Observatorio Político

La delincuencia
complica a La Moneda

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

El asesinato del cabo de Carabineros Cristián Vera (34) en la noche del martes 11 de septiembre en la comuna de Pudahuel, repuso bruscamente en la agenda informativa el tema de la seguridad ciudadana, problema social que la derecha esgrime como crítica recurrente a los gobiernos de la Concertación y que, sin duda, será una de sus principales banderas programáticas en las campañas electorales que se avecinan.
Las alabanzas de la derecha al férreo dispositivo de seguridad montado para impedir desórdenes en el centro de Santiago el domingo 9, que incluyó un cerco de barreras metálicas a La Moneda e inauditas restricciones al tránsito peatonal -incluso para los residentes del sector-, se diluyeron de modo instantáneo 48 horas después al registrarse violentos disturbios nocturnos en algunas de las barriadas más pobres de la capital.
Los escenarios fueron más o menos los mismos de siempre, pero la vehemencia de los actores y el uso de armas de fuego, mucho mayor. En la mañana siguiente también se contabilizaron 45 policías heridos, cerca de 500 personas detenidas y el saqueo de locales comerciales, expendedoras de combustibles y escuelas, por parte de turbas juveniles. Un porcentaje importante de los arrestados registraba antecedentes por robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.
En los días siguientes se inició una frenética búsqueda de explicaciones a lo ocurrido. Desde El Mercurio se acusó al Partido Comunista, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y a las organizaciones de derechos humanos por “convocar subrepticiamente al lumpen, a los grupos antisistema y a los violentistas a protestar”. El diario La Tercera, por su parte, señaló que “las sucesivas crisis de orden público y seguridad han mellado el concepto de autoridad asociado a la imagen de la presidenta”.
De allí en adelante se sucedieron las sugerencias y peticiones de medidas cada vez más draconianas, incluidos el toque de queda y los allanamientos masivos, herramienta usada por la dictadura militar en la década del 80, cuando fuerzas militares, carabineros y la CNI rodeaban las poblaciones y obligaban a sus habitantes a formarse en la madrugada, semidesnudos, en canchas de fútbol y sitios del sector con cédula de identidad en mano.
Otra técnica añorada por algunos parlamentarios de la derecha es el ingreso a gran velocidad de camionetas con civiles armados disparando en las poblaciones a diestra y siniestra contra quienes se manifiestan en las calles.

