y Marileo -que mostraban un estado físico muy deteriorado- aceptaron suspender la protesta e ingerir alimentos. Por su parte, Patricia Troncoso y Héctor Llaitul decidieron continuar. Ella fue trasladada de urgencia al hospital de Angol, tras sufrir un desmayo. En la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, Waikilaf Cadín Calfunao continuaba ayunando al cierre de esta edición de PF.
La intervención del obispo Manuel Camilo Vial habría sido determinante para que tres mapuches suspendieran la huelga de hambre. Además, el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia recibieron a los representantes legales de los mapuches encarcelados, entre ellos el abogado Alberto Espinoza. Al instalarse la mesa de diálogo se dijo que Patricia Troncoso, Llaitul y Cadín también suspenderían su protesta.

LEY QUE NO DEBIERA APLICARSE

Entre marzo y mayo de 2006 Jaime Marileo,  Patricia Troncoso -y otros presos políticos- hicieron otra huelga de hambre que duró 72 días. Terminaron su protesta al recibir como promesa que se aprobaría una ley para modificar las normas de la libertad condicional. Pero el gobierno no cumplió el compromiso.
Un grupo de abogados de derechos humanos explora otros caminos legales. Alberto Espinoza, abogado de Fasic, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para solicitar patrocinio para un proyecto de ley que rebaje las penas al delito de incendio. También  se estudia otorgar a los presos mapuches beneficios carcelarios. Sin embargo, ellos exigen la libertad y la revisión de los procesos. “Queremos dejar en claro que éstas son nuestras demandas y no otras. Descartamos reivindicaciones como la firma del convenio 169 de la OIT o el reconocimiento constitucional. Por ahora, no son nuestras demandas. Queremos aclarar que no demandamos la revisión de la ley Navarro, y de paso denunciamos que no resolvió nada. Nuestras demandas están dirigidas al  Ejecutivo para que intermedie una solución para lograr la libertad y los desprocesamientos”, dicen los presos de Angol.
Durante los gobiernos de la Concertación más de 420 mapuches han sido procesados por las leyes de seguridad interior y antiterrorista.

DESDE LA PRISION

“Las cárceles son un lugar de castigo que el Estado y sus operadores políticos y judiciales han destinado para quienes luchan o representan al pueblo-nación mapuche”, escribe José Huenchunao desde la cárcel de Angol. Héctor Llaitul hace hincapié en la influencia (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 654 de “Punto Final”, 21 de diciembre, 2007. ¡¡Suscríbase a PF¡¡)

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