Neopopulismo
y reacción empresarial

Pocos períodos similares al que ha comenzado a vivir el gobierno de Michelle Bachelet pueden recordarse durante los años de transición. Una semana con los estudiantes secundarios y universitarios en tomas y protestas callejeras y un paro nacional de camioneros, de masiva convocatoria y respuesta.
Durante las mismas jornadas se manifestaron en el centro de Santiago los profesores en paro, que compartían si no la misma calle, sí la vecindad con funcionarios de Correos que voceaban sus demandas. A la misma hora, en varias capitales de regiones la locomoción colectiva se unía a la paralización de los camiones y de centenares de estudiantes que salían a las calles a expresar sus quejas. Un episodio como el descrito sin duda que resulta inédito para cualquiera de los gobiernos de la Concertación. Los tiempos han cambiado.
Problemas abundan. Están los políticos: la misma Concertación exhibe cada día con más claridad sus fracturas, y están los económicos, expresados no sólo en una inflación ya desatada. En aquella primera semana de junio surgió también un incipiente desabastecimiento de algunos alimentos y combustibles, derivado del paro de los transportistas.
El síndrome de malestares económicos y sociales de diferentes orígenes e intereses -casi nada parece relacionar las protestas de los estudiantes con los camioneros- apunta a una crisis bastante más profunda y extensa. Un malestar que no es sólo económico, sino también político y cultural, y también de diversas fuentes y vocaciones. Se observa en el evidente contenido político y cultural de las protestas estudiantiles en contra del mantenimiento de la inspiración mercantil y lucrativa en el proyecto de Ley General de Educación (LGE), y al observar el poderío del gremio del transporte, desplegado e inmóvil en las principales carreteras de Chile. Dos movimientos en apariencia antinómicos por su perfil e intereses políticos, pero que sin duda esconden, en algunos pliegues de este complejo tejido social y cultural, molestias, si no compartidas, similares.
La apreciación del deterioro político de un gobierno desacreditado, percepción ya demostrada desde hace años por numerosas y variadas encuestas y por la misma abstención electoral, convierten protestas por la ley de educación o por la eliminación del impuesto al petróleo diésel en demandas que encierran otras motivaciones. El aumento del precio de los combustibles y de los alimentos, el virtual estancamiento de la economía o la porfía del gobierno -y de la oposición- al cerrarse a los cambios a la LOCE demandados por los estudiantes, se han levantado como pretextos para, desde muy variados puntos de vista, repudiar al gobierno. ¡Y este sí que es un motivo de movilización compartido!

La repugnancia neoliberal

Pero no sólo al gobierno. Es repudio, repugnancia frente a un modelo que ha sido impreso como sello de identidad en todos y cada uno de los gobiernos de la Concertación. El modelo económico neoliberal, gestionado con fruición por la Concertación, es, bien se sabe, creación y razón de ser de la derecha, desde la dictadura a nuestros días. Aunque las protestas pueden alcanzar de forma indirecta a la derecha, están dirigidas al gobierno. Las estudiantiles tienen como objetivo La Moneda, aun cuando es también conocido el acuerdo entre la Concertación, la derecha y el gobierno que dio origen al proyecto de la LGE. Y lo mismo sucede con los camioneros: al imprecar al gobierno, lo que en realidad hacen es culpar de sus males al modelo económico. Pero a diferencia de la dirigencia estudiantil, en los transportistas la conciencia política no parece ser su mayor talento.
Parte de la actual crisis, que en el terreno económico se hace evidente y que en el político ya ha comenzado a generar una percepción de fragilidad del gobierno de Bachelet, es un producto elaborado por la oposición de derecha, por los poderes con que se viste y sus medios de comunicación todoterreno. Se trata de una campaña de más de una década que hoy, con la ayuda de la sumatoria de errores del gobierno y de la inestabilidad económica mundial, exhibe sus efectos como un éxito. Hoy es posible afirmar que el actual gobierno de la Concertación está en crisis, aun cuando la interpretación de esa crisis tiene miradas muy diferentes. Como la mínima similitud que existe entre un estudiante y un camionero.

