 La pesadilla de las
movilizaciones sociales
LA represión desatada por Carabineros se caracterizó por su violencia indiscriminada y masivas detenciones, incluyendo niños.
La creciente desafección de amplios sectores de la ciudadanía por el sistema político imperante, se está manifestando a través de una secuencia de movilizaciones cuyo término es impredecible. El nuevo levantamiento de los estudiantes, aglutinados esta vez en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ver págs. 16 y 17), es bastante más amplio que lo mostrado por los medios de prensa, férreamente controlados por sus propietarios y el gobierno, en un casi desesperado intento por evitar que la protesta adquiera similar fuerza al llamado “movimiento pingüino” de 2006.
En Santiago han permanecido en sucesivas tomas cerca de 55 establecimientos, y otra cantidad similar en paro permanente. En las regiones, son más de un centenar los colegios ocupados por sus alumnos y prácticamente todas las universidades estatales registran movimientos similares.
Carabineros ha procedido con fuerza inusitada, llegando incluso a ejercer la violencia innecesaria, lo que motivó al Colegio de Profesores y a una asociación de padres y apoderados a presentar una querella contra el ministro del Interior y la policía uniformada. Los jóvenes, sin embargo, insisten en que mantendrán las tomas, marchas y paros hasta que sea retirado del Parlamento el proyecto de Ley General de Educación.
La actitud del gobierno y de Carabineros fue completamente distinta con los camioneros, que decidieron paralizar y ocupar las carreteras exigiendo que se eliminara el impuesto a los combustibles. La ofensiva de los transportistas consiguió rápidamente una rebaja del 80% de ese gravamen. Un logro semejante obtuvieron los empresarios del transporte interurbano de pasajeros, agrupados en Fenabus, a quienes se les concedió la devolución del 45% de los peajes pagados.
En el horizonte se vislumbran movilizaciones en el sector salud, un rebrote del conflicto de los subcontratistas del cobre y manifestaciones de otros gremios vinculados al transporte, afectados por los precios de los combustibles.
Promesa incumplida
Los transportistas de carga, enarbolando el fantasma de los paros realizados durante el gobierno del presidente Salvador Allende, y recordando incluso a su desaparecido líder, León Vilarín, quien afirmaba que “los camioneros mueven a los países”, inquietaron a La Moneda y mostraron a la ciudadanía, como lo afirmaron diversos dirigentes gremiales, que “sólo movilizándonos podemos hacernos escuchar”.
Los gremios, algunos más que otros, poseen un mayor poder de presión que el ciudadano común. No es lo mismo, por ejemplo, que paralicen los médicos de los servicios de salud pública, a que salgan a las calles a protestar los miles de chilenos que son esquilmados a vista y paciencia del gobierno por las tres cadenas de farmacias que controlan el 93% del mercado. Tampoco parece probable que los estudiantes sean escuchados, si prácticamente todos los medios de comunicación defienden el acuerdo firmado entre cuatro paredes por los partidos del oficialismo y la oposición.
El gobierno, consciente de las carencias que tiene la LGE, le hizo dos indicaciones. La primera acorta el plazo -de cuatro años establecido en el proyecto original a sólo uno-, para que los sostenedores de colegios cumplan ciertos requisitos legales, como la personalidad jurídica y cuenta única.
La segunda indicación, que pretende robustecer la enseñanza estatal, señala: “Es deber del Estado garantizar la existencia de un sistema de educación pública gratuita y de calidad, fundado en un proyecto educativo nacional, laico y pluralista, que promueva la equidad y la integración social”.
La primera indicación fue aprobada sin problemas por todos los sectores en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No así la segunda, que según la derecha, amenaza a la educación privada.
Más allá de los tira y afloja que ha provocado la LGE, parece evidente que las decisiones de las estructuras del poder partidario y del gobierno son cada vez más lejanas a las demandadas por la gente. En otras palabras, el sistema de representación política parece estar entrando en una crisis mayor. Los elegidos para desempeñar el gobierno y el poder legislativo no respetan el mandato de sus electores.
En países más desarrollados se utilizan los plebiscitos para consultar a los ciudadanos sobre materias relevantes, incluso, acerca de temas de desarrollo municipal. En Chile, se ha cacareado mucho, en especial cuando se acerca una elección, sobre la necesidad de descentralizar y democratizar la administración. Para ello, se crearon los Consejos Regionales, CORE, cuyos integrantes serían elegidos por los habitantes de cada región para dar forma a los Gobiernos Regionales, GORE, los que a su vez tendrían amplias facultades para analizar, planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar el progreso local.
Los GORE, con institucionalidad y recursos propios y un rol protagónico en el ámbito administrativo, se preocuparían de áreas tan relevantes como educación, salud, vivienda, empleo, infraestructura intermedia, transportes, manejo de cuencas y promoción productiva, entre muchas otras.
Un rasgo fundamental para su funcionamiento, sin embargo, no se ha cumplido: la elección directa de los miembros del CORE, que ahora son designados por los concejales de cada provincia de la región. ¿Quiénes se oponen a la elección directa de los miembros de los CORE? En primer lugar, los diputados, que temen ver disminuida su influencia: la representatividad de los integrantes de los CORE sería mucho mayor que la de ellos. En segundo lugar, se resisten también los partidos, quienes a través de los concejales consiguen cuotas de poder en la administración regional. En tercer lugar, el propio gobierno central no se atreve a traspasar poder a los gobiernos locales, tratando de mantener la verticalidad del mando a través de intendentes, gobernadores, seremis, alcaldes y concejales.
