¿“Nunca más”
un golpe en Chile?

Al cumplirse 30 años del golpe de Estado de 1973 se realizó una discusión, un tanto superficial, acerca del carácter político de las Fuerzas Armadas a partir del “nunca más” del general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del ejército. La derecha, eterna golpista, acusada por este militar de haber promovido el cuartelazo y avalado los crímenes contra la humanidad, sostiene, por el contrario, que las Fuerzas Armadas tienen una historia como elemento “tutelar” del Estado, de la cual Pinochet es su más alto exponente. El gobierno de la Concertación quiere ver un cambio positivo en la doctrina del ejército. Las declaraciones del general Cheyre, incluso, influyeron en el espíritu de las propuestas sobre derechos humanos que el gobierno ha enviado al Parlamento. El “nunca más” del jefe del ejército tiene que ver con el otorgamiento de impunidad a cambio de información que plantean esos proyectos de ley. Pero quizás lo que Cheyre ha hecho sólo es restablecer la doctrina Schneider, en cuanto al sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, en tanto éste no afecte el sistema socioeconómico dominante.
Si bien las Fuerzas Armadas tienen una historia como sostén de la sociedad de clases, no es menos cierto que siempre ha existido en su seno una minoría democrática, sensible al derecho y la justicia. Esta corriente se ha expresado desde Freire, defensor de los pipiolos en el siglo XIX, a Grove, líder del socialismo en el siglo XX, que culmina en la insurrección de la marinería en 1931 y la República Socialista en 1932. En un sentido más moderado se expresó en los generales Alzérreca y Barboza, defensores de Balmaceda y asesinados en Placilla, y en los generales René Schneider y Carlos Prats, igualmente ultimados por sus pares de derecha. A ellos deben agregarse los generales, oficiales, soldados y marineros que se opusieron al golpe de Estado de 1973 o se marginaron, no participando en crímenes contra la humanidad.
Las Fuerzas Armadas han intervenido en las actividades políticas interrumpiendo el desarrollo normal de los gobiernos civiles en ciclos de una generación, aproximadamente. En 1831, el general Joaquín Prieto, después de vencer a los pipiolos o liberales en la batalla de Lircay (1829), inauguró los gobiernos pelucones o conservadores; en 1851, el general José María Cruz se levantó en armas contra el gobierno de Manuel Montt, pero fue derrotado. El levantamiento militar se repitió en 1859, con el mismo resultado. En 1891, el almirante Jorge Montt, al mando de fuerzas insurrectas, derrotó al ejército constitucionalista en las batallas de Concón y Placilla. Se cerró así el ciclo de los gobiernos liberales en el siglo XIX.
En 1924, una junta militar presidida por el general Altamirano depuso al presidente Arturo Alessandri y abrió un período de predominio militar en la vida política, que se prolongó hasta 1933. Cuarenta años después un nuevo golpe militar derribó al gobierno de Salvador Allende, estableciendo una dictadura genocida de 17 años.
Conjuntamente con las guerras civiles y golpes de Estado, las Fuerzas Armadas participaron en guerras internacionales. De 1810 a 1828 intervinieron en las luchas por la independencia; en la década siguiente en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839); en 1860 fue en la guerra contra España y en 1879-1884 en la guerra del Pacífico. Esas guerras confirieron a las Fuerzas Armadas una aureola de prestigio popular.
Bajo esa aureola, entre uno y otro ciclo de intervención directa, las Fuerzas Armadas gravitaron durante todo el siglo XX mediante conspiraciones abortadas o conatos; asimismo, a través de represiones sangrientas al movimiento obrero, en cuanto órganos del aparato del Estado. En este ámbito se pueden señalar también ciclos de represión continuos. Entre los más cruentos están la represión de la huelga general de 1893; la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique, en 1907; la de San Gregorio, en 1921; La Coruña, en 1925; Vallenar, en 1931; Seguro Obrero, en 1938; la matanza de la Población José María Caro, en 1962, mineral de El Salvador, en 1968 y Pampa Irigoin (Puerto Montt), en 1969.

