Colapsan los Juzgados de Familia
La violencia contra la mujer

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

LOS Juzgados de Familia son insuficientespara atender miles y miles de causas.

El aumento de femicidios evidenció la dramática situación que viven las mujeres en Chile. A los Juzgados de Familia ingresaron más de 500 mil causas en 2005 y 2006. Al 1º de octubre de 2007, la cifra se elevaba a 800 mil. La Región Metropolitana lleva la delantera, con el 33,23 por ciento de los casos de 2007. Para los años 2003 y 2004 sólo en los Juzgados de Menores se registró un incremento del 3,2 por ciento anual. Esto sin considerar que los tribunales de familia también instruyen juicios de divorcio y causas por violencia intrafamiliar. Como la dotación de personal se hizo en forma gradual, hoy los juicios demoran tanto o más que antes.
Los Juzgados de Familia son otro “Transantiago” en que viajan miles de mujeres violentadas ante la indiferencia de la sociedad. Ninguno de los proyectos que tipifican el femicidio como delito tiene urgencia en el Parlamento. La justicia enfrenta un colapso que es parte de la cultura del maltrato. Sólo durante el primer mes de funcionamiento de los nuevos tribunales de familia había 6 mil causas, superando en cien por ciento lo proyectado. El estudio El funcionamiento de los nuevos tribunales de familia, de la Universidad Diego Portales, expresa que las audiencias preparatorias demoran seis meses más de lo normal, y que la reforma se elaboró sin el presupuesto necesario.
Se prometió acceso a una justicia especializada, cercana, humana y eficiente, juicios más rápidos, transparentes e imparciales. Se dijo que se mejorarían la oferta de justicia y las herramientas para asegurar la protección de las familias. Los conflictos serían abordados de manera integral y se promovería la mediación.
Pero apenas un diez por ciento del total de recursos destinados a la reforma procesal penal llega a los tribunales de familia. No existe un Ministerio de la Familia, una Defensoría de la Mujer o una entidad que coordine a instituciones que parecieran no funcionar. Se instaló la reforma a la justicia de familia invirtiendo 58 mil millones de pesos para habilitar 60 tribunales especializados y 258 jueces exclusivos, aumentando en cinco veces la dotación de magistrados dedicados al tema. Se afirmó que el proceso oral simplificaría los casos de pensiones alimenticias, visitas, tuición, divorcios, medidas de protección, filiación, etc. La ley se aprobó el año 2004 y los juzgados iniciaron su trabajo en octubre de 2005. A los tres meses, estaban colapsados: ingresaron cientos de miles de causas. Se pensaba en 160 mil, pero en 2006 excedían las 400 mil, la mayoría por pensión de alimentos y violencia intrafamiliar.
“Los Juzgados de Familia son inoperantes. Operan con prejuicios patriarcales: ‘Le habrán pegado porque será sucia, no hace la comida, etc’. La ley prometió una visión integral, pero no hay funcionarios capacitados. Prometieron audiencias antes de tres meses y hoy dan fecha para ocho o más meses. A eso se une el machismo y el clasismo. Se necesita una reeducación y deconstrucción cultural. Dejar atrás el concepto de que una mujer no puede ser testigo o que la infidelidad es delito”, dice Victoria Aldunate, sicóloga de la casa de primera acogida a mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
Si una mujer denuncia episodios de grave violencia debiera otorgársele protección inmediata. Pero muchas medidas precautorias no llegan a Carabineros. El tribunal no tiene cómo mandarlas. “Tienen altos de papeles y en la 39ª Comisaría de El Bosque hay 125 medidas cautelares pendientes, y sólo tres funcionarios para hacerlas cumplir. La encargada de violencia intrafamiliar tiene la mejor voluntad, pero también investiga las presuntas desgracias. Las mujeres agredidas van de un lugar a otro mientras sus vidas se deterioran y pierden el trabajo, precisamente lo que podría asegurarles independencia”, agrega Victoria Aldunate. El 75 por ciento de las causas se suspende por problemas de notificación y menos del 40 por ciento de las restantes se cumplen en un mes. En junio de 2006 había 1.760 causas acumuladas en esa comuna. En un año aumentaron a 3.089.
Se pensó que la mediación resolvería más del 40 por ciento de los casos. Menos de un dos por ciento la utiliza. Entre 40 y 50 por ciento de las audiencias programadas no se realizan. Un juez puede ver 20 causas diarias, pero en lo familiar apenas ocho, señala el estudio de la Universidad Diego Portales.

