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Bicentenario
Universidad de Chile en apuros
Julio Sarmiento Machado, militante comunista, fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile encabezando la lista “Estudiantes de Izquierda a la Fech”, integrada por las JJ.CC., la Nueva Izquierda e independientes. Hacía siete años que la Fech
no era presidida por un comunista.
Estudiante de medicina, Sarmiento, de 26 años, llegó a Chile junto a su familia exiliada en Cuba -país donde nació- a principios de los noventa. Defensor de la Revolución Cubana es un chileno ciento por ciento en su cultura. Cuenta, sin embargo, que con frecuencia, debido a la curiosidad de sus compañeros, suele terminar en las reuniones hablando de la realidad cubana.
¿Cómo encuentra el Bicentenario a la Universidad de Chile?
“La Universidad tiene casi doscientos años y si nos remitimos a su antecedente, la Universidad de San Felipe, existe desde antes que la República. La evolución política y económica del país ha tenido que ver mucho con la Universidad. Era una herramienta fundamental del Estado, en aras de un desarrollo social enfocado al bien común.
Hasta 1973 la Universidad de Chile tenía más del cincuenta por ciento de la matrícula de educación superior. Contaba con un presupuesto estable, que permitía que creciera y se desarrollara. Después de 1973, y con la reforma del 80, ese rol e importancia se quisieron destruir. Se le hizo mucho daño a la ‘U’ durante la dictadura. Se desmembró, se concentró la deuda en la Casa Central, se congeló el financiamiento, se le atacó reiteradamente de muchas maneras, desde la forma en la que se administraba hasta el énfasis que se le dio a otras opciones de educación superior.
Hoy tenemos una universidad que ha logrado sobrevivir en un panorama muy adverso, manteniendo muchos de sus principios pese a continuos ataques y a contrapelo de los intereses económicos representados en las instancias de gobierno. Sí ha perdido relevancia nacional, y no porque haya disminuido su excelencia o que el quehacer académico esté por debajo del que tenía. Simplemente hay un sistema privado construido alrededor de la Universidad de Chile, que hoy concentra el grueso de la formación en educación superior.
La ‘U’ sigue siendo el principal centro de generación de conocimiento, de mayor excelencia académica y compromiso con el país -en un sentido retórico más que práctico-. Pero aún así, sigue manteniéndose, pese a un sistema que ha crecido alrededor y con el cual no ha podido competir debido a las trabas que arrastra desde los años 80”.
¿Hay conciencia en los estudiantes de la importancia que ha tenido la Universidad de Chile?
“Cada vez menos, pero la hay. Uno entra a la ‘U’, y si accede más allá del estudio individual y se involucra, hay un mundo de conocimientos, de principios, de normas y valores éticos que están en el imaginario de la comunidad de la Universidad de Chile. Eso influye en los estudiantes, pero no en todos.
La atomización de la sociedad, el predominio de las soluciones individuales sobre las colectivas afecta a la conciencia de los estudiantes y su entorno. Ante discursos que llaman a mirar el futuro y no detenerse a conocer el pasado, muchos estudiantes no se preocupan por la historia de su institución. Aún así, pese a que en muchos casos ofrece malas condiciones materiales para algunos académicos y funcionarios, sigue concentrando los mejores académicos del país. El ser y sentirse Universidad de Chile, es un valor que tiene esta casa de estudios”.
¿Qué balance hace del papel jugado por los gobiernos de la Concertación respecto a la Universidad de Chile?
“La Concertación sólo ha hecho algunas cosas aisladas. Entre ellas, la ley de incentivo al retiro, o el convenio de desempeño del proyecto Bicentenario, para revitalizar las humanidades, las artes y ciencias sociales, disciplinas que quedaron muy lesionadas con la dictadura. Esto permitirá que entren 25 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura y académicos. Fue la primera vez, en 2009, que se dio un trato especial a la Universidad de Chile por parte del Estado.
La ley marco de 1997 fue un paquete ajustado al modelo de educación superior privatizada, para fortalecer la privatización. No cambió el paradigma que inventaron en dictadura y que perfeccionó José Joaquín Brunner.
Chile tiene un modelo de educación superior que se trata de explicar en el extranjero, y nadie entiende. Nos preguntan cómo es posible que en la universidad pública haya que pagar, que ella tenga que competir por los recursos del Estado, que reciba sólo un 18 por ciento de su presupuesto del Estado, que las universidades públicas tengan que autofinanciarse a través de los aranceles en una sociedad tan segmentada como la chilena.
El crédito con aval del Estado, desde el año 2005, no ayuda a mejorar el panorama: lo empeora. Los estudiantes que no tienen dinero, están obligados a endeudarse. No hay límite para alzar los aranceles. Los intereses de los créditos de los bancos son muy caros, etc.
Además, dado que no hay regulación acerca del número de profesionales a formar, los salarios no son buenos y muchos terminan cesantes. Como si fuera poco, la calidad de muchas universidades no permite decir que sus títulos valen realmente lo que se invirtió en ellas. Esto es responsabilidad de la Concertación, como lo es la autofinanciación de la educación superior. La autofinanciación ha afectado a la autonomía universitaria. No tenemos ciencias sociales porque no son rentables, y no se invierte en ellas. Las pedagogías están en mal pie, y hay universidades que sólo forman ingenieros comerciales.
