 Observatorio Político
Jovino Novoa y su
“justo desagravio”
Desde el retorno de la democracia, en 1990, nunca se había registrado un tan amplio rechazo, incluso en su propio sector político, a la elección del presidente del Senado, cargo que en esta oportunidad recayó en el abogado Jovino Novoa Vásquez, uno de los más entusiastas partidarios de la dictadura militar, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ferviente defensor de la Constitución de 1980, en cuyo plebiscito tuvo una actuación decisiva como subsecretario general de Gobierno, cargo que desempeñó entre 1979 y 1982.
Novoa, a pocos días de cumplir 64 años, casado con María Angélica Mackenna Echaurren, padre de ocho hijos, estudió en el colegio Saint George y en la Universidad Católica, donde desde 1963 se sumó a los fundadores del movimiento gremialista que se opuso a las transformaciones sociales que por entonces impulsaba la Iglesia Católica y que, más tarde, encarnó el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva.
Bajo la influencia de un destacado grupo de académicos conservadores de la Escuela de Derecho de la UC, entre los que destacaban Julio Philippi, Jaime del Valle, Sergio Miranda Carrington, José María Eyzaguirre, Enrique Evans, Ramón Luco, Alejandro Silva Bascuñán, Gustavo Cuevas Farren y Víctor García Garcena, se constituyó oficialmente en marzo de 1967 el Movimiento Gremial. Su declaración de principios la firmaron Manuel Bezanilla, Sergio Gutiérrez, Arturo Irarrázabal, Alfredo Foster, José Joaquín Ugarte, Maximiano Errázuriz, Raúl Lecaros, Hernán Larraín, Jaime Náquira, Juan Pablo Bulnes, Eugenio Guzmán y Jovino Novoa, entre otros.
Casi al mismo tiempo, a comienzos de mayo, debutó públicamente en Chile la Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (Fiducia), dirigida por Patricio Larraín Bustamante, Patricio Amunátegui Monckeberg, Cristián y Mauricio Vargas Lyon, José Miguel Lecaros Mackenna, Jaime Antúnez Aldunate, Alejandro Bravo Lira, Max Griffin Ríos, Gonzalo Larraín Campbell, Fernando Larraín Bustamante, Alfredo MacHale Espinoza, Luis Montes Bezanilla y Héctor Riesle Contreras.
Gremialistas y fiducianos se transformaron en el ariete juvenil que en los años siguientes serían el núcleo duro de oposición, primero al reformista Frei Montalva y luego al candidato de la Izquierda, Salvador Allende, en las elecciones de 1970.
En enero de 1969, en la campaña para las elecciones parlamentarias de marzo, Jovino Novoa, Jaime Guzmán Errázuriz y otros quince jóvenes de derecha viajaron a Concepción para trabajar en la campaña senatorial de Francisco Bulnes Sanfuentes, organizada bajo la consigna “Concepción se merece un Bulnes”. Concluidos esos comicios, los jóvenes gremialistas se sumaron al trabajo propagandístico del candidato presidencial de la derecha, el ingeniero y empresario Jorge Alessandri Rodríguez.
Varios de ellos se habían aglutinado, además, en torno a grupos de discusión que habían formado el historiador Jaime Eyzaguirre, Julio Philippi, Pedro Ibáñez, Edmundo Eluchans, Hugo Rosende, Arturo Alessandri Rodríguez, Javier González Echenique, Gonzalo Vial y otros personeros de la derecha, cada vez más inquietos por el protagonismo que adquirían las fuerzas de la Izquierda.
Jovino Novoa y Jaime Guzmán se vincularon en esos meses con varios profesionales cobijados en el Centro de Estudios Socioeconómicos (Cesec), surgido al alero del grupo económico que dirigía Agustín Edwards Eatsman y donde concurrían, con mayor o menor frecuencia, Pablo Barahona, Emilio Sanfuentes, Cristián Zegers, Hermógenes Pérez de Arce, Jaime Martínez Williams, Ricardo Claro Valdés, Mario Urzúa, Víctor Manuel Muñoz, Patricio Prieto, Joaquín Villarino, Sergio de Castro y otros que en los años siguientes adquirirían inesperado protagonismo en la política nacional.
Los duros años 70
En los días siguientes al triunfo de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, Jovino Novoa decidió abandonar el país y radicarse con su familia en Buenos Aires. Su esposa había tenido un difícil parto y su casa había sido apedreada por partidarios de la Unidad Popular. Jaime Guzmán le sugirió que desde la capital argentina monitoreara la situación política chilena y contribuyera a recaudar fondos para lo que sería la resistencia al marxismo allendista. Sobre las actividades de Novoa en Argentina es muy poco lo que se sabe hasta hoy.