VIOLENCIA: PROBLEMA
ESTRUCTURAL

Desde agosto de 2006 se tramita el proyecto que perfeccionará la ley de tribunales de familia. Contempla recursos extraordinarios, aumenta el número de jueces y funcionarios y crea unidades para mejorar la atención y tramitación de causas (actualmente, el reconocimiento de paternidad puede demorar un año. De partida, el Servicio Médico Legal entrega los informes con meses de atraso).
Cuando inauguró el sistema, el presidente Lagos dijo que el número de jueces y tribunales era suficiente. Según la Corte Suprema, la dotación ideal de jueces de familia es de uno por cada 840 causas anuales, por lo que se requieren entre 466 y 515 jueces: el proyecto gubernamental incrementa de 258 a 316 jueces. La jueza Gloria Negroni públicamente emplazó a las autoridades a hacerse cargo de la falta de recursos y personal: “El sistema se diseñó mal, y no se cuenta con todos los medios para prestar la ayuda que la gente necesita. Cuando los problemas son de la familia basta de instituciones con mirada sesgada, como Sernam o Sename. Rogamos por cumplir la ley y no podemos cumplirla”, dijo.
Laura Albornoz, ministra del Sernam, respondió criticando a los jueces: “Muchas veces el tema pasa por la actitud que se tiene frente a la víctima. Las medidas de protección están en la ley y hay que utilizarlas cada vez que una mujer acuda pidiendo ayuda. Es deber de la justicia dar protección a las mujeres víctimas de amenazas y violencia”. Por su parte, Victoria Aldunate afirma: “Mientras quienes hacen funcionar el sistema mantengan prejuicios machistas, no tengan capacitación en derechos humanos y no se resuelvan problemas como las visitas del agresor a los hijos, las medidas de alejamiento -es decir, no se aborde el problema de la violencia de manera integral-, lo que se hace con la ley de violencia intrafamiliar es revictimizar a los afectados. La ley es un eufemismo. Niega las diferencias de poder al interior de la familia. Si bien una familia puede construirse por afectos, también es una estructura de poder, donde se tortura, se abusa y asesina. Chile no tiene una ley de maltrato infantil. Necesitamos una ley de violencia contra la mujer que debe reconocer que es un fenómeno estructural. Que la violencia contra la mujer no es la excepción sino la norma”.
El femicidio de Katherine Casas-Cordero -murió degollada por su marido-, evidenció la lentitud y desidia del sistema. Presentó una denuncia en julio de 2007 en el Primer Juzgado de Familia, pero fue citada para el 12 de octubre. Fue asesinada antes y su causa nunca llegó a la Fiscalía.
Sernam cuestionó que una jueza se haya excusado de decretar medidas de protección. El año 2006 Carabineros derivó a los tribunales 96 mil denuncias de violencia intrafamiliar. Sólo se decretaron dos mil medidas de protección. “No se necesita que haya una audiencia para decretar medidas de protección. Si existen presunciones de riesgo, que es algo que debe evaluar el tribunal, se pueden decretar dichas medidas”, dice la ministra Albornoz.
Victoria Aldunate afirma: “De nada sirven leyes y tratados internacionales que no se cumplen. El femicidio es el último paso de un fenómeno más amplio: la violencia contra la mujer, una política sistemática de control y dominio sobre los cuerpos, acciones, pensamientos y psiquis de las mujeres. Tipificar el femicidio no será más que cambiar una palabra por otra. No contempla los casos en que no se pueda probar una relación de pareja entre víctima y agresor. Legislaciones anacrónicas no reconocen que las mujeres viven violencia sistemática, que está vinculada con la violencia política que cometen los Estados”, dice Victoria Aldunate.

HUMILLADAS EN TRIBUNALES

En 2006, la casa de primera acogida de la Iglesia Evangélica Luterana atendió a 88 mujeres de las comunas de San Ramón y El Bosque. Hay casos dramáticos. Asisten a Cecilia y Jessica, hijas de Angelina Navarro, asesinada por su esposo  en marzo de 2007. “Su caso demuestra que para el sistema la palabra de una mujer sigue valiendo menos”, dice la terapeuta Eliana Salinas. Angelina denunció a su esposo por amenazas de muerte y violencia, y dijo que tenía armas de fuego. Carabineros acudió y lo sacó de la casa, exhortándolo a entregar las armas, pero no allanaron: escondió un arma con la que mató a su esposa. De madrugada irrumpió en la casa. La obligó a salir y le disparó varios tiros. Luego llamó a una de sus hijas: “Tu mamá está muerta”, dijo. “Hoy sus hijas pasan por graves problemas económicos, depresión y dolor. Una de ellas (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición impresa de“Punto Final”, Nº 650, 26 de octubre, 2007. Suscríbase a PF)

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