Chile carece de una

politica digital

Autor: MAURICIO BECERRA

EL laptop de 150 dólares que integrantes del Frente de Liberación Digital mostraron frente a La Moneda, cuando fueron a dejar una carta a la presidenta Bachelet.

El Acuerdo Marco de Colaboración suscrito en mayo entre el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, y Craig Mundie, gerente de Microsoft, reveló la ausencia de una política digital y de una autoridad dedicada a la materia, como también la falta de voluntad de miles de ciudadanos de participar en una definición tecnológica clave para el futuro del país.
Hasta ahora las autoridades se complacían en citar estudios como el Indice de la Sociedad de la Información (ISI), que dice que Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor desarrollo tecnológico, pese a que hay niños que nunca han visto un computador y que para muchos el endeudamiento de los padres es la única vía de acceso a la tecnología.
Luego de un año de trabajo, el Grupo de Acción Digital entregó en 2004 treinta y cuatro propuestas en que participaron 170 personas: la llamada Agenda Digital que puso como plazo 2006 para implementarlas. Proponía masificar el acceso a Internet, la promoción de Infocentros, la integración de las tecnologías de información en las escuelas y alfabetización digital para medio millón de personas.
Si bien algunas propuestas -elogiadas por el sector privado, representado por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (Acti)-, avanzaron rápidamente (se concretó una plataforma de servicios electrónicos para trámites, se masificó la factura electrónica y se consolidó ChileCompra), las otras iniciativas se dejaron en manos del mercado. Alvaro Croquevielle, integrante del grupo Acceso e Infraestructura, aseguraba “el compromiso del sector privado para el desarrollo de iniciativas como oferta comercial de computadores conectados a Internet para hogares de menores ingresos y microempresas. Al mismo tiempo, el gobierno impulsará su acción subsidiaria orientada hacia zonas alejadas o rurales, así como a comunidades de bajos ingresos y microempresas”.
El principal funcionario responsable de la Agenda, Alvaro Díaz (hoy embajador en Brasil), señaló en 2004 que “en materia de banda ancha se darán pasos muy importantes, de aquí a dos años. A 2010 pensamos que los costos de acceso se verán reducidos, por la expansión de la industria de telecomunicaciones”. A juicio del jefe de Nuevas Tecnologías de la Universidad Arcis, Hugo Muñoz, “la Agenda, desde un principio, fue consensuada entre empresarios y gobierno. Se apuntó explícitamente a desarrollar los mercados. El objetivo de cada punto fue estimular la demanda. En absoluto se pensó articular mercado con ciudadanía o iniciativas sociales”.
Claudio Ruiz, presidente de la Corporación Derechos Digitales, añade que “la Concertación ha enfrentado el tema de la tecnología de espaldas a la sociedad civil, pensando que los únicos actores relevantes para hablar de tecnología son las grandes empresas de telecomunicaciones”.
Muñoz acusa que “muchas iniciativas que podrían formar parte de una política social en tecnología, el gobierno no las ejecuta porque se enfrenta a las empresas privadas, como por ejemplo desarrollar una red inalámbrica (Wi Fi) que dé acceso gratuito a Internet”. En 2006 se intentó hacerlo en Puerto Montt, pero el gobierno cedió ante Telefónica.
En el sitio web de la Agenda Digital se anuncia desde hace más de dos años que “estará operativo en los próximos días”.

“MI PRIMER PC”

Leonardo Robles pagó en agosto la última cuota de 23 mil pesos por un computador adquirido en 2005 dentro de la campaña “Mi Primer PC”, promovida por el gobierno. La idea era masificar el acceso a computadores a través de aparatos que no debían costar más de 300 mil pesos. Las multitiendas fueron el intermediario, por lo que Leonardo Robles tuvo que pagar 828 mil pesos por un computador que ya está obsoleto.
Meses antes se había presentado en la Primera Mesa Regional de Tecnologías de la Información de la Región Metropolitana un laptop verde con antenas que no costaba más de 150 dólares, iniciativa de Nicholas Negroponte, del Laboratorio de Tecnologías de Massachussets. “La iniciativa fue rechazada por el gobierno, argumentando que era un proyecto a largo plazo. Pasó el tiempo y apareció el proyecto de Intel llamado Classmate PC, computadores a 350 dólares con sistema operativo Microsoft y hardware Intel. El gobierno se cuadró inmediatamente con ellos”, sostiene Claudio Ruiz.
Las críticas de los expertos al programa “Mi Primer PC” no se dejaron esperar. Cristián Leal, periodista especializado en informática y editor del blog El Francotirador, dice que “cuando salió ese programa formamos un movimiento llamado ‘Mi Primer PC... ¡pero de verdad!’ para denunciar el entreguismo de la política estatal de desarrollo tecnológico, lo que significó que muchas familias terminaran adquiriendo computadores de dudosa calidad mediante créditos. Juntamos casi catorce mil firmas, pero no tuvo eco en las autoridades”.
Ruiz agrega que “los computadores eran muy caros, el sistema operativo que traían (Window Vista) era de edición limitada, además que no se podía tener más de tres programas ejecutándose al mismo tiempo. En términos de software eran muy limitados y no se ofrecían alternativas al sistema operativo, que es una de las cosas por la que se paga al adquirir un computador”. A su juicio “la miopía del gobierno de Lagos en tecnología lo expuso a ser promotor de una oferta de computadores nefasta para los usuarios, y que aún tiene a muchas personas pagando por computadores ya obsoletos”.

BANDA ANCHA MUY CARA

Salamanca, Mejillones y Florida, en la VIII Región, son las únicas comunas en Chile que tienen Internet inalámbrico gratuito. En las dos primeras ha sido por iniciativa de privados y sólo en Florida la inversión correspondió a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La inversión fue de doce millones de pesos.
A juicio de Muñoz “lo más sensato, si se quiere cumplir la promesa de facilitar el acceso a Internet, es proporcionar Wi Fi en todo el territorio, lo que tiene un bajísimo costo. Con el colectivo Redhack estamos trabajando hace unos meses en dotar con Internet inalámbrica a la Población La Victoria. Esperamos beneficiar a 25 mil personas. ¿Si nosotros, a través de la autogestión podemos hacerlo, ¿por qué el Estado no podría?”.
Como contrapartida, un estudio realizado por la (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición impresa de “Punto Final”¨Nº 651, del 19 de noviembre de 2007. Suscríbase a PF)

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