Exigen familiares de lautaristas prófugos

 “Que se respeten sus vidas”

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

LUIS Aliste Salinas y Karina Aliste Vega, padre y hermana de Juan Aliste, ex preso político del Movimiento Juvenil Lautaro. “La vida de mi hijo está en peligro”, dice el padre del fugitivo.

La Fiscalía Militar y el OS-9 de Carabineros acusan a tres ex presos políticos del Movimiento Juvenil Lautaro -Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Carlos Gutiérrez Quiduleo-, de participar en el asalto del 18 de octubre al Banco Security, en el centro de Santiago, donde fue asesinado el carabinero Luis Moyano. También se acusa a Freddy Fuentevilla Saa, hermano de un ex preso político del MIR. Se ha emprendido tan implacable cacería policial de estas cuatro personas que sus fa-miliares y compañeros temen por la vida de los fugitivos. La derecha y sectores de la Concertación han cuestionado el indulto aprobado en 2004, que supuestamente benefició a estos ex presos políticos. Incluso la presidenta Bachelet se ha hecho eco: “Esas personas son delincuentes y como delincuentes tienen que responder”.
El asalto al banco ocurrió días antes que se votaran en el Congreso un proyecto de indulto para violadores de los derechos humanos y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Según la UDI, existía un “acuerdo” con el oficialismo que equiparaba a los presos políticos con los torturadores de la dictadura. Pero tras el escándalo mediático, la Concertación no dio sus votos, y la derecha reaccionó no aprobando la Convención sobre Desaparición de Personas.
Monseñor Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Social e impulsor del indulto para los presos políticos, ha puntualizado que ninguno de los prófugos acusados del asalto al banco fue beneficiado por el indulto de 2004. “Ninguno fue indultado. Consiguieron su libertad con beneficios carcelarios, algunos incluso antes de que se aprobara la ley de indulto”, dice Baeza.
“Ninguno de los acusados del asalto al Banco Security y de la muerte del carabinero Luis Moyano obtuvo indulto, sino los beneficios carcelarios tras diez años o más de estar recluidos. Juan Aliste no fue indultado. Marcelo salió libre porque la Corte le otorgó la libertad condicional. Ni él ni los otros están en libertad por la ley de indulto. Es horrible lo que están haciendo con este caso los medios de comunicación”, señala monseñor Baeza, quien conoce hace años a la familia de Juan Aliste. “Son personas ejemplares, a través de ellos conocí a su hijo, que estaba en ese tiempo preso en la cárcel de Buin. Me pidieron que intercediera ante el jefe de la cárcel porque Juan recibía trato de ‘preso común’, y exigía la categoría de preso político, como sus otros compañeros en la Cárcel de Alta Seguridad. Juan estaba en condiciones de recibir beneficios carcelarios y le ayudé. Era mi misión”, agrega monseñor Baeza.

HECHOS BOCHORNOSOS

Luisa Toledo y Manuel Vergara -padres de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por Carabineros en la Villa Francia durante la dictadura-, y familiares de los ex lautaristas acusados del asalto al banco y de matar al carabinero Moyano, denunciaron un montaje policial contra ellos y advirtieron que sus vidas corren peligro.
Karina Aliste, hermana de Juan, es enfática: “Lo publicado por los medios respecto a nuestros familiares es un montaje... Conozco a mi hermano y puedo asegurar que es inocente. El fiscal militar a cargo de la investigación, Roberto Reveco, no es imparcial. Temo que si encuentran a mi hermano, lo maten. Carabineros llegó a mi casa diciendo que Juan es un ‘asesino’, torturaron sicológicamente a mi hermana menor y a mi madre. No confiamos en la justicia militar, porque ha demostrado su parcialidad”, dice.
Cristián Fuentevilla, hermano de Freddy, lamentó la falta de garantías de debido proceso para los fugitivos: “El Estado no ha dado garantías de que protegerá su integridad física. No reconozco a Freddy en las imágenes del asalto que muestra la TV”. Por su parte, Luisa Toledo califica la investigación policial como “una caza vergonzosa”, y agrega: “Creo que esto es un montaje”. El fiscal Roberto Reveco, de la II Fiscalía Militar, fue quien “investigó” el asesinato de sus hijos durante 18 años sin llegar a nada.
Hasta ahora, la prensa sigue involucrando a Cristián Fuentevilla, hermano de Freddy, el prófugo, en los hechos. Mario Sobarzo, profesor de la Universidad Arcis de Valparaíso, dice: “Hubo un trabajo de desinformación sindicando a Cristián Fuentevilla como participante en el asalto. Ese día, a la misma hora, él se encontraba en clases en la sede Baquedano de la Universidad Arcis de Valparaíso. Nada dijeron sobre el modo en que se allanó la casa de los padres de los hermanos Fuentevilla, ancianos que fueron despertados por las fuerzas represivas que echaron abajo la puerta de su hogar”.
Caso aparte es el del profesor de Pomaire Jorge Bravo Jerez, erróneamente vinculado al asalto y homicidio del carabinero. Los medios difundieron su fotografía, acusándolo de ser el taxista y delincuente apodado “Danny De Vito”. El profesor anunció querellas contra los responsables de haberlo difamado.
Otro hecho no relatado por la prensa es lo sucedido con el fugitivo Marcelo Villarroel. Su compañera, Priscila Sepúlveda Soto, ha sido torturada sicológicamente utilizando a la hija de ambos -de dos meses- para exigirle antecedentes sobre el paradero de Villarroel. La Comisión Etica Contra la Tortura de la V Región presentó un recurso de amparo. En el escrito se señala: “Marcelo Villarroel, su compañera Priscila Sepúlveda Soto y la hija de ambos, Angélica -de dos meses-, están siendo hostilizados por (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 652 de “Punto Final”, 23 de noviembre 2007)

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