Asesinatos en el
Regimiento Tucapel

FLORENTINO Molina Ruiz,
secretario regional del
Partido Comunista, Cautín.

Una constante en la formación de los militares chilenos ha sido el anticomunismo. Eso los ha llevado a alinearse muchas veces con posiciones antipopulares. En contadas ocasiones los militares han apoyado a gobiernos progresistas.
De la prédica anticomunista -y antizquierdista, en general- se ha pasado a los hechos, como lo demuestran las masacres en que a lo largo de la historia han participado y, sobre todo, las algo más recientes actuaciones durante la dictadura de Pinochet.
Entregamos dos ejemplos, uno referido a palabras y otro a hechos. Elemento de continuidad entre ambos es la pertenencia de los uniformados -el que habla y los que actúan- al Regimiento Tucapel, de Temuco, porque los dos episodios están separados por cincuenta años.
En la edición de septiembre de 1923 La Bandera, revista mensual del ejército dirigida a la suboficialidad y tropa, publicó un artículo de Olivero Segundo Muñoz, suboficial del Regimiento Tucapel. Su título, “El ejército y el comunismo”. Se afirmaba: “Los comunistas, aquellos hombres que no conocen patria ni fronteras, no desperdician oportunidad para enlodar con su baba inmunda la reputación de los hombres de uniforme que, por muchos conceptos, están muy por encima de ellos, falsos apóstoles, verdaderos parias de la humanidad”.
Agregaba: “El ejército es indispensable para velar por la integridad del territorio, mantener el orden interno y asegurar el respeto a las leyes del gobierno, sea cual fuere su constitución”.
Y más adelante sostenía: “El ejército constituye la única institución imparcial capaz de mantener el orden y el respeto a la autoridad, conforme a sus honrosas tradiciones”.
JUAN Antonio Chávez Rivas,
secretario regional de las
Juventudes Comunistas en Cautín.

Con toda seguridad el suboficial Muñoz al hablar de “sus honrosas tradiciones” no se refería a las 17 masacres perpetradas por efectivos del ejército contra los trabajadores chilenos entre 1903 y 1923.
Tampoco pudo saber que justamente 50 años después de la publicación de su artículo, el ejército -junto a las otras ramas de la defensa nacional- llevarían a cabo una peculiar forma de mantener “el orden y el respeto a la autoridad”, derrocando al gobierno de Salvador Allende.
Vamos ahora a las acciones.
En el regimiento del suboficial Muñoz, el Tucapel, de Temuco, tuvo lugar uno de los tantos falsos enfrentamientos montados por efectivos de esa “institución imparcial”, el ejército. Ocurrió en la noche del 10 de noviembre de 1973. En ese operativo fueron asesinados siete comunistas: Florentino Alberto Molina Ruiz, 44 años de edad, obrero, miembro del comité central y secretario regional del PC de Cautín, y Carlos Aillañir Huenchal, obrero agrícola de 57 años.
Los otros cinco eran jóvenes comunistas: Juan Antonio Chávez Rivas, 29 años, del comité central de las JJ.CC. y secretario regional de esa entidad; Juan Carlos Ruiz Mancilla, de 21 años; Amador Montero Mosquera y Pedro Juan Mardones Jofré. Los cuatro eran estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. El quinto muchacho, Víctor Hugo Valenzuela Velázquez, de 22 años, trabajaba como empleado público.
Junto a estos siete fueron detenidos otros dos militantes. El profesor Raúl Buholzer Matamala y el estudiante universitario Herman Carrasco Paul. Los nueve fueron torturados por el capitán Nelson Ubilla Toledo; los tenientes Manuel Vásquez Chaguán y Jaime García Covarrubias; Raimundo García Covarrubias; un oficial de apellido Espinoza, un sargento de apellido Moreno y el conscripto Juan Carrillo. Estas sesiones de tortura fueron presenciadas por el comandante del Regimiento Tucapel, teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse.
Al atardecer del 10 de noviembre de 1973, Herman Carrasco y Raúl Buholzer fueron trasladados a la cárcel de Temuco. Eso les salvó la vida.
VICTOR Hugo Valenzuela Velázquez,
de 22 años, empleado público.

Herman Carrasco se transformó en un activo e incansable luchador, dando a conocer la verdad de lo ocurrido en ese regimiento para que se haga justicia.
Tanto el Diario Austral, de Temuco, como El Mercurio y el resto de los medios de comunicación difundieron la versión del ejército:
“Siete terroristas que intentaron volar el polvorín del Regimiento Tucapel, de Temuco, fueron dados de baja en el mismo lugar de los hechos, durante una escaramuza con militares de dicha unidad. Un grupo calculado en veinte extremistas se acercó al paradero Prat, en Temuco, disparando contra la guardia que protegía el polvorín. También, según informes de testigos, pretendieron en ese momento lanzar al interior del regimiento bombas incendiarias y cócteles molotov, mientras otro grupo protegía su accionar con armas automáticas. El suceso conmovió a Temuco porque sucedió en el horario de toque de queda”.
Saltan las preguntas: ¿Es posible que en horas de toque de queda puedan trasladarse por las calles veinte personas portando armas automáticas y bombas? ¿Es posible que en ese horario pueda haber testigos en las calles y, sobre todo, en los alrededores de un regimiento?
La Comisión de Verdad y Reconciliación rechazó la versión oficial. En el Informe Rettig se sostiene: “Esta Comisión no puede estimar verosímil la versión oficial”. Da razones para ello: no puede haber enfrentamiento sin haberse producido bajas ni heridos entre los efectivos militares; hay claras evidencias de haberse torturado a las víctimas, pues en tres certificados de defunción se señala como causa de muerte “atrición cráneo-encefálica”, o sea, aplastamiento del cráneo.
El Informe Rettig subraya: “Lo más concluyente para esta Comisión es que múltiples testigos y antecedentes reunidos acreditan que las víctimas se encontraban desde hacía varios días en el Regimiento Tucapel. Ello hace imposible que hubieran intentado penetrar premunidas de explosivos por la parte posterior del regimiento, como se indicó en la versión oficial.
Por todos los antecedentes expuestos, la Comisión llega a la convicción que las siete personas que se han individualizado fueron ejecutadas por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos”.
El 10 de noviembre se han cumplido 30 años de ese crimen perpetrado por miembros del ejército.
Entre los responsables podemos mencionar además de Pinochet, al general Hernán Ramírez Ramírez, intendente de la provincia de Cautín; a Pablo Iturriaga Marchesse, comandante del Regimiento Tucapel; al mayor Luis Cofré, fiscal militar; a Alfonso Podlech Michaud, abogado asesor de la Fiscalía Militar; al capitán Nelson Ubilla Toledo, jefe del Servicio de Inteligencia Militar; al teniente Jaime García Covarrubias y al sargento Orlando Moreno

IVAN LJUBETIC VARGAS

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