LA HORA DE LA ESPADA
Desde comienzos del siglo XX, en las Fuerzas Armadas se sucedieron las conspiraciones: sus altos mandos fueron manipulados por la oligarquía. Al finalizar el siglo, todavía actuaban sectores golpistas que ejercían presión sobre el gobierno, en plena transición a la democracia.
Las conspiraciones militares comenzaron en 1907, a raíz de la demora en el Congreso de la aprobación de un proyecto de ascensos. Oficiales de menor graduación -capitanes y tenientes- se dieron cita en el cerro Santa Lucía con el pretexto de tomar una cerveza, pero con la intención de presionar al gobierno y al parlamento a fin de obtener sus demandas. Estas conspiraciones fugaces, con uso abusivo de las armas, se repitieron en 1912, 1917, 1919, 1924, 1931, 1935, 1937, 1939, 1964, 1969 y 1973.
Las intervenciones militares de 1925 y 1932 presentaron un carácter distinto. La primera tuvo por objeto poner término al golpe reaccionario del año anterior y restaurar a Arturo Alessandri en la presidencia de la República, y la segunda abrir camino al socialismo. En ambas desempeñó un papel decisivo Marmaduque Grove, fundador del Partido Socialista.
Carlos Charlín, ex oficial de ejército, dice en su libro Del Avión Rojo a la República Socialista, que los intentos de conspiración desde 1907 a 1919 pueden ser calificados de simples ensayos frente a lo que sucedió durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes: “Se organizó una sociedad secreta, la Liga de Salvación Nacional, con estatutos, juramento y todo un aparato para impresionar a los incautos. Desde el nombre hasta sus fines, se identificaba con el sector más reaccionario de la política chilena”. Los cabecillas eran los generales Guillermo Armstrong y Manuel Moore.
Bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, la oligarquía reanudó su campaña en los cuarteles para derrocar al gobierno. Utilizó su mayoría en el Congreso para impedir la aprobación de leyes en beneficio de la comunidad y dificultar medidas sociales que requerían regulación parlamentaria. En las elecciones del 2 de marzo de 1924, el presidente Alessandri obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que selló su destino: las Fuerzas Armadas optaron por derribarlo. Como siempre, la confabulación correspondía a civiles y militares al servicio del gran capital.
La chispa fue la aprobación legislativa de la dieta parlamentaria, el 2 de septiembre de 1924. En la sesión del Senado que aprobó esa ley, un grupo de oficiales generó una manifestación de rechazo. Este episodio se conoció como “ruido de sables”.
Los peones de la hazaña castrense fueron, en esta oportunidad, quienes invitaron a un té a los oficiales de la guarnición de Santiago en el Club Militar. El jefe de la conspiración, el general Luis Altamirano, inspector general del ejército, también fue invitado, siendo aclamado. Expresa Charlín: “El té continuó en comida, y ésta en cena de amanecida. Los militares se declararon en sesión permanente. Pasadas varias horas del desayuno, casi próximo al mediodía del 5 de septiembre, llegó hasta el lugar el edecán militar del presidente de la República, capitán Pedro Alvarez Salamanca, para invitar a una delegación a conferenciar con don Arturo Alessandri. Se designó al capitán Heraclio Valenzuela y a los tenientes Víctor Pimstein y Ricardo Contreras Macaya”.
El encuentro se celebró en la noche del 5 de septiembre y se dieron diferentes explicaciones. El astuto presidente sólo habría tratado de conocer los propósitos de los conspiradores o presionar a los jóvenes oficiales para dar un contragolpe. “El hecho fue -agrega Charlín- que Alessandri insinuó a dichos oficiales que formaran un comité militar para que elaborara los proyectos de carácter constitucional, económico, social, educacional y militar”, y si no lograban que el Congreso los aprobara, éste sería clausurado. En ese caso se convocaría a una Asamblea Constituyente, que el propio Alessandri dirigiría, para crear un Chile Nuevo. De acuerdo al consejo de Alessandri, se formó un comité militar, que luego se denominó Comité Militar Revolucionario. El ingenio no salvó a Alessandri, porque tuvo que abandonar el gobierno, pero un año después lo recuperó por la acción de la juventud militar, en la que él confiaba, y que tenía como líderes a Marmaduque Grove y Carlos Ibáñez.

