Edición 652 - Desde el 23 de noviembre al 6 diciembre de 2007
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Los Borbones de la Concertación

Eugenio Tironi.


Tras el voceado incidente del monarca Borbón educado por Franco, la prensa de derecha, tanto la española como la chilena, no sólo ha salido en su defensa, sino que ha construido el relato de fondo del incidente. Un fondo que no es la mera trastienda del episodio: se trata de un conflicto estructural de intereses, tal como los vimos en la región hace ya treinta años. Latinoamérica es hoy nuevamente escenario de la lucha de clases, de una lucha que enfrenta a las fuerzas sociales y políticas de la Izquierda con la reacción de los sectores más conservadores aliados al empresariado y a la socialdemocracia renovada.
El destemplado bramido de Juan Carlos I al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo preparado, según señala El País, de España. Fue una estrategia elaborada el día previo, cuando ya Chávez, como también el argentino Néstor Kirchner, habían criticado el papel de las empresas españolas en América Latina y las declaraciones de su patronal, la misma que, recordó Chávez, había apoyado en 2002 el golpe de Estado contra su gobierno.
El exabrupto, bien sabemos, detonó cuando Chávez calificó de fascista al ex presidente del gobierno español, el fascista José María Aznar. Una condición ganada por Aznar al haber apoyado aquel golpe de Estado, pero también por sus actividades actuales. Hace unos días el gobierno de Bolivia acusó a Aznar de liderar una confabulación internacional para sabotear la alianza integradora de los pueblos latinoamericanos y debilitar a los gobierno de Evo Morales, Rafael Correa, Fidel Castro, Daniel Ortega y Hugo Chávez. El español ha usado para tales fines su fundación, Análisis y Estudios Sociales, financiada por el Partido Popular (PP) de España. Entre otras acusaciones esta fundación ha financiado la subversión interna en Bolivia, particularmente en los departamentos que ganaron el referéndum autonómico.
Durante la Cumbre quedó en evidencia la fuerza de la reacción iberoamericana para frenar los procesos sociales y revolucionarios. Está la campaña de prensa de los diarios derechistas, como lo es El País de España, y de todos los medios en manos de la oligarquía en Latinoamérica, como El Mercurio. Está, por cierto, la defensa al actual modelo económico por toda la institucionalidad española y está también la defensa a ultranza que hacen desde Chile los grupos conservadores y socialdemócratas neoliberales, como quedó en pasmosa evidencia cuando el canciller Alejandro Foxley retó a Chávez a comparar las políticas sociales entre la Concertación y el gobierno bolivariano. Bien sabemos los chilenos que la Concertación cuenta con magos de las estadísticas, como vergonzosamente se ha demostrado en la manipulación de las cifras de pobreza que calcula Mideplan.
No sólo Foxley sinceró su obsesión contra Chávez, la que comparte la Democracia Cristiana chilena, aliada a la conspiración internacional contra el gobierno de Venezuela. La misma presidenta Michelle Bachelet defendió la “alianza” entre Chile y España, prioritaria a la relación con la hermana Venezuela. La presidenta habló del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, también de la defensa de las inversiones hispanas y la seguridad jurídica que les permite ingentes utilidades, y también del modelo económico, en contraste con los “populistas”, como le llama la prensa reaccionaria a los gobiernos honestamente socialistas.
El peso de las inversiones españolas en América Latina y particularmente en Chile, se hizo sentir con fuerza en la XVI Cumbre Iberoamericana. Una actividad paralela a la Cumbre, de especial relieve, fue el premio iberoamericano “a la calidad y excelencia en la gestión en categoría oro”, que se otorgó al Banco Santander. La elegante ceremonia la encabezó la propia presidenta Michelle Bachelet que entregó el galardón en sus manos al presidente del Santander, Mauricio Larraín, ante la complacida mirada del canciller español, Miguel Angel Moratinos, y decenas de invitados pertenecientes al mundo de los negocios.
El modelo que defienden Foxley, la presidenta Bachelet, la institucionalidad española, el empresariado y el conservadurismo de ambos lados del Atlántico ha mostrado sus efectos desde su instalación, hace ya casi dos décadas. Son evidentes las ventajas que han obtenido las empresas asentadas en nuestra región, pero son también de una claridad palmaria las perjudiciales consecuencias económicas y sociales. Un reciente informe de Latinobarómetro reveló que la mayoría de los sudamericanos quiere una mayor intervención del Estado en la economía y una disminución del protagonismo del mercado.
La evidente defensa de Foxley y la Concertación del modelo de desarrollo basado en el mercado y en la inversión extranjera, liderada ésta en numerosos sectores por las empresas españolas, además de tratarse de un asunto ideológico, es también una cuestión de intereses. La relación entre la política y la gran empresa es una maligna simbiosis que, entre otros factores, ha conducido al actual deterioro de las democracias y al protagonismo de la gran empresa en todas las facetas de la vida económica y social. Los políticos, aquellos antiguos representantes del pueblo, de la ciudadanía, han pasado a ser representantes de los intereses corporativos.
No es un misterio ni una novedad la relación entre los partidos de la Concertación y las transnacionales españolas. No es un secreto, pero bien vale su recuerdo. Hay sin duda una relación oscura, enfermiza si se quiere, entre la política y sus financistas, que son básicamente los grandes grupos, tanto nacionales como extranjeros. Para muestra un breve catálogo de figuras de la Concertación que, además de hacer una buena carrera en/o muy cerca de las empresas españolas, han sido la correa de transmisión entre sus partidos y los grandes grupos hispanos.

Ximena Rincón (DC), ex intendenta de Santiago, pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida, empresa que pertenece al grupo español BBVA. En aquel directorio también estuvo el socialista, ex senador y hoy ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Carlos Mladinic (DC), ex ministro de Frei Ruiz-Tagle y ex presidente del Sistema de Empresas Públicas y de TVN en el gobierno de Lagos. Es hoy miembro del (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 652 de “Punto Final”, 23 de noviembre 2007)


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