 Criminales
sin receta
La confesión de los ejecutivos de Farmacias Ahumada (FASA) de haberse coordinado con su competencia para elevar los precios de 222 medicamentos, generó una catarsis nacional por años contenida. Ha sido una purga social, amplificada y estimulada desde dirigentes políticos a líderes comunitarios, cuyo objetivo ha sido rebelarse contra el discurso que por tan largos años había mitificado al libre mercado como piedra angular de la economía. El libre mercado, matriz del neoliberalismo, que ya se había desenmascarado en firmas mundiales como Lehman Brothers y AIG (American Internacional Group) como un sistema económico que no sólo amparaba sino también estimulaba la mentira, la ambición y la avaricia, se expresaba con toda su impudicia en Chile. Las tres cadenas de farmacias han creado acuerdos, que se conocen como cártel, para concertar los precios. En su propio beneficio, evidentemente. Y en perjuicio del consumidor. Al concentrar entre las tres el 92 por ciento del mercado, ha sido prácticamente la población completa la perjudicada y engañada.
Uno de los orígenes de esta demanda surge de una presentación hecha hacia finales de 2007 ante la Fiscalía Nacional Económica por Raúl Alvarez, presidente de la Asociación de Dueños de Farmacias Independientes, que reúne a 530 boticas pequeñas que quedan en el país, de las cuales unas 300 están prácticamente quebradas.
Otra de las hebras apunta a D&S y los supermercados Líder, hoy controlados por el gigante internacional Wal Mart. Es sabido que D&S intentó, hace unos años, ingresar al negocio farmacéutico a través de una red de farmacias (Farma Líder). Pero no tuvo éxito. La presión de las tres cadenas no sólo fue intensa para impedir que ingresara una empresa como D&S, sino que logró evitar, por medio de intenso cabildeo, que los medicamentos que se expenden sin receta médica -denominados en la jerga del rubro como OTC (Over the Counter)- se vendieran en las “góndolas” de los supermercados.
En el rubro supermercadista ya han comenzado a resurgir ofertas. Los medicamentos, dicen, bajarían un 20 por ciento promedio. Porque el negocio, eso no lo dicen, les podría significar, tal como ocurre con Wal Mart en Estados Unidos, un 20 por ciento del total de su facturación. Un gran negocio que explica la proliferación en todo el país de los locales de las tres cadenas.
Pero se trata de un nuevo ardid. Esta vez de los supermercados, que no sólo se llevarían una parte de las ventas de las grandes cadenas, sino de las pocas farmacias de barrio e independientes que existen, las que sobreviven con la venta de genéricos. Entregarle parte del negocio a los supermercados sería el golpe de gracia. Y para el mercado, para el consumidor, es saltar de las llamas a las brasas. Si en el sector farmacéutico son tres cadenas las que concentran más del 90 por ciento del mercado, en los supermercados sucede algo similar, con D&S, Cencosud y la cadena de Unimarc. Las tres concentran el 80 por ciento del mercado. Y si sumamos a Falabella, con sus locales Tottus, se completa casi un 90 por ciento. Un cártel sustituiría a otro cártel.
La demanda de la FNE
Hacia finales del año pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entabló una demanda contra las tres cadenas de farmacias (FASA-Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand) por colusión para fijar los precios de 222 medicamentos. La demanda se refería a una operación puntual y concertada de las cadenas entre diciembre de 2007 y abril de 2008, período analizado que no se diferenciaba de prácticas similares más o menos permanentes. Numerosos reclamos publicitados en mayor o menor grado, de consumidores como de organizaciones sociales, expresaban un abuso con los precios que ejercían por tener el control total del mercado, prácticas registradas en profusos artículos de Punto Final (ver PF 513, 553, 557, 592, 597 y 651).
