La rabieta del Borbón

Rey de Oros en la Cumbre

No fue sólo una salida de protocolo. Fue claro desprecio, poner las cosas en el lugar donde siempre han estado, retornar al orden establecido. El nada protocolar tapabocas que Juan Carlos I le espetó al presidente de Venezuela, exhibido y repetido hasta la saturación, expresó la esencia de las relaciones entre España y Sudamérica. El exabrupto monárquico, el “por qué no te callas”, reveló dónde estaban los límites para la relación “iberoamericana”, el sentido de las cumbres iberoamericanas -creadas a partir de 1991, en el marco de la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento” de América durante los gobiernos del socialista español Felipe González-, los bordes y condiciones de la relación entre la metrópoli y las ex colonias en el proceso de globalización.
Tal vez la salida de escena del monarca aclaró la rabia inicial. Juan Carlos I se levantó con desprecio al escuchar a un par de metros las críticas que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, hacía a la empresa hispana Unión Fenosa, proveedora de la electricidad en el pequeño país centroamericano. Pese a lo inocuo del acto, quedó de manifiesto el motivo de la ira real. Nadie puede salirse del guión, nadie puede criticar los intereses de España, representados por su majestad el rey.
Hablamos de intereses, que es lo mismo que hablar de inversiones. Porque el rey y el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lo que han defendido en la Cumbre ha sido a las empresas españolas, con una inversión bruta en la región, entre 1993 y 2007, de unos 129 mil millones de euros, según cifras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.
El clima se ha enrarecido, las aguas del Atlántico se han agitado, el mundo empresarial español ha recordado “la incertidumbre que supone invertir en algunos países latinoamericanos, los denominados populistas”, escribía tras el episodio el periódico empresarial hispano Expansión. El mismo medio reproducía un comunicado del Consejo Superior de Cámaras de Comercio en el que ratificaba el “permanente compromiso de las empresas con el desarrollo económico y social de todos los países iberoamericanos”, y agradeció al rey y a Rodríguez Zapatero su “defensa del respeto, la honestidad y la dignidad de las empresas y empresarios españoles, ante los insultos (las cursivas son nuestras) recibidos por parte de algunos mandatarios”.
El asunto está más que claro, y si algo tiene que ver con el estilo desenvuelto de Hugo Chávez no está allí la raíz del conflicto. Las críticas al desempeño de las corporaciones españolas, propietarias en muchos países de sectores clave como las empresas de servicios públicos y de energía, fueron profundas y completas durante la Cumbre, como cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, con aquel talante sosegado y modulado tan propio del altiplano, propuso la estatización de todos los servicios públicos en América Latina. “No pueden estar en manos del sector privado porque se trata de un derecho humano (…) todos tenemos que movilizarnos para recuperarlos”. Una propuesta tan radical como la planteada en esa misma jornada por el nicaragüense Ortega, que invitó a los gobernantes de la región a dejar la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que participa Estados Unidos, y crear una organización latinoamericana.

