Argentina 

Negocios

Sucios 

EL ex dictador argentino, general (r) Reinaldo Bignone, fue condenado a 25 años de prisión en cárcel común.

 

Apenas una semana después de que el último jefe de la dictadura militar argentina, el ex general Reinaldo Benito Bignone, fuera condenado a 25 años de prisión efectiva en cárcel común, la Corte Suprema anuló el indulto que garantizó impunidad por tres décadas a José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la dictadura. Martínez de Hoz está implicado en el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo, en 1976, con el único objeto de hacerse de los negocios que éste iniciaba con China.(*)

De esta manera, Argentina se prepara para investigar la “pata civil” del golpe de Estado, que dejó un saldo de casi 30 mil desaparecidos, millares de exiliados y miles de presos políticos que pasaron por atroces torturas.

José Martínez de Hoz fue el ideólogo del plan económico que impulsó en el país la economía de mercado. A pesar de su avanzada edad, ahora podrá ser juzgado por su participación en crímenes de lesa humanidad. “Cae finalmente la impunidad que rodeó durante décadas el accionar delictual del verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo. Finalmente, podrán avanzar las causas que tienen por imputado a Martínez de Hoz, y las que eventualmente puedan sustanciarse por otros crímenes cometidos por él”, aseveró Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

El funcionario, histórico abogado de presos políticos, sostuvo que Martínez de Hoz fue el responsable del proyecto económico que sustentó la dictadura y que fue el verdadero motivo del golpe, proyecto que para imponerse necesitó el disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones.

Según el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, lo que corresponde ahora es que José  Alfredo Martínez de Hoz sea sometido a proceso en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide.  

Secuestro de empresarios 

En diálogo con Punto Final, el abogado que comenzó la querella contra el Martínez de Hoz, Rodolfo Yanzón, recordó que este proceso se inició por una denuncia del Fiscal de Investigaciones Ricardo Molinas, quien sostuvo que el empresario Federico Gutheim había logrado un cupo de exportación a Hong Kong por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón, en 1976. “Luego de haber obtenido los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior, por valor de 12.155.000 dólares, la dictadura le denegó los permisos. De esta forma, Gutheim no pudo cumplir con sus compromisos”, explicó. En octubre de 1976 Federico Gutheim fue llamado por el titular de la Secretaría de Comercio Exterior, “quien le dijo que, por su culpa, al ministro Martínez de Hoz le habían denegado en Hong Kong una línea de créditos para Argentina. Gutheim le ofreció renegociar el contrato con el exterior”.

Pero la noche del 5 de noviembre de 1976 la policía detuvo en su domicilio a Gutheim y a su hijo, Miguel Ernesto. “En su lugar de detención fueron visitados por un funcionario que dijo ser del Ministerio del Interior, que le propuso renegociar los contratos con Hong Kong. Los detenidos aceptaron y fueron sacados en cuatro oportunidades a negociar con los acreedores extranjeros”, relató el profesional. Tras cinco meses de prisión, los Gutheim fueron liberados en 1977 y a los dos meses fueron arrestados, esta vez junto a sus abogados. Quedaron libres a los pocos días.

Los abogados estiman que la detención del empresario se hizo sólo para que firmara el acuerdo con los empresarios de Hong Kong, cuestión “que interesaba personalmente a Martínez de Hoz. Era una de las tantas cuestiones en que el accionar represivo se mezclaba con los negocios sucios de la dictadura, y es lo que hasta ahora no se ha investigado en profundidad”, aseveró el subsecretario de Derechos Humanos.

La anulación del indulto que benefició hasta ahora a Martínez de Hoz permitirá seguir con la investigación contra el ex ministro.

Pese al tiempo transcurrido, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, éstos no prescriben y dada la gravedad de los mismos, sus responsables, a pesar de su edad, irían a una cárcel común. La misma resolución también anuló el indulto concedido por el ex presidente Carlos Menem al ex dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos hoy detenidos.

Hace tres años, la Corte Suprema empezó a anular los indultos dados en democracia y que impedían juzgar a los genocidas. El máximo tribunal de justicia de este país precisó en su resolución que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios “no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”. Avanzó diciendo que los tratados suscritos por la Argentina la obligan a “esclarecerlos (los crímenes) e identificar a sus culpables”.

Así ocurrió  con el ex general Santiago Omar Riveros, quien fue condenado a 25 años de prisión en el mismo fallo contra Reinaldo Bignone, por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, predio del ejército en el noroeste del Gran Buenos Aires, y que en dictadura fue un gigantesco centro de prisión política. Se calcula que por allí pasaron más de cinco mil detenidos, con escasos sobrevivientes.

Allí, además, funcionó  una maternidad clandestina, que tenía la repugnante práctica de esperar a que las detenidas embarazadas tuvieran a sus bebés para luego robárselos y darlos ilegalmente en adopción a personas del régimen o afines a él. Las madres eran hechas desaparecer y muchos de estos chicos, hoy treintañeros -se calcula que 400- continúan sin conocer su verdadera identidad. 

Condena a Bignone 

Por su parte el Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín condenó a Reinaldo Emilio Bignone a 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. El juzgado determinó que la pena deberá cumplirla en cárcel común, decisión que fue aplaudida por el público presente en la sala. Se estima que Bignone “pactó los términos de la impunidad para muchos militares, él incluido, con Alfonsín, antes de entregarle el gobierno en 1983”, precisó a PF la ex prisionera política, Graciela Daleo.

En el mismo fallo, junto a Bignone fueron condenados el ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del departamento de inteligencia de esa jurisdicción, Fernando Verplaetsen; el ex director de la Escuela de Infantería, Osvaldo García; el ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”, Eugenio Guañabens Perelló; Carlos Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidio perpetrados en Campo de Mayo. Todos los condenados deberán cumplir la pena en cárcel común. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, comentó que la sentencia es “contundente pero falta mucho todavía, aunque vamos haciendo camino”.

El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que la condena a Bignone “es otro acto de justicia ejemplar, porque se trata de uno de los más sangrientos representantes del genocidio ocurrido en el país entre 1976 y 1983”. Agregó el ministro que “Campo de Mayo, donde Bignone condujo las atroces prácticas criminales de la represión ilegal, fue, junto a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los dos centros clandestinos de detención más grandes del régimen militar”. También celebró “la decisión del tribunal de condenar al represor a purgar condena en una cárcel común”.

En tanto, Miguel Fernández, un testigo en la causa, sobreviviente de Campo de Mayo, señaló  a Punto Final: “Esta condena cumple con nuestras expectativas ya que son el máximo de las penas que pidieron los abogados de los diversos organismos de DD.HH. y la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Además, que sean llevados a cárcel común es lo que venimos reclamando y muchas veces no se lograba. Los genocidas se iban con arresto domiciliario a sus casas. La verdad es que este fallo nos da enorme tranquilidad”, acotó.

“Esto es el resultado de años de investigaciones y testimonios de familiares y sobrevivientes, del trabajo constante de nuestros abogados y de muchos fiscales que comprendieron a cabalidad estas causas”, agregó Fernández, quien fue secuestrado en 1975 cuando tenía 18 años y era militante de Montoneros. El ex prisionero reconoció el rol que han tenido los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la lucha contra el olvido y la impunidad. “Ha sido central, y así lo demuestra cada día la presidenta”, agregó. 

PAULA CHAHIN

En Buenos Aires

(*) Al cierre de esta edición, Martínez de Hoz se encontraba detenido y procesado. 

(Publicado en Punto Final, edición Nº 709, 14 de mayo, 2010)

Suscríbase  a PF

punto@interaccess.cl