Lo que oculta
la cámara

“Un mundo sin periodistas sería un mundo feliz”.
JOHN MAJOR, ex primer ministro de Gran Bretaña

Desde la detención del empresario Claudio Spiniak y su procesamiento por los delitos de estupro, facilitación de la prostitución y producción de material pornográfico, los periodistas y la prensa han asumido un rol preponderante en la denuncia de hechos que puedan ayudar a desenredar lo que parece una tenebrosa madeja de corrupción y explotación sexual de menores, con sospecha de múltiples conexiones en ámbitos policiales -hay carabineros procesados-, políticos y empresariales.
Pero estas denuncias también han provocado fuertes polémicas, sea porque se cuestiona la precisión o credibilidad de las fuentes -en el caso de niños que habrían reconocido a políticos-, o particularmente, por las actuaciones de medios como Chilevisión y la revista Plan B, que provocaron la confesión pública del juez Daniel Calvo de haber estado en un sauna frecuentado por homosexuales donde, según las denuncias, se practicaba sexo.
Pese a que hasta ese momento su eficiencia profesional contaba con la aprobación de todos los sectores, su idoneidad para investigar el caso quedó en entredicho, más aún cuando el denunciante, Sebastián Rodríguez, ex dueño del sauna gay y recientemente procesado por giro doloso de cheques, le acusa -sin pruebas, aparte de su testimonio- de haberse relacionado sexualmente con menores. La Corte Suprema decidió sacarlo de la investigación, reemplazándolo por el ministro Sergio Muñoz. El futuro de la carrera judicial de Calvo quedó en la cuerda floja. Posteriormente, se supo que al día siguiente de haber asumido como ministro en visita, Calvo tuvo una reunión privada en un hotel con el presidente de la UDI, Pablo Longueira, y con el abogado de esa colectividad Gabriel Zaliasnik, en circunstancias y con objetivos poco claros.
Sin embargo, los métodos utilizados por Chilevisión para intentar comprobar la denuncia efectuada por Rodríguez nada tuvieron de ortodoxos. De ahí que la jueza Gabriela Pérez está investigando si ese medio cometió o no delito al grabar una conversación telefónica y proporcionar una filmadora a Sebastián Rodríguez para que registrara, subrepticiamente, un encuentro con el ministro del caso Spiniak, como una forma de probar sus acusaciones de que éste era un cliente asiduo de su local. La jueza también investiga si Calvo fue objeto de algún tipo de extorsión y las motivaciones del denunciante Rodríguez. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de esta investigación.
Además, a petición de la Corte Suprema, tanto el Consejo Nacional de TV, el Consejo de Etica de los Medios de Comunicación y el Colegio de Periodistas deberán pronunciarse sobre estos hechos. Según resolvió esta última entidad, el Tribunal de Ética y Disciplina de la Región Metropolitana iniciará un sumario. A la vez, la directiva nacional del Colegio solicitó al ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, que se le restituya la tuición ética sobre el desempeño de sus pares, atribución arrebatada durante la dictadura militar a todos los colegios profesionales. A través de diversos comunicados, el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas reiteró el rol fundamental que cumplen la libertad de expresión y el derecho a la información en una sociedad democrática, como también la responsabilidad social del periodismo. Destacó que el Código de Etica del Colegio afirma que “el periodista no recurrirá a subterfugios -como utilizar identidades falsas, cámaras o micrófonos ocultos- para obtener la información” y que “debe mantener un incuestionable respeto a la dignidad y vida privada de las personas, evitando invadir su intimidad con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (...) La excepción a esta norma se dará sólo cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de fiscalización pública de probidad funcionaria o cuando al amparo de la intimidad se está violando el derecho a la integridad física, psicológica u otro derecho individual”.
Por su parte, el Consejo Nacional de Televisión (CNT) presentó cargos contra Chilevisión por lesionar la dignidad del juez Daniel Calvo al difundir imágenes obtenidas a través de una cámara oculta, después que éste reconoció públicamente haber estado en el sauna, tras ser informado que había sido filmado por el jefe de prensa de Chilevisión, Alejandro Guillier. Es decir, la difusión posterior habría sido innecesaria. El CNT también formuló cargos contra Canal 13, en este caso por lesionar la honra de Spiniak al mostrar imágenes de cuando fue arrestado en su casa en horas de la madrugada, donde se le vio en su dormitorio a medio vestir. No obstante, exponer imágenes de personas detenidas en condiciones humillantes es una práctica común y que lleva mucho tiempo en los canales de televisión. Por eso, llama la atención que el CNT reaccione sólo ahora, cuando el afectado es un empresario defendido por un abogado bien pagado y no cuando se trata de gente pobre e indefensa.
En cuanto a Chilevisión, el director ejecutivo Jaime de Aguirre explicó así su postura en la “Revista del Sábado” de El Mercurio (15/11/03): “Es lamentable la situación familiar que esto le puede haber generado (al juez Daniel Calvo), pero nuestra misión como medio de comunicación era informar a la ciudadanía sobre una inhabilidad que podía comprometer la capacidad del juez para investigar un caso tan relevante como el Spiniak. Las costumbres sexuales del juez Calvo son para nosotros sólo un contexto. La vida privada de las personas existe mientras no afecte el bien público”. El director de prensa y conductor de Chilevisión Noticias, Alejandro Guillier, si bien defendió el contenido del reportaje también admitió “un error de procedimientos en la utilización de herramientas periodísticas controversiales que a la postre pudieran ser consideradas ilegales”. Todo esto pone en evidencia las complejidades que rodean el ejercicio del periodismo, sobre todo por cuestiones no resueltas en la sociedad chilena que parecen cobrar mayor relevancia en situaciones críticas.

