“Punto Final” lleva su demanda a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

Monopolio
publicitario en Chile

CONFERENCIA de prensa en el Colegio de Periodistas. De izq. a der.: Ernesto Carmona Ulloa, consejero nacional; Manuel Cabieses Donoso, director de PF; Federico Gana Johnson, vicepresidente del Consejo Metropolitano y Alberto Espinoza Pino, abogado de PF. También participaron el consejero nacional del Colegio, Patricio Martínez  Torres y los consejeros regionales, Manuel Holzapfel Gottschalk y Luis Arnéz Montiel.

En la sede del Colegio de Periodistas de Chile, los representantes de Punto Final -su director, Manuel Cabieses, y el abogado Alberto Espinoza- anunciaron que la revista recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para insistir en la demanda contra el Estado por el avisaje fiscal. La decisión se adoptó ante la resolución de la Corte Suprema que el 26 de abril rechazó el recurso de reclamación de Punto Final en contra de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que el 12 de noviembre de 2009 rechazó la demanda de PF contra el Estado.
Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Héctor Carreño, Sonia Araneda, Pedro Pierry (que redactó el fallo), Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, rechazaron por unanimidad el recurso de Punto Final que buscaba obligar al Estado a repartir con equidad -velando por la libertad de expresión y el pluralismo de información y opinión- la publicidad fiscal en los medios de comunicación. Actualmente el grueso del avisaje del Estado en la prensa escrita se destina a las dos grandes cadenas periodísticas: El Mercurio y el Consorcio Periodístico S.A. (Copesa), que edita los diarios La Tercera y La Cuarta y la revista Qué Pasa.
El fallo de la Corte Suprema recoge algunas recomendaciones que hizo el TDLC en el sentido que “es deseable que los órganos del Estado que avisan en los medios escritos deben recabar la información mínima indispensable para poder decidir cuál es el medio más idóneo o eficaz para transmitir un determinado mensaje. Ello supone que dichos órganos accedan, previo a resolver las adjudicaciones y durante los mismos procesos licitatorios, a la información lo más precisa posible sobre lectoría, tiraje y público objetivo a los que están dirigidos los medios de comunicación”.
La Corte Suprema, como hizo anteriormente el TDLC, sostiene sin embargo que las reparticiones públicas “no han incurrido en la infracción de disposición alguna que las hubiere obligado a adjudicar sus servicios de publicidad de una forma distinta a la realizada”.
En otras palabras, que si no existe una ley que obligue al Estado a proceder de otra manera y tomar en consideración a la prensa independiente, el avisaje fiscal seguirá fluyendo hacia El Mercurio y Copesa y fortaleciendo la corriente de pensamiento más conservadora, celosa defensora del sistema capitalista.
Así lo reconoce explícitamente el fallo de la Corte Suprema al señalar en el considerando séptimo: “…esta concentración del avisaje en dos grandes cadenas periodísticas -injustificada y parcial a juicio de la revista Punto Final- sólo deriva de asignar el avisaje estatal sobre la base de criterios de mercado...”.
El considerando octavo agrega: “acceder a las peticiones de este recurso conllevaría instalar a favor de algunos medios de prensa una discriminación positiva, la que corresponde sea declarada por una ley y la carencia de esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización sesgada del avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la legitimidad de esta pretensión- una mayor diversidad informativa”.
La necesidad de una ley para hacer más transparente el avisaje estatal y fomentar la prensa independiente, también fue reconocida por la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que examinó esta situación.
Sin embargo ningún sector político -derecha o Concertación- se ha manifestado dispuesto a promover una ley que proteja la libertad de expresión y el pluralismo en la distribución del avisaje estatal. Es -como señaló el director de Punto Final en conferencia de prensa en el Colegio de Periodistas- lo que se propone impulsar la revista a través de un amplio movimiento social y político que demande la dictación de esa ley. Esto en paralelo con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -con sede en Washington- de una acusación contra el Estado de Chile. Hay que señalar, recordó el abogado Alberto Espinoza, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce (Art. 13º) el derecho a la libre expresión como un derecho fundamental que no puede ser restringido en ninguna forma. Lo mismo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Apoyada en estos principios del derecho internacional, la revista Punto Final acudirá a la Comisión Interamericana a continuar esta lucha en defensa de los derechos de la prensa independiente.
Como los lectores de PF saben, la revista lleva alrededor de diez años en esta batalla. La impugnación de la forma parcializada en que el Estado apoya con su publicidad a los consorcios El Mercurio y Copesa, la ha llevado PF a la Fiscalía Nacional Económica, al TDLC y a la Corte Suprema, sin éxito hasta ahora. En el mismo sentido, Punto Final ha interpelado públicamente a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y a los ministros de esas administraciones, Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Ricardo Lagos Weber.
Sin embargo, al parecer, la pelea recién está comenzando. Punto Final seguirá batallando en defensa de la libertad de expresión y del pluralismo informativo sin claudicar. Esperamos que el conjunto de la prensa independiente, los periodistas y las organizaciones sociales nos acompañen en esta lucha difícil pero necesaria.
PF

(Publicado en Punto Final, edición Nº 709, 14 de mayo, 2010)
Suscríbase  a PF
punto@interaccess.cl