Estudiantes y profesores rechazan la LGE

NAUFRAGIO
de la educación

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

Liceos, colegios y universidades se encuentran en paro o toma. El magisterio realizó un “paro social”. Los anuncios de la presidenta Bachelet del 21 de mayo no bastaron para detener estos movimientos. La lucha ahora es contra el proyecto de Ley General de Educación (LGE) y porque las demandas levantadas por los secundarios en 2006 contra la LOCE pinochetista no fueron escuchadas, pese al extraordinario apoyo que concitaron. La crisis educacional es estructural. La educación de mercado no da para más.
El liceo A-45 de Lota -llamado “colegio acuático” porque se inunda y que fue el que desató las protestas de 2006-, continúa igual. Tras dos años de consejos asesores, la discusión sobre la educación terminó en un acuerdo entre el gobierno y la derecha -en noviembre de 2007- que consagra el lucro, la desigualdad y segmentación, junto al sistema de sostenedores y la municipalización. Según el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), “de 345 comunas que administran educación, sólo treinta tienen los recursos y la voluntad para contratar un equipo educativo que lidere las corporaciones o direcciones de educación y apoye a sus colegios”. Sostiene que la estructura discriminatoria de la educación subvencionada se mantendrá con la LGE, así como la facultad de seleccionar a los estudiantes por proyecto educativo y económico: “Se consagra la selección desde 6º básico en adelante en todas las escuelas. Prima la libertad del sostenedor por sobre el derecho a la educación”. Además, el Estado no garantizará el derecho a la educación: “colabora con esta ‘labor paterna’, subsidiando a privados y a municipios”.
Las nuevas movilizaciones de secundarios y universitarios han evidenciado la necesidad de un Estado que asuma el estancamiento y desigualdad educativos. Es la Constitución pinochetista la que otorga garantía constitucional al lucro, la libre empresa y la “libertad de enseñanza”, y niega el derecho a la educación y a la participación. “De eso no se habla en el debate parlamentario”, dice Víctor, del Instituto Nacional.
Para el Opech el escándalo de las subvenciones sirvió para que el tema del lucro quedara enmarcado como un problema de corrupción, entre ministerio y sostenedores: “El debate sobre financiamiento quedó preso en la necesidad de una mejor regulación de las subvenciones o de un mejor sistema contable para el Mineduc. ¿Ese es el principal problema del lucro en educación? La acusación constitucional contra la ex ministra Provoste instaló el problema en la estructura estatal y no en la gestión privada. Los sostenedores debieran ser educadores. No es posible que la mitad de la educación subvencionada esté gestionada por privados de los cuales no se conocen mayores datos”.
La presidenta Bachelet anunció la gratuidad de la PSU y becas para las prácticas profesionales. “Una pequeña victoria de nuestro movimiento, pero que no soluciona temas de fondo”, agrega Víctor, del Instituto Nacional. Para el Colegio de Profesores: “La LGE profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa. Lo que está en juego es la superación de la nefasta herencia de un sistema mercantilista o retroceder al siglo XIX, cuando la educación era una responsabilidad de la familia y no del Estado. La institucionalidad antidemocrática impide dar cumplimiento al derecho humano fundamental de la educación, y las autoridades no asumen su rol”.
Tanto el magisterio como la Asamblea Nacional por la Educación (Ande) rechazan la LGE porque no resuelve los problemas de segmentación social ni de calidad de la educación. El 4 de junio, miles de secundarios, universitarios y profesores se movilizaron en el “paro social”, que habría concitado un 90 por ciento de adhesión. Los profesores demandan “el fin del lucro en la educación y, por tanto, el fin de toda la institucionalidad neoliberal que lo sustenta, eso significa el fin de la LOCE en la educación superior y de la LGE”. Por su parte, el petitorio de las organizaciones de secundarios incluye “educación gratuita, estatal y de calidad; derogación de la LOCE, ley de acreditación y el sistema de financiamiento; gratuidad del pasaje escolar; fin de la municipalización, del sistema de sostenedores, de la PSU y la JEC; democratización de la educación; prácticas pagadas; fin de la ley de responsabilidad penal juvenil, transporte público y estatal, retiro de la LGE y derogación de la ley antiterrorista, entre otras”.
Eduardo Catalán, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, dice: “La LGE ve a nuestros hijos como un signo peso, como lucro, más que como alumnos. El Estado se desentiende de su rol subsidiario sin terminar con la inequidad que vemos a diario al interior de colegios y liceos. Se elimina la plena participación de padres y alumnos en el sistema educativo, como lo son los consejos escolares. Segrega a nuestros hijos por medio de la selección desde 6º básico. No vemos calidad, que es nuestro deseo. No se define claramente la responsabilidad estatal y se otorgan facultades que son del Mineduc a agencias privadas”.