Una protesta empresarial

Las diferencias se extienden a los profesores, a los funcionarios públicos, los deudores habitacionales, los pescadores, a la dirigencia del pueblo mapuche. La gran diferencia es la calidad de pequeños empresarios y su relación con los impuestos, materia que ha sido tradicionalmente tema recurrente de la derecha. Cualquier actividad o discurso a favor de una disminución de los impuestos siempre hallará apoyo entre esa oposición hilvanada por el paradojal binomio conservador-neoliberal (sin duda menos paradojal que la fusión socialista-neoliberal). Y la protesta de los camioneros no ha sido la excepción: todos los gremios empresariales, toda la oposición y los medios de comunicación de la derecha han mostrado su apoyo a sus demandas. En abierta y evidente diferencia con las de los estudiantes, profesores, pescadores o empleados públicos, sus peticiones han sido consideradas legítimas. El impuesto a los combustibles, y en especial al diésel, es un impuesto, como dicen ellos, “abusivo”.
El trato a estas protestas -que de alguna manera es una protesta de la pequeña burguesía apoyada por la gran burguesía empresarial y sus medios de comunicación, dirían, en la trinchera de la defensa de las libertades- ha sido positivamente discriminatorio, actitud que se observó en el gobierno que, pese a las amenazas y otros amagos, no envió nunca a sus “fuerzas especiales” a disolver las kilométricas y pesadas manifestaciones de la misma manera que lo hace contra cualquier otro grupo social que levanta una bandera o pancarta en el centro de Santiago. Ante el virtual bloqueo de todo el país, al desabastecimiento de combustibles en algunas zonas y a la inminente falta de otros insumos y alimentos, el gobierno, a las pocas horas, se sentó a negociar con los camioneros y no puso muchos obstáculos para acceder a casi todas las demandas. Al 80 por ciento de ellas.
¿Por qué? Por miedo. No a los camioneros, sino a la derecha populista, que los apoyó pidiendo abiertamente la eliminación del impuesto al diésel, pero que no pide ni apoya la eliminación, por ejemplo, del IVA a los alimentos básicos que pagan las familias más pobres. La derecha, otra vez, y muy bien sabemos lo que significa otra vez, apoya a este sector de la pequeña y mediana empresa con el cual puede tejer relaciones y elaborar campañas.
La estrategia quedó muy clara pocos días más tarde. Una encuesta de El Mercurio publicada el domingo 8 de junio transparentó la campaña, llena de contradicciones pero efectiva. Tan efectiva como un clásico y bien articulado populismo. La encuesta reveló que más del 60 por ciento consideró legítima las demandas de los camioneros, incluso sus métodos para conseguirlas. Pero también reveló que casi un 60 por ciento estimó que el gobierno había sido débil al acceder con prontitud a esas peticiones. Lo mejor, y esto es lo que El Mercurio estimula, es lo que vendrá. A la pregunta respecto a extender la eliminación del impuesto a los combustibles, el 83,5 por ciento de los encuestados sostuvo que se debe descontar el impuesto a los taxis y colectivos; el 82,3 por ciento a las micros y buses, y el 76,1 por ciento a los automovilistas. Con el apoyo ciudadano conseguido por El Mercurio, está claro cuáles serán los frentes de batalla de aquí en adelante. Un día estimular la eliminación de impuestos y levantar la bandera de las libertades públicas; al día siguiente escandalizarse por la debilidad del gobierno. La más pura doctrina del shock de Naomi Klein: la derecha y los neoliberales siempre se han beneficiado con los trastornos económicos.