INQUIETUD CONTINENTAL

La muerte del cabo Vera, primera víctima policial de un 11 de septiembre desde 1987, forzó a La Moneda a improvisar un remozado paquete de medidas anunciado el domingo 23 por el ministro (s) del Interior, el abogado del PPD Felipe Harboe. Entre ellas destacan una campaña para que los vecinos entreguen las armas en su poder, un control más estricto de la venta de municiones, mayores recursos para las policías y fondos para programas destinados a rehabilitación e inserción de los jóvenes en la sociedad.
Según todas las encuestas, el temor a la delincuencia es el tema que más preocupa a los chilenos y por ende, el que mayores debates provoca, extendiéndose a prácticamente todas las esferas del acontecer nacional. Para algunos, la solución radica por sobre todo en los tribunales de justicia, a los que acusan de tener “puertas giratorias” para la delincuencia y de no aplicar las leyes con rigor. Otros culpan a los legisladores, por no promulgar leyes más severas para ciertos delitos como narcotráfico, robo y asaltos. En muchas tribunas se cree que el origen está en la falta de mejores empleos y de oportunidades, en la deficiente educación pública, en la cada vez más injusta distribución del ingreso e incluso, en la disolución de las familias.
La irrupción de una delincuencia cada vez más violenta ya ha sido observada en otras naciones del continente y, pese a numerosas advertencias de organismos internacionales y de instituciones y especialistas, se ha incrementado hasta cifras nunca antes vistas.
El sábado 22 de septiembre, en el marco del Fórum Universal de las Culturas 2007, realizado en Monterrey, México, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que varios países de América Latina están amenazados por el crimen organizado y la desigualdad. Sostuvo que es “inaceptable” que existan cinco naciones del continente que registran niveles de violencia iguales a países en guerra, aunque no precisó a cuáles se refería.
“La democracia no está garantizada en América Latina, la democracia puede sufrir retrocesos en la medida en que no seamos capaces de abordar éstos y otros problemas”, subrayó el secretario de la OEA, agregando que si bien América Latina no es el continente más pobre del mundo sí es el que arrastra las peores desigualdades sociales, debido a que el 10% de la población se apodera de entre el 40 y 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
En México, entre enero y agosto pasado, se registraron 1.950 asesinatos relacionados con el crimen organizado, según informó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora. En ese mismo período fueron asesinados cerca de 200 policías.
En 1997 se calculaba que en Brasil se lavaban por lo menos unos 20 mil millones de dólares anuales producto del narcotráfico, mientras el aumento de la violencia parecía incontrolable. La tasa de asesinatos del país era de 25 por cada 100 mil habitantes. En Estados Unidos es de 7,4. La tasa de asesinatos múltiples, en tanto, aumentaba constantemente. En la zona del Gran Sao Paulo se produjeron 47 masacres en 1996, y otras tantas en 1997; en 1998, la cifra escaló a 189. Casi todos esos crímenes estaban vinculados con el narcotráfico y la inmensa mayoría quedaron impunes.
El año 2000 los analistas comprobaron que decenas de miles de armas de todos los calibres y de variados tipos estaban ingresando al país como moneda de pago a cambio de drogas, y que ésa era la principal razón del incremento de las muertes violentas.

LA CARRERA DE  NARCOTRAFICANTE

Las casi 500 favelas existentes en Río de Janeiro, donde habitan unos 2,5 millones de personas, estaban controladas por el Comando Vermelho, la más poderosa organización delictiva de Brasil, que disponía de 6.500 hombres armados para vigilar sus puestos de venta de drogas distribuidos en los cerros de la ciudad. Otros diez mil pandilleros trabajaban haciendo contactos y distribuyendo drogas, estimándose que más de 300 mil personas vivían del comercio de estupefacientes.
La vigilancia de este comercio en las favelas, hasta ahora, está encargada a los olheiros (campanas), en su mayoría niños que de acuerdo a códigos establecidos lanzan bengalas o bajan volantines cuando llegan extraños. Al entrar a la adolescencia esos niños pueden aspirar a convertirse en “aviones”, como se llama a los mensajeros entre consumidores y traficantes; más tarde, si hacen méritos, se gradúan como jefes de favela.
En Santiago de Chile, hoy, ya se observan algunas escenas parecidas a lo que ocurría en Río de Janeiro hace una década. En ciertas poblaciones los narcotraficantes lanzan fuegos artificiales como anuncio de que les ha llegado una nueva partida de droga. También están distribuyéndose armas de distintos tipos y calibres a los jóvenes “soldados”, encargados de proteger el transporte y la distribución de cocaína, pasta base, pastillas y marihuana.
Esos muchachos se miran en los jefes narcos criollos. Desean ser como ellos, conseguir su reconocimiento y entregarles su lealtad. Ellos les posibilitan comprar ropa y zapatillas de marca, acceder a tecnología digital de punta, concurrir a discotecas y restaurantes, ser respetados en el vecindario y tener automóvil o camioneta propia. Construyen, a su manera, un mundo parecido al que existe al otro lado de la ciudad, que sólo conocen a través de la televisión, ese mismo medio que los presenta en directo en noches como las del 11 de septiembre, cuando salen a las calles a expresar su bronca contra los agentes de una sociedad que los excluye pero que les teme.
La violencia para estos jóvenes es parte de su lenguaje, un componente principal de su (…)

 (Este artículo se publicó completo en la edición Nº 648  de “Punto Final”, 28 de septiembre, 2007)

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