En 1977, cuando Jaime Guzmán diseñaba desde la Secretaría General de Gobierno los anuncios de la nueva institucionalidad de la dictadura, que se plasmarían en el discurso de Chacarillas el 9 de julio, Día de la Juventud, Jovino Novoa regresó a Chile y ocupó un lugar de privilegio en aquella ceremonia en la cima de un cerro y entre capas y antorchas. A su lado estaban Sergio Fernández, Gonzalo Vial, José Piñera, Miguel Kast y 77 jóvenes que representaban a los que serían “herederos del régimen”, casi todos miembros del Frente Juvenil de Unidad Nacional, coordinado por Ignacio Astete. También estaba Cristián Larroulet Vigneau, ex presidente de la FEUC; Francisco Bartolucci, que dirigía la Secretaría de la Juventud; y Juan Antonio Coloma, presidente de la FEUC y consejero de Estado, entre otros, casi todos posteriormente dirigentes de la UDI.
Novoa ingresó entonces como funcionario del gobierno militar, a cargo de la Subsecretaría General de Gobierno, que dirigía como ministro el general Sergio Badiola. Su misión principal fue preparar el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, destinado a ratificar la Constitución elaborada por la dictadura y para cuyo debate los chilenos sólo dispondrían de treinta días, a partir del 12 de agosto.
A partir de circulares confidenciales, Novoa organizó uno de los mayores fraudes de la historia política nacional. Una de ellas, numerada con el 112/6, instruía a los funcionarios públicos a “colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesa, y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales”. Novoa coordinó su trabajo con el subsecretario del Interior, general (J) de la Fach, Enrique Montero Marx.
Miles de fichas de partidarios del régimen, elaboradas en CEMA-Chile, permitieron convocar a los integrantes de las mesas de sufragio. Familias completas de Las Condes, Providencia y Vitacura, así como ejecutivos de bancos y grandes empresas, coparon las mesas receptoras en las comunas populares. En Pudahuel apareció una sorprendente lista de presidentes de mesas: Gloria Arthur Aránguiz, Gloria Morandé Arthur, Josefina Morandé Arthur, Trinidad Larraín Mira, Magdalena Larraín Mira, Luz Larraín Mira, Angélica Lira Peñafiel, Paula Morandé Peñafiel, Verónica Morandé Peñafiel, Ana María Morandé Peñafiel, Isabel Morandé Peñafiel, Francisca Peñafiel Edwards, etc.
En las mesas de Conchalí: Carlos Varas Valdés, Eugenio Varas Valdés, Arturo Parot Benavides, Ricardo Parot Benavides, Ricardo Cherniaviscky, Horacio Cherniaviscky y Eduardo Cherniaviscky.
Los máximos ejecutivos de Soprole se hicieron cargo de mesas en Pudahuel, encabezados por Luis de Mussy Marchant, gerente de finanzas. Los ejecutivos de Calzados Mingo estaban en Puente Alto: Sergio Mingo Díaz, Julián Mingo Echavarría, José Miguel Mingo, Pablo Fontanet Mingo, Alejandro Fontanet Mingo, Javier de Vicente Mingo, Julián Mingo Marinetti. Los ejecutivos de Neut Latour, del Banco de Chile y del BHC se hicieron cargo de las mesas en Renca. En San Miguel hubo 22 ejecutivos de Embotelladora Andina. Y así sucesivamente.
Por su parte, en la red “independiente” de apoyo al Sí trabajaron numerosos conocidos de Jovino Novoa. El ex ministro Pablo Baraona asumió la presidencia de un comando coordinador de comunicaciones. Se creó un Comando de Profesionales Jóvenes 11 de Septiembre, a cargo de Raúl Lecaros, e integrado por Roberto Pulido, Orlando Poblete, Javier Leturia, Carlos Bombal, Carlos Correa y Juan Jorge Lazo. Un Comando Juvenil 11 de Septiembre agrupó a dirigentes como Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma.
Así se consumó el fraude. En los días siguientes al plebiscito, un grupo de expertos de la oposición, coordinados por Eduardo Hamuy, demostró que al menos en nueve provincias había votado más del ciento por ciento de la población.