LA DECADA DORADA

A la década pasada le han llamado La Década Dorada para las inversiones españolas. Un proceso iniciado a comienzos de los 90 que coincidió con las reformas económicas (neoliberales) a ambos lados del Atlántico. El fuerte flujo de capitales hispanos hacia América Latina tiene al menos dos causas: la aplicación de las reformas que contenía el Consenso de Washington, entre otras las fiscales y la reducción del tamaño del Estado y sus consiguientes privatizaciones. Los países latinoamericanos, presionados por los organismos financieros internacionales, se deshicieron del control de sus servicios públicos y los entregaron, ya sea como concesión o venta completa, a inversionistas extranjeros, entre los que destacaron los españoles. El otro motivo es el proceso liberalizador de la economía en Europa y España, miembro de la Unión Europea desde la década de los 80. La apertura de su economía generó una mayor competencia al ingresar al mercado español grandes grupos europeos, lo que impulsó a los consorcios hispanos a buscar nuevos mercados. La orientación hacia Latinoamérica habría sido motivada por las afinidades lingüísticas y culturales. Era más fácil hacer negocios aquí que por ejemplo en Oriente Medio o Asia.
El flujo de capitales españoles durante la década pasada llegó a niveles inéditos en Latinoamérica, tanto que superó a todos los otros inversionistas para quedar sólo bajo Estados Unidos, el país que históricamente había mantenido la hegemonía en el continente.  Tras el torrente de capitales, que obviamente ha decrecido durante los últimos años, ha venido la consolidación. Después de las iniciales privatizaciones han venido los cambios de propiedad ligados a los procesos de fusión, adquisición y nuevas inversiones.
Hoy, si se observa el mapa de la región, los bancos hispanos BBVA y Santander tienen los mayores mercados bancarios de Latinoamérica (en Chile ambos tienen cerca de un 30 por ciento); Repsol es dueña de la mayor petrolera de Argentina; Telefónica controla las principales compañías de Brasil, Venezuela, Perú y Chile (tiene en Chile el 80 por ciento del mercado de la telefonía fija y el 43 por ciento de la móvil); y Endesa es el mayor operador eléctrico de la región (con el 55 por ciento de la generación eléctrica en Chile). Como afirma no sin orgullo Expansión, “desde el Río Grande, en México, hasta Tierra del Fuego, en Argentina, se encuentran empresas con ADN español”.
España ha diseñado e instalado una estrategia económica basada en la expansión de sus empresas hacia América Latina. Y no son pocas las corporaciones hispanas cuya mayor proporción de ingresos proviene de sus filiales en Latinoamérica. Uno de esos casos es Telefónica, que con 94 millones de clientes en casi todos los países de la región -sólo es superada por la “translatina” América Móvil (en Chile dueña de Claro) del magnate mexicano Carlos Slim- obtiene el 35 por ciento de sus ingresos de sus filiales americanas. Estos negocios este año reportarán a Telefónica unos 19 mil millones de euros.
En el área financiera sucede lo mismo. El grupo Santander, con presencia en ocho países latinoamericanos (tiene el primer banco en Chile, el tercero en México y también el tercero en Brasil) obtiene el 32 por ciento de sus beneficios de los negocios instalados en la región. Con el BBVA se reproduce el mismo esquema. Es dueño del primer banco mexicano, además de contar con bancos y fondos de pensiones en prácticamente todos los países. Aproximadamente un 15 por ciento de sus utilidades provienen de Sudamérica, y otro 20 por ciento de sus inversiones en México.
La otra gran área de negocios está en la energía, con Endesa y Repsol. Endesa, con presencia en cinco países, obtiene el diez por ciento de sus beneficios en Latinoamérica; en el caso de Repsol un 70 por ciento de sus negocios están concentrados en la región. Por cierto que no termina aquí la larga lista de inversiones españolas en Latinoamérica. Ha habido una fuerte penetración de constructoras e inmobiliarias en proyectos de turismo, condominios, edificios, autopistas, puertos y aeropuertos concesionados.
Por tanto, no es de extrañar que la delegación española en la Cumbre Iberoamericana haya contado con numerosos empresarios, y tampoco la defensa que los jefes de Estado y de Gobierno hicieran de estos intereses. Lo que defiende el Estado español es un modelo económico, un orden establecido apoyado en el sector privado.