LA ESCURRIDIZA TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Interesantes aportes sobre la necesaria reflexión que hay que hacer sobre los muchos temas pendientes, surgen desde el Observatorio de Medios. Este organismo no gubernamental, creado por la Fundación para la Capacitación e Investigación en Televisión y Técnicas Audiovisuales (Fucatel), se dio a conocer en octubre con un primer estudio sobre el uso de fuentes informativas en tres diarios nacionales (El Mercurio, La Tercera y Las Ultimas Noticias), donde se demostró que el 21% de las fuentes utilizadas en esos medios no estaban identificadas (La Tercera tuvo el récor, con 27%). Es decir, las informaciones se originaban en “trascendidos” y rumores. En poco más de la mitad de estas fuentes sin nombre se identificó, al menos, el sector al que pertenecían y resultó que mayoritariamente correspondían al gobierno (29%) y partidos políticos (12%).
Manuela Gumucio, periodista y socióloga a cargo de la dirección ejecutiva del Observatorio, hace notar que lo anterior es un barómetro del estado interno de la institución de la cual surgen los trascendidos. “Si en La Moneda tantas personas se ven necesitadas de acudir a este recurso para decir lo que quieren decir, es porque no hay buenos canales internos de discusión y comunicación, o porque hay una impronta autoritaria que hace que los subalternos no se sientan legitimados para asumir la responsabilidad de lo que están diciendo”, advierte. Con esta práctica, se abusa indiscriminadamente del derecho que tienen los periodistas a mantener en reserva su fuente, pero que sólo se debe ejercer en situaciones extremas, cuando está en peligro la vida de una persona o hay una investigación en curso. “De otro modo, se pierde credibilidad”, afirma la directora ejecutiva del Observatorio de Medios. A los periodistas no les queda otra alternativa que recurrir a esta fórmula para poder hablar de temas sobre los cuales la gente que debiera hacerlo no quiere dar su nombre.
“En la situación del juez Daniel Calvo se usó una fuente, o se buscó ratificar una fuente, de mala manera -grabación de conversaciones personales-, lo que la transforma en una fuente inválida, no legítima. No solamente por la forma en que se obtuvo la información, sino también por la fragmentación de ésta. La justicia norteamericana, por ejemplo, no acepta confesiones cuando la persona que confiesa no sabe ante quién se está confesando y para qué. En el caso del juez Calvo hubo una confesión parcial, que se exhibió sin su contexto”. A su juicio, no era indispensable recurrir a esa artimaña para poner en evidencia las causales que podían inhabilitar al juez. “Desde el momento en que se recibió esa información, igualmente se podría haber hecho saber sin necesidad de una confesión como esa. Luego, tras la declaración pública de Daniel Calvo, no tenía sentido sacar al aire las imágenes y la conversación grabada”, argumenta Manuela Gumucio.
En su opinión, muchas “verdades” que se dan a conocer a través de fuentes no identificadas o de una cámara oculta no contribuyen a crear un ambiente de mayor transparencia, debido precisamente a su parcialidad y falta de contexto. Así, en vez de aclarar los hechos, los hacen más confusos, porque ponen el foco en una parte muy pequeña de la realidad, que no permite entender el verdadero sentido de las acciones o hechos.
