El lobby termoeléctrico

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA
En Los Choros y Punta de Choros

Pingüinos de Humboldt en la Isla Los Choros, parte de la reserva nacional.

“Deja de meterte con Barrancones o tu vida corre peligro; no es una amenaza, es una promesa. Corta el hueveo o tus días están contados”. Esta fue una de las amenazas enviadas como mensaje de texto a los celulares de los líderes del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema) -Rosa Rojas, Gabriel Molina y Jan Van Dijk-; a Carlos Vergara, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Hornos; a Clara Pérez, presidenta del movimiento Línea Verde y a Oscar Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Punta de Choros y concejal democratacristiano. Ellos luchan contra la instalación, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, de centrales termoeléctricas de la transnacional franco-belga Suez Energy y de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).
Marcelo Díaz, diputado socialista, se reunió con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, para entregar antecedentes sobre las amenazas, que ya están siendo investigadas por la PDI. Los proyectos Barrancones (Suez Energy) y Cruz Grande (CMP), están en la etapa de evaluación de impacto ambiental por Corema, que deberá decidir entre el lobby termoeléctrico o la preservación de importantes reservas naturales.
“Nos han enviado varios mensajes de texto con amenazas de muerte. Ya se habría comprobado de dónde vienen, aunque no han detenido a nadie. Los mensajes, del tenor de ‘los andamos siguiendo’, y ‘muerte a todos los que están en contra de las termoeléctricas’, se repitieron varios días, inclusive después de la denuncia en el Ministerio Público”, dice Jan Van Dijk.
Según los dirigentes del Modema, Suez Energy está “negociando” con algunos pescadores, “ofreciéndoles dinero y proyectos, individualmente y por grupos, generando una división social que hemos venimos denunciando”, dice Rosa Rojas, presidenta del Modema. “Están manipulando a la gente. Lo que ha hecho Suez es una acción disociadora de la comunidad de La Higuera, que puede crear muchos conflictos”.
“No nos van a amedrentar, por eso, presentamos la denuncia en la Fiscalía de La Serena”, dice Rosa Rojas. “Interpusimos una querella porque están en peligro nuestras vidas. Hacemos responsable a Suez Energy de cualquier cosa que nos pase”, agrega. Clara Pérez, señala: “Creo que lo que pretenden es asustarnos, que dejemos de lado nuestra lucha, pero no lo van a lograr”.