INSURRECCION DE LA MARINERIA
Entre la primera guerra mundial y la crisis capitalista de los años 30, el movimiento obrero se había extendido y logrado notable organización. Al final de este período las ideas comunistas y socialistas inspiraron dos acontecimientos: la insurrección de la marinería en 1931 y la República Socialista en 1932. La crisis hizo evidentes las contradicciones del sistema capitalista y proyectó la perspectiva socialista.
El 1º de septiembre de 1931, la marinería tomó los navíos de guerra y arrestó a la oficialidad.
Como un anticipo de la revolución socialista del año siguiente, la marinería esbozó un programa para afrontar la crisis. Entre las medidas, sobresalían la suspensión del pago de la deuda externa para restablecer el orden financiero, la subdivisión de las tierras improductivas, el desarrollo de nuevas industrias y un plan de obras públicas, para absorber la desocupación.
El programa de la marinería suscitó profunda simpatía en la Federación Obrera (Foch), que acordó promover una huelga general en su apoyo. El gobierno reprimió a los trabajadores, disolviendo violentamente una manifestación de comunistas y socialistas en Santiago. La represión a los marineros fue aún más violenta. El ejército atacó el 5 de septiembre a los barcos surtos en Talcahuano, con una veintena de muertos en el bombardeo. La escuadra, al mando de los insurrectos, zarpó hacia Coquimbo, produciéndose un combate aereonaval. No obstante que el gobierno no contaba con los medios para aplastar a los cinco mil marineros, éstos se rindieron el 8 de septiembre.

LA REPUBLICA SOCIALISTA
La República Socialista se produjo en un período de transición que sacudió a gran parte del continente.
Las condiciones económicas y sociales, así como la insurrección de la marinería de 1931, influyeron en el desarrollo del socialismo chileno, que se extendió en los núcleos obreros y en los sectores medios a partir de la caída de Ibáñez. Surgieron los hombres que, vinculados al descontento existente entre los militares nacionalistas más avanzados, impulsaron el movimiento revolucionario que proclamó el 4 de junio de 1932 la República Socialista. Su más destacado dirigente fue Marmaduque Grove Vallejos, militar profesional e innato rebelde, que había liderado el movimiento que sustituyó en 1925 a la junta militar que presidía el general Altamirano.
El nuevo gobierno adoptó medidas que configuraban -para su tiempo- una política revolucionaria. Disolvió el Congreso designado en 1929 por la dictadura y concedió una amplia amnistía, en especial a los responsables de la insurrección de la marinería y de la “Pascua trágica” de Copiapó y Vallenar, algunos de los cuales estaban condenados a muerte. Repuso en sus cargos a los maestros exonerados, restableció la matrícula a los estudiantes universitarios excluidos y promovió la autonomía y co-gobierno en la Universidad de Chile, declarando inviolables sus recintos. La República Socialista anunció su propósito de convocar a una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución y expuso su intención de abordar una política de cambios estructurales. Esta comprendía reforma agraria, nacionalización del salitre, creación del Banco del Estado, control del comercio exterior, impuesto a las grandes fortunas, reforma educativa, generación de fuentes de trabajo y, en general, reestructuración del Estado, orientada a promover el desarrollo económico y social.

