 Mapuches
bajo fuego
Autor: PEDRO CAYUQUEO
Weichafes (guerreros) a caballo custodiaron el funeral
En Temuco
“Ese día ingresamos al predio de forma pacífica. No hicimos ningún destrozo, tampoco atacamos a Carabineros. Simplemente estuvimos ahí, ocupando el predio y pensábamos dialogar con el dueño del fundo. En eso llegó Carabineros disparando sin decirnos nada, sin decir si tenían una orden de desalojo o no... Llegaron violentos en contra de nosotros, disparándonos como si fuéramos conejos. Habíamos como ochenta personas, familias completas, niños, mujeres, ni siquiera eso tomaron en cuenta los carabineros... Eran como cinco furgones, una micro de pacos, más de cien carabineros... Nosotros íbamos pacíficamente a conversar, imagínese lo que pasó después, mi gente iba huyendo, arrancando, y ellos los siguieron hasta matar a nuestro hermano. Jaime era parte de ese grupo que iba arrancando”. El relato corresponde a Juan Curipán Collío (29 años), dirigente de la comunidad Requem Pillán, en la comuna de Ercilla, quien el miércoles 12 de agosto participó de la recuperación del fundo San Sebastián. Relata el dirigente a Punto Final que aquella fatídica jornada terminó preso, golpeado por Carabineros y formalizado por “usurpación de tierras” por parte del Ministerio Público de Angol. Su primo, Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, terminaría muerto, acribillado por la espalda por el funcionario policial Patricio Jara Muñoz, miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros.
La comunidad Requem Pillán está ubicada a 15 kilómetros al sur de Collipulli, en los faldeos de un cordón de montañas hoy cubierto de pinos y eucaliptus, propiedad de las empresas forestales Mininco y Bosques Arauco. Conformada por alrededor de setenta familias campesinas, sus índices de pobreza, desocupación y ausencia de futuro escandalizarían al PNUD, organismo internacional que -según su último informe- situó a Chile como uno de los países con mayores opciones de lograr a mediano plazo el tan ansiado “desarrollo”. Para los mapuches de Requem Pillán, así como para sus vecinos de las comunidades Requem Lemún y Requem Cabrapán, dicha palabra no sólo es desconocida. Se vuelve una amenaza cuando es pronunciada por autoridades de gobierno y empresarios, los mismos que no trepidaron en enviar fuerzas especiales de Carabineros provenientes de Santiago para desalojar el fundo San Sebastián. Todo ello en nombre del Estado de derecho, la propiedad privada y el progreso. “Es muy feo lo que han hecho con nosotros”, señala Juan Curipán. “Nosotros tenemos una demanda de tierras porque no tenemos dónde vivir. Es muy poca la tierra que tenemos y en ella no podemos trabajar ni ofrecer un futuro mejor a nuestras familias. Esto lo saben las autoridades desde hace años. Nuestros padres iniciaron este reclamo y no fueron escuchados. Por ello ahora, nosotros, los jóvenes de la comunidad, hemos retomado esta lucha”, subraya.
La recuperación del fundo San Sebastián se enmarcó en las movilizaciones que la Alianza Territorial Mapuche viene desarrollando en las regiones del sur desde el pasado 24 de julio. Las comunidades de las zonas wenteche, lafkenche y pewenche tomaron la decisión de iniciar este proceso de movilizaciones luego que -tras viajar una delegación de 100 mapuches a Santiago- no fueran recibidos en La Moneda. Esto los llevó a intentar recuperar, por la vía de los hechos, espacios territoriales históricamente demandados como propios ante empresas forestales y latifundistas. Este proceso ha sido encabezado por el ñizol lonko, Juan Catrillanca Antín, de la comunidad Temucuicui de Ercilla y se ha caracterizado por una masiva participación de jóvenes comuneros. En la jornada del 12 de agosto precisamente fueron los jóvenes de Requem Pillán quienes encabezaron la movilización. Buscaban llamar la atención de las autoridades. Ser escuchados. Que su demanda de tierras fuera conocida más allá de la burocracia del organismo indigenista donde había sido archivada como “inadmisible”. No buscaban una solución inmediata, reconoce Curipán, sólo “ser escuchados”. Por ello ocuparon el fundo, propiedad “legal” del particular Sergio González Jarpa. Fue este último quien, enterado de los planes de la comunidad, llamó a Carabineros de Angol, desatando la tragedia.