Quiénes ganan,
quiénes pierden

El lobby termoeléctrico posee poder y una amplia red de influencias. Desde estudios jurídicos, como el de Bofill Mir & Alvarez, Hinzpeter, Jana -uno de cuyos socios, Rodrigo Hinzpeter, es coordinador del comando presidencial de Sebastián Piñera-, hasta personeros de la Concertación como Enrique Correa -presidente de la consultora Imaginacción-; el ex ministro de Energía, Economía y Minería de Ricardo Lagos, Jorge Rodríguez Grossi -quien antes de ser ministro fue gerente de la termoeléctrica Guacolda-; la directora de Conaf, Catalina Bau -ex esposa de Enrique Correa-; y los hermanos Ernesto y Eugenio Tironi, lobbystas profesionales que manejan la publicación de noticias en la mayoría de los medios. A la lista se agrega el actual ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), que ha hecho público lobby por AES Gener. También entran al juego Paul Fontaine y Rodrigo Danús -del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami-, dueños de la Consultora South World Business, implicada en la instalación de termoeléctricas en varias regiones del país, y dueños, además, de yacimientos carboníferos -en Curanilahue y Puerto Natales-, y de una empresa comercializadora de carbón. Otros interesados son los holdings Angelini y Von Appen, con su sociedad Copec-Ultramar, que controla un proyecto en Isla Riesco, Punta Arenas, que suministrará gran parte del carbón que consumirá el mercado eléctrico nacional en 2013.
Actualmente hay quince termoeléctricas en espera de ser aprobadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En Isla Riesco, para la explotación a tajo abierto del carbón, deberán talarse unas 4.000 hectáreas de bosque nativo. De esta forma, la sociedad de Angelini y Von Appen pretende abastecer un 25 por ciento de los diez millones de toneladas de carbón que se calcula consumirá en breve plazo el mercado eléctrico nacional. Y es posible que hasta exporten carbón. Hace pocos años, la mayoría de las minas fueron cerradas por inviables, pero han sido adquiridas por grandes empresarios y especuladores. Diez millones de toneladas de carbón representan más del doble de lo que hoy requiere el mercado interno. Será un buen negocio que, de paso, aumentará unas cuatro veces la emisión de CO2. Aunque en la Región de Coquimbo se han emplazado parques eólicos para producir energía sustentable, las corporaciones y mineras necesitan cada vez más energía.
Más termoeléctricas no cuadra con la supuesta política energética gubernamental, que pretende bajar emisiones de CO2 y contener el calentamiento global, pues significarán aumentar las emisiones de CO2, como lo reconoce el gobierno. Las termoeléctricas proyectadas para la Región de Coquimbo se emplazarán en el borde costero, a menos de diez kilómetros una de otra.
“Los ministros Pérez Yoma y Marcelo Tokman han presionado a la Corema para que apruebe las termoeléctricas. Se supone que los proyectos deben decidirse acá, en la Corema, no en el escritorio del ministro del Interior o de Energía. Deberían ser rechazadas porque implicarán el uso indefinido del borde costero y estarán a veinte kilómetros de una reserva nacional, de la reserva marina y en las cercanías de áreas de manejo y poblaciones. Al elegir a Chungungo, Cruz Grande y Los Choros cometieron un gran error. Pero aún más grave es la institucionalidad ambiental que lo admite”, dice Jan Van Dijk. “A fines de marzo, el mismo día que Modema marchaba por La Serena, Suez Energy ofrecía a los pescadores de Caleta Hornos una reunión para ver ‘compensaciones’. Así funciona Suez. Tienen tanta plata e influencias, que pueden hacer lo que quieran”, agrega.
Codelco, antes de retirar su proyecto termoeléctrico Farellones, se había comprometido a indemnizar y compensar a buzos y pescadores de caleta Totoralillo Norte. “Codelco intentó granjearse el apoyo de los pescadores, ofreciendo entre 7 y 8 millones por socio del sindicato, quienes debían renunciar a su área de manejo. Algunos pensaban que podrían vivir con ese dinero cuando ya no hubiera pesca”, dice Van Dijk. En total, Codelco estaba dispuesta a desembolsar 3.000 millones de pesos, más un seguro ambiental -por 30 años-, lo que se suponía durarían las operaciones. Pero Farellones no pasó la evaluación del comité técnico y de los organismos asesores de Corema. Se presentaron más de 240 observaciones por la nula información sobre los impactos que su construcción provocaría en la zona. Codelco debió retirarse.
Para los pescadores de Los Choros y Punta de Choros, Suez Energy y sus ejecutivos -Pascal Brancart y Pablo Villarino-, no se han hecho cargo de las externalidades del proyecto ni se han responsabilizado por los daños al medioambiente o la salud que acarreará la termoeléctrica a carbón. Barrancones se ubicará a cinco kilómetros al norte de caleta Chungungo, donde buzos y pescadores poseen áreas de manejo. Las reservas marinas de Isla Choros e Isla Damas y la reserva nacional del pingüino de Humboldt están a poco más de veinte kilómetros. En marzo de 2008 las autoridades declararon el proyecto “admisible”.
Crianceros, agricultores, pescadores, buzos y operadores turísticos piensan que la reserva marina de Isla Choros e Isla Damas, que abarca las inmediaciones en torno a las islas, y la reserva nacional del pingüino de Humboldt, que comprende la parte terrestre de éstas, incluida Isla de Chañaral, son un diamante en bruto, que podría (…)

(Este artículo se publicó completo en PUNTO FINAL, edición Nº 695, viernes 2 de octubre, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)