En la misma dirección, la investigadora Giselle Munizaga señala en el estudio sobre las fuentes no identificadas que, en la sociedad chilena, la gente siente que está sabiendo la verdad cuando ve un hecho en vivo y en directo -como en los reality show-, porque tiene la impresión de presenciarlo sin mediación. Pero eso no necesariamente le permite entender lo que está sucediendo.
“La transparencia es la entrega de una información que puede hacernos ver el verdadero sentido de lo que pasa -afirma Manuela Gumucio-. En el caso del juez Daniel Calvo, como quedó inhabilitado y con su imagen pública destruida, nos quedamos sin entender la lógica interna de su drama. Puede ser o no homosexual, pero quedó estigmatizado como tal, como también es probable, como él dice, que nunca haya llegado a cometer un delito. Por la forma en que se enfrentó, esta situación compleja se simplificó al máximo y de esa manera se escamoteó el verdadero sentido de la transparencia. La transparencia real estaba ad portas, pero nos quedamos con un simulacro de la realidad. Esperamos que la jueza Gabriela Pérez pueda establecer si el juez estaba siendo extorsionado y en qué forma”.
Pero no todo son críticas. “Conociendo a Alejandro Guillier y reconociendo que Chilevisión tiene una trayectoria plausible, se comprende que hayan pensado que debían conseguir una prueba sobre la veracidad del testimonio que estaban recibiendo. Como Observatorio de Medios, buscamos situarnos en la realidad de los periodistas y de su práctica profesional. Lo que hace falta es una mayor reflexión colectiva acerca de esto”, concluye la periodista.
Según esa institución, en Chile se está viviendo un período de transición entre el periodismo fuertemente controlado, que se impuso durante la dictadura, a un periodismo de denuncia e investigación. “Estamos en el filo de la navaja de conductas que son, al mismo tiempo, positivas y negativas, según el modo y la dosis en que se usen. Entre unas y otras hay una línea muy tenue -reflexiona-. La transparencia es muy importante, pero no como para convertir el periodismo en una caza de brujas. Si se transforma en más y más acusaciones y sospechas sobre los demás, deja de ser transparencia. Es una ilusión de transparencia”.
El problema es que efectivamente hay cosas ocultas que recién se están sacando a luz.
“Evidente. Pero transparencia no es solamente enfocar los aspectos más desviados de la sociedad. ¡Habría que mostrar muchas otras cosas! Sabemos perfectamente que en Chile no hubo ninguna transparencia respecto de cómo se traspasaron empresas estatales al área privada durante la dictadura. Eso fue tan escandaloso como lo que estamos viendo ahora. Como conclusión, creo que hay gran necesidad de ponernos de acuerdo respecto de qué transparencia queremos”

PATRICIA BRAVO

Definición de periodismo

“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?”

HORACIO VERBITSKY, periodista argentino
(Del libro Un mundo sin periodistas. Las tortuosas relaciones de Menem con la prensa, la ley y la verdad, pág. 16, Editorial Planeta, 1997)

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