 Un pueblo con
amo y señor
Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA
En Guallatire, Putre
El pueblo de Guallatire, comuna de Putre, en el norte de Chile, nació hace más de 270 años. En sus cercanías hay 28 caseríos de familias aymaras. Al poblado se accede por la ruta internacional Arica-La Paz, a la altura de Chucuyo. En el kilómetro 160 se inicia el camino a Guallatire. La mayoría de sus habitantes crían llamas y alpacas y comercian subproductos como carne, lana, etc. Aunque la comercialización de la carne de alpaca ahora está prohibida, el problema más grave es otro. “Nuestra comunidad está amenazada por la familia Sánchez Medina, que se ha apoderado de Guallatire. Pretenden desterrarnos del pueblo de nuestros ancestros. Los Sánchez arrendaron y luego adquirieron la propiedad Sorasorani en 1984… y se han ido adueñado de todo”, dice Clara Blanco Mamani, presidenta del Comité Pro Defensa de Guallatire.
A 235 kilómetros de Arica y a 4.260 metros sobre el nivel del mar, Guallatire tiene apenas 50 casas. Se ubica en la Reserva Nacional Las Vicuñas, al sureste de Putre y al noreste del Salar de Surire. En los caseríos cercanos viven unos treinta vecinos, la mayoría ancianos. La iglesia -construida de piedra y barro-, data del siglo XVII y se orienta hacia el volcán Guallatiri. Las viviendas se ordenan en apretadas callejuelas. Por sus callejuelas ya no pueden caminar sus habitantes. “La familia Sánchez dice tener títulos de propiedad sobre la comunidad, pero se niegan a mostrarlos”, dice Rosa Jiménez Mamani. “Indican en las oficinas de Arica e Iquique que, como propietarios, no admitirán ninguna acción que involucre al pueblo sin su previo consentimiento”, agrega Luciano Bráñez. “Ha habido agresiones morales y torturas sicológicas”, dice Celinda Jiménez. “Nuestros padres y abuelos nacieron aquí. No nos pueden expulsar, es nuestro pueblo”, agrega Susana Mollo.
Sólo un albergue turístico, a cargo de los Sánchez -y que en rigor pertenece a la junta de vecinos-, ofrece alojamiento. Los escasos pobladores sobreviven a duras penas. Del turismo poco o nada.
Edalia Lázaro recuerda: “Niños y niñas hacíamos competencias para traer agua desde el estanque para construir la escuela”. El anciano Faustino Mamani agrega: “Si hemos puesto nuestros hombros para construir Guallatire, no podemos entregar así tanto sacrificio”.
Guallatire no tiene agua potable, a pesar que en octubre de 2004 el Ministerio de Obras Públicas presentó un proyecto. La inversión fue de 128.279 dólares. Otro objetivo era la organización de los usuarios en un comité de agua potable rural. Se proyectó utilizar aguas captadas mediante una noria en el río Guallatire. El diseño consideró la entrega de 100 litros de agua por habitante al día. “Construyeron e instalaron cañerías, medidores y llaves. Pero nada de lo que colocaron funciona. Ahí se pueden ver los medidores inútiles, las cañerías rotas, los paneles solares inservibles”, dice Rosa Jiménez.
Clara Blanco agrega: “Nos han quitado nuestro pueblo. El drama más grande fue enterarnos que la propiedad supuestamente es ‘privada’. Desde entonces, la autoridad no ha hecho nada por nosotros. La familia Sánchez Medina aparece como ‘dueña’ y prepotentemente ocupa el pueblo. Nosotros, los indígenas, no validamos documento alguno que le arrebate el pueblo a sus legítimos dueños, que somos nosotros”.
Vecinos señalan que en los años 80 hubo un compromiso con Nicolás Sánchez, patriarca de esa familia. “El señor Sánchez compró algunas tierras; él nos dijo que el pueblo de Guallatire estaba en ‘su propiedad’, pero que cedería todo el espacio necesario a la comunidad… Nunca se cumplió ese compromiso y hoy sus herederos se arrogan ser los dueños del pueblo”, añade Luciano Bráñez. “Todos los poblados andinos existen desde antes de la llegada de los españoles. No nos explicamos cómo es posible que algunos aparezcan hoy como ‘dueños’ de un pueblo. Hace pocos años nos enteramos que nos estaban utilizando ante autoridades y organismos estatales”, agrega Clara Blanco. “La comunidad se esperanzó por mucho tiempo en que respetarían la palabra, que para los aymaras es ley. Pero han venido con prepotencia a decirnos que ellos son los dueños. Toda la comunidad, sobre todo los más ancianos, son insultados y amenazados”, dice Rosa Jiménez. Cuando Clara Blanco ejerció la presidencia de la junta de vecinos emplazó a la familia Sánchez a otorgar un espacio físico a los habitantes del poblado: “Tras alguna mediación, nos dijeron que hiciéramos un planteamiento como comunidad. Lo hicimos en una carta donde pedíamos un espacio para las actividades vecinales. Reconocíamos muy entre líneas que quizás podrían ser ‘propietarios’. Solicitamos varias hectáreas y cinco pasos de servidumbre para lugares sagrados, altares y algunas construcciones como el cementerio y las obras del agua, para evitar problemas a futuro. Pero respondieron que sólo ‘podían entregar algunas hectáreas en comodato’… sin especificar por cuántos años… De esta irregularidad está en conocimiento la Conadi, pero (…)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 681 de “Punto Final”, 20 de marzo, 2009. Suscríbase a PF)
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