El editorial de PF 677 comentaba la demanda, que era sólo la punta visible de uno de los mayores abusos mantenidos durante años a la vista y paciencia de consumidores, políticos y gobierno: “La magnitud de las ganancias del negocio farmacéutico le permite a las grandes cadenas hacer rebajas desmesuradas, de un 25, 50 y hasta 70 por ciento, que sirven para liquidar los intentos de la competencia y sacar del mercado a las farmacias más pequeñas, para volver luego a los precios habituales; constituye una práctica normal que las ventas en los locales sean ‘guiadas’ por los vendedores, que niegan o dificultan el acceso a los ‘genéricos’ para vender medicamentos similares con nombres de fantasía mucho más caros”.
En 2007 hubo una guerra de precios entre las cadenas, que llegó a los tribunales y desencadenó ofensivas publicitarias por 11 mil millones de pesos. Tras esos enormes gastos, decidieron acordar un arreglo, preocupadas por el ingreso de las cadenas mexicanas de genéricos a bajo precio. Se concertaron en elevar los precios de 222 medicamentos, muchos de alto consumo, y entre ellos drogas para hipertensión, diabetes, epilepsia, anticonceptivos, etc. Un alza que en promedio fue de 48 por ciento. Entonces, y ante la evidencia de la colusión, la FNE propuso una multa de 13,4 millones de dólares para cada cadena.
El 23 de marzo recién pasado la FNE comunicó que había llegado a un acuerdo con Farmacias Ahumada. Al haber confesado toda la delictiva operación (una variante de la delación compensada), el organismo rebajó las penas a sólo un millón de dólares y publicó el testimonio. Una afirmación que los otros dos consorcios han negado.
Juez y parte
Salcobrand y Cruz Verde niegan los hechos. Para eso tienen recursos. Cruz Verde, de la familia Harding, con el 31 por ciento del mercado, había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el fallo de la FNE. Pero fue considerado inadmisible. Salcobrand, con 26 por ciento del mercado, hoy propiedad de Juan Enrique Yarur, dueño también del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ha contratado al equipo de abogados de Pedro Mattar, un ex Fiscal Nacional Económico. Amparado por la legalidad, no lo está por la ética. No habría incompatibilidad legal en que Mattar sea hoy abogado ante una institución que hace poco tiempo dirigió y que conoce al dedillo. Tal vez esta seguridad le llevó a hacer declaraciones cercanas a la prepotencia: la acusación de la FNE le pareció “improcedente, infundada, ilegítima y sobre todo, profundamente injusta”, en tanto calificó la confesión de FASA como una “infamia”. Este es lo que alguna vez el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, calificó como “capitalismo de amigotes”. En 2004 el empresario farmacéutico independiente Raúl Alvarez había presentado una demanda a la FNE, dirigida entonces por Pedro Mattar. La demanda de Alvarez quedó en suspenso, enredada en archivos y carpetas.
El poder ubicuo de las cadenas en el mercado farmacéutico les ha permitido discriminar el tipo de medicamento que venden no sólo por motivos comerciales sino también ideológicos. Hacia finales de 2007, y pese a la presión del gobierno, estas corporaciones se negaron a vender el fármaco de anticoncepción de emergencia Postinor 2 (levonorgestrel). Pero la operación resultó fallida: en aquella oportunidad, un propósito impulsado desde la sombra por grupos ultraconservadores con alta capacidad de influencia y presión, se estrelló con uno de los ejes más sólidos de este gobierno en cuanto a políticas públicas y con una sociedad muy poco interesada en oír y seguir las causas de los grupos fundamentalistas.
La reacción ciudadana contra la colusión en los precios ha sido cercana a la furia. Las cadenas han sido presa de los medios de comunicación, lo que ha impulsado a los políticos y al gobierno a impugnar esa práctica. Organizaciones de ciudadanos y consumidores se han reunido en el centro de Santiago, Concepción y Puerto Montt para expresar su ira. En un país que ha mutado a sus ciudadanos en consumidores, ésta es tal vez la peor de las ofensas.
Mano dura, atomización
e ingreso del Estado
Y se pide mano dura. Raúl Alvarez pide a la justicia más “mano dura… cárcel si es necesario. Es más, nosotros hemos presentado un proyecto a la Comisión Antimonopolio que hemos llamado ‘atomización del mercado farmacéutico’. A nuestro juicio, esta es la única manera de solucionar este problema, porque siguen con sus prácticas ilegítimas”.