DEFENSA A ULTRANZA DE UN MODELO

Un conjunto de ONGs españolas   -Ecologistas en Acción, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL)- emitió a las pocas horas de la rabieta real un comunicado que revela la esencia del conflicto: “La política pública exterior del gobierno español está más centrada en la defensa de los intereses económicos españoles que en la lucha contra las desigualdades en América Latina. Esta es la conclusión que tenemos que sacar de la intervención del presidente español después de la polémica desatada en Santiago de Chile a raíz de las críticas del ejecutivo venezolano contra la patronal española y de los presidentes de Argentina y Nicaragua por los impactos sociales de la privatización de los servicios públicos y otras empresas estatales a cuenta de empresas españolas”.
Ha sido un choque entre modelos de desarrollo, que el anfitrión -el gobierno chileno- rápidamente percibió. Durante las horas posteriores a la discusión en el salón plenario de la Cumbre, el canciller democratacristiano Alejandro Foxley, economista neoliberal, desafió a Hugo Chávez a comparar los resultados en materia social entre el gobierno bolivariano y la Concertación, en tanto tomaba partido por España porque, dijo, con ese país tenemos una mayor alianza. Se refería al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea vigente desde 2003, pero también era un mensaje para las transnacionales hispanas presentes en Chile.
El modelo de desarrollo tan defendido por los gobiernos de la Concertación y los españoles -sin diferencia entre el PSOE y el PP-, con casi dos décadas de vigencia puede ya exhibir sus resultados. Están claras las ventajas que han obtenido las empresas, pero Foxley ha querido discutir sobre beneficios sociales. Y allí hay más carencias que beneficios, como lo expresan no sólo los movimientos sociales a lo largo y ancho del continente, sino organismos como la Cepal, el Banco Mundial y hasta el Fondo Monetario Internacional. Desde la instalación de las reformas del Consenso de Washington, desde la apertura de los mercados a las corporaciones, desde la entrega de la economía a estas compañías, América Latina ha retrocedido en sus indicadores sociales, tal vez de manera inversamente proporcional a las ganancias de las grandes corporaciones. Nunca en la historia de la región ha habido más emigración hacia el denominado Primer Mundo, nunca ha existido tanta desigualdad entre ricos y pobres. No deja de ser un emblema de esta extrema contradicción que el empresario mexicano Carlos Slim haya desbancado al estadounidense Bill Gates como el hombre más rico del mundo, según afirma la revista Forbes.
La misma presidenta Bachelet recordó durante la Cumbre que en la región hay 205 millones de pobres, lo que es una tasa superior al 43 por ciento, y Rodríguez Zapatero afirmó que hay 77 millones sin acceso a agua potable: sólo un par de indicadores en el universo de carencias que han causado el retroceso de las políticas neoliberales en la región, el creciente roce de intereses con las empresas españolas y la emergencia de movimientos sociales y gobiernos de inspiración de Izquierda. Porque de los discursos de Evo Morales, del ecuatoriano Rafael Correa, del nicaragüense Daniel Ortega, e incluso del argentino Néstor Kirchner, deriva una fuerte crítica que va más allá del comportamiento puntual de ciertas compañías, alcanza a la estructura misma de un modelo económico. Hay un discurso crítico con nuevas propuestas, en medio de una creciente reacción de las corporaciones y las oligarquías nacionales, que es simplemente la respuesta a lo que han dejado en Latinoamérica estas empresas.

COOPERACION ESPAÑOLA: CARIDAD Y NEGOCIOS

Rodríguez Zapatero llegó a la Cumbre con un cheque, dijo, por 1.500 millones de euros para proyectos de agua potable destinados a los sectores más pobres de la región. Una iniciativa acotada dentro de los planes de cooperación y ayuda, como lo fue hace un par de años la condonación de la deuda externa que Bolivia mantenía con España. Un aporte que busca reducir el impacto social de las empresas, pero que no ha logrado alterar la esencia del problema, que es la transferencia de la riqueza desde un continente pobre a un Estado primermundista.
La cooperación española y de la UE está inspirada en la caridad y en los negocios. Los aportes tienen dos grandes características: están orientados a los países y sectores de extrema pobreza, los que desarrollan programas muy puntuales canalizados generalmente por los gobiernos centrales. Están también destinados a mejorar cierta infraestructura productiva o de gestión, en la que en no pocos casos participan empresas españolas. El caso chileno es paradigmático. Exhibe la evolución y cambios que ha tenido la cooperación europea durante las últimas décadas. Es posible observar un cambio tanto en los montos -que han disminuido- como en los destinatarios de la cooperación, que originalmente, durante la dictadura, fueron distintas ONGs como forma de apoyar la vuelta a la democracia.
Durante los primeros años de la década pasada estos recursos se destinaron al gobierno, y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil, para el fortalecimiento de la incipiente democracia. A partir de 2000 hubo un cambio: a la cooperación tradicional, de apoyo a las áreas sociales, se agregó la cooperación técnico-industrial, institucional y empresarial, con una creciente participación del sector privado. Para el período comprendido entre 2002 y 2006 se destinaron 34,4 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento se canalizó a pymes, más medianas que pequeñas. Un 40 por ciento fue a proyectos sociales. Esa ha sido toda la cooperación, que para el período de cinco años da un promedio de 6,8 millones de euros anuales. Una gota de agua en un desierto de carencias

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final” Nº 652, 23 de noviembre 2007)

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