Un triunfo efímero

Los camioneros lograron la eliminación casi total del impuesto específico al diésel. Una supresión que esta vez sí se ha hecho a contrapelo de Hacienda. El ministro Andrés Velasco, hasta último momento, rechazó de forma tajante la demanda de los transportistas. Más aún, la víspera del paro, el gobierno había difundido su plan, que consistía, principalmente, en el relleno del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. En suma, en un nuevo pobre subsidio al desatado aumento del precio internacional del crudo, alza frente a la que Chile es prácticamente dependiente en un cien por ciento.
Durante aquellos mismos días, el Servicio de Impuestos Internos publicó sus cálculos finales sobre la Operación Renta de 2008. Gran sorpresa. Pese al mayor crecimiento de la economía, pese al crecimiento de las utilidades empresariales, la recaudación de impuestos fue mucho menor. Más de un ocho por ciento menos a lo obtenido en 2007. La merma, dijo el director del SII, Ricardo Escobar, fue creada por las grandes empresas, comenzando por las mineras. “Los impuestos declarados en abril de 2008 muestran una reducción de 8,7 por ciento en relación al año anterior, eso en un escenario donde el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 5,1 por ciento en 2007. Queremos saber a qué responde esa aparente contradicción entre menores impuestos a la renta y mayor actividad económica, y el camino para ello es fiscalizar las bases imponibles contra la cual se establecen los impuestos a pagar por las empresas”.
Con la disminución del impuesto al diésel, el Fisco contará con menores recursos. Cálculos estimativos señalan que cerca de un ocho por ciento del total recaudado por el Fisco proviene de los combustibles: IVA, más específicos. Aun cuando el tributo que pagan las gasolinas no está todavía en agenda, sí es una larga demanda de no pocos parlamentarios y grupos ciudadanos. Si consideramos las proyecciones internacionales del precio del petróleo, se prevé un máximo de 150 dólares por barril de aquí a comienzos de julio y una escalada hacia los 200 dólares de aquí a fin de año. Teniendo en cuenta lo exitoso de la protesta camionera, es muy probable que ante una nueva y sensible alza de las gasolinas y la inminencia de las elecciones parlamentarias, sea éste uno de los temas de la agenda. Lo será, sin necesidad que los conductores bloqueen las carreteras ni la Alameda.
El impuesto específico es un monto fijo por metro cúbico de bencina vendido. Equivale a seis Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos 211.350 pesos actuales por metro cúbico de gasolina y 1,5 UTM, 52.837 pesos, en el caso del diésel. Un impuesto nada menor, que en conjunto, considerando el IVA en los combustibles, puede llegar a significar más del siete por ciento de la recaudación. En 2006, los impuestos sobre los combustibles sumaron más de 1.500 millones de dólares. La virtual eliminación en el caso de los camioneros tiene un costo mucho menor para el Fisco. Velasco ha calculado en poco más de cincuenta millones de dólares anuales la merma tributaria, porque no se aplicará a todos los vehículos que emplean diésel, hoy muchos 4x4 de lujo. Se devolverá a quienes acrediten ser del rubro camionero.
El gobierno, tras haber llegado a este fácil, rápido y eufemístico “acuerdo” con los empresarios del transporte de carga, negó que de ahora en adelante se trate de llegar y llevar. Francisco Vidal, a las pocas horas de este “acuerdo”, advertió al país: “Que nadie se llame a engaño, ésta fue una situación especial, una situación particular (¿?). Si alguien cree que se trata de ponerse a la fila, se puede llevar un gran engaño”. Pero, si recordamos un poco, aquellas mismas advertencias las hicieron René Cortázar, Felipe Harboe y el mismo Vidal durante las horas previas al paro. Habría que tener en cuenta para el futuro la actitud que tome la oposición de derecha y no pocos democratacristianos, y la poderosa clase empresarial. Porque el gobierno no fue solamente vencido en 48 horas por los camioneros. Fue vencido por el apoyo que ellos recibieron de todos los medios y de la oposición.

Proceso de metástasis económica

Es muy probable que en nada resuelva ésta y otras medidas el problema de fondo, el encarecimiento de todos los bienes y una pérdida permanente del poder adquisitivo de la población. En síntesis, un empobrecimiento masivo y el comienzo de un período de desorden económico, que ha llevado al gobierno a tomar medidas contradictorias, a la medida de los gremios más poderosos. Lo de los camioneros tiene un claro referente con la diaria compra de dólares que el Banco Central realiza para elevar el precio de esa divisa. Una acción diaria que favorece al sector exportador, el gran, poderoso y concentrado sector exportador -mineras transnacionales incluidas-. Mientras, con ese dólar alto los consumidores, los más pobres incluidos, han de comprar alimentos importados. Para ellos, ni hablar de eliminación de impuestos.
El impuesto específico al diésel siempre había sido menor que el aplicado a las gasolinas. Sin embargo, durante los últimos meses, a medida que se encarecía el petróleo en los mercados internacionales, el gobierno puso en marcha una política para equiparar los precios de todos los combustibles. Hoy, a diferencia de un año atrás, no hay gran diferencia entre la gasolina de 95 octanos, el diésel y la parafina. El argumento para esta política ha sido el aumento de vehículos diésel particulares, muchos de ellos vehículos de lujo. La solución no fue reorganizar el impuesto, sino subir el combustible.
El “acuerdo” no tuvo gran consenso, y mostró lo frágil de la dirigencia de este gremio. Fueron muchas las bases, en especial de regiones, que no estuvieron satisfechos de lo logrado por sus dirigentes, insatisfacción que se amplificará muy pronto. Las expectativas sobre el precio internacional del petróleo para los meses venideros son de una fuerte alza -de hecho, el mismo día que los transportistas estrechaban la mano de los ministros, el crudo llegó al récord de 138 dólares-, cuyo máximo hoy nadie se atreve a pronunciar. Ante estas proyecciones, que tiene a los transportistas del mundo con el grito en el cielo, es previsible todo tipo de nuevas movilizaciones.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final” Nº 664,  13 de junio, 2008)