SUBORDINACION A EE.UU.
La segunda guerra mundial constituyó la divisoria en la relación de los países latinoamericanos con Estados Unidos. La situación semicolonial preexistente tiende a institucionalizarse en formas jurídicas, condicionadas por bases políticas e ideológicas. En este proceso, las Fuerzas Armadas fueron utilizadas por el poder imperial como su instrumento.
En el período comprendido entre 1938, un año antes del inicio de la segunda guerra mundial, y 1942, se generó el llamado Sistema Interamericano. Raúl Ampuero(*), en el ensayo titulado La contrarrevolución militar en América Latina, hizo un resumen de los pasos principales en este proceso.
Después de la segunda guerra mundial y al comienzo de la “guerra fría”, en agosto de 1947, se aprobó en Río de Janeiro el Tratado de Asistencia Recíproca (Tiar), sobre cuya base se estableció la dependencia militar de Latinoamérica en que se basan la ideología y doctrina estratégica de sus Fuerzas Armadas.
A partir del Tiar quedó establecido el control del Pentágono. La transferencia de material de guerra en préstamo y donaciones, permitía a Estados Unidos deshacerse de excedentes de guerra, recuperando parte del valor de ese material obsoleto y asegurar una mayor dependencia logística de los países “beneficiados”. Desde 1952, se celebraron 17 pactos de asistencia militar entre Estados Unidos y América Latina, estableciendo obligaciones para la defensa del “mundo libre”. Entre 1950 y 1972 recibieron entrenamiento en escuelas de Estados Unidos 61.332 militares, de los cuales 4.932 eran chilenos.
Después de la década de los 50, bajo el impacto de acontecimientos como la derrota del colonialismo francés en Vietnam y el triunfo de la revolución cubana, conjuntamente con la paridad nuclear alcanzada por la Unión Soviética, Estados Unidos acomodó su estrategia global. De la “represión masiva” pasó a una estrategia flexible destinada a evitar el choque frontal, clasificando los eventuales conflictos de acuerdo a su gravedad. “Las Fuerzas Armadas latinoamericanas no se consideran ya -expresa Ampuero- un factor significativo en el hipotético enfrentamiento con la Unión Soviética y el bloque socialista; su rol se reduce al mantenimiento del orden interno, esto es, a garantizar la ‘seguridad’ del continente y de cada una de sus unidades nacionales. Su complemento es el ‘desarrollo’ -inspirador de la Alianza para el Progreso- destinado a atacar las causas de la inquietud social mediante la elevación de los niveles de vida de las masas populares”.
El sometimiento de los gobiernos de derecha y centroderecha a la política intervencionista, consolidó una relación de dependencia que repercutía, en último término, en el abastecimiento de las Fuerzas Armadas. Desde comienzos de la década de los 60, las ventas sustituyeron a las donaciones y préstamos. Para consolidar esa tendencia, el gobierno norteamericano complementó el programa con la Ley de Ventas Militares al Exterior, que dio un impulso al comercio de armas, particularmente durante el gobierno de Nixon.
De manera complementaria, el gobierno norteamericano se ocupó de la formación profesional y política de oficiales y suboficiales de los ejércitos latinoamericanos, para incorporar una motivación ideológica a estos cuerpos armados, particularmente a sus jefes. Para eso, se utilizó una red de centros de instrucción. “La mentalidad de la mayoría abrumadora de los oficiales, moldeada en las nociones de seguridad interna y de contrainsurgencia, señala Ampuero, es el fruto de veinte años de control consecutivo sobre el adiestramiento, la organización y el aprovisionamiento de armas y equipos bélicos de parte del Pentágono, establecido -es indispensable decirlo- con la absoluta complicidad de los dirigentes políticos nativos”.

LA DOCTRINA SCHNEIDER
En la década de los 70, el coronel William W. Nairm, director de la Escuela de las Américas, reveló que más de 170 graduados eran entonces jefes de gobierno, ministros, comandantes en jefe, jefes de estado mayor y jefes de inteligencia. En Chile, entre los golpistas de 1973, eran egresados de esa escuela el jefe de inteligencia, los comandantes de la segunda división de infantería y división de apoyo de Santiago, de la tercera división de infantería de Concepción, de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y de la Escuela de Paracaidistas y Tropas Especiales.
Ampuero afirma: “Pocas dudas caben del apoyo logístico brindado por el Grupo de Tareas norteamericano de la Operación Unitas XVI a las unidades navales que ocuparon el puerto de Valparaíso en la madrugada del 11. Tres destructores (Richmond K. Turner, Vesole y Tattnall) y un submarino (Gamagove), al mando del contralmirante Robert R. Monroe, estaban en estrecho contacto desde los días anteriores con la comandancia naval chilena y los jefes de la sublevación en la base principal de la escuadra. Diversos antecedentes permiten suponer que se planeaba establecer un gobierno alternativo en Valparaíso, en caso de encontrar resistencia consistente de las fuerzas leales en el resto del territorio. En los días del alzamiento, la prensa sudamericana informó de la presencia de aviones norteamericanos en Mendoza, a diez minutos de vuelo de Santiago y en Asunción, Paraguay”.
En 1970, los sectores reaccionarios unidos a altos mandos de las Fuerzas Armadas, pusieron en marcha un plan conspirativo para impedir el acceso de Allende al gobierno. Se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso Pleno o, simplemente, desencadenar el golpe de Estado. Pero esta conspiración tuvo su mayor obstáculo en el comportamiento institucional del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Este había declarado el 7 de mayo de 1970 que “el ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos... Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado”. Esta declaración representaba la posición democrática de un sector del ejército.
No obstante, esa doctrina no surgió del vacío social, sino que se desarrolló al interior de la sociedad en el curso de cuatro décadas. Durante esos años, más allá de sus particulares motivaciones, se sucedieron gobiernos unidos por el compromiso esencial de preservar los valores de dicha sociedad e impulsar un desarrollo capitalista dependiente del imperialismo norteamericano, que había consolidado su poder en el país.