En octubre, 46 abogados entregaron una carpeta con los antecedentes del fraude al Colegio Escrutador Nacional. Respondieron que no tenían atribuciones para acoger los reclamos. Para más antecedentes ver La historia oculta del régimen militar (capítulo 31, “La campaña de los 30 días”) de Ascanio Cavallo y otros.
A fines de 1978, asumió como ministro del Trabajo José Piñera, con el encargo de aplicar profundas reformas en el Estado, entre ellas el denominado “plan laboral” y la reforma previsional, secundado por dos jóvenes técnicos: el abogado Roberto Guerrero y el economista Hernán Büchi. En Educación, llegó Gonzalo Vial a privatizar el sistema de enseñanza. En Interior, estaba, desde mediados de año, Sergio Fernández, como un “primer ministro”. Poco a poco, todas las piezas comenzaron a calzar; los gremialistas, aliados con los Chicago Boys, empezaron a controlar los hilos del poder y todos los mecanismos de la naciente transición. Una pieza clave, aunque en bambalinas, era Jovino Novoa.
Al frente de “El Mercurio”
El 1° de junio de 1980, en las páginas del diario El Mercurio, que celebraba un nuevo aniversario, Joaquín Lavín hizo una relevante declaración de principios: “Coin-cido totalmente con los editoriales de El Mercurio en todas las materias en que tengo opinión formada; en las que no tengo opinión propia, adopto la de El Mercurio”.
El 22 de octubre de 1981 se promulgaron las leyes 18.045 y 18.046, encargadas de ocultar la información sobre los grupos económicos. Cerca de mil sociedades anónimas, las más grandes, fueron clasificadas como cerradas, sin dar nuevos derechos a sus accionistas minoritarios ni estar sujetas a la obligación de informar a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre sus balances y estados de situación. Ambas leyes fueron dictadas mientras era ministro de Hacienda el economista Sergio de Castro.
Una de las empresas beneficiadas por esas medidas fue El Mercurio S.A.P., que por entonces sufría una grave crisis económica. Durante 1982 y 1983, en el período de recesión más fuerte que había experimentado el país desde 1930, quebraron 1.293 empresas y varios grupos económicos fueron intervenidos. La empresa El Mercurio, en cambio, mientras sus diarios clamaban por transparencia en la información económica, escondía sus estados financieros y conseguía el apoyo decisivo del gobierno militar para seguir operando, mediante créditos por 53 millones de dólares entregados por el Banco del Estado. También logró que el eje del grupo, el Banco Edwards, no fuese tocado por las intervenciones, pese a que todas sus cuentas así lo recomendaban. (Una completa investigación sobre este tema se encuentra en Para entender al Decano, de Manuel Délano y otros; Ediciones Ainavillo, 1987).
El 1° de junio de 1982, tras abandonar la Subsecretaría General de Gobierno, Jovino Novoa Vásquez se instaló en el diario El Mercurio como editor general de informaciones, dependiendo sólo de Agustín Edwards, quien había asumido la dirección del diario tras despedir abruptamente a Arturo Fontaine. En los meses siguientes, Edwards y Novoa concentraron en el periódico a un grupo de ex colaboradores de la dictadura que les ayudarían a sanear las cuentas de la empresa, transformar al grupo de industrial a financiero y regir los destinos políticos y económicos del país en estrecha relación con el general Pinochet y sus asesores.
En el viejo edificio de calle Compañía, antes del traslado a sus actuales instalaciones en los faldeos de Lo Curro, se encontraron entre 1983 y 1984: Enrique Montero Marx, ex ministro del Interior; Sergio de Castro Spikula, ex ministro de Hacienda; Hernán Cubillos Sallato, ex ministro de Relaciones Exteriores; Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro secretario general de Gobierno y del Trabajo; Hernán Felipe Errázuriz, ex ministro secretario general de Gobierno y de Minería; Alvaro Bardón, ex vicepresidente del Banco Central; Andrés Passicot, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Banco del Estado; Joaquín Lavín Infante, ex decano de Economía de la Universidad de Concepción; Carlos Urenda Zegers, ex asesor de Carlos Cáceres cuando éste fue ministro de Hacienda; Francisco José Folch, ex subsecretario del Interior y, Jovino Novoa. Todos, muy cercanos al gremialismo que daría vida en 1987 a la UDI.
A fines de 1983, con el visto bueno de Novoa, se hizo una razzia de periodistas en todos los diarios de la empresa. Cerca de un centenar de profesionales fue despedido por la sola sospecha de tener algún grado de disidencia con la dictadura.