Todos temen al riesgo de que los candidatos al CORE surjan desde las agrupaciones vecinales o gremiales de la región, o de nuevas organizaciones comunitarias, al margen de los partidos políticos.
Las viejas pesadillas
La cerrada defensa que ha realizado la institucionalidad más dura de los cuadros concertacionistas sobre la necesidad imperiosa, según ellos, de que el oficialismo levante una sola lista a concejales en las elecciones municipales de octubre, arrastra una consistente dosis de temor a perder el control sobre la organización de la administración del Estado. El interés del PPD y del PRSD por abrir los municipios a nuevos representantes del tejido social de las comunas, infunde el mismo miedo que tuvo el gobierno de Patricio Aylwin al pueblo organizado, en los albores de la actual democracia tutelada.
En aquella oportunidad, desde La Moneda y las cúpulas partidarias de la Concertación se desactivaron todas las organizaciones populares y gremiales, que fueron la musculatura principal de la oposición a la dictadura militar. Para Aylwin y su gobierno había llegado la hora de que los políticos profesionales se hicieran cargo de la conducción del país y la gente, aquella que había marchado bajo el arcoiris de las esperanzas ya no era necesaria. Su destino era ser convocada a las urnas cada cierto tiempo para renovar el mandato de la Concertación.
Más de 18 años después, nuevas generaciones se incorporan poco a poco a las luchas sociales, cansadas de soportar la pesadilla de octogenarias dirigencias políticas que prefirieron negociar una transición a la democracia que aún no termina y cuyas grietas amenazan derrumbarla.
No es sólo la Concertación la que muestra signos de agotamiento. También los partidos que integran la Alianza por Chile:lo que está en crisis es el sistema democrático tutelado que insiste en prolongar.Ambos bloques tratan de mantenerse en un cómodo letargo sólo compartido por ellos mismos y sus adláteres.
En algunos comentaristas del oficialismo se aprecia cierta desesperación por el afán del eje PPD-PRSD de transparentar la representatividad de los partidos en las urnas. “No hay peores ciegos que los que no quieren ver el costo político de la fragmentación. Ningún cálculo electoral compensa el retroceso que representa que la Concertación se presente dividida por primera vez. Será difícil evitar el efecto desmoralizador en muchos electores que, aunque no simpatizan con ninguno de los partidos y tienen un juicio crítico sobre sus líderes, se han identificado hasta hoy con el camino concertacionista”, escribió Sergio Muñoz en su columna semanal en La Nación.
Muy pocos quieren recordar que a comienzos de año en el Partido Socialista también se discutió la posibilidad de llevar listas separadas en los comicios municipales. Incluso se habló de levantar cuatro listas para “sincerar” las fuerzas que integran la Concertación. Y en ese momento la iniciativa fue vista con muy buenos ojos por dirigentes que hoy se horrorizan con las dos listas y temen una debacle del oficialismo.
Pugnas verdaderas
El senador Eduardo Frei, en tanto, ha multiplicado sus esfuerzos para reverdecer una posible candidatura a la Presidencia de la República, ante la caída cada vez más visible de Soledad Alvear en las encuestas. El ex mandatario insistió en la necesidad de concentrarse en armar la plantilla de postulantes a alcaldes y concejales, y en la conformación de la “comisión de honor” que deberá despejar diferencias en las comunas más importantes.
La DC está interesada en las comunas del sector norte de Santiago, donde la UDI enfrenta denuncias de corrupción. Aspira a conseguir la nominación de Gabriel Rodríguez en Huechuraba; Francisca Zaldívar en Recoleta; Nicolás Pavez en Colina y Pedro Concha, en Renca. El PS quiere a Camila Benado, por Huechuraba; Fernando Pacheco, por Recoleta; Jorge Suárez, en Colina y Víctor González, en Renca. El PPD, por su parte, ha levantado en Huechuraba a Sergio Escobar; y en Recoleta, a Jadille Baza.
San Bernardo es otra comuna en progresiva disputa entre la actual alcaldesa DC, Orfelina Bustos, y el hoy alcalde PPD de Buin, Angel Bozán Ramos. La riña entre ambos amenaza con sacar chispas.
En Santiago, pese al interés de Soledad Alvear para que la candidata sea Ximena Rincón, parece que nadie amenazará la aspiración por repetirse el plato del ex alcalde y ministro de Vivienda y Defensa, Jaime Ravinet. Tal es el respaldo que exhibe el empresario DC que el único que estaba en condiciones de disputarle la alcaldía, Jorge Schaulsohn, con apoyo de la derecha, desistió de competir.
Puente Alto, la comuna más grande del país, tiene como candidata DC a la hermana de la senadora Alvear, María Teresa. El PS aspira a que la nominación recaiga en Sylvia Roubillard y el PPD levantó a Sergio Villagrán. En La Florida, el PS aún no reemplaza a Germán Correa, que estuvo a sólo dos mil sufragios de vencer al alcalde Pablo Zalaquett (UDI) en 2004, quien ahora decidió no postular. La DC tiene en su lista a la ex diputada Mariana Aylwin, a la concejala Alejandra Krauss y al precandidato presidencial Marcelo Trivelli. En el PPD, por su parte, tratan de convencer al ex intendente Víctor Barrueto.
En Valparaíso y Concepción las pujas son también crecientes. En particular en la V Región, donde el PDC requiere aumentar su votación para recuperar en 2009 su hoy inexistente representación parlamentaria.
Todo indica que para los partidos políticos, el invierno será más caliente de lo habitual..
MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final” Nº 664, 13 de junio, 2008) |