Universitarios y secundarios

La “pequeña Michelle” -una muñeca gigante de más de seis metros- ha acompañado marchas y protestas. Fue confeccionada por estudiantes de las universidades de Valparaíso y de Chile. “Tres discursos presidenciales han pasado y sólo observamos modificaciones que parchan el sistema. Año tras año se implementan medidas que no logran resultados, por mucho que aumente el presupuesto, lo que indica la necesidad de un cambio más profundo. En su último discurso, Bachelet señaló que este era el año del acuerdo en educación. No habrá acuerdo sin una verdadera participación. Queremos incidir en el proceso de construcción de políticas y no ser meros espectadores”, afirma la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios.
Los universitarios han sumado su propio petitorio. Las universidades de Valparaíso, La República y Utem tienen crisis propias, pero apoyan las reivindicaciones de los secundarios. La Umce, Usach, Arcis, Academia de Humanismo Cristiano, Alberto Hurtado, Diego Portales y la UC también se han movilizado. En regiones ocurre otro tanto. Exigen mayores recursos fiscales para la educación superior, un mecanismo que sustituya la actual forma de financiamiento, eliminación del aporte fiscal directo e indirecto, congelamiento de aranceles, más recursos para derechos estudiantiles, gratuidad del pase, y triestamentalidad en las decisiones y elección de autoridades universitarias, entre otras.
“La educación superior enfrenta una situación crítica en el ámbito de las políticas de educación pública. A eso se suma una política de mercado que ha obligado a las universidades al autofinanciamiento, que día a día las aleja de su rol principal: educar con excelencia, calidad y vocación pública”, dice Rodrigo Leiva, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral.
La casa central de la Universidad de Chile está ocupada por determinación del pleno de la Fech, al igual que el campus Juan Gómez Millas, en Macul: “El estado actual de las artes, humanidades, ciencias sociales y ciencias de la comunicación es deplorable, sólo imaginable en un país que fue azotado por una dictadura que reprimió el desarrollo intelectual. Pero los posteriores gobiernos se han despreocupado de la educación pública, especialmente en estas áreas”, señala un comunicado de los estudiantes en toma. Los universitarios exigen el fin del autofinanciamiento de las universidades estatales, que las ha empujado a una virtual privatización, y acabar con los convenios de desempeño y cualquier otro mecanismo que implique endeudamiento. También exigen el retiro de la LGE y su reemplazo por “un proyecto que surja desde los actores involucrados en educación y de la ciudadanía. Proponemos un plebiscito para definir la propuesta de educación pública, fin al lucro en educación y que se garantice constitucionalmente este derecho”, dice Ursula Schüler, vicepresidenta de la Fech.
No están solos. La Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile sostiene: “Los cuestionamientos a la institucionalidad se resuelven con más participación, debate y democracia. La LGE es el resultado de una negociación política entre Concertación y Alianza. Los convenios de desempeño, particularmente el Proyecto Bicentenario, efectivamente son una forma encubierta para terminar gradualmente con el escaso financiamiento estatal que aún reciben las universidades. Su puesta en marcha amenaza gravemente nuestra estabilidad laboral”.
Cientos de tomas y paros en liceos y universidades vienen sucediéndose con el objetivo de frenar la LGE en el Parlamento. Aunque el gobierno le quitó al principio la urgencia y agregó indicaciones -una que define la educación pública y otra que aumenta las exigencias a los sostenedores-, las protestas se acrecentaron y varios parlamentarios desconocieron el acuerdo con la Alianza, presentando unas 150 modificaciones a la ley. Según los secundarios “ese acuerdo sólo desvirtuó nuestras demandas y las de la ciudadanía, y no significa una reforma estructural al sistema educativo”, dice Sebastián Torres, vocero del Liceo de Aplicación.
Luego de presentar las dos indicaciones, la presidenta Bachelet logró que los parlamentarios díscolos dieran un paso atrás y repuso la urgencia, por lo que la Alianza amenaza con rechazar el proyecto si el gobierno “no cumple el acuerdo de noviembre de 2007”. La LGE creará organismos como la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, aunque no aborda temas de fondo como el lucro, financiamiento compartido o el rol del Estado.
Otra organización de secundarios, la Asamblea Sur Oriente, que pretende recomponer la extinta Asamblea de Estudiantes Secundarios, forma asambleas territoriales en liceos de Santiago y también en regiones: “Debemos atacar los fundamentos de la educación de mercado, y construir un movimiento estudiantil capaz de convocar a trabajadores, pobladores, sectores sociales y hacer de la educación una demanda social”, dicen. Nicolás Manríquez, vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, señala: “Con el nuevo proyecto no se resuelve el problema de fondo, que es la brecha existente entre educación particular y municipal. No recibimos la misma educación, sólo nos dan migajas. No basta con llenarnos de computadores, alimentación o pases escolares sin resolver los problemas de base. Mientras (...)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 664 de “Punto Final”, 13 de junio, 2008. Suscríbase a Punto Final)