El modelo impuesto tiende a afectar el sentido de la educación en sí, como desarrollo epistemológico de las disciplinas, porque reduce a la universidad a un aparato al servicio de la innovación del sistema productivo. No es un ente formador de conciencia crítica y de pensamiento en todas sus dimensiones. Con la lógica de la competencia, se privilegia sólo lo que es relevante para el desarrollo productivo. La derecha, por ejemplo, plantea condicionar el financiamiento al desempeño en áreas vinculadas a la producción y la innovación, lo que también afectaría el desarrollo de las ciencias sociales”.
La U. de Chile y el Estado
¿Desde el Estado, se recurre a los servicios de la Universidad de Chile?
“No, prácticamente no se la toma en cuenta. La Universidad de Chile entiende que su función está al servicio de las necesidades del país. Es la retórica, es algo de que los estudiantes salen empapados. Pero la Universidad de Chile dejó hace tiempo de ser parte de las políticas públicas. En general, como la motivación principal en educación superior es el dinero, los grupos económicos que impulsan ciertas leyes tienen a sus pares en las universidades que están dispuestas a impulsar sus investigaciones y estudios en función de esas leyes”.
¿Cómo evalúa el aporte cultural de la Universidad de Chile?
“La ‘U’ desarrolla la cultura. Hay facultad de arte, tenemos una orquesta sinfónica y el Ballet Nacional. Pero obviamente todo esto ha perdido relevancia. No es un área estimulada por políticas de Estado. No hay una plataforma desde la cual la universidad pueda contribuir al desarrollo de la cultura en aquellas dimensiones que no tienen sólo que ver con espectáculos.
La Universidad perdió el canal de televisión, no lo ha podido recuperar. La ley de televisión digital, de aprobarse la norma que permite que convivan varias señales en una sola frecuencia, debiera permitir que la ‘U’ vuelva a tener su propia frecuencia. La Editorial Universitaria tiene una posición secundaria. Hay una radio, pero de impacto limitado y por estar obligada a autofinanciarse, su parrilla programática empieza a responder más a intereses comerciales que a los de la Universidad.
La falta de medios ha hecho a los estudiantes muy críticos con la poca gestión de los rectores y los pocos espacios para que el ámbito universitario se exprese e incida en la sociedad”.
¿La tarea de recuperación de la Universidad de Chile cuenta con apoyo externo?
“Casi todas las organizaciones están viviendo un ‘sálvese quien pueda’. Los colegios profesionales dan sus propias peleas, los centros de estudios las suyas. El Consejo de Rectores, a propósito del terremoto, envió una carta al ministro de Educación con varias peticiones: no la respondieron.
Hay parlamentarios que tienen afecto por la ‘U’, pero casi nadie en las Cámaras maneja a cabalidad el tema de la educación superior. Se elude en las discusiones políticas. Ningún candidato presidencial lo planteó como bandera de lucha en la campaña pasada.
Se espera que los estudiantes tengamos posibilidad de hacer algo. Uno conversa con los rectores y dicen: “Movilícense, hagan algo, peleen con el Ministerio”, porque ellos están maniatados por las restricciones del sistema.
Los legisladores legislan sin la ciudadanía, los gobiernos gobiernan sin participación ciudadana, y como las universidades del Consejo de Rectores no tienen dueños que sean consorcios económicos, es difícil generar el lobby para instalar los temas en el Legislativo”.
¿Qué esperan los estudiantes del actual gobierno?
“El programa presidencial es preocupante. Chile puede privatizarse aún más. La educación superior podría estar peor de lo que está ahora. El programa de Piñera apunta en esa dirección, bajo argumentos como que hay que asegurar la calidad independiente de la institución; o que cualquiera que forme profesionales es institución pública. Mediante la interpretación de ciertos conceptos instalados en la ciudadanía, el gobierno está impulsando una agenda que terminaría por diluir la diferenciación entre lo público y lo privado, instalando formas de financiamiento que vinculen la universidad con el aparato productivo, soslayando la parte teórica que tiene que ver con la formación académica.
Hay una agenda implícita que el gobierno todavía no hace explícita. Por eso es muy importante que como movimiento estudiantil seamos capaces de anticiparnos y pongamos la agenda en función de nuestros temas, y no que nosotros tengamos que reaccionar. Tenemos que generar la mayor adhesión posible a nivel parlamentario y político, de forma que la discusión se asuma en la dirección correcta y no en la que propone el gobierno”.
Demandas estudiantiles
“Queremos discutir los cambios necesarios en relación con el rol del Estado -la regulación del sistema, la eliminación del autofinanciamiento y del endeudamiento-. El autofinanciamiento vulnera a las universidades y obliga a pagar aranceles. El endeudamiento tiene a los estudiantes pobres accediendo a educación superior, pero endeudándose extraordinariamente. Y la regulación estatal es necesaria porque las pocas universidades que reciben recursos fiscales no rinden cuenta, y es importante que esos recursos estén en función de un compromiso explícito con lo público, más allá de formar profesionales o hacer investigación, que son requisitos para cualquier universidad y que también lo puede hacer una universidad privada.
Acceso, pluralismo y democracia institucional son los temas que creemos definen el carácter público de una institución, y debieran regularse y definirse con claridad si se quiere contar con financiamiento estatal”
PEDRO ARMENDARIZ
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 711, 11 de junio, 2010)
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