El secretario de la Liga Ciudadana de Protección al Consumidor, Omar Pérez Santiago, fue también muy claro: “Este acuerdo conciliatorio entre la FNE y Farmacias Ahumada, entrega como resultado implícito una grave irregularidad, que es claramente un ilícito. Aquí hay un cuestionamiento al rol del Estado en el control, fiscalización y distribución de medicamentos en Chile, y un grave atentado de estos empresarios a la confianza del consumidor en situaciones de emergencia, como es la compra de fármacos. Pero también deja entrever la mala forma como se distribuyen los medicamentos en el país, porque dejan de ser remedios y pasan a ser mercancías, como si fueran perfumes, palos de golf o entradas al hipódromo”.
José Roa, director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ha dicho que “los responsables, junto con la multa, deben reparar el daño causado a los actores, algo que incluye a los propios consumidores”. Pero más relevantes han sido las declaraciones desde La Moneda. El ministro José Antonio Viera-Gallo habló sobre la posibilidad de crear un almacén o farmacia operada por el Estado, que comercialice medicamentos sin fines de lucro. Un anuncio de esta naturaleza hubiese sido impensable hace diez, cinco o un par de años. Pero la crisis y el desprestigio de la globalización capitalista han comenzado a penetrar con fuerza por las diversas capas sociales, económicas y políticas del país, lo que se replica en este tipo de declaraciones, no sabemos si sinceras.
Más claro es observar cómo el malestar de la globalización ha devenido en furia colectiva. La ira, que crece hoy como bola de nieve, que impulsa demandas colectivas e individuales contra las tres cadenas, lleva la posibilidad, si se actúa rápido y en caliente, de realizar cambios legales en el sector. Lo que no pudo lograrse en décadas debido al poderoso lobby de las farmacias, podría conseguirse en semanas.
El aluvión de declaraciones fue también recogido por la clase política y los candidatos. Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo que “en otros países del mundo esto sería un delito e irían a la cárcel los que han lucrado con la salud, especialmente la de los adultos mayores de este país”. Y conminó a su contrincante, Sebastián Piñera, a emitir una opinión.
Pero Piñera tardó en hacer declaraciones porque tiene intereses en FASA. No muchos, pero tiene activos a través de Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia, lo que no sólo matiza, sino neutraliza, cualquier afirmación suya. Sus acciones invalidan sus palabras.
Quienes sí tienen grandes intereses en FASA son los dueños de Falabella, que controlan el 20 por ciento de la empresa. Les siguen Inversiones Gaia, con 18 por ciento, Inversiones JCC (7,3) e Inversiones Tomalex (5,4). Tras estas nomenclaturas, aparece un negocio familiar controlado por la familia Codner. FASA es la primera cadena farmacéutica chilena, con el 34 por ciento del mercado, y también la primera de Latinoamérica, con ventas que superan los 1.717 millones de dólares, a través de 1.176 farmacias en tres países, Chile (360) México (641) y Perú (175). Que sus controladores sean los mismos de Falabella no es un simple dato de la causa. Estos accionistas fueron sancionados hace un par de años cuando utilizaron información privilegiada en beneficio propio antes de la fallida fusión con D&S. Se trata, podemos ver, de una forma fraudulenta y compartida de hacer negocios.
Actuar con rapidez. Decretar y legislar ahora. Y mantener la presión ciudadana para reformar el mercado. De lo contrario, las voces neoliberales, que sólo estiman que más mercado es la solución a los problemas del mercado, nuevamente podrían triunfar. Neoliberales puros como Andrés Velasco en Hacienda y Hugo Lavados en Economía, ya han expresado su rechazo a la idea de la intervención del Estado en el sector y mostrado su complacencia con el statu quo. “El sistema funciona”, dijo Velasco, satisfecho por el actuar de la FNE. Pero también satisfecho con la concentración del mercado .
PAUL WALDER
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 682, 3 de abril, 2009. Suscríbase a PF)
|