En 1985, cumplida su estratégica labor en El Mercurio, Novoa abandonó la empresa de Edwards y se incorporó al estudio jurídico que había formado Roberto Guerrero del Río, tras retirarse de su cargo de fiscal del Banco Central “con una clara visión respecto a los cambios que venían en el sistema financiero y legal, que serían generadores de inversiones y nuevos negocios”. Guerrero inicialmente se asoció con Carlos Olivos, Guillermo Mackenna y Hernán Somerville y dieron lugar a Guerrero, Mackenna, Olivos y Somerville. Olivos no pudo integrarse inmediatamente, ya que fue nombrado fiscal del Banco Central. Por ello, sólo tras retirarse de ese cargo en 1983, se integró definitivamente. Guillermo Mackenna y Hernán Somerville se dedicaron a otras labores y se retiraron prontamente de la sociedad. Novoa se mantuvo en ella hasta ser elegido senador en 1998. El estudio Guerrero Olivos es uno de los más importantes del país. En su web incluye cerca de veinte páginas donde resume sus “operaciones relevantes” (ver: www.guerrerolivos.cl).
Formación de la UDI
A partir de 1986, Novoa se abocó a la creación de la UDI y luego a la formación de Renovación Nacional, que inicialmente acogió a los gremialistas, al Movimiento Unión Nacional, que dirigían Andrés Allamand, Alberto Espina y Sebastián Piñera, y al Frente del Trabajo de Sergio Onofre Jarpa, alianza que terminó a combos y patadas en los primeros meses de 1987.
En la campaña del Sí para el plebiscito de 1988, Novoa fue llamado a La Moneda para que aplicara sus conocimientos en técnicas de propaganda en la alicaída franja oficialista. Esa incursión es recordada, entre otras cosas, por la desesperada decisión de mostrar a la ex esposa de Ricardo Lagos, desequilibrada emocionalmente, hablando mal de su ex cónyuge ante las cámaras. Los esfuerzos de Novoa y de los otros creativos, sin embargo, no dieron buenos resultados y el triunfo del No fue categórico.
Hombre de pelaje duro en la actividad política, Novoa recibió un duro golpe a mediados de 1992, cuando su hermano Héctor Novoa Vásquez, abogado integrante del estudio jurídico de Edmundo Eluchans y miembro del directorio del Banco O’Higgins, apareció estrechamente vinculado a una organización que dirigían Edgardo Battich y Alex Jacob Neder, asociados con colombianos y canadienses, y dedicados a oscuros negocios. Battich era muy cercano a Marco Antonio y Augusto Pinochet Hiriart, y en sus redes de negocios aparecieron personajes de extraños orígenes. Estalló el escándalo y pese a los argumentos de Héctor Novoa, su relevante papel fue ventilado profusamente por la prensa nacional. Chile carecía de una ley para penalizar el lavado de dinero y sólo pudo perseguírseles por evasión tributaria y otros delitos menores. No obstante, las sospechas de que operaba en Chile una poderosa organización criminal, se mantienen hasta hoy.
El garrotazo mayor en su vida pública, sin embargo, lo recibiría Jovino Novoa más de diez años después, cuando en una clara operación para desprestigiarlo, hasta ahora no conocida en sus orígenes, fue sindicado como pederasta y abusador de menores en un caso político-policial que conmovió al país y que tuvo como protagonista al empresario Claudio Spiniak.
También se le ha sindicado como responsable, a lo menos moral, por error u omisión, en la comisión de numerosos delitos por violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura militar mientras estuvo al frente de la Subsecretaría General de Gobierno, entre 1979 y 1982, incluido el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez. Hasta ahora, sin embargo, no se le ha podido comprobar ninguna conducta que permita suponer complicidad de Novoa en esos crímenes. Sí es posible suponer que no supo, lo que es casi inadmisible en su cargo, o no quiso saber, lo que es peor.
Llegó finalmente a la presidencia del Senado con los votos incluso de algunos senadores que fueron sus adversarios políticos, como Adolfo Zaldívar y Fernando Flores, y con la bendición del candidato presidencial de la derecha, el empresario Sebastián Piñera, quien explicó su nombramiento en una entrevista al diario La Segunda el 10 de marzo: “Ha sido un gran dirigente de la Alianza y un gran senador, dos veces electo por votación popular. El privilegio y honor de presidir el Senado es un justo desagravio por las injuriosas acusaciones que recibió en el caso Spiniak”.
MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final” Nº 681, 20 de marzo, 2009. Suscríbase a “Punto Final”)
|