¿Qué lleva a los jóvenes mapuches a lanzarse a recuperar sus tierras por la vía de los hechos? ¿Su desprecio por las vías legales y el Estado de derecho, como esgrimen las autoridades? “Lo hacen porque cientos de reclamos de tierras usurpadas son declarados arbitrariamente como ‘inadmisibles’ por la Conadi”, responde Víctor Toledo Llancaqueo, investigador y director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas. “Y porque, si sus reclamos son admitidos, deben esperar años, porque no hay fondos disponibles. Ambos factores, presupuesto escaso y procedimientos arbitrarios, son inductores de conflictos sociales”, señala. Recientemente el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, ha admitido que el presupuesto destinado para el Fondo de Tierras es insuficiente y que éste sería uno de los factores que ha gatillado el clima de movilización mapuche reinante en la zona. A juicio de Toledo, lo que no dijo el comisionado es que no hay recursos porque en Chile se destina a políticas indígenas sólo el 0, 3% del presupuesto estatal. “Tal es la medida de la importancia que se asigna a los asuntos y derechos indígenas: 0,3%”, subraya. Respecto del segundo factor, apunta que la Ley Indígena sólo considera admisibles aquellas reclamaciones que se refieren a casos de usurpación de tierras que estuvieron bajo un título otorgado por el Estado: títulos de merced, títulos de reforma agraria, u otros de similar origen. Sin embargo, considera inadmisibles las reclamaciones de tierras ancestrales o tierras antiguas, que quedaron fueran de los títulos de merced, y cuyos deslindes se conservan en la memoria colectiva de las comunidades. En tales circunstancias, las comunidades sólo cuentan con el recurso de las vías de hecho para reivindicar sus tierras, señala.
Apunta Toledo que a través del no reconocimiento de las demandas por tierras ancestrales, caso de la comunidad Requem Pillán y de gran parte de aquellas coordinadas hoy en la Alianza Territorial Mapuche, el gobierno busca poner límites a las reivindicaciones y salvaguardar intereses empresariales. Para ello se basaría en una singular doctrina inventada a inicios de la transición. “Según esta doctrina, los derechos de propiedad de los indígenas emanan de títulos del Estado. En otras palabras, se niega todo el derecho internacional en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas -el título nativo-, derechos que se fundan en la ocupación tradicional anterior al propio Estado. La doctrina de negación de derechos fue sistematizada por el indigenismo chileno a inicios de la transición, en 1991, como respuesta a las emergentes reivindicaciones de tierras ancestrales que fueron violentamente neutralizadas. Por cierto, tal doctrina de negación de derechos es contraria al derecho internacional. Al persistir en ella, el Estado de Chile incumple el Convenio 169 de la OIT, desobedece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desconoce la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y desafía al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial”, señala.
¿Legítima defensa?
Según la versión policial, Jaime Mendoza Collío resultó muerto tras enfrentarse a escopetazos con Carabineros en las inmediaciones del fundo San Sebastián. Frente a esta situación, el funcionario del GOPE, Patricio Jara Muñoz, hizo uso de su arma de servicio y con una bala 9 mm. evitó ser acribillado por el joven comunero. Es lo que dice la versión policial, dada a conocer por el prefecto de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, ratificada por el general de la IX Zona de Carabineros, Cristián Llévenes, y avalada desde La Moneda por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Todos, a coro, no dudaron en calificar como un acto de “legítima defensa” el crimen de Mendoza, denunciando incluso una emboscada mapuche, con escopetas, contra los efectivos policiales. “La acción de Carabineros fue para repeler los ataques realizados por al menos sesenta comuneros... Respaldamos absolutamente los procedimientos”, señaló Rosende tras conocer la noticia. Lo cierto es que nada era verdad. Lo aseguran quienes acompañaron a Mendoza aquel día y lo ratifican sendos informes del Servicio Médico Legal de Angol y del Laboratorio de Criminalística de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). El primero, basado en los resultados de la autopsia, demostró que Mendoza recibió el disparo mortal por la espalda. El segundo, demostró que Mendoza no disparó ningún arma. Ambos peritajes, de manera rotunda, han echado por tierra la tesis del alto mando de Carabineros y las autoridades de gobierno. Tanto es así que el fiscal militar de Angol, Rodrigo Vera, tras conocer los informes, resolvió someter a proceso al funcionario del GOPE bajo el cargo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”. Cabe destacar que Mendoza Collío no es el primer joven mapuche vinculado al movimiento social que muere baleado por efectivos policiales bajo los gobiernos de la Concertación (ver pág. 3).
Otro asesinato vinculado a la lucha mapuche donde las comunidades denuncian participación de agentes del Estado es el de Juan Suárez Marihuán, ocurrido el año 2002, hermano de Segundo Suárez, lonko de Malla Malla y miembro del Consejo de Lonkos del Alto Bío Bío. Suárez (27 años) falleció en extrañas circunstancias en la zona cordillerana del Cajón del Queuco, Octava Región. Su cuerpo apareció el 11 de diciembre de 2002 en la ribera del río Queuco, tras permanecer dos semanas desaparecido. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no sería asfixia por inmersión, sino “lesiones provocadas por terceros”. De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de asesinar al comunero, delito que sería encubierto como un deceso accidental provocado por un supuesto estado de ebriedad. Sin embargo, diversos testimonios dan cuenta de una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuán y luego su cuerpo habría sido arrojado al río.
Otro caso lo constituye el crimen del lonko mapuche del sector Boyilco Chico, comuna de Nueva Imperial, Juan Lorenzo Collihuín Catril, perpetrado el año 2006. Collihuín fue asesinado por efectivos policiales de la (…)
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(Este Artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 692, 21 de agosto, 2009, Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)
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