EL GOLPE DE 1973
Raúl Ampuero analizó lúcidamente este proceso en el ensayo Militares y políticos en la crisis chilena del 73. Sitúa la crisis en un esquema mundial y en el marco del desarrollo de la lucha revolucionaria en un período más largo que el de los tres primeros años de la década de los 70. “Nada sería más equivocado que analizar el golpe como un episodio inusitado o como una simple respuesta coyuntural y desesperada del imperialismo y de las clases dominantes locales frente al decidido asalto a sus reductos de clase. Lejos de eso, el levantamiento militar es la culminación de un proceso largo y contradictorio, el momento de máxima tensión en un enfrentamiento social que no dejaba espacio al compromiso y debía terminar con la victoria del socialismo o -como ocurrió- de la contrarrevolución burguesa”.
La experiencia chilena representa el caso más dramático de una revolución desarmada y, por lo mismo, condenada al fracaso.
Ampuero la define claramente “...ya nadie desmiente que la dirección oficial de la Izquierda demostró una impreparación inexcusable y una penosa carencia de ideas frente a la cuestión militar, pese a la significación que se le reconocía verbalmente al problema. En ningún plano se enunció una verdadera política: ni en el de la defensa nacional, entendida como seguridad física del país, ni en el de la renovación institucional de las Fuerzas Armadas, ni por último en el diseño de una acción antisubversiva, orientada a frustrar la eventualidad de una rebelión castrense”.
Cuatro años después del golpe, Raúl Ampuero escribió un informe a la Comisión de Estudios de la Nueva Institucionalidad de la Unidad Popular, en Roma, sobre Proposiciones para una reorganización antifascista de las Fuerzas Armadas. Ese proceso suponía devolver a éstas su carácter nacional, a lo menos en tres aspectos. En el plano de la doctrina, desahuciando la noción estratégica de la defensa hemisférica como misión esencial de las Fuerzas Armadas, para lo cual deben abrogarse los tratados, convenios y compromisos que la consagran y establecerse que ellas sólo tienen deberes de lealtad con el Estado chileno, con sus autoridades democráticas y con su pueblo. En el plano de aprovisionamiento de armas y equipos, buscar fuentes múltiples y alternativas. En el plano de la formación profesional, recurrir a países con experiencia moderna, desprovistos de ambiciones hegemónicas y que tengan con Chile algunas condiciones comunes.
El objetivo anterior está relacionado con la necesidad de conferir a las Fuerzas Armadas un carácter democrático, restándoles su condición de congregación cerrada para convertirlas en un verdadero servicio del Estado.
Dice Ampuero: “La democratización de las Fuerzas Armadas consiste en hacerlas permeables a los problemas del país, en estimular la convivencia de ciudadanos y soldados, en suprimir todo lo que signifique privilegios o fueros especiales para los hombres de armas que no sean requisitos del servicio, así como las limitaciones a sus derechos que no obedezcan a idénticas razones”.
Mientras no se realicen reformas necesarias en las Fuerzas Armadas, el “nunca más” del general Juan Emilio Cheyre no pasará de ser una divisa ambigua y sin eficacia

BELARMINO ELGUETA B.

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